En este fin de año se han expresado muchos conflictos gremiales, sobre todo por demandas salariales. Sindicalistas opositores están en su salsa. Los gremialistas afines al gobierno, incómodos con la situación. Hay un auge de conflictos sindicales, con el común denominador de exigir a las patronales privadas y al gobierno -nacional y provinciales- aumentos de […]
En este fin de año se han expresado muchos conflictos gremiales, sobre todo por demandas salariales. Sindicalistas opositores están en su salsa. Los gremialistas afines al gobierno, incómodos con la situación.
Hay un auge de conflictos sindicales, con el común denominador de exigir a las patronales privadas y al gobierno -nacional y provinciales- aumentos de salarios en forma de bonos navideños para recuperar el poder adquisitivo erosionado por la inflación.
Esos reclamos vienen de gremios enrolados en las dos CGT opositoras (Azopardo y Azul y Blanca) y en la CTA-Micheli, también opositora, pero también en las que se reconocen muy cercanas al gobierno, tal la CGT Balcarce del metalúrgico Antonio Caló y la CTA del docente Hugo Yasky.
Los opositores están muy marcados por su preferencia política. Hugo y Pablo Moyano han amenazado con un paro antes de Navidad del poderoso gremio de Camioneros si no les conceden un bono de 5.000 pesos, que luego bajaron a 4.500. Se saben los graves inconvenientes que provocaría una medida de este gremio estratégico no sólo por el acarreo de mercaderías sino también por la atención de bancos, distribución de combustibles, recolección de basura, etc. Los Moyano adquirieron ese poder de fuego gracias a Néstor Kirchner y ahora lo usan para balear al gobierno de su esposa.
¿Está mal que los camioneros pidan un bono de 4.000 pesos? No. Están en su derecho. Lo que no parece correcto es chantajear con la medida de fuerza sin haber agotado la negociación ni buscado soluciones intermedias.
Luis Barrionuevo, que varias décadas atrás puede haber llevado la bandeja de mozo, busca coordinar con su adversario Moyano esta jugada de fin de año. Los gastronómicos piden un bono y seguramente que lo necesitan y merecen, aún a pesar del desastre de gremialista que tienen. Fue ultramenemista, ultraduhaldista y ahora coquetea con Sergio Massa, luego que su mujer, Graciela Camaño, fuera ungida como jefa de bloque del Frente Renovador.
Otro sector que anda levantisco es el de la CTA de Pablo Micheli, que convocó a una marcha al ministerio de Trabajo para el viernes 20, exigiendo un bono de 2.000 pesos para los estatales. Esa demanda es legítima, más aún que la de Moyano, porque en general los afiliados de ATE perciben ingresos menores a los de camioneros.
Jugadas políticas
La corrección de los pliegos reivindicativos se contraponen con el fondo político erróneo de las convocatorias moyanistas y michelistas.
Moyano quiere recuperarse del traspié de su devaluada alianza con Francisco de Narváez e insertarse en una nueva jugada opositora, ahora con Massa. Así busca ser de nuevo el «peso pesado», con los bloqueos y paros camioneros. Los intereses de los afiliados y del resto de los trabajadores, son cosa secundaria. Hasta pergeña alguna estrategia para llegar a la presidencia de Independiente, con el mismo objetivo de oxigenación política. El destino futbolístico del rojo sería una incógnita pero los barras estarían de parabienes.
Y su ex socio Micheli, con quien supo compartir protesta y escenario en Plaza de Mayo, contra el gobierno de Cristina Fernández, también está marcado por la contradicción antedicha: hace buenos reclamos salariales y de condiciones de trabajo, pero pifia en política. Se le armó el alboroto en ATE y CTA por los desaguisados políticos: buena parte de ATE Capital está en una postura progresista y cuestiona los proyectos destituyentes de Micheli. Entre quienes sí son parte de esa jugada poco democrática, saltaron los tapones al interior del FAP, donde casi homogéneamente se habían alineado los dirigentes michelistas siguiendo la tutoría de Víctor De Gennaro.
En las últimas elecciones, el «Tano» y su partido «Unidad Popular» se abrieron del FAP en Buenos Aires, y otro tanto hizo Claudio Lozano con «Buenos Aires para Todos» en Capital. Esta fractura en el frente dominado por Hermes Binner, más la salida de Libres del Sur hacia el Unen con la UCR de Gil Lavedra y la CC del ex banquero Prat Gay, sumió a los sindicalistas de este palo en una tremenda confusión.
Antes de diciembre, la unidad táctica de Moyano y Micheli estaba rota. El primero ya no acompañó al segundo en sus jugadas más osadas, como convertirse en la pata sindical de los caceroludos del 8-N, pilcha que se puso solamente el estatal.
Este 20 de diciembre, cual si se estuviera en pleno caos y crisis de 2001, Micheli ha convocado a un «paro nacional» que en realidad sólo en parte se cumplirá en ATE. Y marchará hacia las oficinas de Carlos Tomada de la mano del Partido Obrero, la CCC y otros sectores que consideran a Cristina como peor que Fernando de la Rúa. En esa conclusión política coincide Moyano pero, vivo, le sacará el traste a la jeringa.
Oleada de conflictos
El año está terminando con una enormidad de conflictos, sobre todo en el área del Estado nacional y las provincias. El panorama se ha recalentado con un factor de base y otro que operó como acelerador. El primero es la inflación, que está culminando 2013 con un registro cercano al 25 por ciento para todos, menos para las cuentas del Indec. El segundo, el catalizador, fue la concesión vergonzosa que varios gobiernos, comenzando por José M. De la Sota pero seguido por los gobernadores kirchneristas, hicieron a los motines policiales. Conceder un salario básico de 9.000 pesos a los uniformados amotinados sin ninguna sanción ni descuento iba a irritar a los empleados estatales y convertirse en su propia bandera salarial.
Hay algunas provincias donde este fenómeno de huelgas está muy empinado, como en Córdoba. Los estatales agrupados en el SEP, de mayoría delasotista en su Comisión Directiva, realizó dos paros, uno de 48 horas y otro de 72, en reclamo de un bono de fin de año de 2.000 pesos, idéntico al percibido por los policías. Al final terminó aceptando otro por menos plata, igual que los docentes, donde la bronca era tan grande que el gobierno decretó el fin de año lectivo antes de tiempo. Los paros y medidas de fuerza en el sector hospitalario siguen hasta hoy, con la ocupación de siete de los nueve hospitales de Córdoba Capital (es más fácil decir cuáles no están ocupados: el Pediátrico y el Neuropsiquiátrico).
Justamente el sector docente es el que más paros ha realizado desde 1980 a la fecha. Según una investigación del Centro de Estudios Nueva Mayoría, de las 13.896 medidas de fuerza registradas en el ámbito sindical desde aquel año, el 21 por ciento corrió por cuenta de los gremios docentes (2.192 paros). O sea uno cada cinco del total.
Esto habla de la contradicción política del sector más kirchnerista del gremialismo, ya que CTERA a nivel nacional, Suteba en Buenos Aires y demás gremios provinciales, tienen como referente nacional a Stella Maldonado. La confederación está alineada con la CTA de Yasky y tiene una gran cercanía con el gobierno de Cristina Fernández. Y a la vez es la que más medidas de fuerza ha realizado en estas tres décadas.
Contradicciones K
Como factor adverso al salario, para los opositores al gobierno sólo existiría el gobierno nacional y en su momento Guillermo Moreno, al que responsabilizaban de la inflación.
Error, la escalada de precios no corresponde imputarlo al oficialismo sino a los 200 monopolios formadores de aquéllos, que buscan una rentabilidad extraordinaria.
Los opositores tampoco evalúan correctamente que los monopolios en general son los que buscan la contención salarial, como surgió de las declaraciones de Paolo Rocca de las últimas semanas, cuestionando a un Estado «hipertrófico», y de las realizadas en 2012 en son de queja por lo que cuesta la hora de un obrero en Argentina (24 dólares) en comparación con Brasil o México (menos de la mitad).
De todas maneras, cuando el PEN insiste en controles que se cumplen menos que a medias, antes con Moreno y 500 productos, y ahora con Augusto Costa y 182, es evidente que no es capaz de obturar la suba de precios.
Cristina Fernández busca una política de contención salarial y por eso ordenó a su jefe de Gabinete Jorge Capitanich reunirse el lunes con Antonio Caló y otros dirigentes de la CGT para pedirles «moderación salarial». Algo de techo habrá sugerido el funcionario porque los cegetistas salieron diciendo que no aceptaban límites y que las paritarias deben discutir libremente los salarios de 2014, etc. José Luis Lingeri se declaró un pesimista histórico sobre la eficacia de los controles de precios.
Similar objetivo de contención tuvo la gestión de Capitanich con Maldonado (Ctera) a la que propuso firmar un acuerdo salarial por dos años, que fue rechazado. Los docentes quieren uno por seis meses, para reajustarlo según la inflación.
Con anterioridad el chaqueño había negado bonos de fin de año y salvar el medio aguinaldo del pago del impuesto a las ganancias.
Tantos conflictos, aún con los gremialistas más afines, deberían abrir al gobierno los ojos para ver mejor la gravedad de lo que está en juego para los trabajadores. A veces desde la altura del despacho presidencial no se los mensura bien. Y otras veces, oteando a través del prisma de burócratas amigos como Caló, Lingeri, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri y Andrés Rodríguez, esos problemas y actores sociales no se pueden ver. Y sin embargo están, como mostró diciembre.
