No podemos, no debemos acostumbrarnos a las masacres cotidianas, a las desapariciones forzadas en México. A lo que el ex Juez Supremo de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni llama el genocidio por goteo, que ya lleva tantos muertos como en Hiroshima. Pero eso no es todo, porque la restauración del PRI en la Presidencia de la […]
No podemos, no debemos acostumbrarnos a las masacres cotidianas, a las desapariciones forzadas en México. A lo que el ex Juez Supremo de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni llama el genocidio por goteo, que ya lleva tantos muertos como en Hiroshima. Pero eso no es todo, porque la restauración del PRI en la Presidencia de la República ha detonado la regresión autoritaria en este país, ha desatado un proceso de imposiciones que van conformando un paulatino golpe de estado, que van conduciendo a una dictadura por goteo.
Una semana sí y la otra también las redes sociales, las aisladas pero nunca sofocadas voces de la auténtica oposición en el Congreso, las redes sociales y los pocos media que mantienen una posición crítica, dan cuenta de un nuevo atropello a las instituciones y a las libertades democráticas de este país.
Los botones de muestra, tan sólo de la segunda semana de marzo, son por demás significativos y preocupantes.
El Senado de la República, con los votos a favor del PRI, por supuesto, de su sempiterno aliado el Partido Verde y la mayoría del PAN, designó como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia a Eduardo Medina Mora, hasta hoy Embajador en Washington. Fue propuesto por el presidente Peña Nieto, en una terna en que los otros dos candidatos fueron simplemente de relleno. Medina Mora es compadre de Peña, ha estado muy vinculado a los negocios del grupo Televisa, la cadena de medios más poderosa del país. Fue Procurador General de la República en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, durante los años más sangrientos de la fallida guerra contra las drogas. No tiene experiencia judicial y nunca ha fungido como juzgador, lo que ha indignado a un buen número de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Estará en el cargo por quince años, para garantizar impunidad transexenal a Peña Nieto, al PRI y al duopolio televisivo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha obrado con total tibieza ante los continuos y graves desacatos a la ley del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este partido expulsado de la internacional de los verdes, se ha convertido en aliado incondicional y «plan B» del PRI. Favorecedor de la pena de muerte, omiso ante la grave problemática ambiental del país, ligado a múltiples escándalos de corrupción, el Verde se ha convertido también en el instrumento del duopolio televisivo: Televisa y Tv Azteca para hacer pasar las leyes favorables a ellos y contener la legislación que busca reducir o controlar su enorme poder. Gracias a estos enormes apoyos, el Verde ha desplegado una intensa cuanto ilegal campaña publicitaria, demagógica por todo el país para posicionarse en la opinión pública. Lo increíble es que ante los cuestionamientos, quejas e impugnaciones presentadas por los partidos de oposición como el MORENA y el PAN ante el INE, éste ha respondido imponiendo multas muy tibias y de una cuantía que hacen al verde morirse de risa. Con esto el PRI está fabricando una posible opción de recambio por si acaso su imagen continuara derrumbándose ante los pobres resultados económicos y sociales del gobierno de Peña Nieto.
La libertad de expresión está experimentando una escalada en su contra en todo México. El país sigue siendo el más letal de América Latina para ejercer la profesión periodística. En los diferentes estados de la República los gobernadores se han convertido o en amos de los medios por el control económico que ejercen sobre ellos o en señores de horca y cuchillo de la comunicación independiente. Pero sin duda el más destacado hecho de represión a la libertad de expresión es el despido de la periodista Carmen Aristegui del noticiario de la empresa MVS. Se trata del mejor programa de noticias de la nación, de la mujer con más poder en la opinión pública mexicana. La escalada comenzó con el despido de los dos reporteros más importantes de la unidad de investigación de dicho noticiero. Precisamente quienes descubrieron el fraude y la evasión fiscal en el caso de la «Casa Blanca», de Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, valuada casi en 8 millones de dólares. Es la unidad que investigó toda la red de prostitución montada por el dirigente del PRI en la Ciudad de México. Junto con Aristegui, los dos reporteros despedidos, han iniciado la plataforma digital «Mexico leaks», versión azteca de la «wikileaks» a la que el gobierno de Peña le tiene pánico.
Esto sucedió entre la segunda y la tercera semanas de marzo. La primera, el Senado, ahora con los votos del PRI, de sus aliados, de una parte del PAN y del PRD, apoyó la designación como Procuradora General de la República de la persona propuesta por Peña Nieto: Arely Gómez, abogada también muy vinculada al grupo Televisa. Pero eso no es todo, lo más posible es que, conforme a las reformas legales, Arely Gómez, sea designada Fiscal General de la República, con una permanencia de nueve años en el puesto. Es decir, con la garantía de trascender el sexenio de Peña Nieto y convertirse en su protectora sistemática en caso de que la oposición gane las elecciones de 2018.
Esa misma semana estuvo a punto de imponerse la iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, con una visión privatizadora de la extracción, conducción, distribución y cobro del vital líquido. Concibe al agua sólo como bien económico, objeto de lucro, la expropia a las comunidades e impide la participación ciudadana en su vigilancia y su manejo. Incluso llega a prohibir el estudio y la investigación sobre los recursos hídricos, su explotación y el impacto de ella. Sólo gracias a una intensa campaña de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y algunos parlamentarios de oposición se pudo suspender la aprobación de esta ley. Sin embargo, el vampiro aun no tiene la estaca en el corazón y la iniciativa privatizadora del agua se revivirá en un momento político menos inoportuno para el PRI y su sempiterno y convenenciero aliado, los verdes.
Este creciente ejercicio dictatorial del poder no sería posible si los partidos que se dicen de oposición no condescendieran con el PRI-Gobierno. Si no negociaran con él para parecer una «oposición civilizada» y alegar el «respeto a las instituciones». Así, para lograr el apoyo a sus iniciativas autoritarias y excluyentes, el régimen ha acudido alternadamente al «voto razonado», más bien, negociado, de la derecha (PAN) o de la más numerosa representación de izquierda (PRD). Si se conformara un bloque parlamentario amplio de verdadera oposición se estaría levantando un primer cerco al golpe de estado técnico.
La dictadura que se impone a nivel federal está fincada sobre las dictaduras que imponen en los estados de la República los gobernadores que actúan sin contrapesos, comprando o liquidando las voces opositoras. Está fincada, sobre todo, en las prácticas corruptas en el acceso, el ejercicio y la conservación del poder público. La ingente cantidad de recursos necesaria para ganar una campaña electoral implica enormes apoyos financieros de grandes compañías y del crimen organizado. Favores que luego tienen que pagarse con impunidad y con tráfico de influencias desde el poder.
Por todo esto, no puede definirse de otra manera el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, sino como una dictadura cimentada en la corrupción y en los pactos, no con las fuerzas políticas reconocidas, sino con los señores del dinero lícito, y sobre todo del ilícito.
– Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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