Tras meses de asambleas masivas, paros y grandes movilizaciones de sus trabajadores y trabajadoras, el Senado aprobó por amplísima mayoría (62 votos a favor y 8 negativos) la Ley de emergencia pediátrica.
La aprobación se da en medio de la crisis que puso en el centro el rol del ministro de salud, Mario Lugones, por las muertes de fentanilo contaminado, así como las acusaciones de corrupción hacia Karina Milei Milei (hermana y secretaria general de la Presidencia), y Lule Menem (asesor de la hermana del presidente) con negocios con laboratorios tras la aparición de audios de Diego Spagnuolo, el ex-titular de la Agencia de Discapacidad.
En los audios filtrados Spagnuolo reconoce que se les exigía a los laboratorios farmacéuticos “aportes» para poder acceder a contratos con el Estado. Estos tenían que pagar porcentajes crecientes (que iban del 5% al 8% de los negocios), para asegurarse el acceso a contratos. La Suizo Argentina era la encargada de recaudar, intermediando con los funcionarios del Estado nacional.
En los audios se escucha decir “a Karina le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así”.
Así culminó una larga jornada de derrotas para el Gobierno en la Cámara de Senadores donde se aprobó la ley de financiamiento universitario, y se rechazaron decretos presidenciales que atacaban Vialidad Nacional, el INTA, el INTI, el Instituto Nacional del Teatro y Bibliotecas populares, así como el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La Ley de emergencia pediátrica aprobada plantea la recomposición de los salarios a noviembre 2023 reconociendo la inflación, el aumento del presupuesto destinado a funcionamiento y la derogación de la resolución de Lugones para eliminar derechos a las y los residentes.
Aunque, con un resultado muy ajustado, Javier Milei logró blindar el veto a las jubilaciones por segunda vez aunque con menos aliados y más dificultades para llegar al tercio.
La votación terminó saliendo 160 por insistir con la ley (eran necesarios 162) y 83 por blindar el veto presidencial.
Las votaciones en Diputados y el Senado evidencian hoy la crisis profunda que atraviesa el Gobierno, y que toda la política de ajuste solo se sostuvo por la complicidad de sectores como el PRO, el radicalismo y el peronismo. La lucha de las familias y trabajadores del área Discapacidad mostró que con persistencia, movilizaciones y luchas es posible quebrarle los vetos a Milei, por eso es necesario seguir ese camino. La lucha del Garrahan se transformó en una causa nacional y un ejemplo a seguir: hay que unirla a la pelea de las jubiladas y los jubilados, a la defensa del financiamiento universitario, a la pelea por la ley de Emergencia en Discapacidad y a la de las y los trabajadores despedidos en Secco y Georgalos. Y la exigencia a la CGT y la CTA para un paro nacional y un verdadero plan de lucha, son más urgentes que nunca.
Para finalizar, en el plano económico, se vivieron semanas de mucha volatilidad en los mercados con fuertes subas de tasas de interés, que el ministro Caputo intentó disimular ante empresarios en el Council of Américas (el evento por excelencia de alineamiento político y empresarial con el imperialismo norteamericano). En el plano de la economía real, se empiezan a agotar los superávit comercial y fiscal, la economía se estanca y las familias se endeudan. El único fin a corto plazo del gobierno es frenar la inflación. Y llegar a las elecciones de octubre con esa variable controlada.
Página/12: notas sin firma
Las y los trabajadores de Página/12 profundizaron su plan de lucha y resolvieron que durante toda esta semana las notas del diario saldrán sin firmas. La medida, comunicada a través de la cuenta de difusión de la Comisión Interna en X, denuncia que el Grupo Octubre —propiedad del sindicalista y empresario mediático Víctor Santa María— incumple la paritaria que negoció y firmó en la Secretaría de Trabajo.
No es un hecho aislado. Por segundo mes consecutivo el multimedio incumple el acuerdo paritario rubricado en junio. En total sintonía con el ajuste del gobierno de Javier Milei, la empresa anunció aumentos vergonzantes sobre salarios de indigencia, mientras refuerza una lógica de premios y castigos orientada a disciplinar y atacar la participación gremial.
“Hace años que nuestros salarios se hunden cada vez más lejos de la línea de pobreza y parece que el Grupo Octubre no tiene pensado mejorar nuestra situación”, señalaron en su cuenta de X. También denunciaron la discriminación contra quienes participan de la vida gremial, que lejos de cesar se acentúa.
“Es difícil imaginar semejante crueldad por parte de quienes manejan un medio que en sus páginas predica todo lo contrario de lo que aplica puertas adentro”, remarcaron. Y concluyeron con una exigencia clara: basta de maltrato, basta de hambrear a los trabajadores. Exigimos cobrar los aumentos paritarios y salarios dignos.
Paros rotativos y movilización de trabajadores del neumático
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino se manifestó el jueves 21 de agosto, a las 15:00, en Plaza de Mayo para exigir la reincorporación de todos los compañeros y compañeras despedidxs; protección en las paritarias del poder adquisitivo de los trabajadores; basta de espionaje ilegal y persecutorio de los servicios sobre las organizaciones obreras; abajo los falsos Procesos Preventivos de Crisis (los balances reales de las patronales arrojan ganancias mientras quien sufre penurias económicas es la clase obrera). En este marco, durante esta semana vienen realizando paros rotativos en las empresas Fate, Pirelli y Bridgestone.
Desde el gremio dieron cuenta de las consecuencias que la apertura de importaciones indiscriminadas decidida por el gobierno genera en los trabajadores: “Golpea de forma directa (…). No son las patronales, los dueños ni las grandes corporaciones quienes se encuentran en una emboscada en situaciones como estas, ya que, en la mayoría de los casos, son los mismos propietarios de las fábricas quienes se transforman en importadores, obteniendo enormes ganancias de esa simple operación. En otros casos, sin importar que su patrimonio y sus holdings económicos hayan sido construidos con años de esfuerzo de los trabajadores, mudan sus inversiones a otras actividades de tipo meramente comercial o a operaciones productivas con escasísima utilización de mano de obra, engrosando sus ganancias mientras perjudican a los trabajadores”.
“Esta situación, impuesta en toda la Argentina y que surge de forma cíclica como en los 90, provoca a la vez una condición de menor necesidad productiva, donde reinan los despidos, las desvinculaciones por supuestos “arreglos voluntarios” y el hostigamiento. Estas condiciones son utilizadas por las patronales para impulsar rebajas salariales, flexibilización de los Convenios colectivos y de todas las condiciones laborales, para que, una vez finalizada la etapa y reactivadas las operaciones productivas plenas en el país, aumenten sus ganancias a costa de la flexibilización impuesta. De allí la importancia, aún mayor en esta etapa, de sostener los intereses de los trabajadores con lucha”, agregaron.
“En las actividades donde hay una mayor organización y mayores luchas, donde se rechazan los procesos preventivos de crisis y se organizan los trabajadores, las patronales optan por imponer desvinculaciones por vía de ‘arreglos’, presentándose como una opción de salida ante las supuestas condiciones negativas que ellas mismas han creado (…). Donde no hay organización activa obrera, los trabajadores son directamente descartados sin respetar normativa alguna. Que, en los procedimientos preventivos de crisis, como ha sucedido en el neumático, las patronales solo puedan presentar balances positivos es prueba clara de que esta apertura indiscriminada de importaciones golpea al pueblo trabajador. Incluso, de forma internacional: hace apenas unos años, esta misma situación golpeaba a nuestros compañeros del Fenabor en Brasil”, señalaron desde el SUTNA.
Además de la movilización convocada para el jueves a Plaza de Mayo, el sindicato lleva adelante una semana de paros rotativos. Compartimos el cronograma de las medidas de fuerza:
Fate:
– Martes 19 de agosto de 06:00 a 14:00.
– Miércoles 20 de agosto de 22:00 a 06:00.
– Jueves 21 de agosto de 14:00 a 22:00.
Pirelli:
– Martes 19 de agosto de 06:00 a 14.30.
– Miércoles 20 de agosto de 14:00 a 22.30.
– Jueves 21 de agosto de 14:00 a 22.30.
Bridgestone:
– Martes 19 de agosto de 06:00 a 14:00.
– Miércoles 20 de agosto de 22:00 a 06:00.
– Jueves 21 de agosto de 14:00 a 22:00.
Delegados de 15 sindicatos votaron un plan de acción
Con una amplia representatividad y fuertes críticas a la CGT, se votó una marcha el 20 de agosto y una jornada nacional de lucha para el 12 de septiembre.
Convocados por una quincena de sindicatos, el Frente de Lucha Piquetero, las organizaciones de jubilados que sostienen las movilizaciones de los miércoles y decenas de Comisiones internas, más de 1000 delegados y activistas colmaron el sábado pasado el salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales.
Los dirigentes de sindicatos de todo el país deliberaron en el Plenario del Sindicalismo Combativo durante todo el día en una decena de comisiones temáticas para finalmente aprobar un documento programático y un plan de acción contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.
Entre los sindicatos que organizaron la convocatoria destacan el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), el Sindicato Químico de Río Tercero, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN Capital y ATEN Plottier), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), el sindicato docente porteño Ademys, la Unión Ferroviaria seccional Haedo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Río Tercero, la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba, el Sindicato de Vialidad de la provincia de La Rioja, el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SitraCP) y, entre otros, la Asociación Argentina de Actores (AAA) de la provincia de Salta.
También fueron parte de la convocatoria de los sindicatos la Junta interna de ATE del Hospital Garrahan y la del Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales (INCAA), la Comisión Interna no docente de la Facultad de Ciencias Sociales de APUBA, el Plenario de Trabajadores Jubilados (PTJ), la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, la minoría granate blanca de Foetra, la minoría de la AGTSyP, el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar y, entre otros, el Movimiento Sin Trabajo Teresa Rodríguez. A la vez participaron delegaciones del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), de la seccional Jujuy de la UATRE y de la Asociación de Profesionales del Servicio Social (APSS), entre otras.
Las deliberaciones de los sindicatos apuntaron contra el ajuste del gobierno nacional y el papel de la conducción de las Centrales que calificaron de “cómplices del ajuste”. En la apertura del plenario tomó la palabra Alejandro Crespo secretario general del SUTNA que llamó “a organizar la lucha que no dan las centrales sindicales, que se sientan a negociar la reforma laboral contra los propios trabajadores”.
A la vez, convocó a “acompañar la movilización del gremio del neumático el 21 de agosto contra los despidos y el ataque al salario, por parte de patronales que se dedican a importar en vez de producir y a apoyar a todos los que pelean para que triunfen los trabajadores, uniendo a la clase obrera por una nueva dirección clasista de todo el movimiento obrero argentino.
En esa instancia, también hicieron uso de la palabra Rubén “El Pollo” Sobrero que también denunció el acuerdo de la CGT con el gobierno y responsabilizó a sus dirigentes por el ajuste contra los trabajadores. En todo momento sonó el reclamo de un nuevo paro nacional de 36 horas contra el ajuste, la reforma laboral y los vetos presidenciales.
También hablaron Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, Angélica Laguna, secretaria General de ATEN Capital, el secretario de Prensa del Sindicato Químico de Río Tercero en tanto el secretario general se encontraba en la ocupación de la planta contra los 120 despidos. También se expresaron Franco Boczkiwski, secretario general de la UEPC Córdoba, César Alegre, secretario general de Adosac y, entre otres, Mariana Scaggiola, secretaria general de Ademys.
El escenario y el propio plenario fue el ámbito en el que se hicieron presentes las principales luchas que se desarrollan en el momento. Estuvieron los trabajadores despedidos de Secco y de Georgalos, los representantes de los trabajadores del Hospital Garrahan, las Asamblea multisectorial del INTI, la gráfica Morvillo ocupada por sus trabajadores hace ya cinco largos meses, los jubilados y tantos otros que enfrentan el ajuste a diario en sus lugares de trabajo.
Además de sindicatos, hubo representantes de fábricas y empresas recuperadas como la ex Zanón y Madygraf y también trabajadores de prensa del medio recuperado Tiempo Argentino.
Los delegados y activistas de los sindicatos presentes, luego de la presentación plenaria de una hora y media, deliberaron en diez comisiones acerca de problemáticas puntuales y un documento general. Luego, al cierre, se votó el documento consensuado con los aportes de las comisiones y un plan de acción.
El documento central de los sindicatos manifiesta el posicionamiento “contra la burocracia sindical” y “por una nueva dirección de la clase trabajadora” que implica dar “paso al sindicalismo combativo, antiburocrático e independiente de las patronales y el Estado”. A la vez, tal como las Asambleas Nacionales de Trabajadores del 2001-2003, postula la “Unidad de Ocupados, Desocupados y Jubilados” y exige “ningún pacto con el gobierno». Finalmente, entre otros puntos ratifica el reclamo de un “¡Paro de 36 horas y plan de lucha nacional hasta derrotar el ajuste y la represión de Milei, el FMI y los gobernadores!”.
El plenario resolvió el apoyo y la participación de decenas de acciones particulares y una gran Jornada de lucha pautada para el 12 de septiembre “por el salario, contra topes paritarios y despidos” antecedida por la participación coordinada el 20 de agosto en Plaza Congreso contra los vetos presidenciales. La iniciativa promovida por sindicatos conducidos por las fuerzas de izquierda integrantes del FIT-U, sin embargo, atrajo la atención de un arco sindical sensiblemente más amplio del que pertenece a ese espacio.
184.000 mil puestos de trabajo menos en el sector público
El empleo asalariado formal y el salario del sector público continúan cayendo y ya se perdieron más de 180.000 puestos de trabajo durante el gobierno de Javier Milei, de acuerdo a los datos difundidos por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la UBA y CONICET.
Respecto a mayo, último dato disponible, se registró una caída de 4.800 puestos de trabajo en el sector público y una reducción del 0,3 % en los salarios. En relación con mayo del año pasado, se perdieron 20.000 puestos de trabajo, una caída de 0,2 %.
El informe llega a la cifra de 184.000 puestos dentro de la Administración Pública al hacer la comparación con noviembre de 2023, el último mes antes de la asunción de Javier Milei. «Luego de caídas desde mayo a agosto de 2024 y fluctuaciones hasta abril de 2025, el empleo asalariado formal total se mantuvo sin cambios en mayo de 2025 con respecto al mes anterior. De esta manera, el número total de trabajadores formales a mayo de este año se situó en un valor similar al de diciembre de 2024”, detalla el informe, elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales, perteneciente al IIEP.
Asimismo, el documento también indica que el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo durante julio de este año (-0,5%), continuando una tendencia a la baja durante todo el 2025. «En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15 % de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17 % en enero de 2024».
El informe del IIEP advierte por la disminución del salario ya que se ubica, en términos reales, en «un valor inferior al de septiembre del 2001, antes del colapso de la convertibilidad», lo que implica una erosión del 62 por ciento respecto del valor máximo que tuvo el SMVN en septiembre de 2011.
ATE rechazó y consideró inaplicable el Decreto 585/25
Javier Milei ya no tiene las facultades delegadas que le votó vergonzosamente el Congreso con la Ley “Bases”, pero pretende continuar con el desguace del Estado argentino. El Decreto 585/25, publicado el lunes pasado, establece desregulaciones para el achique, eliminación y vaciamiento de distintos organismos públicos.
“El presidente Milei insiste en seguir gobernando por Decreto”, pero el 585/25, emitido este lunes, “es inaplicable”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
“A diferencia de los anteriores, no entra en vigencia a partir de su publicación (no lo dice en el texto), por lo tanto, se rige por el Código Civil y Comercial en su Artículo 5: ‘Las leyes rigen al octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen”, consideró, y este marco, hizo referencia al rechazo que tuvieron los decretos anteriores por la Cámara de Diputados y la necesidad de que la Cámara Alta actúe de la misma forma: “El Senado debe sesionar y poner fin al totalitarismo del Gobierno”.
Entre los principales cambios aparecen:
• INTA pasa a ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
• Se sustituye Sociedad del Estado Casa de Moneda por Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal como entidad del sector público bajo el Ministerio de Economía.
• El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) pasa a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Industria y Comercio.
• Se reemplaza la CNRT por la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte por la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, ambas bajo la Secretaría de Transporte.
Ante esta situación, el equipo jurídico de ATE analiza realizar una presentación ante la Justicia para frenar este decreto y suspender sus efectos hasta la derogación definitiva.
Santa Fe: Transportistas que trasladan a personas con discapacidad suspenden servicios
En la provincia de Santa Fe los transportistas que trasladan a personas con discapacidad comenzaron a suspender sus servicios ante la imposibilidad de poder seguir sosteniéndolos debido a la crisis en el sector. El veto de Milei a la Ley de emergencia en discapacidad tiene efectos concretos que perjudican a las personas que necesitan la asistencia del Estado (finalmente tuvo aprobación legislativa).
Según dijeron los transportistas, la medida no responde a un paro organizado, sino a una necesidad urgente de adaptación ante un panorama económico insostenible.
En declaraciones a Aire Libre, Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (ATRAES), dijo que suspender los servicios es una decisión incómoda que impacta negativamente en el tratamiento de las personas.
“Suspender los servicios de transporte es el primer eslabón de una serie de servicios que las personas con discapacidad necesitan. Resulta un impacto muy fuerte porque hay una involución en el tratamiento, un retroceso, por eso es una decisión incómoda. Pero además, resulta muy cruel para todos nosotros tener que nos obliguen, como prestadores de servicios, a tomar esta determinación”, completó.
Por último, Bolego dijo que van a exigirles a los legisladores que acompañen el rechazo al veto del presidente Milei a la Ley de emergencia en discapacidad, en el marco de una jornada nacional de protesta el miércoles 20 de agosto.
En Rosario se realizó una vigilia este martes 19 a las 19:00 horas en el Monumento Nacional a la Bandera y el miércoles una concentración en la Plaza San Martín en apoyo a la Ley de emergencia en discapacidad.
Santa Fe: Murieron 4 trabajadores en una obra
Cuatro obreros murieron el domingo 17 de agosto en un edificio en construcción de la ciudad santafesina de San Lorenzo cuando el montacargas en el que se trasladaban se desplomó desde un noveno piso. Un quinto trabajador que también estaba subido con ellos se encuentra internado en grave estado. En la provincia litoraleña ocurren un promedio de 114 siniestros laborales diarios.
De acuerdo a las primeras informaciones, el elevador tenía capacidad para cuatro personas, pero al momento del siniestro transportaba a cinco trabajadores. Todos eran del norte santafesino: Matías Ezequiel Aquino (30 años) y Lucas Agustín Palacio (25), de la localidad de Florencia; y Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25), de la Comuna de Hardy. La sobrecarga sería uno de los factores que provocó la caída, según publicó el medio regional, en un contexto signado por la falta de control y la maximización de las ganancias de las constructoras.
Bomberos Zapadores, personal de Emergencias y efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar, aseguraron la zona y asistieron a un quinto herido (Fernando Guerra) que fue trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con heridas de gravedad.
El sereno de la obra explicó que el montacargas se desplomó cuando los obreros bajaban del noveno piso. Personal de criminalística realizaba las pericias correspondientes. El fiscal Leandro Lucente, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo, también llegó al lugar y solicitó la presencia del gabinete planimétrico de la PDI URII.
Desde el hospital de Granadero Baigorria, informaron que el sobreviviente presenta fracturas de tibia, peroné y pelvis, y su estado es grave.
“Ezequiel, Alexis, Lucas y Maximiliano eran cuatro muchachos que buscaban ganarse la vida y la perdieron este 17 de agosto en la ciudad de San Lorenzo como consecuencia de la fenomenal precarización laboral impulsada por las grandes empresas y permitida por diferentes sectores políticos y conducciones sindicales”, planteó el diputado provincial Carlos Del Frade.
“Hubiera sido necesario declarar un paro en la provincia de Santa Fe para no naturalizar la muerte de cuatro muchachos o que las banderas estén a media asta o que la UOCRA saliera a decir algo. En un domingo 17 de agosto, cuatro muchachos del norte profundo de la provincia perdieron su vida en San Lorenzo, punto geográfico por el cual se va la mayor riqueza de la Argentina. El ‘accidente’ laboral más penoso de los últimos treinta años y parece que pasa poco y nada. Y para mayor claridad no se sabe todavía el nombre de la empresa responsable”, añadió.
Según denunció el diputado, el último registro de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, del primer trimestre de 2025, marca que en la provincia de Santa Fe se produjeron 10.252 accidentes laborales, siete de ellos mortales: esa cifra representa 114 accidentes laborales diarios, 5 por hora y uno cada doce minutos.
“La muerte de cuatro trabajadores procedentes de Villa Ocampo, norte profundo de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de San Lorenzo, reafirma la desprotección de los verdaderos generadores de la riqueza que son los obreros –completó–. La adhesión a la Ley de ART terminó produciendo más inseguridad laboral y más impunidad patronal. Por otro lado, es muy difícil encontrar otro caso con cuatro vidas perdidas en medio de una actividad laboral en los últimos veinte años en la provincia de Santa Fe”.
Empieza el juicio por los sobornos en la investigación del crimen de Mariano Ferreyra
A casi quince años del asesinato de Mariano Ferreyra, el martes 19 de agosto comenzó el juicio oral por el intento de sobornos durante la investigación de su crimen. El joven militante del Partido Obrero fue asesinado el 10 de octubre de 2010 mientras participaba de una protesta contra la tercerización laboral en los ferrocarriles.
En 2013, los responsables de su muerte fueron condenados junto con quienes ordenaron el ataque a los militantes políticos que aquel día se manifestaban.
Mientras se investigaba el homicidio, se descubrió una maniobra para que la causa cayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal y garantizar la impunidad del dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El plan estuvo orquestado entre integrantes de la Unión Ferroviaria, un ex agente de inteligencia, el estudio jurídico de un ex juez federal, empleados judiciales y uno o varios jueces de la Cámara de Casación Penal. Se pagaron al menos 50.000 dólares.
Las personas que finalmente serán juzgadas desde este martes por estos hechos son el ex secretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Octavio Aráoz de Lamadrid; Ángel Stafforini, contador de la UF y vicepresidente de Belgrano Cargas; Susana Planas, directiva de BC; y Luis Ameghino Escobar, prosecretario administrativo de la Secretaría General de la Cámara de Casación Penal y encargado del sistema informático de asignación de jueces.
El ex agente de la SIDE Juan José Riquelme era uno de los imputados de este juicio oral, pero falleció hace unos días. Era el enlace entre todas las partes. Habría ofrecido a los dirigentes de la Unión Ferroviaria que la causa tramite en un tribunal “amigo” y que se revoque el procesamiento de Pedraza.
En cuanto al secretario general de la UF, José Pedraza, estuvo procesado durante la etapa de instrucción de la causa, pero murió en 2018, dos años antes de la elevación a juicio oral.
El juez de la Sala III, Eduardo Riggi, fue sobreseído por el juez federal Oyarbide sin siquiera citarlo a declarar, a pesar de que los acusados lo visitaban y lo mencionaron en repetidas conversaciones.
Los cuatro imputados que llegaron a juicio oral están procesados desde 2012. Pero, durante estos trece años, el proceso judicial tuvo constantes dilaciones, muchas de ellas relacionadas con que los funcionarios judiciales no estaban dispuestos a investigar el tráfico de influencias y cómo opera el poder en Comodoro Py. Decenas de jueces se excusaron. La Corte Suprema tardó tres años en dirimir un conflicto de competencia. El caso fue elevado a juicio oral desde 2020, pero pasaron otros cinco años para que pueda realizarse.
Este juicio llega en un contexto en donde las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano.
Hasta el momento, el poder judicial no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos. En este juicio, esperamos poner en discusión los pactos opacos que toleran, en el mejor de los casos, y habilitan, en los peores, las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos, afirma el Cels.
Intendenta de Salta ordena la represión a Municipales
El jueves 14 de agosto, fueron violentamente reprimidos trabajadores municipales en Hipólito Irigoyen, Salta. Luego de 4 días de reclamos, la intendenta de la localidad respondió con un operativo policial para reprimir este reclamo. Las consecuencias para los trabajadores son irreversibles: un trabajador perdió un ojo por impacto de bala de goma y otros dos sufrieron traumatismos oculares severos. Marcelo Azalle, el trabajador que perdió el ojo, fue derivado primero a Orán y luego a Salta capital para ser operado de urgencia, mientras que sus compañeros recibieron atención en la localidad, con pronósticos reservados.
Las y los trabajadores municipales de Hipólito Irigoyen estaban de paro hacía 3 días. La policía de Sáenz y la intendenta Cabrera los reprimió brutalmente, copiando el modo de Milei y Bullrich para quienes enfrentan el ajuste. Hay 25 heridos con balas de goma.
Los trabajadores exigían el pago de 16.000 pesos acordados en paritarias y una recategorización laboral que sumaría otros 18.000 pesos, un reclamo que representaría entre 3 y 4 millones de pesos para los 74 empleados municipales.
Carla González, trabajadora y vocera de la protesta, relató cómo la policía irrumpió sin aviso: «Nos dispararon a quemarropa, apuntando al rostro. Hasta destrozaron la comida que vecinos solidarios nos habían donado».
Gabriela, hermana de Marcelo Azalle, no podía contener el llanto: «Nada le costaba a la intendenta escuchar en vez de mandar a reprimir. Ahora mi hermano quedó mutilado por defender un salario digno».
En redes sociales circulan videos que confirman la saña represiva: policías disparando balas de goma directamente al rostro de los manifestantes, una práctica que ya ha dejado decenas de víctimas en todo el país.
Este ataque no es un hecho aislado: forma parte de una política que recorre el país, donde gobiernos provinciales y municipales —sin importar su signo político— responden con palos y balas a reclamos elementales de los trabajadores. Desde el PJ hasta la UCR, pasando por el PRO, todos los gobiernos aplican la misma receta cuando los trabajadores se movilizan: reprimir los reclamos laborales.
Violenta represión de la Policía en Yerba Buena contra trabajadores estatales en Tucumán
La Policía de la Provincia de Tucumán, dirigida por el gobernador Osvaldo Jaldo, hirió a manifestantes de ATE en la localidad de Yerba Buena y detuvo a tres trabajadores, incluyendo al Secretario General de la seccional, José Alderete.
El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió el violento accionar represivo de la Policía de la provincia de Tucumán dirigida por el gobernador Osvaldo Jaldo.
“El Gobernador Osvaldo Jaldo acaba de reprimir y detener ilegalmente a manifestantes de ATE en el municipio de Yerba Buena. El Gobierno provincial no sólo respalda las políticas económicas de Milei, sino también replica las prácticas represivas e inconstitucionales de Bullrich. Este accionar nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia y no se pueden permitir en democracia”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“No podemos tolerar semejante acto de persecución política a trabajadores que sólo reclamaban por la provisión de indumentaria y elementos de seguridad para poder trabajar en condiciones dignas. Esta es una clara violación al derecho a huelga garantizado por nuestra Constitución Nacional”, agregó el dirigente estatal.
El sindicato informó que durante el operativo policial se efectuaron las detenciones ilegales del Secretario General de la seccional Yerba Buena, José Alderete; el Secretario Administrativo, Beto Lescano y de Víctor Cruz, afiliado y militante de ATE en esa delegación.
La UOM de Tierra del Fuego denuncia que a la “paz social” la violaron las empresas
El conflicto en Tierra del Fuego sigue abierto. Recordemos que luego de una huelga de 10 días en mayo, se llegó a un acuerdo de “continuidad productiva y laboral” hasta diciembre, que incluía a efectivos y contratados.
Pero las empresas aprovecharon la gran acción obrera para poner sus reclamos en la “mesa de diálogo” y al mismo tiempo ir lanzando algunos golpes hacia los trabajadores. Intento de no pagar los “días caídos”, contratados que quedaron en la calle, aprietes.
Las negociaciones con el gobierno le permitieron obtener nuevos beneficios, como la baja de aranceles internos y la posibilidad de venta directa en el continente. Así se garantiza su “continuidad productiva” mientras sigue la discusión de fondo. Pero entre los 8000 trabajadores y trabajadoras del polo tecnológico no hay “garantías”.
Eso motivó el paro de 4 horas con movilización del miércoles 6 de agosto. La marcha salió desde las plantas de Mirgor, BGH, Solnik, Fapesa, Radio Victoria, entre otras, para marchar por Avenida Malvinas hasta el centro de Río Grande.
Ese mismo día las empresas salieron a amenazar con sanciones porque “el gremio rompió la paz social”. En ese marco la conducción de la UOM convocó el martes 12 a una conferencia de prensa para fijar su postura.
Oscar Martínez, secretario general, denunció que “algunas empresas rompieron la paz social y violaron el acuerdo, cuando intentaron no pagar los salarios en Carrier, lo que nos generó dos días de medidas de fuerza; o cuando tomaron la decisión en Fapesa de dejar sin continuidad laboral a 80 personas. Estas cosas deben comprender la sociedad y los trabajadores de medios de prensa. Acá han ocurrido hechos de empresas que se manifestaron violentamente y no han sido publicadas”.
En el caso de Fapesa (Philips), los trabajadores, muchos con 10 o 20 años de antigüedad, se encontraron con que no podían entrar el primer día de agosto. Es parte de una “guerra de guerrillas” que han comenzado las empresas para buscar atemorizar y dividir a los trabajadores. También hacen circular versiones de que se cerrarán sectores.
Sin embargo, a pesar de la recesión y la caída del consumo que provoca la política del gobierno, los grandes grupos como Mirgor, NewSan o BGH siguen ganando fortunas con sus marcas electrónicas pero también con el resto de sus negocios. Lo hacen aprovechándose no sólo de los beneficios fiscales, sino de las condiciones que ya han impuesto en el sector, como los contratos precarios, sueldos devaluados que obligan al pluriempleo y el aumento de los ritmos en sectores como celulares.
Desde el gremio plantearon que los avances logrados hasta ahora fueron producto de la huelga de 10 días pero aun así “son absolutamente insuficientes y todavía no han respondido a la búsqueda de nuestra organización, de tratar de lograr la continuidad laboral de todas las compañeras y todos los compañeros”.
Por último plantearon que los trabajadores metalúrgicos seguirán en estado de alerta y movilización, por lo que no se descarta que se realice un nuevo paro de actividades en las fábricas electrónicas.
El aumento de la tensión en Río Grande se da en el marco de otros ajustes que se viven en la provincia. La docencia viene de una serie de paros por la miserable propuesta salarial del gobernador Melella. Las y los estatales nacionales sufren los ataques de Milei, pero a nivel provincial también pega la precarización y el aumento del costo de vida. El personal de salud viene golpeado al punto que muchos emigran y faltan médicos.
Parte de esos reclamos se expresan en el acto que se realizó al final de la movilización del 6 de agosto. Es importante apoyar la lucha metalúrgica, en defensa de todos los puestos de trabajo, por la recuperación del salario y las condiciones de trabajo. Para eso es importante que las bases puedan volver a ser protagonistas de la lucha, como lo hicieron en mayo y lograron un paro provincial y sentar al gobierno a las negociaciones.
Es la forma de responder a cada ataque pero también para prepararse para los momentos más agitados que vendrán a fin de año.
Diplomático argentino propone entregar Tierra del Fuego
Se trata de Marcelo Kohen, un especialista en derecho internacional, que reside en Ginebra, Suiza, y es contratado por la Cancillería argentina, por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Las Islas Malvinas son parte de la Provincia de Tierra del Fuego y es esta ciudad de Ushuaia su capital provincial, es por ese motivo que desde este lugar, el reclamo de soberanía desde ese territorio insular de la República Argentina, se vive de una manera diferente.
Pero los proyectos que buscan partir a la provincia de Tierra de Fuego, no solo salen de la Casa Rosada. El especialista en Derecho internacional, Marcelo Kohen, es un argentino que representa a la Cancillería argentina en lo referente a Malvinas desde Ginebra Suiza.
Kohen, fue recibido con honores por la representación británica en Malvinas, a quienes propuso quedarse con esa parte insular de Tierra del Fuego y prohibir la migración argentina.
Más de 67 empleos en riesgo en Easy
Los trabajadores manifestaban preocupación a raíz de la venta de tierras públicas en el distrito, donde se encuentra el predio de la empresa EASY, ya actualmente en funcionamiento.
Señalan que esta venta de terrenos públicos los perjudicaría enormemente en caso de sufrir despidos o ser trasladados. Exigen que se respeten los puestos y derechos laborales de los más de 67 trabajadores del Easy Caseros, sin afectar su salario ni sus plenos derechos laborales, ya que la mayoría tiene más de 20 años de antigüedad. Esto impactaría no solo en la organización familiar y laboral, sino también en la situación económica de cada familia, que tiene gastos fijos todos los meses, como el pago o renovación de alquiler, transporte, etc. Además, podría acrecentar problemas de salud, como ansiedad o depresión, ante la incertidumbre de perder su fuente laboral.
Asimismo, expresaron que hicieron presentaciones en el Ministerio de Trabajo de Tres de Febrero, en Villa Bosch, que depende de la provincia de Buenos Aires, y están a la espera de una respuesta. También comentaron que participaron en audiencias en el Concejo Deliberante del municipio y en manifestaciones por la venta de terrenos públicos, junto a vecinos de varias localidades del distrito.
El Estado debe garantizar el derecho a trabajar y no favorecer a los grandes intereses inmobiliarios en detrimento de las fuentes laborales y el espacio verde como reclaman los vecinos del distrito. Esto recién empieza. Ninguna familia sin trabajo, ningún trabajador sin su puesto de trabajo.
Fuentes: Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Página 12, Indymedia Trabajadoras/es, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario / Agencia FARCO, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), HispanTV
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