La información es seca y fría. Utiliza un tono sucinto en su prosa el cronista que la refiere. Pasa inadvertida para quienes han anestesiado para siempre su particularidad sensible. Sólo quienes atienden la ética, la sensatez y la moral se sobresaltan. Cuestión, que tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en un […]
La información es seca y fría. Utiliza un tono sucinto en su prosa el cronista que la refiere. Pasa inadvertida para quienes han anestesiado para siempre su particularidad sensible. Sólo quienes atienden la ética, la sensatez y la moral se sobresaltan. Cuestión, que tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en un caso individual en favor de la señora Susana Yofre de Vaca Narvaja, el Poder Ejecutivo se habría decidido a impulsar un proyecto de ley para indemnizar a los exiliados durante la última dictadura militar, que ya había sido presentado oportunamente en el Congreso Nacional por los diputados López Arias, Busti, Losada y Conti.
Ya en su momento se había dicho, cuando se reglamentó la insultante reparación económica para los familiares de los desaparecidos: tales indemnizaciones sitúan la tragedia dictatorial argentina en un plano estrictamente individual, como si las víctimas de la represión fueran únicamente los deudos de los asesinados y los sobrevivientes, y no el entero cuerpo social a la altura de la clase trabajadora. Algo semejante había ocurrido cuando el fiasco del Juicio a las Juntas: sólo fueron juzgados unos poquitos generales (y no su compleja trama de complicidades civiles y ejecutores menores) por cargos comunes con irrisorias condenas, por homicidios cuantificables, particulares -cadáver de por medio-, y no por genocidio.
Las recientes iniciativas para enmendar monetariamente a los exiliados profundizan aún más la particularización de un vasto y complejo asunto: la represión al opositor político durante la década del setenta, que acabó en brutal masacre, no sólo en nuestro país sino también en todos aquellos del continente donde hubo similares procesos de ofensiva popular. Tristes y traicionados se sentirían los desaparecidos si comprobaran que su lucha, sus desvelos militantes, sus sueños, su generosidad a la hora de la entrega revolucionaria, su dolor al momento de los tormentos físicos, terminaran no en rebelión política, ni en cierta justicia social, ni en -al menos- la prisión de sus verdugos, sino en una ponchada de billetes de cien. Ahora son tentados a sumarse a la afrenta los que alguna vez se vieron forzados al destierro.
Según se informa, tras el fallo de los cortesanos la Comisión de Exiliados Políticos de la República Argentina (Coepra) ha redoblado sus esfuerzos en reclamo al Estado de una ley nacional que cotice en pesos argentinos los días de obligada lejanía. Y el Estado les ha respondido valuando sus días fuera del país en el cincuenta por ciento de lo que ya habían cobrado aquellos que estuvieron presos durante la dictadura. O sea: para el Estado y su tablita de calcular, un día en el exilio equivale económicamente a medio día en la prisión; es decir, dos días preso en las mazmorras argentinas de la dictadura es lo mismo que un día desterrado en los confines del mundo; en otras palabras, un expatriado cuesta más barato que un desaparecido pero menos que un preso político, y así. Al fin y al cabo, de cosificar las relaciones entre las personas se trata el capitalismo y en esta política de Estado eso queda absolutamente manifiesto.
Sólo hacer planteamientos jurídicos de carácter individual y tramitar la reparación económica para creer reparada la odisea militar que no fuera saldada a tiempo ni política ni judicialmente, atenúan la dimensión ideológica e histórica de la dictadura. ¿Acaso la indemnización significa una condena política al capitalismo, que en definitiva es el sistema económico y social que los ex desterrados, ex presos y desaparecidos para siempre, enfrentaron y combatieron con todas sus fuerzas y su gozo de vivir y en virtud de cuya lucha fueron reprimidos bestialmente? Por supuesto que no. Para la burguesía que controla el Estado (y que permite a conveniencia el libre juego democrático o su dura clausura a sangre y fuego) resulta muy conveniente pagar en efectivo o en bonos sus excesos de sangre y recuperar el gasto a través de la acumulación de riquezas que le asegura el sistema capitalista de explotación. Lo que cobren los exiliados lo pagarán puntualmente con su sufrimiento seco y rutinario los trabajadores superflexibilizados, los desocupados sumidos en la miseria y el hambre, los niñitos que padecen enfermedades curables que no son atendidas debido a las erogaciones que el sistema se prohíbe expresamente de realizar en materia de salud y prevención. ¿En cuánto tasará el capitalismo el destierro que padecen en su propia tierra las familias que sobreviven debajo de los puentes y las mocosas menores de doce años que se prostituyen a la sombra de los andenes de tren? ¿Cuánto se paga por esas muertes, por esa cárcel sin rejas que es durar -y no vivir- el tiempo que tarda la parca en clausurar de una vez por todas las afligidas experiencias vitales de los pobres?
Una vez más, el resarcimiento que el Estado les reconocería a los exiliados no supone una victoria política para el campo popular. No hay manera de evaluar positivamente esta aberración ética. Es apenas un logro comercial, muy rentable, por cierto, pero sólo para algunos pocos privilegiados «por izquierda». Del fallo de la Corte podría derivarse que ahora que el sistema previsional está en crisis, ahora que el trabajo y el ahorro ya no respaldan el porvenir ni auguran movilidad social ascendente, un buen reaseguro podría ser invertir en «rebelión política»… Verdaderamente, el exilio paga más que una AFJP. Asimismo, ¿será pesificada en 1,40 más CER, la cobrarán a valor 1 a 1, o se saldará con bonos defolteados la obligación de pago recién asumida por el Estado ante quienes sufrieron el destierro político?
Las reparaciones económicas a sus víctimas políticas comprueban la creciente ilegitimidad moral del Estado burgués, que paga regularmente por sus crímenes pero no logra impedir que sus guardianes continúen asesinando y torturando al mismo segmento social al que representaban los luchadores reprimidos en los años setenta. Ejemplo: Ezequiel Demonty, ahogado a propósito en el Riachuelo, por la sola «contravención» de ser morocho y pobre.
Por su parte, conscientes que la cárcel efectiva y real, sin vueltas ni entuertos ni excusas, para los genocidas ya no es factible, muchos son los que prefieren vengar el genocidio en la continuidad de la lucha política combativa y consecuente. La conmovedora consigna de las Madres que afirma «el otro soy yo» es más justiciera que una buena cuenta en el banco. Construir otro sistema de valores que no sea aquel que deviene del dinero, he ahí el actual reto ético y moral de los luchadores por la dignidad. Valuar en «vidas» la «vida» y no en peculio. El rechazo a las reparaciones económicas es semejante a la noble actitud de los movimientos de desocupados que exigen trabajo estable, genuino y decoroso en su pago, y ya no más bolsas de comida ni subsidios punteriles.
No obstante este nuevo agravio estatal, siguen siendo cientos de miles los que optan por esa manera franca de mirar de frente a la historia, sin cálculos mezquinos ni segundas intenciones. Rebeldes en los cuatro costados de la patria, bajo los sumideros del capitalismo, continúan yendo a la lucha sin seguro de vida ni para procurarse una obra social. Se entregan a la pasión por cambiar la vida con asombro y misterio y sin especular con futuras indemnizaciones. Ponen su humanidad al servicio de la lucha y no al revés. Promociones enteras de luchadores en todo el mundo continúan eligiendo una y mil veces el pañuelo todo blanco de las Madres de Plaza de Mayo atado en doble nudo, como si fuera un abrazo, debajo del mentón, donde son reivindicados todos los que luchan, desde sus hijos particulares hasta los más anónimos rebeldes caídos en cualquier esquina del mundo. Y sin un solo peso público a cambio.
Y yo también. Prefiero la rica pobreza de las Madres a toda la millonada de plata sucia de sangre, olvido e impunidad. Quiero su generosidad de no saberse deudos, ni personas jurídicas, ni herederas del lucro cesante que dejaron los desaparecidos, sino compañeras de sus hijos, así, sin estridencias ni poses histéricas. Renazco a la lucha y miro a través de sus ojos doloridos, desolados pero concurridos, esperanzados, donde la gloriosa generación reprimida -desaparecida y exiliada y presa- sigue teniendo razón en sus sueños de revolución total, sin obscenos dineros de por medio, rebelde y solidaria y plena de pasión, victoriosa en su perdurable regocijo de vivir. Como sol que se levanta al día siguiente de toda destrucción y pregunta, humilde y compañeramente, adónde debe ir a calentar.
Nota publicada en el Periódico de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Nº 16 – Noviembre 2004