Familiares y víctimas relatan las vejaciones sufridas a manos de policías federales
Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se comprometieron en el Primer Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, a denunciar al gobernador de ese estado, Ulises Ruiz Ortiz, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Lo anterior se acordó después de escuchar 40 testimonios de familiares de desaparecidos, »ex presos políticos» torturados y vejados sexualmente, así como de detenidos en diferentes penales del país.
Entre los testimoniales se denunciaron golpes, insultos, amenazas de muerte, condiciones insalubres, humillaciones y violaciones sexuales de que fueron objeto los detenidos en el estado de Oaxaca.
Yolanda Gutiérrez, madre del estudiante de la UNAM Christian Marcel Cebolledo Gutiérrez, leyó la descripción que hace su hijo de las »arbitrariedades y abusos cometidos» por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), desde el momento de su detención en la ciudad de Oaxaca, el pasado 25 de noviembre; este testimonio fue publicado ayer por La Jornada. El joven denuncia que en su traslado de Oaxaca al Cefereso 4 de Nayarit, fueron violados sexualmente 15 de sus compañeros.
»Bájense las pantaletas»
Carmen Sánchez Cruz, de 23 años, estudiante de arquitectura en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fue detenida el mismo día y trasladada al Cereso de Miahuatlán, en el mismo estado. »Al llegar nos quitaron nuestras cosas, nos desnudaron y luego nos hicieron hacer sentadillas a pesar de que íbamos lastimadas. Estuve encerrada 25 días, sin saber dónde estaba. Los alimentos que nos daban estaban en mal estado. Cuando nos sacaban de nuestra celda y al entrar en ellas, como requisito, nos ordenaban bajarnos las pantaletas».
René Trujillo, del sector juvenil de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue llevado a una casa de seguridad donde denunció haber sufrido golpes con toletes, toques eléctricos en los testículos, así como obligado a firmar documentos diciendo que trabajaba para el PRD y que recibía dinero por participar en el movimiento.
También se denunció que el lunes 27 de noviembre el señor Marcos García Macedas, consejero del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, fue »arteramente balaceado cuando regresaba de una reunión de la zona triqui alta. Recibió cuatro balazos que lo tienen postrado en una cama».
La propuesta de llevar el caso Oaxaca a la Corte Penal Internacional surgió como iniciativa de la diputada Claudia Lilia Cruz, quien espera presentarlo la próxima semana. Por otro lado, aseguró que »existen elementos para establecer los principios que configuran crímenes de lesa humanidad cometidos (en Oaxaca), para que un juez internacional conozca y llame a rendir cuentas a los posibles responsables, del nivel político que sea».
Para ello, los diputados utilizarán como pruebas los 40 testimonios que se presentaron en dicho foro, el cual se llevó a cabo en el Salón de Legisladores de la Cámara de Diputados, y contó con una asistencia de 425 participantes. El encuentro reunió a activistas sociales, dirigentes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, diputados y senadores del PRD, familiares de presos políticos, presos liberados, representantes sindicales, miembros de la APPO, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y del Movimiento de Unidad de Lucha Triqui.
Ahí se exigió la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, juicio político a »sus cómplices», que son dijeron el ex presidente de México Vicente Fox Quesada y el actual mandatario, Felipe Calderón, y justicia por la violación de los derechos humanos en Oaxaca, Guadalajara, San Salvador Atenco, Sicartsa y Pasta de Conchos.
La fracción parlamentaria del PRD apoyó la propuesta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, representada por Adrián Ramírez, de que senadores y diputados soliciten la presencia de miembros de la Cruz Roja Internacional para que visiten a los presos recluidos en los distintos penales del país. Por otro lado, también propusieron impulsar modificaciones legislativas en materia de defensa de los derechos humanos para que se facilite la obtención de pruebas que permitan juzgar a los transgresores.
El foro se desarrolló en dos etapas: la primera fue empleada por oradores representantes de organizaciones de derechos humanos, diputados y miembros de asociaciones sociales, y en una segunda parte se dio entrada a los testimonios.
Una de las primeras oradoras fue la senadora del partido del sol azteca Rosario Ibarra de Piedra, quien expresó que la violación de los derechos humanos en Oaxaca no es reciente, sino se remonta décadas atrás; la diferencia es que »ahora envían más militares y no llevan a los presos políticos a cárceles comunes, sino a reclusorios de alta seguridad».
La legisladora señaló que este foro debe ser »el corazón y la sangre» en la lucha de los derechos humanos, »pero también el cerebro de lo que tenemos que hacer». Ibarra finalizó su participación invitando a la sociedad civil a organizarse, limar asperezas y unirse »en contra de los malos gobiernos».
Mario Padilla Becerra, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM), comentó que el hecho de que este foro haya podido realizarse en el Palacio Legislativo »es una conquista popular para que los diputados, que deben representar al pueblo, tomen conciencia de que su representado tiene demandas que deben ser escuchadas en este lugar».
Por otro lado, dijo que en el México actual existe un proyecto de país que se manifiesta por tendencias autoritarias y represivas, acompañadas de una creciente y extendida militarización en gran parte del territorio nacional y en las funciones de las fuerzas armadas, »funciones que rebasan las establecidas en la letra y el espíritu de nuestra Constitución».
A su vez, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, se solidarizó con Oaxaca. Soledad Ortiz, portavoz de este movimiento, exigió la libertad de todos los presos políticos del país y afirmó que los derechos humanos no pueden verse sólo como garantías individuales, sino colectivas, »porque no vivimos aislados. Los derechos humanos no pueden pensarse sin los derechos de los pueblos a organizarse, a seguir sus tradiciones, a conservar su territorio, su cultura como pueblo, sus usos y costumbres comunitarias», precisó.
Doctora Escopeta
Al foro asistió Berta Elena Muñoz, Doctora Escopeta, locutora de Radio Universidad durante la etapa más crítica del conflicto en Oaxaca, quien manifestó que el gobierno federal »finge demencia» ante el problema oaxaqueño, y los diputados y senadores, como representantes del pueblo, y no sólo de partidos políticos, »están obligados a defender los derechos humanos».
Para concluir, el Sindicato Mexicano de Electricistas reiteró su apoyo a la APPO y, en voz de su líder, Martín Esparza Flores, dijo que la violación de los derechos humanos no sólo se ve en las cárceles y en la falta de aplicación de la justicia, sino en las malas condiciones laborales de los trabajadores.