La organización de los productores de coca en Bolivia es considerada como un movimiento social y político capaz de derrotar a gobiernos neoliberales, pero también de entronizar a otros, como es el caso del Presidente Evo Morales Ayma. Sin embargo, en los últimos días, tres dirigentes cocaleros de la Federación Única de Centrales Unidas (FUCU) […]
La organización de los productores de coca en Bolivia es considerada como un movimiento social y político capaz de derrotar a gobiernos neoliberales, pero también de entronizar a otros, como es el caso del Presidente Evo Morales Ayma.
Sin embargo, en los últimos días, tres dirigentes cocaleros de la Federación Única de Centrales Unidas (FUCU) con sede en Shinahota, ubicada a 190 kilómetros de Cochabamba, fueron detenidos, acusados entre otros cargos de atentar contra la integridad del Jefe de Estado.
Los imputados Hervert Valencia, Elmer Lizarazu y Adrián Trujillo, además enfrentan acusaciones por instigación pública a delinquir, organización criminal y asociación delictuosa ; los productores de coca aseguran que se trata de un «juicio político».
«Lamentablemente este es un caso estrictamente político, de imposición y de mala lectura de nuestro gobierno, porque lo único que hicimos los productores de coca es hacer respetar la voz del soberano, de la mayoría del pueblo que queremos democracia y la profundización del proceso de cambio y no queremos más corrupción y mala gestión. Esto ya parece una dictadura», aseveró el dirigente cocalero, Rolando Vargas.
¿Qué pasó?
En todo el territorio nacional, el próximo 29 de marzo se realizarán las elecciones sub nacionales, es decir, para elegir gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales.
En varias poblaciones, se realizaron cabildos, ampliados y consultas para elegir a sus futuras autoridades. En el caso de Shinahota, el Movimiento al Socialismo (MAS) convocó a un cabildo con la participación de más de 3 mil personas: la mayoría de la población eligió como candidata a la dirigente Lidia Poma, otro sector pretendió la ratificación del alcalde Rimer Ágreda, pero la mayoría le dijo no a la continuidad.
Algunos sectores conservadores y el mismo Evo Morales Ayma que, además es presidente de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, desconocieron la decisión del cabildo y trataron de imponer al candidato oficialista que tiene varios cargos de responsabilidad, según informe de la Contraloría General del Estado.
Recurriendo al expediente fácil de intromisión de la derecha en algunas organizaciones cocaleras, el entorno presidencial no escuchó la voz del soberano, dejando a un lado ese su discurso de gobernar escuchando al pueblo.
Esa actitud antidemocrática fue respondida por la movilización cocalera que le reclamó al propio Presidente del Estado Plurinacional, el respeto a las decisiones del cabildo; ese es «el delito» que cometieron los tres dirigentes, hoy detenidos.
Autoridades del gobierno dicen que se trata de un proceso penal; los productores de coca responden afirmando que es un juicio político. Exigiendo la liberación de sus dirigentes, los productores de coca realizaron bloqueo de caminos y una marcha de más de 50 kilómetros que podría desembocar en otras medidas de presión.
¿Qué hacer?
El ejemplo de la población de Shinahota, se replicó en varias regiones del territorio nacional: los sectores sociales eligieron a sus pre-candidatos, pero el entorno presidencial los desconoció imponiendo a otros candidatos que, en la mayoría de los casos, nunca fueron parte del proceso de cambio y más bien trabajaron para los partidos y gobiernos neoliberales.
En los últimos días, importantes dirigentes que representan a los sectores campesinos, indígenas, originarios y de los productores de coca que sufrieron cárcel, lucharon y resistieron, tomaron la determinación de alejarse del partido en función de gobierno. La confrontación en el MAS es entre «bases» versus «invitados»
«Quienes somos parte del verdadero proceso de cambio no podemos permitir que este gobierno no escuche al pueblo y mucho menos que se derechice. Lo único que deberían hacer nuestras autoridades es respetar las decisiones de los cabildos, esa es la verdadera democracia», aseguró el dirigente Rolando Vargas.
En Tarija, Cochabamba, Sucre, Beni, Pando y otros municipios y gobernaciones del país, los candidatos oficialistas fueron impuestos y no se respetó la decisión de los movimientos sociales.
Producto de la división al interior del MAS, se prevé que varias regiones del país sean recuperadas por sectores de la oposición o de disidentes al partido en función de gobierno que se presentarán en las elecciones sub nacionales con otras agrupaciones políticas.
Mientras tanto, el gobierno sin escuchar el clamor de los sectores populares, continúa con su discurso que los candidatos oficialistas fueron elegidos por determinación de los sectores sociales.
«Justamente nuestras candidaturas, que han sido elegidas siempre en consulta con sectores sociales, en todos los departamentos, en todos los lugares, van a llevar este planteamiento de la construcción del poder popular comunitario, como una manera de darle el poder al pueblo», expresó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.
Más allá del discurso gubernamental, la realidad de lo que ocurre en el corazón del continente latinoamericano, es totalmente diferente: ya no se gobierna obedeciendo al pueblo…
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