Desde hace ya algunos años los sectores más conservadores tienden a rechazar las políticas que van en contra de sus convicciones e intereses presentándolas como un ataque a las libertades, una manipulación que es lo único que justifica que se autoproclamen como «liberales». En nombre de la libertad pretenden cercenar la libertad de quienes, según […]
Desde hace ya algunos años los sectores más conservadores tienden a rechazar las políticas que van en contra de sus convicciones e intereses presentándolas como un ataque a las libertades, una manipulación que es lo único que justifica que se autoproclamen como «liberales». En nombre de la libertad pretenden cercenar la libertad de quienes, según ellos, merecen vivir sometidos. Pero esta pretensión no debería hacernos perder el espíritu crítico frente al objeto de sus invectivas.
La semana pasada la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación que ha suscitado el rechazo de la oposición y de los principales medios de comunicación del país. La ley define como discriminación (artículo 5) «a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa.» Luego especifica qué es lo que entiende por discriminación «racial» o por actitudes como la homofobia, la transfobia y la misoginia. Se crea un comité gubernamental que debe velar por la aplicación de los objetivos de la ley. El apartado más polémico es el que hace referencia a las sanciones, y concretamente las que se aplican a los funcionarios públicos y a los medios de comunicación. Según el artículo 16 «el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación.»
Para entender por qué se ha aprobado esta ley hay que tener en cuenta la historia lejana y reciente de Bolivia. Los movimientos sociales que auparon el MAS al poder fueron portadores, entre otras cosas, de un proyecto de «descolonización» de la sociedad y del Estado bolivianos. El Estado moderno en América Latina se formó sobre bases patriarcales, esclavistas y racistas, muy explícitas hoy en las prefecturas donde se atrincheran las oligarquías opositoras. No es de extrañar que su transformación sobre bases completamente diferentes se sitúe en el centro del debate político entre el gobierno y los diversos movimientos.
La cuestión es compleja porque las jerarquizaciones raciales y machistas permean las mentalidades en prácticamente todos los ámbitos sociales. Como explica la antropóloga Raquel Gutiérrez Aguilar, ex militante de la guerrilla Túpac Katari (como el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera o el líder aymara Felipe Quispe), «la opresión patriarcal se filtra por los mil vasos capilares de la socialidad y se ejerce en todo lo cotidiano, desde la cama hasta la alimentación, desde la educación hasta las reuniones políticas, exigiéndonos la subversión en todos los aspectos de la forma de vida, de convivencia y de trabajo.» Destacados líderes indígenas pueden luchar por un lado contra el racismo criollo y por otro hacer gala de un machismo penoso con sus compañeras y de un notorio desprecio de los homosexuales. Esto explica la larga lista de motivaciones discriminatorias que incorpora la ley. Ahora bien, ¿constituye este tipo de normativas la mejor manera de acabar con las discriminaciones?. No estoy tan seguro.
El colectivo feminista boliviano «Mujeres creando«, cuyo miembro más conocido es María Galindo, lleva tiempo denunciando estas contradicciones y realizando provocadoras representaciones artísticas que colocan a la sociedad boliviana frente a un incómodo espejo. Como cuando denuncian el apoyo institucional a concursos de belleza que cosifican a las mujeres y les imponen determinados parámetros estéticos como vía preferente para el ascenso social. Cuando el gobierno de Evo Morales apoyó la organización del certamen Miss Universo en la ciudad de Santa Cruz -un jugoso caramelo para el empresariado cruceño- no hacía otra cosa que continuar con esa tradición de la derecha local -y no sólo local- consistente en el empleo de modelos con las que resaltar la virilidad de políticos y empresarios. Esta cultura del macho aflora de vez en cuando en algún que otro comentario o actitud del mismo presidente. Cabe preguntarse, pues, si con esta ley destacados representantes del gobierno no podrían incurrir en el futuro en sanción por según qué comentarios o iniciativas.
Y es que el aspecto más delicado de esta ley es su carácter eminentemente sancionador. La tipificación penal o administrativa de la «discriminación» no es muy precisa, lo que puede facilitar todo tipo de abusos desde los poderes públicos. No sólo desde el gobierno del MAS sino por parte de quienes en la oposición denuncian un supuesto «racismo a la inversa». Es, por ejemplo, lo que piensa su contrincante político Felipe Quispe. Por su parte, María Galindo opina que, aunque la lucha contra el racismo sea necesaria, la ley «propone medidas que en la apariencia combaten el racismo pero que en el fondo se convertirán en inservibles. En toda la ley hay un solo artículo concreto y sanador que puede ser aplicado mañana mismo y es la prohibición de la reserva del derecho de admisión en todo local público. Es concreto y operativo inclusive porque responsabiliza de su cumplimiento inmediato a una instancia específica del Estado como son los gobiernos municipales. El resto de la ley lamentablemente es inaplicable, declarativa, y enunciativa.» Por eso Galindo cree que es más práctico y adecuado prohibir de antemano «prácticas segregacionistas» como la del «derecho de admisión» o la segregación económico-racial entre escuela pública y privada. «Primero el racismo es división espacial y luego es conversión de esa división espacial jerárquica en estructura mental y emocional. Por eso la eliminación del segregacionismo es una política altamente efectiva, concreta y posible a la hora de combatir el racismo. Yo me siento en la misma silla que tú y nuestros hijos e hijas van al mismo colegio y punto». Tampoco entiende por qué se privilegia el racismo frente a otras discriminaciones, aunque el mero hecho de que se incluyan ya supone un importante reconocimiento.
Cuando la oposición convervadora denuncia la ley porque atenta contra la «libertad de expresión» apunta sin duda a un aspecto problemático y preocupante de la misma, pero lo hace de una manera que obvia el entramado de relaciones de poder que justifica su aprobación. Al mismo tiempo, la pretensión de acabar con el racismo por la vía penal muestra una cierta impotencia frente al discurso del odio y del desprecio. Algo parecido está sucediendo en estos momentos en Holanda con el proceso contra Geert Wilders, que podría consagrarlo como un mártir por las libertades, desde la libertad de expresión a la de las mujeres, aunque sus posiciones nada tengan que ver con ellas. Lo fácil es tratar de impedir que Wilders diga las estupideces xenófobas que quiera; lo difícil, y que pocos piden, es desmontar el sistema institucional de discriminaciones que contribuye a que alguien como él encuentre eco en Europa con sus exabruptos.
http://www.javierortiz.net/voz/samuel/discriminacion-y-libertad-de-expresion