En el tercer día consecutivo de protestas en Bolivia, militares de rango intermedio pidieron este miércoles la renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso, tras el recrudecimiento de las manifestaciones callejeras que mantienen sitiada La Paz en reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos. Pero el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante […]
En el tercer día consecutivo de protestas en Bolivia, militares de rango intermedio pidieron este miércoles la renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso, tras el recrudecimiento de las manifestaciones callejeras que mantienen sitiada La Paz en reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos.
Pero el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, negó que existan «aprestos de golpe de Estado» y calificó de «hecho aislado» el pedido que formularon dos oficiales, en una proclama leída esta mañana por televisión.
Aranda, acompañado del ministro de Defensa Nacional, Oscar Arredondo, calificó de «irresponsable e inoportuno» el pronunciamiento de los tenientes coroneles Julio Herrera y Julio César Galindo, en nombre del hasta ahora desconocido Movimiento Militar Generacional.
«El gobierno que queremos constituir es con la participación de todos los sectores y si se da el triunfo de esta revolución sólo habrá dos militares en el futuro gabinete», dijo Herrera a una radio local.
Agregó que «para salvar la democracia se debe convocar a una Asamblea Constituyente» y «se debe recuperar el control total de nuestros hidrocarburos».
Según Herrera, la aparición del grupo no es un hecho aislado, pero «por estrategia no vamos a revelar el número de nuestros efectivos», y sostuvo que tanto él como Galindo, han sido amenazados y son buscados por los organismos de inteligencia militar, pero «no nos vamos a exponer».
Evo Morales, líder de los campesinos cocaleros y del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), rechazó la proclama: «Quiero expresar mi rechazo a cualquier golpe militar que pueda venir y dejar en claro que vamos a defender la democracia», recuperada hace dos décadas tras un largo periodo de dictaduras militares.
Promotor de las protestas en demanda de una ley de hidrocarburos que deje el 50 por ciento de las ganancias al país, Evo Morales manifestó que «venga de donde venga, golpe de Estado no es democracia, es bueno tener militares patriotas, pero que respeten la democracia».
«Vamos a defender la democracia, pero el Congreso está obligado a atender la demanda de la población en el tema de hidrocarburos, sobre la Asamblea Constituyente, y la recuperación total de nuestros recursos naturales», enumeró.
Asimismo, estableció que el gobierno debe «tomar posesión física de lo campos petroleros» del país, donde se encuentra la segunda mayor reserva de gas de Sudamérica, después de Venezuela.
Otros movimientos, como el de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, hablaron de defender la democracia. Su presidente, Abel Mamani, no descartó que haya grupos que buscan «servirse de los movimientos sociales».
Vilma Plata, quien encabezó una marcha de maestros, manifestó su repudio a «todo trajín golpista, sea de derecha o de izquierda».
En el ámbito exterior, Estados Unidos manifestó su inquietud. «Estamos muy preocupados por los serios desafíos a la estabilidad de Bolivia que plantean grupos de oposición radicales que amenazan los avances del país», dijo Jonathan Farrar, subsecretario adjunto de Estado para la lucha antidroga internacional.
Luego de tres días de intensa presión popular en La Paz y cortes en tres importantes carreteras que comunican con Perú y Chile, el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, intensificó las consultas para propiciar un encuentro nacional de reconciliación, donde converjan diversos sectores, entre ellos el comité cívico de Santa Cruz, que agrupa a poderosos grupos empresariales que reclaman a ultranza un referendo autonómico autoconvocado para el 12 de agosto, y a los radicales encabezados por Jaime Solares, de la Central Obrera Boliviana (COB).
Por primera vez en la semana, las protestas de este día no fueron encabezadas por Solares, quien ayer dijo que estaba de acuerdo con un gobierno de militares que apoyaran al pueblo, lo que le ganó las críticas de Evo Morales.
Para contener las protestas sociales en La Paz, el gobierno estudiaba la posibilidad de convocar por decreto a una Asamblea Constituyente, trascendió, aunque los voceros habituales del gobierno tenían cortados de momento sus sistemas de comunicación con la prensa.
En tanto, el dirigente Román Loayza anunció una tregua de un día, el jueves de Corpus Christi, en las protestas sociales que mantienen aislada la sede del gobierno. «Tenemos que ser respetuosos (con la fiesta católica), por eso vamos a dar nomás un día de descanso a nuestros hermanos marchistas», dijo el líder de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia. También recordó que el viernes es feriado por el Día de la Madre.
Pero las movilizaciones volverán a endurecerse el martes, cuando el Congreso debe reanudar sus deliberaciones.
Una marcha multitudinaria de vecinos de la ciudad de El Alto potenció este miércoles el asedio sobre La Paz en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos.
«Ni 30 y 50 por ciento (de las ganancias del negocio petrolero para el Estado), ¡nacionalización!» gritaron los pobladores de El Alto, que descendieron a La Paz por diversas rutas para exigir, además, la clausura del Congreso y la salida de Mesa «por traidor e incapaz».
Rechazan referendo autonómico
También manifestaron su rechazo a la decisión de la provincia de Santa Cruz, el pulmón económico del país, de celebrar un referendo autonómico el 12 de agosto.
La manifestación paralizó las actividades en el centro capitalino, donde los comerciantes cerraron y los vendedores ambulantes fueron ahuyentados con palos y a pedradas. Los colegios suspendieron nuevamente sus actividades.
La Paz, segunda ciudad más poblada del país, comenzaba a dar muestras de desabasto de alimentos y en algunas estaciones de servicios escaseaban ya los combustibles. El sindicato de choferes ordenó el repliegue de sus unidades, lo que pareció entregar por completo, el control absoluto de la ciudad a los manifestantes.
A la marcha se unieron espontáneamente profesores rurales y grupos de estudiantes de la universidad pública de La Paz, e intentaron varias veces derrotar el dispositivo de seguridad desplegado sobre el presidencial palacio Quemado.
En las paredes del centro de La Paz se podían leer hoy pintas que iban desde: «Viva un gobierno civil-militar», hasta «Fuera indios de mierda».