El 5 de noviembre se cumplen dos años de la desaparición forzada del trabajador rural «golondrina» Daniel Solano, en la provincia de Río Negro. Su caso revela la existencia de redes de trata de personas para el trabajo esclavo en establecimientos rurales de Río Negro y en todo el país, con la complicidad de las […]
El 5 de noviembre se cumplen dos años de la desaparición forzada del trabajador rural «golondrina» Daniel Solano, en la provincia de Río Negro. Su caso revela la existencia de redes de trata de personas para el trabajo esclavo en establecimientos rurales de Río Negro y en todo el país, con la complicidad de las empresas productores y exportadores, la policía, el poder político y la Justicia.
Daniel Solano era un trabajador indígena guaraní oriundo de Tartagal, en la provincia de Salta, que había sido movilizado junto con decenas de compañeros hacia la localidad de Lamarque, en la provincia de Río Negro, para trabajar en la cosecha de fruta en condiciones de esclavitud para la empresa Agro Cosecha (hoy Trabajo Argentino), tercerizada de la multinacional Expofrut. Las pésimas condiciones de vivienda, el atraso en el pago de los jornales y la negativa al pago de lo establecido, hicieron que Solano organizara una huelga junto con obreros de Expofrut. El día anterior a la huelga fue desaparecido. Según testigo, la madrugada del 5 de noviembre de 2011 fue sacado del local bailable Macuba en la localidad de Choele Choel por personal del Grupo BORA de la Policía de Río Negro y subido a golpes a una camioneta policial (1). Desde entonces no volvió a saberse nada más de él.
Ante la ausencia de respuesta por parte de las autoridades rionegrinas, su padre Gualberto Solano se trasladó los mas de 2500 kilómetros que separan Tartagal de Choele Choel y junto con Romina y Pablo, prima y tío de Daniel que llegaron mas tarde, instalaron una carpa frente al Juzgado Nº 31. Gualberto tiene la certeza de que su hijo fue asesinado y reclama su cuerpo para ser enterrado de acuerdo a las creencias guaraníes. Se le asignó un abogado que no mostró compromiso con la resolución de la causa y fue acusado de intentar favorecer a la empresa. Por ello desde la comunidad guaraní se organizaron y convocaron a un abogado de Tartagal, el Dr. Sergio Heredia que, junto con el Dr. Leandro Aparicio, comenzaron a investigar y a desenmascaran el entramado de las redes de trata y su complicidad con el poder.
Gracias a la acción de la familia y los abogados, junto con la movilización popular, se procesaron a siete policías implicados en la desaparición del trabajador rural que fueron detenidos en el Penal Nº 1 de Viedma. Pero tras un motín en donde reclamaban la cercanía de sus familias, la jueza Natalia Constanzo decidió trasladarlos a la localidad de Lamarque, a pocos kilómetros de donde se encuentra acampando la familia Solano.
Frente a esta complicidad del Poder Judicial con los asesinos de uniforme, la familia y los abogados decidieron iniciar una huelga de hambre a fines de junio de 2013 que se extendió hasta mediados de julio, cuando decidieron levantarla tras una reunión mantenida con el gobernador Alberto Weretilneck, quién se comprometió a dar respuestas a un petitorio entregado luego de una multitudinaria movilización (2).
El 21 de agosto de 2013 la jueza Constanzo presentó una «inhibición» para seguir participando en el caso, debido a las críticas que le realizaron los abogados de la familia por motivo de un vínculo familiar con María Emilia Constanzo, socia de la empresa Agro Cosecha y vinculada a las estafas que sufrieron los trabajadores. También fue cuestionada por burlarse durante una fiesta policial de la familia Solano, bailando con un gorro similar al que utilizan los indígenas colla del norte argentino. La causa quedó a manos del juez Soto, quién un mes mas tarde debió renunciar para hacerse cargo de la Cámara de Apelación Civil de General Roca (Fiske Menuco) (3).
Mas allá de estos vaivenes del poder judicial, las investigaciones de los abogados Heredia y Aparicio demostraron que Solano no era el único trabajador rural desaparecido en Río Negro, ya que había que agregar a la lista el paraguayo Pedro Cabaña Cubas, el jujeño Héctor Villagrán y el chileno Valdevenito. El abogado Heredia declaró que «el primer encubridor que tiene el caso Solano se llama Paulino Ribera, que es el que declara haberlo visto el día 9 de noviembre en el bar El Tano. Después descubrimos que este hombre es el explotador de una estancia que se llama El Negro Muerto, donde trabajaba Pedro Cabaña Cuba. Llegamos a la conclusión de que Cabaña Cuba vio algo de Solano y por eso lo matan» (4). Tiempo después apareció en la isla de Conesa -propiedad de Sandro Berthe, encargado de la investigación- el cuerpo de Cabañas Cubas sin manos y sin pies. Villagrán y Valdevenito continúan desaparecidos, pero acaso sus cuerpos sean los encontrados cerca del local bailable Macuba en el 2013 o quizá el que se encuentra desde octubre de 2012 en el Instituto Balseiro de Bariloche corresponda a uno de ellos (5) .
También se demostró las condiciones de explotación a la cual someten las empresas productoras y exportadoras de fruta de la provincia a trabajadores indígenas traídos de todo el país y de países limítrofes. Entre las formas de explotación se encuentra el abonar solo una parte del jornal acordado y el que declaran facturar a sus trabajadores (el día de su desaparición Solano había cobrado solo $800 de jornal). Por ello es que el pago del mismo se realiza en oficinas que cuentan con la presencia de policías de la provincia para evitar protestas de los trabajadores estafados, lo que demuestra la complicidad de los mecanismos del Estado para sostener la explotación laboral. A esto se suma las pésimas condiciones de trabajo y de vivienda en las que vive el personal de la empresa. En febrero de 2013 el documentalista Pablo Politis fue golpeado por policías y bandas armadas de Expofrut por intentar firmar el hacinamiento y las condiciones insalubres en las que vivían los obreros.
Frente a estas condiciones de explotación, la represión se convierte en una herramienta necesaria para contener los legítimos reclamos de los trabajadores. Durante una de las marchas para reclamar la aparición de Solano y el castigo a sus culpables, un obrero despedido de Expofrut manifestó que «a mi me iban a poner de delegado el año pasado, pero me mandaron el telegrama (de despido). Me echaron. No me pasó lo de Solano. Varios me dijeron: al menos no te pasó la de Solano. Pero estoy totalmente seguro que el ingeniero Heinrich, Aldo Palacios y la policía saben donde está Solano. Sabén muy bien porque me consta cuando le pegaron a los obreros en las gamelas, cuando les rompieron las puertas de las gamelas a cien metros de donde vive Heinrich» (6) .
A principios de octubre de este año se produjo el hallazgo de irregularidades en los calabazos de la Comisaría de Choele Choel, por lo que fueron clausurados algunos sectores. Entre las irregularidades se encontró una doble pared tapada con muebles, y anormalidades en los suelos de los calabozos y el mástil con tierra removida debajo de ellos. El abogado Heredia sostuvo desde un primer momento que el cuerpo del trabajador podía estar escondido allí (7) .
Al cumplirse dos años de la desaparición del trabajador indígena Daniel Solano, la familia y sus abogados continúan acampando frente al Juzgado Nº 31 en reclamo de una respuesta y del castigo a todos los culpables de su desaparición. No estuvieron solos todo este tiempo, ya que recibieron la solidaridad de organizaciones de la región, y de familiares y amigos de personas desaparecidas o víctimas del aparato represivo del Estado (Jorge Julio López, Luciano Arruga, Carlos Painevil, Atahualpa Martínez, Sergio Avalos) que se acercaron a acompañar su lucha (8) .
Frente a un nuevo aniversario debemos continuar movilizados para exigir la aparición de Daniel Solano, el castigo de todas las personas implicadas en su desaparición y el desmantelamiento de las redes de trata de personas y explotación laboral. Esto en el marco de una campaña de denuncia de la complicidad de los gobiernos provincial y nacional en el sostenimiento y complejización del aparato represivo heredado de la dictadura.
A dos años de su desaparición ¡Daniel Solano Presente!.
Referencias:
(1) Morales, Natalia y Ramírez, Joaquín; «El caso Daniel Solano», en: La Verdad Obrera, 21 de marzo de 2013.
(2) Arrieta , Soledad; «Hagan ruido que Daniel no está y su papá lo busca», en: www.8300.com.ar, 18 de julio de 2013.
(3) «Aparecieron dos cuerpos cerca de Macuba, lugar donde se lo vió por última vez a Solano», en: www.loprincipal.com.ar, 30 de septiembre de 2013.
(4) Arrieta , Soledad; «Hagan ruido que Daniel…».
(5) «La Causa Solano vuelve a cambiar de juez», Rio Negro, 21 de septiembre de 2013.
(6) Valencia , Luciano Andrés; «A 23 meses de la desaparición forzada de Daniel Solano», en: www.agenciawalsh.org, 7 de octubre de 2013.
(7) «Caso Solano: en 20 días la Gendarmería debe elevar su informe», en: www.8300.com.ar, 8 de octubre de 2013.
(8) Los discursos de familiares de personas desaparecidas o asesinadas por el aparato represivo del Estado en apoyo a la familia Solano se pueden consultar en: Valencia, Luciano Andrés; «A 23 meses de la desaparición…».
Luciano Andrés Valencia es escritor, autor de La Transformación interrumpida (2009) y Páginas socialistas (2013).
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