Bolivia está atravesando por uno de los momentos más críticos de su historia. La razón fundamental es que lo que está en juego son dos proyectos de Estado radicalmente opuestos: el de la elite de Santa Cruz vs el país pluricultural. Vamos por partes. La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue llevada a cabo por […]
Bolivia está atravesando por uno de los momentos más críticos de su historia. La razón fundamental es que lo que está en juego son dos proyectos de Estado radicalmente opuestos: el de la elite de Santa Cruz vs el país pluricultural. Vamos por partes.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue llevada a cabo por el gobierno del presidente Evo Morales luego de que los movimientos sociales durante más de una década la solicitaran por distintos medios. Una vez constituida, la tarea básica de los asambleístas era dotar al país de una nueva Constitución. Durante varios meses en la Asamblea se buscó llegar a acuerdos para lograr su cometido, pero consecutivamente la derecha utilizó artimañas para retrasar su trabajo e impedir el parto de una nueva carta magna.
La estrategia más eficiente fue introducir la demanda de Sucre como capital «plena» de Bolivia, reviviendo el conflicto histórico de hace más de un siglo a través del cual se trasladó la sede de gobierno a La Paz luego de una guerra civil. El gobierno ofreció una serie de concesiones a las instituciones sucrenses que fueron caprichosamente rechazadas con una lógica en el puro cálculo político. En una de las actitudes más antidemocráticas, grupos irregulares de Sucre, donde sesiona la Asamblea, impidieron sistemáticamente la reunión de los constituyentes.
Luego de varios meses de acción ilegal de estos grupos, la Asamblea tuvo que efectuarse en un recinto militar, con cordones de ciudadanos de todo el país y protección policial para cumplir su mandato. A pesar de la adversidad, los asambleístas lograron aprobar una Constitución que refleja las características multiculturales y pluriétnicas del país, incluyendo las demandas de autonomías departamentales e indígenas.
La derecha oriental se ha empeñado en desconocer la nueva Constitución en una táctica política que pretende desestabilizar al gobierno. Para ello ha realizado acciones completamente ilegales y secesioncitas, poniendo en riesgo la integridad de la nación. Claramente detrás del discurso autonómico está una oligarquía terrateniente que se juega la vida y su futuro.
El proyecto societal de la mal llamada «media luna» tiene al menos dos componentes. El primero es la autonomía, entendida como la manutención de las estructuras coloniales de administración pública en el interior del departamento, estructuras en las cuales, claro está, ellos son los más beneficiados. Así, no se contempla el reconocimiento de microrregiones y mucho menos de pueblos indígenas que tengan derechos en territorios también autónomos.
Un segundo elemento es el factor económico. La oligarquía cruceña había llegado a su techo, y su fortuna -alimentada sobre todo a partir de inversión estatal y favores ilegales en tiempos de dictadura- no podía ir más allá. En ese contexto se abrió la posibilidad de la exportación de gas por el descubrimiento de recursos hidrocarburíferos. La administración de esos bienes hubiera significado para esa elite una efectiva inserción en el mercado internacional y la consolidación de su poder en el ámbito local, nacional e global.
El proyecto popular, dirigido por el gobierno de Evo Morales, tiene una visión completamente distinta. Los dos aspectos que lo caracterizan son: por un lado, se propone una matriz de relación con los recursos naturales que quiebre con una ecuación perversa que primó en Bolivia: riqueza natural administrada por un grupo que la usa sólo para sus beneficios. Así, la inserción en la globalización económica no es responsabilidad de una minúscula elite que se aprovecha de los recursos para su propio beneficio, sino de una colectividad que debe responder a todos sus ciudadanos. Por otro lado, en lo cultural, se trata de un Estado multiétnico y pluricultural que reconoce distintos pisos societales y que tiene la obligación de buscar una legislación acorde para este tipo de país.
La confrontación tan violenta responde a la lucha por dos proyectos de país: uno arraigado en las estructuras coloniales de los siglos pasados que proyecta a un grupo terrateniente en el ámbito económico internacional con la administración de los recursos naturales; y otro de origen popular que busca la construcción de una República moderna, insertada en la economía global, pero con equidad y con el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica en su interior.
Si la primera iniciativa elitista triunfa, el país habrá retrocedido dos siglos de historia. Si el proyecto de Evo Morales llega a buen puerto, Bolivia será la primera nación en el mundo que haya logrado administrar diversidad, unidad y equidad en un proyecto de nación moderna. Esperemos que eso le depare destino.
* Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM