En el curso de 10 días (30 de julio y 2 de agosto), La Jornada publicó un par de noticias que nos dejan azorados porque revelan, más allá de los jilguerismos oficiales, el tiempo miserable e insensato en que vivimos. Tiempo desdichado porque revela la quiebra de las instituciones públicas, de su corrupción hasta los […]
En el curso de 10 días (30 de julio y 2 de agosto), La Jornada publicó un par de noticias que nos dejan azorados porque revelan, más allá de los jilguerismos oficiales, el tiempo miserable e insensato en que vivimos.
Tiempo desdichado porque revela la quiebra de las instituciones públicas, de su corrupción hasta los huesos y de su proceder criminal, y porque vuelve a mostrarnos el abandono en que vive una mayoría de mexicanos y la voracidad y ausencia de escrúpulos de una ínfima minoría.
En los encabezados se dice (2 de gosto): México, al borde de una represión sistematizada: Amnistía Internacional, y después, Desapariciones forzadas: al nivel de las cometidas en dictaduras. El otro (30 de julio): En el sexenio calderonista creció en 13 millones el ejército de pobres, y todavía: En pobreza: 21.4 millones de niños adolescentes. En rigor, ninguna de las notas descubre algo nuevo: ambas se refieren a gravísimos problemas que sacuden al país desde hace tiempo, y respecto a los cuales, a pesar de lo dicho y advertido, no sólo no se ha avanzado sino que estamos en franca regresión.
Se está cumpliendo uno de los pronósticos más sombríos que se formularon apenas Felipe Calderón ordenó al Ejército y a la Marina ser los mascarones de proa de la guerra contra los criminales de la droga: que se amplificarían necesariamente las violaciones a los derechos humanos.
Las desapariciones forzadas -según el investigador y observador durante más de treinta años de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga-, unidas a la liquidación física de los sospechosos, probadas inclusive por fotografías de personas que han llegado a los campos militares y de las cuales se desconoce el paradero, son apenas algunos de los «métodos» utilizados por las fuerzas públicas en esta guerra contra el crimen organizado.
El escándalo surge porque no parece haber ningún medio de control para eliminar estos asesinatos violentos. Y por la impunidad escandalosa que prevalece. (Ojalá la Ley de Seguridad Nacional, cuya elaboración vigila Javier Sicilia, nos haga avanzar en este campo tan peligroso). La cuestión se complica porque habría una especie de difusa opinión pública favorable o simpatizante, según la cual estaría justificada la violencia sin contención del Estado en contra del crimen organizado, tal vez sobre todo en contra de los narcotraficantes y secuestradores. Tal ambigüedad del sentimiento general, por cierto explicable, puede llevar a espirales ascendentes de violencia indiscriminada y «a escenarios muy preocupantes», comparables, según Amnistía Internacional, a los períodos «negros» de las dictaduras del Cono Sur.
Es verdad que esas dictaduras y su represión se inscribían en el marco de la «guerra fría», que «justificaba» la eliminación de los «caídos» por motivos ideológicos y políticos. Pero no tan rápido porque son muy tenues las líneas divisorias y fácilmente se resbala de uno a otro lado: podemos vernos de pronto envueltos en situaciones de violencia y represión desconectadas ya de su causa original (el antinarco).
Sin olvidar que la demanda de que «el ejército regrese a sus cuarteles» no obedece a un prurito de rigorismo legal, sino al hecho evidente de que una sociedad que vive con el ejército en las calles, es decir, una sociedad militarizada no sale fácilmente a la luz pública a exponer sus reclamos y demandas. La presencia del Ejército es inhibitoria y perjudica el más amplio ejercicio de los derechos humanos y de expresión. Por lo demás, apoya a la impunidad en todas sus formas. ¿Estaríamos al borde, con el menor pretexto, de una dictadura militar?
La otra «noticia» es que bajo el calderonismo los pobres aumentaron en México en 13 millones de personas, acercándonos a los 60 millones ya que al inicio de este gobierno los pobres eran 44.7 millones. En pobreza patrimonial estaría la población sin capacidad para cubrir los requerimientos básicos de vida: vivienda, calzado, salud, transporte público, alimentación y educación, aunque destinaran a ello todos sus ingresos. (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, con las debidas objeciones a su metodología obsoleta. En verdad, las cifras serían más escandalosas: un mayor número de pobres y una mayor distancia de los ricos).
También se incrementó la pobreza alimentaria entre 2008 y 2010 -las familias que no tienen recursos para adquirir la canasta básica- al pasar de 20.2 millones de mexicanos a 21.2 millones. En cuatro años, esta pobreza se habría elevado en 6.1 millones de personas.
Se habría también incrementado, entre 2008 y 2010, la pobreza alimentaria (sin recursos para adquirir la canasta básica), que pasó de 20.2 millones de mexicanos a 21.2 millones: en cuatro años, esta pobreza se elevó en 6.1 millones de personas. La pobreza de capacidades también aumentó, que incluye a la gente que no puede acceder a alimentación, salud y educación suficientes, aunque utilizara todos sus ingresos para estos bienes, al pasar de 27.8 millones de personas a 30 millones. En el sexenio se sumaron a la pobreza de capacidades 7.3 millones de mexicanos.
Bastan estos botones de muestra para percibir el tamaño, la tragedia actual del desastre mexicano. Sociedad ocupada por la pobreza y amenazada por una represión amplificada. Pero además, ¿puede haber democracia en la violencia y en la miseria? ¿Vivimos en una sociedad secuestrada por los dueños del dinero y por los intereses de quienes acumulan y trafican? ¿Hasta cuando? Hasta que la sociedad decida valientemente sacudirse de tales infamias.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/08/07/19393812-dos-tragedias-mexicanas-victor-flores-olea