La noche del lunes 19 miles de kilómetros cuadrados parecían un estanque eterno en Bolivia. En el norteño departamento del Beni, el más afectado por las torrenciales lluvias de las últimas ocho semanas, el agua crece a un ritmo de entre 5 y 7 cenítmetros diarios. Ni el destrabamiento de los debates en la Asamblea […]
La noche del lunes 19 miles de kilómetros cuadrados parecían un estanque eterno en Bolivia. En el norteño departamento del Beni, el más afectado por las torrenciales lluvias de las últimas ocho semanas, el agua crece a un ritmo de entre 5 y 7 cenítmetros diarios. Ni el destrabamiento de los debates en la Asamblea Constituyente ni el Carnaval de Oruro, menos aún la nacionalización de una fundición de estaño, han ocupado tanto el tiempo del gobierno de Evo Morales, quien inclusive ha tenido que comprar dos helicópteros para atender las emergencias provocadas por el fenómeno climático conocido como «El Niño». Ese lunes en Palacio de Gobierno el Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana presentó un informe general de situación en el que se destacaban las poco más de 68 mil familias afectadas por los desastres, que van desde deslizamiento de tierras y desbordamiento de ríos hasta granizadas y heladas en el departamento de Potosí. El martes 20 se anunció también que 130 toneladas de alimentos serían enviadas al Beni, así como la posible compra de ganado vacuno boliviano (en cuarentena por la aftosa) para satisfacer la enorme necesidad de alimentación generada.
El ministro de defensa Walker San Miguel solicitó oficialmente a los Estados Unidos la posibilidad de usar trece lanchas rápidas propiedad de ese gobierno y utilizadas para la interdicción a las drogas en los ríos bolivianos. En ese mismo sentido, cien médicos cubanos, pertenecientes a los 1.750 miembros de la brigada solidaria que presta servicio en Bolivia, ya atienden en estos momentos en varias de las zonas afectadas.
De hecho, el gabinete en pleno de Morales se encuentra hace días distribuido por todo el territorio boliviano repartiendo ayuda y evaluando el impacto de las tormentas. Evo en persona hizo acto de presencia en el Chapare y en una zona en el occidente del departamento de Santa Cruz.
El miércoles, luego de una reunión de gabinete en palacio, el gobierno emitió un decreto supremo, el 29035, por el que habilita a gobiernos departamentales y municipios a ejercer el uno por ciento de los recursos que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos como recursos de emergencia para atender a los damnificados.
Los problemas sanitarios, hasta esta semana, eran apenas resfríos y algunas infecciones de la piel; hubo tres mordidos por víbora. Pero de acuerdo a funcionarios del ministerio de salud, la semana próxima podrían comenzar a aparecer la diarrea, la conjuntivitis y otros males producto de las inundaciones. El director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología anunció también el miércoles que las lluvias prolongarán su estación, aunque menos intensamente, hasta entrado el mes de marzo.
Las evacuaciones son continuas y ya el agua se llevó casi cincuenta vidas. Todo el personal militar y de defensa civil boliviano se encuentra tratando de salvar personas, cosas y animales. Esta temporada ha mostrado las enormes carencias del Estado para atender a la población, algo para lo que el nuevo gobierno no estaba preparado.
La Constituyente a contrarreloj En Sucre, entre las noticias que no fue posible celebrar por la tragedia, la Asamblea Constituyente ha podido dar curso a los debates, que comenzarían esta semana. En un acuerdo sobre las formas y modalidades para aprobar en nuevo texto constitucional, el oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo y, aprobado el reglamento de debates luego de seis meses, quieren tener presentar su trabajo el próximo 6 de agosto.
Pese a todo, un diario de La Paz resaltó que, de acuerdo al calendario acordado por las fuerzas políticas en la Constituyente, esto significa que los representantes tienen apenas 120 días para realizar su labor, que por cierto ha tenido un costo colectivo de 5,500 dólares por hora desde el inicio de las sesiones el pasado agosto, de acuerdo con ese mismo medio. Tal vez por todo ello es que uno de los últimos acuerdos en la asamblea fue el de multar a los constituyentes faltones con 350 bolivianos (43 dólares aproximadamente) por inasistencia a las sesiones.
Fundiendo la privatización minera Otro evento destacado, ocurrido hace más de diez días, fue la nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto ha agitado el escenario político y económico nacional e internacional. Al parecer, el gobierno de Evo Morales decidió avanzar en los compromisos contraídos con los cooperativistas mineros, en realidad pequeños y medianos empresarios del rubro.
Vinto, como se le conoce regularmente, es una fundición de estaño hasta hace poco en manos de la transnacional suiza Glencore. Ahí llevan a comercializar su producto la mayoría de los cooperativistas y fue privatizada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Con su nacionalización, esta vez sí confiscatoria, el gobierno espera obtener este año unos 9 millones de dólares de utlidades, según declaró el ministro del ramo Guillermo Dalence.
La empresa europea demandaría a Bolivia indemnización, según un comunicado oficial de Glencore, pero el gobierno afirma que tiene cómo mostrar que en Vinto no hubo la inversión prometida y no corresponde pagar un centavo a los suizos.
Mientras, luego de tener más de 20 muertos en octubre pasado por los enfrentamientos entre cooperativistas y mineros sindicalizados por su control, en la mina estatal de Huanuni se ha anunciado una utilidad cercana al millón de dólares en el mes de diciembre. Es en dicho sector, cercano a Vinto, donde se extrae la mayor parte del estaño boliviano. Por ello se prevé que los ingresos por la venta del metal, en alza por todo el mundo, sigan creciendo en las arcas del Estado.