Pando, sin que lo sepa la mayor parte de los bolivianos, incluyendo a la mayor parte de los habitantes de ese departamento, empezó a ser uno de los territorios en Sudamérica desde donde Estados Unidos desarrolla una estrategia amazónica de componentes políticos, militares y culturales. Una resolución de alcaldes pandinos derrumbó uno de sus pilares.
El 8 de julio, la asociación de alcaldes del departamento de Pando ha decidido declarar a esa parte del país como «Territorio amazónico libre de USAID». Esa determinación representa un paso más -quizá el más decisivo- para continuar el desmontaje esa suerte de enclave -político, cultural y militar- que Estados Unidos había construido en cerca de una década.
Y ahí radica precisamente la dimensión de la resolución adoptada por los titulares de doce de quince municipios de ese departamento situado al norte de La Paz, la sede del gobierno plurinacional que no deja de ver con desconfianzas, por sobradas razones, las acciones de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y de las instituciones dependientes del Departamento de Estado.
La noticia sorprendió en la tarde del miércoles en La Paz, pues se daba en un momento en que tres hechos acaparaban la atención política y mediática: la marcha indígena encabezada por la CIDOB, las tensiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el tratamiento de la Ley Marco de Autonomías -la última de las cinco leyes orgánicas que deben ser aprobadas hasta antes del 18 de julio por mandato constitucional- y la temeraria acusación del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, contra el vicepresidente del Estado Plurinacional, Alvaro García Linera, por narcotráfico y terrorismo.
Pero además, para no perder el contexto, la decisión de expulsar de ese departamento amazónico a USAID y las ONG que reciben financiamiento estadounidense se produce en medio de dos escenarios contradictorios: por un lado, el anuncio que el 1 de junio pasado hicieron el canciller David Choquehuanca y el Secretario Adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, en sentido de que Bolivia y EE.UU. tenían registrado un avance del 99% para la firma de un Acuerdo Marco. Eso implica diálogo político, cooperación de Estado a Estado, responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento del comercio.
Por otro lado, las denuncias -antes y después del arribo del representante estadounidense, quien tuvo que resignarse a la imposibilidad de una entrevista con el presidente Evo Morales- de la injerencia de USAID en el conflicto que enfrentó a dos poblaciones en el norte de La Paz: Caranavi y Pablos Blancos, por el lugar en el cual se iba a instalar una planta procesadora de cítricos y, ahora, por su influencia -según ha señalado el gobierno-, en la marcha de la CIDOB, no han aminorado. Todo lo contrario, han crecido.
En el caso de Caranavi, lo que parecía una denuncia infundada y al calor de la intención de construir una cortina de humo ante la impotencia política oficial de resolver adecuadamente el conflicto, una parte de la verdad -que es mucho más compleja- se fue abriendo paso al identificar la relación de USAID con algunos dirigentes de esa provincia paceña, pero también del vínculo de la agencia estadounidense con dirigentes de la FESPAI -bastante cercanos al núcleo fundacional del Instrumento Político, a través de WCS, Wildlife Conservation Society (Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre).
La primera vez que USAID fue expulsada de un territorio determinado de Bolivia fue el 24 de junio de 2008, cuando una ampliado de las seis federaciones de los productores de coca del departamento central de Cochabamba y la mancomunidad de municipios de esa región le dieron un plazo de 48 horas para salir. La agencia salió del Trópico, pero continuó operando -en una práctica bastante habitual en otras partes del mundo donde también se cuestiona su papel-, a través de otras subcontratistas.
¿Pero cuál es el alcance o la dimensión de la resolución aprobada por los doce alcaldes de Pando, de los que 6 pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros 5 electos en listas de la oposición en abril pasado?
La respuesta hay que empezar a rastrear, como se sostenía al principio, en que los alcaldes del departamento de Pando -que en total no tiene una población superior a las 55.000 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2001–deciden poner un alto a la aplicación de una estrategia estadounidense de dimensiones internacionales y que involucra a Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela. Es decir, es un golpe muy fuerte a la Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica (ABCI por sus siglas en inglés), que para sus primeros cinco años (2006-2011) tiene presupuestado 65 millones de dólares, de los cuales $us 50 millones representan un aporte de USAID y $us 15 millones de organizaciones socias de Europa.
La puesta en marcha de esta iniciativa estadounidense para conservar la biodiversidad y el medio ambiente, que se contrapone a la negativa de la Casa Blanca por ratificar el Tratado de Kioto y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, tal como Barak Obama y los presidentes de los países desarrollados han sostenido en Copenhague en diciembre de 2009, ha demandado una fuerte presencia -calificada como penetración por el pronunciamiento de los alcaldes- de ONG, sin que se haya logrado impactar -desde estos programas- en la disminución de los índices de pobreza y otros problemas sociales y ambientales.
La afirmación no pierde sentido, sobre todo cuando se considera que llegan a 13 -si no más- las ONG que operan en el territorio de ese departamento, todas con financiamiento de USAID o de otras agencias europeas con fuertes vínculos con la estadounidense. Las ONG cuestionadas son: Armonía, CSF, Herencia, Puma, WCS, Rainforest Alliance y otras.
De los cinco «consorcios» que forman parte de la ABCI, tres involucran directamente a Bolivia: Conservación del Corredor de Conservación Madidi-Manu de Bolivia y Perú, Gestión Ambiental en la Región MAP (Madre de Dios -Perú-, Acre -Brasil- y Pando -Bolivia-) y Formas de Vida Sostenibles en la Amazonía Occidental.
Antes de iniciar la ejecución de ABCI, un trabajo de evaluación de necesidades y formulación de estrategias fue realizado durante dos años con el financiamiento y monitoreo de USAID y la participación de 30 consorcios que representaban a instituciones de EE.UU. y de países de la amazonía.
El interés de los Estados Unidos en la suerte de la Amazonía del continente no es reciente ni está fuera de una estrategia global contenida en varios documentos, de los cuales los dos más importantes en los últimos diez años son: el Santa Fe IV y el Plan Colombia, rebautizado luego como Iniciativa Regional Andina.
En Santa Fe IV -elaborado en el gobierno de Bush (hijo)-, los estrategas del Departamento de Estado -todos ellos con relaciones carnales con el Departamento de Defensa-, identifican en «nueve D» las «Amenazas» para los Estados Unidos desde América Latina: Defensa, Drogas, Demografía, Deuda, Desindustrialización, Democracia Populista, Desestabilización, Deforestación, Declinación de Estados Unidos.
En lo que respecta a la amenaza de la «Deforestación», no sin antes apuntar la fuerte presencia de «las otras Ds» en los discursos estadounidenses, es bueno subrayar que el documento Santa Fe IV hace la siguiente relación: «El hemisferio ha sido bendecido con recursos naturales y un clima que lo convierte en un paraíso único y virtual para quienes usen sabiamente tales recursos. A lo largo de las últimas décadas se ha vuelto evidente que la destrucción de nuestros bosques, tanto de la mitad norte del hemisferio como, especialmente, de las selvas del sur, debe controlarse. Este no es un tema bipartidario. Más aún, exigirá los mejores esfuerzos de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales (ONG)».
Más claro, agua. Es más, si no se conociera el origen del texto arriba entrecomillado, su redacción fácilmente sería suscrita por dirigentes y activistas que propugnan organizar la vida social y la relación del ser humano con la naturaleza por un rumbo distinto al capitalista. Ideas buenas, objetivos malos, reza una aforismo popular que quizá ayuda a entender el interés estadounidense en los enormes reservorios de biodiversidad, oxígeno, agua y otros recursos. Las instalación de nuevas bases militares en Colombia, la activación de la IV Flota, la ocupación de Haití y la pronta llegada de 7.000 soldados a Costa Rica, representan apenas algunas pruebas inobjetables.
Pero el golpe que los alcaldes pandinos de Bolivia han propinado a uno de los componentes de la estrategia de Estados Unidos para esta parte del continente se suma, casi dos años después, al desmontaje que el gobierno del presidente Morales hizo al componente militar en 2008, inmediatamente después de que declaró «estado de sitio» en ese departamento a raíz de la «masacre del Porvenir», en la que se produjo casi una treintena de bajas, entre muertos y heridos.
Y no es una exageración lo que se está diciendo. A pesar de la naturaleza ideológico-política con la que Evo Morales asumió la conducción de Bolivia el 22 de enero de 2006, la «estrategia amazónica» de Estados Unidos no sufrió ninguna interrupción. Al trabajo que se iba elaborando con las ONG se sumaba el Southern Command (SOUTHCOM), responsable de todas las actividades militares -abiertas y encubiertas- de Estados Unidos en América Latina.
La presencia del grupo militar de los Estados Unidos se concretó en un convenio directo entre el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la embajada de los Estados Unidos encabezada por Philip Golberg, quien fue expulsado por el presidente boliviano luego de presentarse pruebas de sus reuniones permanentes con la oposición de ultraderecha atrincherada en Santa Cruz y que pretendió -luego de la ratificación de Morales con un 67 por ciento- concretar un golpe cívico-prefectural entre septiembre y octubre de 2008.
El grupo militar estadounidense dependiente del Comando Sur desarrollo sus programas de «Acción Cívica» principalmente en las provincias de Cobija, Porvenir y Bolpebra. Es poco probable, sin embargo, que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bolivia o al menos una parte de esa instancia militar haya desconocido la presencia de los militares de Estados Unidos. ¿Cómo explicar eso? La respuesta no es sencilla pero quizá los rastros hay que encontrarlos en la existencia de un «Estado aparente» como señalaba el pensador boliviano René Zabaleta, cuya elaboración intelectual le sirve, en parte, al vicepresidente García Linera, para desarrollar su propuesta del «Estado integral», como el puente entre el capitalismo y el socialismo comunitario.
Una aclaración necesaria. La «Acción Cívica», cuyo concepto no ha sufrido modificaciones en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde la década de los 60, hace referencia a un componente «no militar» de una estrategia militar y política, y consiste -como señalaba el general Summers- en «conquistar las mentes y el corazón de las gentes» a través, entre otras cosas, de la apertura de letrinas, prestación de servicios de odontología, comunicaciones y transporte que la población necesita.
Sin embargo, el trabajo de las ONG y la presencia del Comando Sur, cuyo número debería ser un tema a investigar por la Asamblea Legislativa Plurinacional, no pudo evitar un crecimiento progresivo del narcotráfico, el comercio ilegal de oro, contrabando de madera, tráfico de especies biológicas, contrabando de combustible y comercio ilegal de armas.
En ese contexto hay que explicar los hechos violentos del Porvenir y la resistencia, incluso armada, de la que fueron objeto los entonces ministros Juan Ramón Quintana y Luis Tapia, el 13 de septiembre de 2008, cuando se desplazaron en un operativo político-militar hasta Cobija, para restablecer, por efectos del estado de sitio, el orden y la paz. Las primeras 24 horas ambos altos funcionarios de Estado tuvieron que permanecer en el aeropuerto por la dureza de la reacción de grupos paramilitares organizados y financiados desde la Prefectura, según explicó semanas después Juan Ramón Quintana, quien luego se hizo cargo de las campañas electorales de diciembre de 2009 y abril de 2010 en ese departamento y su vecino Beni.
El desmontaje de esa estructura política que le allanó el camino a esa suerte de enclave estadounidense ha demandado su tiempo. Ante la ausencia del viejo Estado monocultural, la «guerra cultural» la gana por lo general Estados Unidos y sus aparatos no gubernamentales. El fuerte conservadurismo, trabajado durante años por las fuerzas políticas de derecha y una práctica prebendal, no ha sido fácil de cambiar y el partido de gobierno ha tenido que esperar hasta las elecciones locales de abril pasado para ganar la gobernación y seis alcaldías, de la cual la de Cobija concentra cerca del 60 por ciento del electorado de ese departamento. El miércoles pasado cinco alcaldes opositores se han desmarcado de sus partidos y han firmado el pronunciamiento de condena a USAID.
De hecho, el gobierno ha constituido hace poco una agencia para el desarrollo de las macro regionales y zonas fronterizas con el objetivo de ir sentando soberanía en aquellos departamentos y zonas descuidadas por el «Estado aparente» que, por eso mismo, le brindaba condiciones favorables al establecimiento y reproducción de relaciones clientelares en esas regiones.
El Estado Plurinacional está dando sus primeros pasos para sentar soberanía a lo largo y ancho de todo el territorio. Victorias políticas acompañan a esa expansión de la hegemonía, pero todavía deberán darse varios pasos para construir presencia económica y productiva, pero sobre todo para cambiar la manera de pensar y reproducir la vida.
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