Desde hace mucho tiempo en nuestro país (al igual que en muchos otros) la educación pública ha tenido un deterioro constante durante las últimas décadas. En especial en los países tercermundistas, los cuales, gracias a las deudas públicas contraídas a lo largo del último siglo, tuvieron que someter sus planes económicos, entre ellos incluidos los […]
Desde hace mucho tiempo en nuestro país (al igual que en muchos otros) la educación pública ha tenido un deterioro constante durante las últimas décadas. En especial en los países tercermundistas, los cuales, gracias a las deudas públicas contraídas a lo largo del último siglo, tuvieron que someter sus planes económicos, entre ellos incluidos los planes educativos, a los requisitos impuestos por el FMI. Obviamente, en pos del progreso, de la apertura a la globalización y de otras tantas excusas, estos planes fueron muy bien recibidos en el país, en especial en el boom de los 90´ en donde el auge por las privatizaciones y la apertura del país a los mercados extranjeros por parte del gobierno de Carlos Menem hicieron que el estado nacional entregara prácticamente todas las empresas que tenía en su poder (Empresas ferroviarias, telefónicas, aéreas, etc.), contándose, incluso, entre uno de los pocos países en el mundo en ceder sus yacimientos petrolíferos (YPF) a manos de empresas extranjeras.
Ahora, a esta falta de previsión sobre el devenir del país no podía quedar afuera la educación pública. Con el correr de los años, no solo hubo un deterioro de los establecimientos, sino que el decaimiento de la calidad educativa ha sido estrepitoso. La falta de maestros y profesores en diversos puntos del país provoca que haya un hacinamiento de los alumnos, bajando aun más la posibilidad de los estudiantes de recibir una correcta educación. E incluso en la Ciudad de Buenos Aires, los alumnos de zona sur tienen problemas para conseguir cupos por la falta de establecimientos.
Desde ya, el primer lugar en donde se ve afectada la población, con la falta de medidas que amparen la educación pública y gratuita de calidad, son las escuelas primarias y las escuelas secundarias. Las cuales son de vital importancia, principalmente si tenemos en cuenta que el poder adquisitivo de la mayor parte de ellos apenas cubre la canasta básica de alimentos (si es que la cubre).
Sumado a los problemas que se vienen arrastrando de gobiernos anteriores, tanto el presidente Kirchner como su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, no han sido capaces de impulsar una reforma educativa. La falta de presupuesto, tanto para escuelas primarias como secundarias como para las universidades nacionales, hace que la falta de mantenimiento deje aulas inutilizables y facultades como la de medicina sin gas desde principios de este año. Universidades que son mantenidas gracias a docentes que trabajan ad-honorem hace años (en algunas facultades llegan a ser el 80% de los docentes activos), sin contar a los alumnos-ayudantes que hacen las veces de profesores.
Pasemos ahora al problema de la situación académica. Con escuelas primarias deficientes se espera que los niños lleguen al secundario con conocimientos limitados, e incluso nulos en algunas materias. Los secundarios, que ya tienen sus propios problemas, deben luchar con los de los alumnos que no tuvieron la educación esperada en los años anteriores. Entonces, al llegar a la universidad, estos problemas quedan expuestos y se ve como, durante el correr de los años, crecen de manera exponencial. La mejor prueba de ello es el CBC de la Universidad de Buenos Aires, el cual se ve atestado de alumnos debido a que el nivel de conocimientos que se necesita para ingresar a la facultad no alcanza el mínimo requerido.
Teniendo en mente estos problemas de deterioro de la educación pública, el pasado 9 de Mayo el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, firmó una serie de convenios con universidades privadas; que cuentan entre los títulos otorgados por ellas las carreras de Medicina, Enfermería, Radiología, Kinesiología, Hemoterapia, entre otras. Estos convenios, según el Gobierno de la Ciudad, «expresan su voluntad de establecer lazos de cooperación recíproca en la promoción y ejecución de tareas de capacitación, investigación y formación de recursos humanos, que contribuyan a favorecer el desarrollo del conocimiento». Lamentablemente estas palabras no anuncian quien es beneficiado por estos acuerdos, o sea, no nos dicen que los únicos que ven favorecidos de esta «cooperación recíproca» son los Institutos Privados. Pasamos a explicar entonces la situación.
A partir de los Convenios de Colaboración Nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, elaborados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las Universidades Privadas (Maimónides, El Salvador, Austral, Fundación Favaloro, Barceló, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores y Universidad Adventista del Plata) el día 9 de Mayo del 2008 se les permite que alumnos de esas universidades cursen materias de grado y postgrado en los hospitales públicos.
Obviamente, esto no es gratuito, a cambio de esta posibilidad la universidades privadas están obligadas a pagar un bono por estudiante equivalente al 10% del sueldo de un médico residente de primer año -unos 1.800 pesos por mes – cada seis meses, o sea, 180 pesos cada seis meses o, mejor, cuotas mensuales de sólo 30 pesos.
Esto implica que se pierdan, aproximadamente, el 50% de las vacantes anuales que hay para que los alumnos hagan las residencias. El gran problema es que los alumnos de la Facultad de Medicina (en la cual se cursa, además de la carrera de Medicina, Enfermería, Radiología, Kinesiología, Podología, Obstetricia, Fonoaudiología, Hemoterapia) ya tienen dificultades cuando deben ingresar a cursar las Residencias en los hospitales (generalmente en los últimos años de las carreras, y solo en la carrera de medicina son pagas) debido a la falta de lugares en los mismos (según el hospital, hay entre 5 y 25 vacantes) y la mayoría de ellos se ven obligados a realizar Concurrencias, las cuales extienden el tiempo requerido para recibirse y no son remuneradas.
Así, el Gobierno de la Ciudad, ha encontrado la manera de ceder el patrimonio de la Universidad pública a las Universidades privadas.
Y por si no fuera suficiente con el hecho de que se pague un bono irrisorio, ese dinero tendría como destinatario al mismo Gobierno de la Ciudad.
De esta manera en pos del deterioro de la Universidad Pública y Gratuita se va socavando la posibilidad de la población, principalmente la que carece de recursos para asistir a instituciones pagas, de formarse a nivel terciario y/o universitario, aumentando la brecha existente entre ricos y pobres. Y demostrando que la intención del Gobierno del señor Macri es transformar a la educación en un privilegio de algunos y no en un derecho de todos.
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