En las últimas modificaciones a la Ley de protección de los derechos de niños y adolescentes, lo más destacable es la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, que nos obliga a las familias, a la escuela, a los gobiernos municipales, estatales y a la federación a la comunicación entre dependencias, a la coordinación de […]
En las últimas modificaciones a la Ley de protección de los derechos de niños y adolescentes, lo más destacable es la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, que nos obliga a las familias, a la escuela, a los gobiernos municipales, estatales y a la federación a la comunicación entre dependencias, a la coordinación de acciones para garantizar los derechos promulgados, ya desde la primera versión, en tiempos del presidente Zedillo.
Mientras la enseñanza básica debiera de centrarse en el desarrollo de todos los lenguajes: el materno, si se trata de niños indígenas, el español como lengua materna y nacional, las matemáticas y el computacional como lenguajes universales, el científico como el lenguaje del conocimiento humano, el artístico como el lenguaje de la existencia social y el lúdico como el lenguaje del ocio convivencial; la educación básica debiera de centrarse en un solo lenguaje y en una sola cultura: los derechos humanos. No sólo como discurso, no sólo como contenido informativo-jurídico, sino como cultura.
El mejor sistema nacional de prevención y protección integral de los derechos de los niños y adolescentes y de cualquier persona, independientemente de su condición, es la forja de una cultura de derechos humanos. Asunto eminentemente educativo y no totalmente escolar, porque se aprende en la convivencia familiar, en el juego, en la calle, en la ciudad y obviamente también en la escuela, en cuanto segunda experiencia de socialización.
El problema que tenemos los adultos, en cuanto educadores potenciales, en la cultura de los derechos humanos, es que somos primitivos, no hemos desarrollado esta dimensión cultural. Y no me refiero a las criminales violaciones de desapariciones forzadas, de ejecuciones camufladas de enfrentamientos, montajes que impiden el debido proceso, trata de personas o abuso infantil. Todas ellas expresiones extremas de la cultura del crimen organizado, dónde el estado participa por omisión, incapacidad, abuso de poder o intereses particulares de la clase política. Cultura difícil de erradicar porque los erradicadores están del lado de quienes debieran de ser erradicados. Son los mismos.
Me refiero a la cultura que podemos construir en nuestra vida cotidiana de respeto, tolerancia, discusión apasionada de los disensos para construir los pequeños consensos de la vida familiar; me refiero, como principio, a la educación incluyente de toda diversidad, asumiéndonos cada uno como únicos y diferentes, y no como administrativamente lo estable hoy la escuela: alumnos «regulares e incluidos». Ambos adjetivos, en su calificación, aunque bien intencionada, es discriminatoria. El adjetivo regular mientras califica a un conjunto descalifica la individualidad de los integrantes. El calificativo incluido subordina al individuo a un «modelo» o parámetro prevaleciente y hegemónico.
Por lo general, prevalece la discriminación bien intencionada, a la discriminación de mala leche. Este es el mayor reto de la cultura de los derechos humanos: dejar a un lado nuestras buenas y finas intenciones para darle entrada a las «dudosas» intenciones del otro. Una educación en la apertura contribuye a la cultura de los derechos humanos, de la ciencia, del arte y de la convivencia.
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