La noticia fue impactante por lo inesperada. «Expertos» de los EE UU en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, intentarán «capacitar» a personal del Ministerio de Defensa como parte de un programa para el empleo de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios, las operaciones antidrogas y antiterroristas, o sea, en […]
La noticia fue impactante por lo inesperada. «Expertos» de los EE UU en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, intentarán «capacitar» a personal del Ministerio de Defensa como parte de un programa para el empleo de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios, las operaciones antidrogas y antiterroristas, o sea, en la represión de la protesta social. Este hecho constituye un nuevo intento para dejar sin efecto la separación entre Seguridad Interior y Defensa Nacional existente en nuestro país y reglamentada en sendas leyes, que fue tan difícil lograr a partir de 1983.
Para ello impartirán una especie de cursillo sobre lo que crípticamente denominan «Lineamientos Estratégicos de la Defensa Nacional», que forma parte del Programa Expandido de Educación y Entrenamiento Militar (Expanded International Military Education and Training, E- IMET) de la Defense Security Cooperation Agency y está dirigido a países en los cuales «el programa de entrenamiento militar provoque muchas controversias». La Argentina es uno de ellos porque las Leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, promulgadas durante las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, respectivamente y con amplio acuerdo multipartidario, separaron en forma clara ambas áreas y prohíben explícitamente el empleo de efectivos militares en cuestiones de seguridad interior. Este intento norteamericano pretende traspasar ese límite como ya ocurre en México, Brasil, América Central, Colombia y otros países de la región.
Los «instructores» han sido enviados por el Centro de Relaciones Civiles – Militares de la Escuela Naval de Posgrado, con sede en Monterrey, California, organismo creado en 1994 para reorientar a las FF AA de las nuevas democracias hacia las misiones que EE UU pretende asignarles basado en los compromisos que surgen del TIAR para enfrentar lo que denominan, a partir de 1995, «las nuevas amenazas continentales» que son: el terrorismo, el narcotráfico, las armas de destrucción masiva, las migraciones y los desastres naturales. A ellos se han agregado las pandillas juveniles.
Este «cursillo» es una forma de preparar las mentes para afrontar el adoctrinamiento que tendrá lugar entre el 7 y el 10 de octubre próximos durante la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en el marco del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) que se realizará en el hotel Conrad, Punta del Este, Uruguay. Uno de los ejes temáticos será «el análisis de los conceptos de Seguridad y Defensa con un criterio amplio e integral». El documento preliminar también declara el propósito de «delimitar los ámbitos». Lo que realmente estará en juego es suprimir las diferencias entre ambos conceptos. La Argentina será el país relator sobre este tema, Guatemala y México los correlatores y Ecuador el moderador. Esto expresa las distintas posiciones que hasta ahora han dividido a la Región.
Se discutirá además el «futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del Sistema Interamericano de Defensa» (SIAD): la Junta Interamericana de Defensa (JID) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Se han olvidado de un instrumento básico: la OEA, vetusta organización, que es la piedra angular del SIAD. Desde la JID, órgano asesor del TIAR y actualmente convertida en un inútil Departamento más de la OEA, EE UU trata de influir, por ahora sin éxito, sobre los militares latinoamericanos. En abril de este año se llevó a cabo el encuentro preparatorio donde la delegación brasileña propuso que la JID pasara a actuar como Secretaría Ejecutiva de las Conferencias de Ministros de Defensa, redactara sus actas y fuera depositaria del registro, clasificación, distribución y almacenamiento seguro de sus documentos.
Estos hechos van en contra de los lineamientos y objetivos de UNASUR, del Consejo Suramericano de Defensa y del Centro de Estudios Estratégicos de la misma UNASUR. Por su parte, Argentina, a través de un documento, demostró la inoperancia actual de este organismo burocrático que siempre ha sido y continúa siendo afín sólo con los intereses de EE UU.
Los profesores del curso, Brigadier Mayor (R) Richard Goetze, veterano de los bombardeos sobre Vietnam, Thomas C. Bruneau, Profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la Escuela Naval de Posgrado, y la Coronela de la Fuerza Aérea Anne Mc Gee, postulan la intervención de las FF AA latinoamericanas para hacer frente a las denominadas nuevas amenazas que hemos señalado precedentemente. En una palabra: en la Seguridad Interior y reprimiendo la protesta social.
La realización del curso es una consecuencia de la gestión del Viceministro del Pentágono para América Latina, Frank Mora, quien se reunió con el Ministro de Defensa Arturo Puricelli en varias oportunidades. Mora había tratado previamente de convencer al Canciller Héctor Timerman sobre la necesidad del empleo de las FF AA para enfrentar al «narcoterrorismo», con el argumento de la corrupción policial. Timerman le aclaró que era un error tratar de mezclar dos actividades distintas, y le recordó que en EE. UU. está vigente la ley que prohíbe la utilización de fuerzas militares en cuestiones de Seguridad Interior.
En la reunión de Ministros de Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores de UNASUR, realizada en el mes de mayo pasado en Cartagena de Indias, Colombia, se reiteró además la necesidad de «distinguir el tratamiento de los asuntos de Defensa de los de Seguridad, independientemente de los ordenamientos jurídicos de cada Estado, así como contar con un ámbito específico para abordar las problemáticas delictivas comunes en la región suramericana diferenciado de los mecanismos militares hemisféricos existentes». Allí, la Ministra de Seguridad argentina, Nilda Garré, expuso sobre las diferencias entre Defensa y Seguridad y ratificó que la Defensa se vincula con la política exterior, la soberanía y el territorio, y que la Seguridad remite a «la paz social, la estabilidad institucional del Estado, el control del orden público y las debidas garantías a los derechos de los ciudadanos». Parece que los norteamericanos no tomaron nota de este claro pronunciamiento.
La Argentina mantiene una posición clara e irreductible al respecto y por ello apreciamos que el burdo intento de retrotraer a nuestras FF AA a las absurdas funciones que les reservó la maldita Doctrina de la Seguridad Nacional está condenado a un absoluto fracaso.
El seminario se realizará durante toda la semana de 14 a 18 horas en la Sala Roca del Edificio Libertador y la apertura estará a cargo del mencionado Grupo Militar norteamericano. Según información oficial estadounidense, el programa E – IMET fue creado para «educar a los amigos y aliados de Estados Unidos en el adecuado manejo de sus recursos de defensa».
La política exterior con respecto a lo que EE UU denomina Hemisferio Occidental, es decir nosotros, es conducida desde el Pentágono, empleando para ello a las FF AA con el falso argumento de combatir el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo. Por esta razón es imprescindible para ellos unificar la seguridad nacional y la seguridad interior en un solo concepto. Nosotros sabemos a dónde nos llevó seguir estos falsos principios.
El periodista Horacio Verbistky, en un artículo publicado en el diario «Página 12» en la edición del domingo 9 de septiembre del corriente año, aclara esta posición de los EE. UU. compartida por sus seguidores vernáculos:
«El intento norteamericano de involucrar a las FF AA en asuntos de Seguridad Interior fue evidente durante la presidencia de Fernando de la Rúa y el interinato del Poder Ejecutivo del ex Senador Eduardo Duhalde. Jaunarena, quien fue Ministro de Defensa de ambos y antes de Raúl Alfonsín, incluyó en la agenda de la Comisión de Seguridad de Diputados que integró en 2000, los cortes de rutas y lo que llamó «indisciplina social», la interrupción de servicios públicos, catástrofes naturales y atentados terroristas. Ricardo López Murphy, quien precedió a Jaunarena en el mismo Ministerio, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas de 2000, enumeró las «nuevas amenazas» que se cernirían sobre la sociedad. Entre ellas «la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. Esto ha revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional». Añadió que los militares debían «comprender los cambios de la naturaleza del conflicto y la forma integral en que el instrumento militar contribuirá a apoyar la decisión política». En 2002 Jaunarena y el Jefe del Ejército Ricardo Brinzoni plantearon ante un auditorio de militares y empresarios, reunidos por Eduardo Menem y Roberto Dromi, la militarización de la Seguridad Interior y la intervención castrense en el conflicto social con la creación de un Superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas e identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven diez millones de pobres. En 2010 Jaunarena y Dromi insistieron con una propuesta similar, patrocinados por el Cardenal Jorge Bergoglio. Duhalde volvió a postular el empleo de las FF AA en los asuntos de Seguridad Interior la Nochebuena de 2009. Propuso «declarar la emergencia nacional en materia de seguridad», censar a los que llamó «jóvenes en riesgo». Su objetivo era reeducar a «todos estos jóvenes que han cometido delitos, donde estaban antes los conscriptos».
En 2010 fueron los Senadores Ernesto Sanz y Laura Montero (UCR – Mendoza), Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Opositor, San Luis) y José Pampuro (FpV, Buenos Aires), quienes intentaron crear un Servicio Cívico Voluntario para «otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo» y fomentar «la cohesión social».
La entonces Ministra de Defensa Garré consultó con el Ejército, que respondió que no tenía espacios, personal ni capacitación para esa extravagante tarea. En 2004 pude debatir en el programa de televisión Oppenheimer Presenta, con quienes eran Jefe del Comando Sur y Viceministro del Pentágono para América Latina, el General James T. Hill y Roger Pardo Maurer. Ambos agitaron los fantasmas del populismo radical, el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad organizada, el lavado de dinero y las pandillas urbanas, que «amenazan la seguridad de los EE UU». Les pregunté qué estaba haciendo el Ejército de EE UU dentro de EE UU frente a esos problemas. Pardo Maurer enfureció. Dijo que era una pregunta tendenciosa, porque EE UU tenía «un sistema legal muy establecido», donde las Fuerzas Armadas, la Policía y la Justicia tienen roles bien definidos, a diferencia de América Latina. Esta respuesta sería más difícil de sostener hoy, cuando el Capitolio votó una sección de la ley que autoriza los gastos de Defensa permitiendo que los acusados de terrorismo, aún norteamericanos y dentro de EE UU, sean encarcelados por tiempo indefinido en prisiones militares, sin juicio alguno.»
En conclusión se puede apreciar que la posición de nuestro país en estos asuntos está perfectamente establecida y el Gobierno Nacional defiende con vigor los principios sobre Defensa Nacional diferenciándolos de la Seguridad Interior. Ahora apoyado por la posición claramente expresada por el Ejército. Todo un logro del actual gobierno.
Decimos nosotros: Todos estos hechos suceden porque aún la Argentina no ha denunciado -como ya lo han hecho otros países latinoamericanos- el ignominioso TIAR que permite el establecimiento del infausto SIAD a cuyo amparo se desarrollan estos increíbles cursos para mostrar como necesarios los aspectos más ruines y condenables de las relaciones interamericanas. Sólo hay un camino: denunciar y retirarnos del actual SIAD e impulsar a todo motor un nuevo sistema latinoamericano de defensa, en el marco primero de la UNASUR y posteriormente de la CELAC, que asegure nuestra definitiva independencia de los imperios de turno. Vamos por buen camino; pero los tiempos deberían acortarse para suprimir de raíz estos absurdos intentos.
Elsa Bruzzone y José Luis García son integrantes del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).
Fuente: http://alainet.org/active/57897