La Paz, febrero 24, 2005.- El Departamento de Estado descalificó el juicio que la Fiscalía de Bolivia inició contra su aliado y protegido el millonario ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado formalmente de genocidio. El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, dijo este miércoles en la capital estadounidense que la acusación contra el […]
La Paz, febrero 24, 2005.- El Departamento de Estado descalificó el juicio que la Fiscalía de Bolivia inició contra su aliado y protegido el millonario ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado formalmente de genocidio.
El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, dijo este miércoles en la capital estadounidense que la acusación contra el dos veces presidente de Bolivia, en las gestiones de 1993-1997 y 2002-2003, estarían motivadas «políticamente».
«El gobierno boliviano no nos ha contactado (para discutir) sobre las acusaciones contra el ex presidente», radicado en Estados Unidos desde hace más de un año, indicó Boucher.
«Sin embargo, en el pasado, funcionarios estadounidenses han planteado a funcionarios bolivianos nuestra preocupación de que los cargos parecen ser políticamente motivados», agregó en un implícito respaldo a Sánchez de Lozada, que desde su salida de Bolivia asegura que es hostigado políticamente por las actuales autoridades del país y por los sectores sociales.
La declaración del Departamento de Estado parecía cerrar la posibilidad de que Sánchez de Lozada sea extraditado a Bolivia, pedido que las autoridades judiciales realizarían en el futuro inmediato ante la eventualidad de que el ex presidente no asista al juicio, tal como adelantó a través de sus más cercanos colaboradores.
El pasado lunes, en la ciudad de Sucre, la Fiscalía boliviana imputó a Sánchez de Lozada por cargos de genocidio y por la matanza de más de 60 civiles en las jornadas de octubre del 2003, en la apertura formal de un juicio de responsabilidades radicado en la Corte Suprema.
Sobre Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular, también pesan acusaciones por la enajenación de bienes públicos y la destrucción de la economía nacional y de las empresas públicas, al haber impuesto un radical modelo neoliberal que entregó todas las riquezas y recursos naturales a poderosas transnacionales.