Un decreto firmado el pasado 25 de mayo permitirá a la Argentina avanzar con el financiamiento chino de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el sur patagónico, frenadas desde el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, develando las complejas implicancias geopolíticas y las pujas internas oficialistas detrás de la medida, que involucran también al desarrollo de la energía nuclear en el país.
La medida marca el avance en una solución largamente esperada, pero cuya demora ya resultaba difícil de justificar. Esta obra, junto a otros cinco emprendimientos de infraestructura eléctrica, fueron paralizadas durante los cuatro años del gobierno neoliberal de Cambiemos y sólo en algún caso se pusieron en marcha parcialmente a partir del nuevo gobierno, que sigue recibiendo presiones de Estados Unidos, ya que.. todas estas obras contaban con financiamiento de instituciones chinas.
El respaldo fue logrado en el marco de la alianza con el gigante asiático durante el gobierrno de Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente es por la presencia china en los contratos que algunas áreas de gobierno, presionadas por Washington y trasnacionales de EEUU y Europa, frenan su avance.
El decreto es un Acuerdo de Enmienda y Restablecimiento al Contrato de Línea de Crédito entre la República Argentina y los bancos chinos que la financian: China Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited.
La hidroeléctrica se adjudicó en 2013 a un consorcio encabezado por la argentina Electroingeniería de Gerardo Ferreyra, la china Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo. El contrato incluyó una cláusula que exigía financiamiento completo de los bancos chinos y repago a partir de la finalización con la generación de energía.
Las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz tienen final previsto en 2027. La licitación se hizo por 4.740 millones de dólares, pero el monto quedó reducido a 4.100 millones durante el gobierno de Macri. En abril de 2021 nadie esperaba que las trabas estuvieran dentro del actual gobierno peronista de Alberto Fernández, señala la analista Alejandra Dandán.
El tema de las represas estaba incluido en la nota que el senador Oscar Parrilli envió el 26 de abril a la Comisión de Minería, Energía y Combustible para que cite al secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz, solicitándole que informe sobre las demoras en aprobar el financiamiento de estas importantes obras de infraestructura.
Béliz, freno a proyectos claves para el desarrollo
En manos de Gustavo Béliz, numerario del Opus Dei y con fuertes vínculos con Washington, está la llave para aprobar el financiamiento de estas inversiones, congeladas durante el macrismo, que en prácticamente todos los casos necesitan la firma de una addenda entre las partes para modificar los plazos, esquemas de repago y en algún caso hasta los montos de los créditos acordados antes de 2015.
El pedido del senador Parrilli para que se cite a Gustavo Béliz a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles volvió a poner en el centro del debate la demora que acarrean algunos programas de infraestructura, tales como la construcción de Atucha III, las represas Chihuido I, Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, el proyecto AMBA I de reforzamiento energético y la Central Térmica Manuel Belgrano II.
La relación entre las iniciativas es que todas implican algún tipo de acuerdo con China y la desconfianza y el malestar nacen posteriores al encuentro que a principios de abril Béliz, junto a otros funcionarios del gobierno, sostuvo con la estadounidense Ann Ganzer, subsecretaria de Política de No Proliferación del Departamento de Estado, quien advirtió sobre “la calidad y seguridad” de China para construir la cuarta central nuclear.
Los cuestionamientos se centran en Béliz ya que bajo su área pasan todos los proyectos con financiamiento internacional. No son pocos los vínculos que Béliz arrastra con Estados Unidos desde su paso por el gobierno de Carlos Menem como ministro del Interior y, en especial, gracias a sus quince años como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2005 y 2019, cuando fue convocado por Alberto Fernández.
Béliz dio clases en las universidades estadounidenses de Southern, Harvard y Stanford, y es uno de los funcionarios que siempre asiste a las reuniones del gobierno con empresarios, donde también es convocado el empresario Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, copresidente del Foro Estratégico Argentina-EEUU, que depende del Centro Internacional de Estudios Estratégicos y que discute distintos temas de la región, incluyendo la elección de candidatos para el BID, a la que Béliz intentó postularse.
José Cornejo, Director de la Agencia Paco Urondo, señala dos problemáticas que tensionan la relación con Washington: la reciente adhesión argentina a la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, estrategia central de la política exterior china que consiste, precisamente, en la inversión masiva en infraestructura física y digital en distintos continentes, y la disputa por el 5G entre Huawei y compañías estadounidenses.
Las represas
El 22 de diciembre de 2015, el entonces presidente Macri recibió en Casa Rosada a Cristine Mc Divittd, la viuda de Douglas Tompkins, junto a una representante de la fundación Conservation Land Trust creada por el empresario norteamericano. ¿Qué piensan de las represas en el Río Santa Cruz?”, preguntó el Presidente.
Es una aberración, dijo Cristine. Inmediatamente, el gobierno paralizó la obra, comenzó un proceso de judicialización, hubo fallo de la Corte Suprema y adecuación a normas ambientales con audiencias en el Congreso. En el medio, Macri le quitó la propiedad a la Provincia Santa Cruz y la pasó a la órbita de (la emprosa nacional) Enarsa, mientras. iniciaba gestiones secretas para desplazar a los socios argentinos.
En enero de 2016, el entonces embajador argentino en China Diego Guelar se reunió con los chinos de Gezhouba Group, intentando convencerlos de buscar a otros socios argentinos. Las gestiones continuaron más adelante con Nicolás Caputo, ministro y mejor amigo de Macri. En Electroingeniería lo explican así: “Nos pidieron que cedamos una parte a Caputo porque la embajada argentina decía que no estábamos bien vistos”.
La represa es una obra de la escala de Yacyretá, a diferencia que no es binacional, con una producción de, 1.740 megavatios de energía hidroeléctrica. “Va a significar agregarle a la matriz hidroeléctrica un 10 por ciento más de capacidad y a la matriz en general energética del país casi un 5 por ciento más, además, el aprovechamiento del embalse para zonas de riego que tornarán cultivable más de 35.000 hectáreas”, dijo la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En julio de 2018 el gobierno de Macri hizo estallar la causa Cuadernos y el ministro de Energía Javier Iguacel dijo a los chinos que los socios argentinos (Elctroingeniería) eran investigados en una causa por corrupción. En agosto, Ferreyra fue detenido por el juez Claudio Bonadio. Aún mantenía la parte mayoritaria del consorcio, pero cuando estaba en prisión su socio debió firmar la cesión de un porcentaje a la contraparte, y perdió la mayoría.
Obra estratégica
Durante los años 2020 y 2021, hubo varios pedidos de información, a veces de las propias empresas contratistas adjudicatarias de las obras, pidiendo explicaciones sobre la demora en la actualización. El argumento habitual era que las entidades financieras chinas participantes, en general estatales, requerían como condición el acuerdo previo de Argentina con el FMI para poder confirmar el otorgamiento de los créditos. Pero a partir de marzo de este año, el (falaz) argumento perdió validez.
Se trata de obras de trascendencia estratégica en todos los casos. Son seis proyectos en total los mencionados por el senador Parrilli en su requerimiento. Además de las represas de Santa Cruz, está también señalada la de Chihuido I (río Neuquén), la central térmica Manuel Belgrano, el anillo energético AMBA I (fortalecimiento de líneas de transmisión)y dos proyectos nucleares fundamentales: la cuarta central Atucha III y el desarrollo propio del reactor modular Carem.
Todos cuentan con el acuerdo de China para su financiamiento, desde antes de 2015. Y no es un secreto que hay fuerte oposición de los gobiernos de Estados Unidos (el actual y los anteriores) a esa participación.
El diario Página12 informó el 22 de mayo sobre las llamativas gestiones de funcionarios del Departamento de Estado estadounidnse en la Argentina a principios de abril, referidas a los proyectos nucleares, con el objetivo explícito de descalificar el aporte chino, ya fuera en materia técnica o financiera.
Las idas y vueltas del secretario de Asuntos Estratégicos demorando la resolución del financiamiento que posibilitaría la reanudación del ritmo de obra, fue interpretado por un sector del oficialista Frente de Todos como un accionar funcional a la intención del gobierno estadounidense. De allí que, a un mes de haberse firmado el acuerdo con el FMI, Parrilli exigió explicaciones de Beliz.
El pedido fue reiterado en los últrimos días, pero tuvo una respuesta indirecta. El decreto 269 que firmaron Alberto Fernández, (el jefe d gabinete) Juan Manzur y (el ministro de Economía) Martín Guzmán, habilita a este último para encarar los trámites con su contraparte china para resolver el tema del financiamiento de las represas santacruceñas.
Se trata de un préstamo por 4714,3 millones de dólares. La decisión adoptada fue considerada, tanto en el ámbito político como empresario, como «un primer paso necesario» para empezar a destrabar el ingreso de recursos. Pero, aclarando, que por ahora sólo está referido a uno de los seis proyectos comprometidos.
Nuclear
La central Atucha III tiene prevista una inversión de 8700 millones de dólares; la central térmica Manuel Belgrano, una cifra superior a los 2000 millones. Para el proyecto AMBA I se proyectan otros mil 100 millones de dólares. Son montos hablan de la importancia de los emprendimientos pero, además, de una magnitud de recursos en divisas que están esperando para ingresar al país tan solo de una autorización oficial.
Se entiende que el tema haya generado algún grado de tensión entre el secretario de Asuntos Estratégicos y el ministro de Economía. Por el interés de uno en preservar las relaciones y el alineamiento con Washington, y por la urgencia del otro en contar con divisas que reforzarán las reservas internacionales y su política apuntada a «tranquilizar la economía» en un plazo breve, de la mano de los equilibrios macroeconómicos.
Por eso, el decreto habilitando al titular del Palacio de Hacienda a manejar la resolución del tema fue interpretado como «una buena señal».Pero no indicativa, todavía, de que en los otros proyectos se vaya a repetir el mismo criterio.
El otro aspecto que, para algunos, torna incomprensible que se posterguen la realización de proyectos en función de supuestos compromisos geoestratégicos con Estados Unidos, es que son obras consideradas imprescindibles para mantener el ritmo de crecimiento económico y no tener que pasar por cuellos de botella en el suministro eléctrico.
Es el caso del anillo energético AMBA I, un proyecto para reforzar el transporte en alta tensión a la región más poblada del país, y la construcción de estaciones transformadoras de la energía que llega en alta tensión, a media y baja para poder llegar al consumo domiciliario. Necesidades para las cuales el gobierno macrista hizo un aporte nulo.
Con otros criterios más estratégicos, que tienen que ver con la mayor o menor voluntad de poder tener un desarrollo científico propio, se discutirá –o se discute, todavía no a cielo abierto– el programa nuclear. Atucha III y el desarrollo argentino del reactor Carem son herramientas clave de ese programa. Probablemente, sea uno de los debates más vibrantes que se viene.
El martes anterior, hubo una extraña reunión en la prsidncia, cuando la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) invitó al directorio de NA-SA, Nucleoeléctrica Argentina S.A., operadora estatal de las centrales nucleares de producción de energía Del lado de la SAE, estuvo Leandro Gorgal, Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, mano derecha de Béliz. ¿El motivo? La extensión de la vida útil de Atucha I, un proyecto importante, pero no prioritario.
Los invitados mostraron la preocupación por el acuerdo con China para desarrollar Atucha III, trabado desde hace más de 120 días. Es la cuarta central nuclear que proyecta argentina, acordada en 2014, tratada con Ley del Congreso, con tecnología y financiamiento chino y al que se opone Estados Unidos. El 1° de febrero, NA-SA firmó el contrato técnico comercial.
Mientras, NA-SA recibió a una misión del Departamento de Estado encabezada por Ann Ganzer, quién les dijo que estaban preocupados por la compra del reactor chino. El directorio protestó y actualmente escribe un informe junto a la contraparte china para responder cada críticas del lobby diplomático estadounidense.
Para algunos analistas, la reunión en Casa Rosada y el decreto dejaron la sensación de puesta en escena, que intenta mostrar que las cuestiones de fondo con China se están destrabando y que hay preocupación. Pero no se habla de los temas más importantes como el proyecto de la central nuclear, que no se destraba y que preocupa a EEUU.
Rodolfo Koé Gutiérrez. Periodista económico argentino, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.