Nacionalizadores y privatistas batallan por el control político, ideológico y organizativo de la vanguardia del proletariado boliviano.
La crucial batalla política e ideológica que libra la vanguardia proletaria para avanzar hacia la nacionalización de las minas y la expulsión de las transnacionales comenzó a trasladarse a los sindicatos de base de toda la minería boliviana.
Desde este martes, las fuerzas del sindicalismo revolucionario que pugnan por la expropiación de todos los yacimientos mineros y la corriente contraria que defiende los contratos privados de arrendamiento y de riesgo compartido, buscan el apoyo de la base para lograr el respaldo a sus consignas y a sus candidatos, una vez que el 30 Congreso nacional minero no pudo zanjar estas disputas.
El 30 Congreso, clausurado abruptamente este sábado, determinó postergar en 90 días la elección de los nuevos dirigentes que dirigirán la Federación de Mineros por dos años y tendrán un peso decisivo en el accionar de la Central Obrera Boliviana (COB), marcando el rumbo de la lucha de clases en el país.
Privatistas versus nacionalizadores
‘En la última plenaria, el sábado, no se pudo resolver la elección del Secretario Ejecutivo porque los delegados de Huanuni no aceptaron la nominación hecha desde los sindicatos de base, como es tradición en estos casos’, dijo el ex dirigente César Lugo, candidato al máximo cargo de la Federación por los sindicatos de la minería privada y que defiende las concesiones y los contratos realizados con las transnacionales.
La elección de Lugo fue bloqueada en la plenaria ante el mayor apoyo que tenía de los delegados el otro candidato, Guido Mitma, secretario general del poderoso sindicato de Huanuni (la mina estatal de estaño con la mayor concentración sindical con casi 5.000 trabajadores).
‘Lo que queremos los mineros es un cambio estructural de la Federación de Mineros, que vaya nueva gente a la dirigencia y no los mismos de siempre. Por lo menos en el Congreso había consenso para una renovación total de los dirigentes de nuestra organización, pero a último momento los de la privada postulan a un trabajador (Lugo) que está varios años en la Federación de Mineros’, explicó Mitma, cuyo sindicato propugna la nacionalización de todas las minas grandes y medianas que están siendo explotadas por capitalistas transnacionales y bolivianos.
‘Los mineros de Huanuni han determinado en la asamblea que yo sea ejecutivo de la Federación de Mineros y eso tengo que hacer respetar, la elección tiene que ser por voto y no por resoluciones de los sindicatos, los delegados tienen que elegir a sus dirigentes’, agregó.
Lucha política
Según explicó el ex dirigente minero y actual secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Miguel Zubieta, los dirigentes de la minería privada, que defienden a las transnacionales, intentaron elegir de forma irregular a César Lugo para bloquear, desde arriba, la decisión de los mineros de avanzar hacia la nacionalización de las minas.
‘No es posible que 14 sindicatos del sector privado que no tienen (en conjunto) 4.000 trabajadores quieran imponer sus criterios y a un candidato para que sea ejecutivo (…) El sindicato de Huanuni con 5.000 trabajadores tiene un voto en el Congreso, mientras que otro sindicato con apenas 400 trabajadores también tiene un voto. Eso es totalmente una injusticia’, señaló Zubieta.
El dirigente indicó que los productores de Huanuni están solicitando la realización de un Congreso Orgánico para modificar la forma de elección del ejecutivo de la Federación de Mineros, y así permitir que se respete el criterio mayoritario de los mineros de base.
Zubieta indicó que con la postulación de César Lugo, la empresa privada nuevamente quiere tener algunos dirigentes que estén al servicio de los intereses patronales, porque quiere tener fichas al interior de la Federación de Mineros.
Se mantiene la unidad
En la plenaria del sábado, la lucha política al interior de la Federación de Mineros estuvo a punto de llegar al enfrentamiento a golpes entre los delegados. Sin embargo, viéndose en minoría, los representantes de la minería privada abandonaron la sala de sesiones, por lo que el Congreso tuvo que suspenderse.
‘Los mineros sindicalizados mantenemos la unidad y no estamos divididos, siempre existen discrepancia a nivel interno, no hay división’, afirmó Mamerto Goycochea, vicepresidente del presidium del Congreso y que dirigirá la Federación de forma transitoria por 90 días.
‘Este tiempo nos servirá para reflexionar en los sindicatos mineros, en las asambleas y venir nuevamente a Villa Chuquiña para terminar el 30 Congreso ordinario de los mineros del país’, señaló.
Asambleas en las minas
Desde este martes, los delegados al Congreso están realizando asambleas en las diferentes minas, explicando las posiciones y batallando para lograr el apoyo de la base. La tendencia de los nacionalizadores cuenta con sólido apoyo en Huanuni, Vinto y Caracoles, tiene el respaldo de los rentistas o jubilados mineros y pugna ahora por extenderse a las minas controladas por los dirigentes afines a las trasnacionales.
Esta tendencia aboga por una nacionalización de la minería a fin de que el Estado se beneficie de los grandes recursos económicos de los metales, ganancias que en la actualidad están siendo aprovechadas por las empresas privadas que pagan impuestos bajísimos al Estado.
Una investigación documentada reveló que en la última década, un puñado de transnacionales y de empresarios locales de la minería se apoderaron en beneficio propio de más de cuatro mil millones de dólares, dejando socavones vacíos, mucha miseria en los pueblos del altiplano y sólo 90 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado. Esto quiere decir que ‘por cada 100 dólares que genera la minería, 98 se quedan en manos de las transnacionales y de las empresas chicas y cooperativistas, mientras que el Estado sólo recibe 2 en impuestos y regalías’.
Bajo la sombra de la Glencore
Los privatistas, en cambio, tienen su plaza fuerte en las minas de Porco, Bolívar e Inti Raymi y en las concesiones que tiene la siniestra Glencore, que opera en Bolivia bajo el nombre de Sinchi Wayra y que heredó dolosamente las ricas concesiones mineras que tenía el millonario ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por una insurreción popular en octubre del 2003.
Después de fugar a Estados Unidos y pese que tenía un juicio por genocidio en Bolivia, que le impedía transferir sus bienes y riquezas, Sánchez de Lozada entregó ilegalmente sus concesiones mineras a Glencore. Ahora, Glencore, junto la Empresa Minera Inti Raymi de propiedad de la multinacional Newmont Mining Corporation en alianza con los herederos de la familia Mercado y la Empresa Minera Unificada (EMUSA), manejan las minas que generaron en los últimos 10 años el 80 por ciento de los millonarios ingresos mineros .
Los privatistas enarbolan la bandera de la defensa de las fuentes de trabajo y se oponen a que estas minas pasen a manos del Estado y de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Ellos reclaman que el gobierno de Evo Morales dé garantías a la propiedad privada y respete los contratos que dejan pocos beneficios para el Estado y las regiones. Los nacionalizadores, en cambio, intentan profundizar y exacerbar la lucha de clases que se da en las minas privadas, para apuntalar la nacionalización, que se ha convertido en la consigna central de los revolucionarios mineros, que creen que en la lucha por materializar la estatización de las minas avanzarán en su intento por conquistar el poder político y construir la sociedad sin explotadores ni explotados.