La normal de Ayotzinapa ya era conocida antes de los terribles sucesos del 26 de septiembre de 2014. De sus aulas salieron los profesores Lucia Cabañas y Genaro Vázquez, fundadores en los años 60 del siglo XX de la Brigada de Ajusticiamiento-Partido de los Pobres y de la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria, respectivamente. Grupos guerrilleros […]
La normal de Ayotzinapa ya era conocida antes de los terribles sucesos del 26 de septiembre de 2014. De sus aulas salieron los profesores Lucia Cabañas y Genaro Vázquez, fundadores en los años 60 del siglo XX de la Brigada de Ajusticiamiento-Partido de los Pobres y de la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria, respectivamente. Grupos guerrilleros que respondieron a las terribles condiciones de opresión y miseria que a lo largo del tiempo han imperado en el estado de Guerrero, al sur de México. La respuesta del gobierno federal fue la llamada «guerra sucia», de la cual todavía persiste la impunidad de los protagonistas, algunos de ellos ya muertos, en sus residencias y sin pagar sus crímenes. El escritor mexicano Carlos Montemayor narra crudamente, en su obra Guerra en el paraíso, lo que significó la respuesta del Estado a esos grupos guerrilleros y otros procesos organizativos de Guerrero en esa época.
Pero la respuesta del Estado no se quedó ahí. La guerra sucia no terminó, ha tenido su continuación en acciones criminales como las matanzas de campesinos en el vado de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) y en la escuela primaria de El Charco (7 de junio de 1998). Estas masacres no fueron al azar. La primera fue contra un grupo de hombres del campo organizados, quienes se disponían a realizar en 1995 una manifestación contra el represor gobierno local en Guerrero encabezado por Rubén Figueroa Alcocer. Los miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur fueron emboscados y asesinados a balazos. A la postre, esa masacre le costaría el cargo a Figueroa Alcocer, represor por estirpe, pues su padre habría gobernado también Guerrero, habría sido secuestrado por Cabañas e incluso participado en el asesinato del jefe guerrillero.
Un año después de Aguas Blancas, justo en el aniversario, apareció una célula guerrillera denominada Ejército Popular Revolucionario (EPR), como respuesta justamente a la represión. Una escisión de este grupo, denominado Ejército Popular del Pueblo Insurgente (ERPI), acudió a hacer trabajo doctrinario a la comunidad de El Charco dos años después de la matanza. Ahí, junto con un grupo de civiles de esa comunidad, fueron masacrados por el Ejército. Aún persiste la impunidad de esos hechos.
En ese contexto, no es extraño pensar que en los hechos de Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», de Ayotzinapa, hayan participado miembros del ejército mexicano. Particularmente luego de conocer el documento que consiguiera hacer público el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro», en el que a efectivos militares se les da la orden de «abatir» a presuntos criminales. Documento que fue girado por «la superioridad» de las Fuerzas Armadas en el caso de la matanza ocurrida en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, el pasado 30 de junio de 2014. Ahí murieron 22 personas, entre ellas mujeres y menores de edad, a quienes acusaron de ser narcotraficantes.
Pero siguiendo con el asunto de la guerra sucia, en medio de las acusaciones contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, ofreció una entrevista exclusiva con la cadena de televisión mexicana Televisa, en un hecho inédito. En dicha conversación, el general asegura que no permitirá la intromisión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo «los militares sólo declaramos ante autoridades mexicanas».
Más allá de esta bravuconada, pues al final, la participación de la CIDH en México está avalada por la Constitución del país como parte de los acuerdos internacionales admitidos por el país, la declaración que sin duda hela la sangre, es el hecho de que afirmó que uno de los 43 normalistas desaparecidos era «militar en activo». A pregunta expresa del reportero de Televisa, el general Cienfuegos responde: «Efectivamente, el nombre de uno de estos jóvenes que lamentablemente son desaparecidos, coincide con el nombre de un militar en activo, el cual tampoco lo hemos encontrado. Debo reconocer que estamos hablando prácticamente de la misma persona. Entonces la respuesta en concreto es sí coincide el nombre con uno de los 43 desparecidos y creemos que es la misma persona».
La declaración es gravísima por varias razones. La primera es que, si el joven era militar en activo, como admitió el general, no es al azar que se haya inscrito para estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa. Estaríamos ante una infiltración por parte del Ejército, que fiel a su tradición, continúa instrumentando estrategias de combate a grupos «de riesgo para la seguridad nacional», de guerra de baja intensidad y contrainsurgencia. No necesariamente porque en Ayotzinapa haya una semilla guerrillera, más bien porque existe la tradición de Cabañas y Vázquez, aunque con estas medidas, el Ejército viola los derechos humanos de los normalistas. ¿Cuántos otros movimientos y organizaciones mexicanos estarán infiltrados por elementos del ejército en activo? Esto viola toda legalidad.
Pero también, no es posible dejar de lado que esta declaración puede ser una distracción, utilizada con el objetivo de desvirtuar las acusaciones que señalan al Ejército de ser los responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Puede ser una cortina de humo, aunque publicaciones como la revista Proceso en México, ha documentado desde hace meses la infiltración de militares en la Normal. Publica en su portal en estos días que el reportero Ezequiel Flores solicitó información a la Sedena respecto de la posibilidad de militares en Ayotzinapa, a lo que un subjefe administrativo respondió: «Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos (sic) de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales».
Otra situación que habrá que subrayar, es que es la primera vez que un general secretario obsequia una entrevista de esta naturaleza. Los militares, después de décadas, están haciendo política abiertamente, así sea en defensa propia, a través de los medios de comunicación, particularmente a través de la televisión. Inquietante. Preocupante.
Se le olvida al gobierno federal que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto que sacar a los militares de sus cuarteles es fácil. Lo verdaderamente difícil es luego hacerles entender que deben regresar a ellos. Durante el gobierno anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa los soldados se salieron; y el entonces general secretario se la pasó pidiendo en cada oportunidad que el Congreso de la Unión les diera elementos legales para realizar acciones de combate al crimen organizado. Ahora, el actual secretario, ante la ola de descrédito nacional e internacional que atraviesa el Ejército mexicano, prefiere salir por sí mismo y entrarle al juego mediático para hacer política en defensa propia, ofreciendo información delicada, que nadie conocía y que al final, pone sobre la mesa un elemento más para terminar de enrarecer el clima político y social que rodea la tragedia de Ayotzinapa.
Y mientras, Ayotzinapa, Tlaltlaya, Aguas Blancas, El Charco, masacres de ayer y hoy, siguen en la impunidad.
@Patrio74
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