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De acuerdo con los primeros reportes, hay cinco trabajadores heridos, cuatro desaparecidos y cinco detenidos

Ejército y policías desalojan a mineros en Cananea

Fuentes: La Jornada

 Un grupo de más de 700 elementos del Ejército Mexicano y de las policías Federal y estatal recuperó este viernes las instalaciones de la mina de Cananea, luego de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga que los trabajadores mantenían desde julio pasado. La incursión policiaca y militar ocasionó […]

 Un grupo de más de 700 elementos del Ejército Mexicano y de las policías Federal y estatal recuperó este viernes las instalaciones de la mina de Cananea, luego de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga que los trabajadores mantenían desde julio pasado.

La incursión policiaca y militar ocasionó enfrentamientos entre efectivos y mineros en las tres principales puertas de acceso a la planta productora de cobre ubicada en el municipio de Cananea.

Aún no hay información oficial de heridos y detenidos. Sin embargo, la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) reporta un saldo de cinco heridos, cuatro desaparecidos y cinco detenidos.

De acuerdo con el secretario de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, unos 800 mineros permanecían reunidos por la tarde-noche en las oficinas del sindicato, a medio kilómetro de la mina, para decidir las medidas a seguir después de la toma de la planta.

El líder minero denunció que los agentes policíacos y militares utilizaron piedras, toletes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los trabajadores, decenas de los cuales estaban sufrieron heridas leves, pero cinco fueron hospitalizados.

Tolano Lizárraga dijo que era totalmente reprobable la actitud de los gobiernos federal y estatal, al realizar actos de desalojo violento sin presentar los documentos correspondientes, que hubieran evitado los enfrentamientos.

En conferencia de prensa, la dirigencia y diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Sonora acusaron al gobierno federal de encabezar una política represora que debe ser detenida de inmediato.

«Es una situación muy preocupante la de Cananea, nos parece que no es esta la manera de encontrar una solución a este conflicto», manifestó el legislador federal perredista, Carlos Navarro López.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, aseguró que el papel de los policías estatales era sólo de apoyar a las fuerzas federales.

«Ayer nos notificaron ya la inexistencia de huelga en Cananea, que ya declararon inexistente el movimiento y nos solicitaron tanto a las fuerzas federales como a las fuerzas estatales presencia para permitir la entrada de los trabajadores que así lo deseen a trabajar a partir de este viernes», sostuvo el mandatario.

En la ciudad de México, Juan Luis Zúñiga Velásquez, primer vocal del consejo de vigilancia y justicia del SNTMMRM dio a conocer que el saldo del desalojo fue de más de 20 heridos, algunos de ellos graves, y cinco desaparecidos, entre éstos últimos un familiar de un minero.

Zúñiga Velásquez señaló que es «falso» que los trabajadores hayan comenzado a laborar, tal como lo señaló la empresa Industrial Minera México.

Los mineros de Cananea iniciaron el paro el 30 de julio de 2007, al igual que los de Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, en demanda de mejores condiciones de seguridad para los trabajadores.

En tanto, el secretario de asuntos políticos del Sindicato Minero, Carlos Pavón Campos, fustigó que antes de que fuese notificado el gremio de la resolución laboral, ya había un fuerte despliegue de fuerzas policiales y militares en la mina.

Destacó que el Sindicato Nacional Minero fue notificado a las 11:30 de la mañana de este viernes, mientras que las fuerzas policiales y militares llegaron al lugar «la madrugada de hoy».

Según el gremio, al sitio arribaron «80 patrullas y más de 800 elementos de tropa federales y locales los que se apostaron en las cercanías de la mina; esto es un amago represivo que constituye una clara violación a la legalidad y a las garantías constitucionales de México».

 

(Con información de Carolina Gómez)