Evo Morales inició el día uno de su año 13 de gobierno con un cambio de gabinete que pretende oxigenar su gestión y revertir el desgaste del ejercicio del poder en el comienzo de una larga campaña electoral. A diferencia de todas las elecciones desde 2006, esta vez el triunfo no está asegurado y su […]
Evo Morales inició el día uno de su año 13 de gobierno con un cambio de gabinete que pretende oxigenar su gestión y revertir el desgaste del ejercicio del poder en el comienzo de una larga campaña electoral. A diferencia de todas las elecciones desde 2006, esta vez el triunfo no está asegurado y su propia postulación está en cuestión por violentar la Constitución de 2009. No obstante, la estabilidad económica, su capital simbólico y la falta de proyectos alternativos en la oposición dejan abierto el escenario rumbo a octubre de 2019.
13 años y un día después de su llegada al Palacio Quemado, Evo Morales afinó su gabinete con vistas a las elecciones de octubre de este año en un contexto muy diferente del de todas las votaciones populares de la larga década del «proceso de cambio»: por primera vez, el presidente boliviano no tiene asegurada su victoria y, adicionalmente, su postulación debió ser «habilitada» por el Tribunal Constitucional Plurinacional contra una cláusula constitucional y contra un referéndum en el que, en febrero de 2016, una estrecha mayoría votó «No» a la reforma constitucional para incluir la reelección indefinida.
El 22 de enero pasado, aniversario del Estado Plurinacional que hoy compite con el de la independencia, Morales pronunció su informe anual a la nación, en el que rescató los logros de estos 13 años y buscó generar algunas imágenes de futuro en un momento de desgaste del gobierno, especialmente entre los sectores urbanos.
El cambio del gabinete tuvo por objetivo potenciar las áreas que el presidente boliviano considera claves para su re-reelección. Así, retornó al gabinete el ministro de Economía y arquitecto del «milagro» boliviano, Luis Arce Catacora. El ministro, que garantizó más de una década de crecimiento económico y estabilidad, asumió junto a Morales en enero de 2006 y debió renunciar en 2017 por problemas de salud; ahora, su regreso busca reforzar la imagen de «estabilidad» que fue la bandera del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2014, cuando Morales fue reelegido con más de 60% de los votos y 35 puntos por encima del contendiente más cercano.
En su discurso más corto ante el Congreso (50 minutos contra tres o cuatro horas en el pasado), Morales resaltó que el PIB de Bolivia creció 327% durante sus gobiernos y llegó a 44.885 millones de dólares en 2018; mientras que el «colchón financiero», que incluye las reservas internacionales, los depósitos y los aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), subió a 53.269 millones de dólares. Contrapuso esas cifras a las de 2005, cuando «el PIB era de 9.574 millones de dólares y el ‘colchón financiero’ llegaba solo a 7.600 millones».
Otro que volvió es Juan Ramón Quintana, un ex-militar y sociólogo con fama de «duro», quien ocupará nuevamente el Ministerio de la Presidencia, una virtual jefatura de gabinete. Comunicación recayó en Manuel Canelas, ex-diputado y viceministro, quien tiene como misión recuperar a las clases medias distanciadas del proceso de cambio. Canelas fue el primer diputado abiertamente gay, vivió en España y se mantiene muy cerca de los líderes de Podemos; ahora será el encargado de renovar un discurso que ya no entusiasma. Y otra de las apuestas para enfrentar el desgaste es el nombramiento de una figura de peso en el Ministerio de Salud: la ex-presidenta del Senado Gabriela Montaño, una médica cruceña que llegó a ocupar el Poder Ejecutivo de manera interina y tiene la tarea de lanzar una revolución en la salud, uno de los rubros en que el gobierno de Evo Morales demostró menos capacidad de gestión y que, en los últimos años, generó fuertes cuestionamientos. En este marco, se puso en marcha un seguro universal de salud y se anunció un multimillonario acuerdo con Rusia para la construcción de centros de atención primaria y varios hospitales de alta tecnología especializados en oncología, cardiología, gastroenterología, neurología y nefrología.
En síntesis, se trata de más comunicación, política y gestión para enfrentar al ex-presidente Carlos Mesa, el líder opositor mejor ubicado en las encuestas. Como Emmanuel Macron en Francia, Mesa intenta construir una «plataforma ciudadana» que incorpore a viejos políticos y a la vez mantener un discurso de lo nuevo y evitar ser visto como el constructor de una coalición «con el pasado», que es precisamente como el MAS buscar presentar al ex-vicepresidente de Sánchez de Lozada que llegó al Palacio Quemado tras la «Guerra del Gas» de 2003. Y, claramente, a diferencia de Macron, Mesa no es ni tan joven ni tan nuevo y parece carecer de una verdadera voluntad de poder, pero expresa a los sectores que cuestionan la postulación «inconstitucional» de Morales y mantiene un discurso moderado. No obstante, necesita a la derecha más radical entusiasmada con el triunfo de Jair Messias Bolsonaro en Brasil.
La estrategia del gobierno es polarizar generacionalmente la elección entre «viejos» y «jóvenes», con algunos nombramientos simbólicos, como el de Canelas (37 años) y, especialmente, la elección de Adriana Salvatierra como presidenta del Senado y tercera en la línea de sucesión. La senadora de 29 años representa a la «nueva generación» del MAS de Santa Cruz y pertenece a un grupo «guevarista» llamado Columna Sur.
Empero, las escenificaciones revolucionarias oficiales conviven con fuertes dosis de pragmatismo. La calificación de Bolsonaro como «hermano presidente» en el tuit de felicitación tras la victoria del candidato de la extrema derecha fue seguida de la entrega a Italia, sin proceso previo, de Cesare Battisti, un ex-integrante del grupo armado Proletarios Armados por el Comunismo (PAC) de los «años de plomo» italianos, condenado a cadena perpetua en ausencia. Battisti, quien vivió refugiado durante casi cuatro décadas en México, Francia y Brasil, fue entregado en menos de 24 horas al ministro Matteo Salvini, quien lo recibió vestido de policía y dijo que el «asesino comunista» se va a «pudrir en la cárcel». Morales justificó la entrega señalando que el italiano había entrado ilegalmente al país, tras su fuga de de Brasil, donde Bolsonaro había prometido entregar a Salvino al «bandido amigo de Lula».
«¿Usted lo siente como hermano a Bolsonaro?», le preguntó un periodista del diario El Deber al presidente boliviano. «Quienes nacimos de esta tierra, somos hermanos porque nacimos de la misma tierra sudamericana, somos hijos de América Latina, al margen de las diferencias ideológicas y programáticas, somos hermanos», respondió. Sin con Estados Unidos se trata de un antiimperialismo distante, Brasil es una potencia regional fronteriza con peso económico y político. Y Morales busca mostrarse hoy cercano a Nicolás Maduro pero, al mismo tiempo, con buenas relaciones con mandatarios de signos ideológicos opuestos en la región.
Cabe destacar también una suerte de rutinización de las escenificaciones revolucionarias, incluido el habitual puño en alto, que se fueron volviendo más bien ceremoniales. Desde el comienzo, el proceso de cambio fue moderado y pragmático. Pese al discurso socializante del gobierno y las denuncias opositoras sobre una inminente «venezuelización», en estos años florecieron los mercados, hubo un boom de consumo de sectores populares y clases medias, se desarrollaron los servicios financieros y los cafés y restaurantes chic conviven con una renovación del parque automotor en grandes ciudades como La Paz o Santa Cruz. Al tiempo que el teleférico de transporte urbano, el más grande del mundo, transformó el paisaje paceño y reconectó las diversas partes de la ciudad con efectos en la sociología urbana de mediano y largo plazo.
Quizás la mejor imagen de la simbiosis de voluntarismo modernizador e invocación de la ancestralidad indígena que caracteriza al gobierno es la inauguración en agosto pasado de la Casa Grande del Pueblo, que reemplaza al vecino Palacio Quemado, antigua sede de la Presidencia y emblema de la «república colonial», según Evo Morales. Este edificio de 28 pisos, expresión de un cierto brutalismo arquitectónico mitigado por incrustaciones de símbolos neoandinos, ha causado mucha polémica en la medida en que altera la armonía urbana de la Plaza Murillo y parece encarnar una cierta megalomanía política.
Para contrarrestar estas críticas, el gobierno la abrió a las masas, atrayendo a multitudes de recién casados y otros visitantes a su terraza, con el majestuoso telón de fondo de las nieves eternas de los cerros que circundan La Paz. Pero la Casa Grande del Pueblo es una especie de Coliseo del proceso de cambio; la materialización de una idea de permanencia, de matriz plebiscitaria, que choca contra los principios de la democracia republicana. El problema es que la derrota de 2016 obliga a hablar ya no en nombre de la mayoría del pueblo tout court, como lo hacen los movimientos nacional-populares, sino del pueblo verdadero, es decir, los sectores sociales movilizados en favor de la continuidad («vinimos para quedarnos 500 años»).
El gobierno de Morales fue sin duda, un gobierno excepcional en muchos aspectos hasta 2014. A partir de ese momento, la voluntad de permanencia -y la consolidación de Morales como líder irremplazable- fue erosionando la agenda transformadora, debilitando el apoyo urbano y obligando al Poder Ejecutivo a pasar por encima de cláusulas de la Constitución aprobada durante el «proceso de cambio». Parte de esa agenda de cambio es la que se busca retomar, ahora, de apuro, rumbo a las elecciones.
Mientras, la oposición, sin proyecto de país alternativo más allá de algunas proclamas republicanas, busca capitalizar el desgaste del gobierno. Y, Mesa, de perfil centrista, deberá hacer frente a una radicalización política -que incluye expresiones racistas más abiertas, sobre todo en las redes sociales- de un sector de la oposición, que ha asumido parte del discurso «anticomunista» de las derechas alternativas (Alt-Right) y se entusiasma con el nuevo clima regional abierto por Bolsonaro. Pero también deberá enfrentar la falta de diversidad étnica y de género que hasta ahora muestran las capas dirigentes de su espacio en formación.
Así, 2019 será el primer año desde 2006 en que el escenario político está abierto, y gobierno y oposición se disputarán la bandera del cambio. La primera parada será el 27 de enero, fecha en que están convocadas unas primarias que Morales imagina como la posibilidad de dejar atrás el referéndum perdido del «21F».