“El agua de Mendoza no se negocia”

Asambleas socio-ambientales, agrupaciones juveniles y organizaciones sociales y políticas fueron parte de la convocatoria. Uno de los ejes de la convocatoria fue el rechazo al impulso que, a través de YPF, pretende imponer el Gobierno nacional a la extracción no convencional de gas, conocida como fracking y prohibida en numerosos países. 

El gobierno mendocino está a punto de instalar el fracking en el Valle de Uco y se encuentra a un paso de habilitar los primeros pozos en Tupungato, lo que significa una condena de muerte para varios ríos provinciales, así como para la vitivinicultura, la agricultura y la salud de los habitantes. 

Pero la reacción del pueblo mendocino y los movimientos ambientales no se ha hecho esperar, y el viernes a las 16:00 en el Km 0 volvieron a las calles con una gran movilización que contó con acciones de apoyo sin precedentes con miles de personas en Alemania, Noruega, España, Irlanda, Escocia, Inglaterra, EE UU., Canadá, Colombia y otros países, donde la movilización de Mendoza fue transmitida en directo y los defensores del agua pudieron conectarse en vivo con sus compañeros de lucha en otros países. 

Al igual que cuando intentaron modificar la ley 7722, un pacto entre el gobernador Suárez y Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional y precandidata por el Frente de Todos, pretenden desarrollar esta actividad en el sur provincial, a pesar de las movilizaciones en toda la provincia para rechazarlo. Una vez más quedó demostrado que para el extractivismo, no hay grieta entre Alberto Fernández y la oposición patronal. 

Al finalizar la movilización, se realizó un acto en la Legislatura provincial donde, entre otros, el legislador del FIT, Lautaro Jiménez, destacó que «hoy nuevamente salimos a las calles a decirle al gobernador Suárez y a Sagasti que el Agua de Mendoza No Se Negocia». 

Junto con la defensa del agua, la movilización también denunció los más de 60 sismos registrados en las últimas semanas en la zona de Vaca Muerta en Neuquén. En el lado mendocino de Vaca Muerta, una empresa del grupo Vila-Manzano se encuentra explotando pozos de gas con esta técnica, a los que se sumarán los de YPF que pretenden habilitar tanto el Gobierno nacional como provincial. 

“¡Que tiemblen las petroleras!” 

Luego de que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anunciara la Emergencia Hídrica y de que se conociera la noticia de que la localidad de Sauzal Bonito ubicada en la cuenca de Vaca Muerta tembló más de 60 veces en diez días, organizaciones sociales, ambientalistas, vecinos y vecinas de Neuquén convocaron a una “jornada de agite, radio abierta y movilización” en el marco de la Acción Mundial contra el Fracking el 30 de Julio en el centro de la ciudad Capital. En Fiske Menuco (Río Negro) la Asamblea del Comahue por el Agua también marchó por las calles de la ciudad. 

“¡Que tiemblen las petroleras!” fue una de las consignas que tuvo la marcha en referencia a lo ocurrido la semana pasada en el interior de la provincia de Neuquén donde las familias vienen denunciando que desde que se instalaron las empresas petroleras, los sismos son moneda corriente. “Pensábamos que los sismos y los temblores eran cosas que pasaban en Chile, pero desde que empezaron a trabajar fuerte en Vaca Muerta, tuvimos que salir a la ruta a reclamar porque se partieron nuestras casas”, señaló Adrián, vecino de Sauzal Bonito, una localidad de alrededor de 300 familias que se encuentra rodeada por una franja de áreas de explotación de hidrocarburos donde se aplica el fracking. 

Desde hace años el Observatorio Petrolero Sur y diversas organizaciones vienen denunciando el movimiento sísmico que genera la hidrofractura en la provincia. Situación que es negada sistemáticamente por las empresas y por el Estado, que había prometido que la actividad no iba a ocasionar temblores en el territorio.  

 “¡No es sequía, es saqueo!” fue otra de las consignas que tuvo la movilización en relación a la crisis hídrica que desde hace 5 años afecta toda la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Río Negro, agravada este año por la falta de nevadas en la cordillera. Desde un comunicado, las organizaciones volvieron a apuntar contra la actividad extractiva por la cantidad de agua potable que utilizan las petroleras para fracturar el suelo: “los mismos pozos son los que extraen millones de litros diarios de los ríos que nutren la vida en la provincia, pagando menos de cinco pesos por litro de agua, mientras hay barrios y pueblos que no tienen acceso a agua potable” 

A los temblores y la sequía, se suma el intento de instalar una represa sobre el Río Nahueve (afluente de los ríos Neuquén y Río Negro) en el norte de la provincia neuquina, que dejaría nuevamente a familias enteras sin acceso al agua potable y que ya implicó el desalojo violento de comunidades de sus territorios.  

Mientras en CABA, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones se sumó a la acción global que se desarrolló el viernes 30 de julio, con una movilización en la ciudad: “Luego de la escandalosa audiencia pública por la explotación de hidrocarburos en Tupungato, y la puesta en marcha del gobierno provincial y nacional de proyectos que apuestan a combustibles fósiles”. 

Se realizó una concentración, a las 16:00, frente a la secretaría de Energía, ubicada en H. Yrigoyen y Balcarce, y se dirigieron luego al ministerio de Desarrollo Productivo, Roca 651.

Los que no bajaron de los barcos 

Desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de julio se desarrolló una seguidilla de reuniones con distintos organismos y autoridades del gobierno nacional con el propósito de llegar a establecer una agenda de trabajos respecto de las políticas indígenas con la plena participación de los pueblos, mediante los representantes nucleados en la unidad de las organizaciones convocadas a tal fin. 

Este diálogo entre las organizaciones llevó a conformar la unidad en lo que llamaron «Coordinadora de Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas de Argentina (CONAPIA) reuniendo 4 organizaciones territoriales: Mesa de Articulación Territorial Indígenas en Argentina (MATRIA), Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ETNOTPO) Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina (OMPIA) y Mujeres Originarias en Lucha Por el Territorio (MOELT). 

En este contexto se dio la cita de una delegación autoconvocada del Consejo de Participación Indígenas (CPI) e integrantes de la comunidad Diaguita Indio Colalao de Tucumán (que viene sufriendo una situación de amedrentamiento mediante matanzas de animales de la comunidad) con la idea que los reciba y escuche el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. 

En el trascurso de la semana pasaron por el Centro Cultural Kirchner donde se reunieron con Julia Eugenia Houllié, directora de planificación y seguimiento de gestión del ministerio de Cultura de la Nación; con Marilina Marcela de Aguilar, directora de Diversidad y Cultura Comunitaria; y con Julian Krieger del Gabinete de Asesores. Allí el ministro Tristán Bauer en un recorrido por el CCK escuchó a las comunidades que se hicieron presentes y en la charla estimó cada propuesta para tener en cuenta dentro de los programas que se lleven a cabo desde el organismo. Del mismo modo fueron acogidos en el Congreso donde los recibió Daniela Vilar del interbloque del Frente de Todos, como también del ministerio de Obras Públicas, del ENACOM, del FONCAP y el ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, entre otros. 

Durante todas las jornadas estuvo la permanente presencia del vicepresidente del INAI, Luís Pilquimán (mapuche de Río Negro e integrante de MATRIA), vinculando las organizaciones con el gobierno nacional para alcanzar acuerdos que respondan a las demandas de las comunidades de los 40 Pueblos Originarios de Argentina, y en las distintas charlas indicó «de que se implemente la participación indígena es fundamental para todos, por eso estamos en procura de organizarnos. Nos tenemos que encontrar, unidos y fortalecidos», aseveró. 

Por otra parte, hermanos y hermanas indígenas de Salta llegaron a la capital de la Argentina. Esperan ser atendidos por algún funcionario del gobierno nacional. Recorrieron 1.672 km para encontrarse con el presidente de la República. 

Desde los primeros días de julio dio inicio la marcha de referentes de comunidades indígenas del norte salteño rumbo a la Capital Federal. 

Los reclamos son sobre títulos de tierras, el avasallamiento de sus territorios con medidas judiciales y uso de la fuerza pública para concretar desalojos sin respetar sus derechos. 

Se trata de las comunidades originarias que se ubican a la vera de la ruta nacional 81.  

Desde la Federación de Comunidades Kollas, se informó sobre esta movilización hacia Buenos Aires. Son representantes de las comunidades wichí y guaraníes del departamento San Martín. 

El objetivo es el de denunciar los incumplimientos del Estado y exigir la devolución del Territorio Comunitario Indígena con los respectivos títulos a nombre de las Comunidades. Caciques y dirigentes manifestaron que la carpeta técnica del Relevamiento Territorial a las Comunidades que otorga el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), no les es efectivo como instrumento jurídico para defenderse ni de los desalojos, ni de los ataques de las fuerzas de seguridad dispuestas por los fiscales y jueces, en contra de las Comunidades Indígenas y sus derechos consagrados por leyes, la Constitución y el Derecho Internacional. 

Ante la dolorosa situación que se plasma y dado que todas las Comunidades de Salta y el país, tienen el mismo riesgo sobre sus territorios, la Federación de Comunidades Kollas de Salta, dispuso poner a disposición de las autoridades, legisladores y comunidades -por medio del equipo de abogados y técnicos jurídicos-, el anteproyecto de Ley del Territorio comunitario indígena y el trabajo sobre ordenamiento jurídico de las comunidades. Esto permitirá la recuperación y reconocimiento del Derecho Consuetudinario, milenario o ancestral, para arribar a la solución de conflictos de vieja data y devolver la esperada paz y el desarrollo integral de las comunidades. 

Cerámica Neuquén existe y resiste 

Trabajadores de la fábrica recuperada en 2015, Cerámica Neuquén, movilizaron el martes 27 desde la planta fabril en la ruta 7, hasta el juzgado y la Legislatura de la capital neuquina.  Allí los recibió el juez comprometiendo una reunión entre las partes en las próximas dos semanas.  En la Legislatura la intervención fue telefónica a través de la banca del FIT. La jornada de movilización en defensa de la gestión obrera de la que viven 80 familias, fue acompañada por el Sindicato Ceramista, organizaciones sociales, políticas y sindicales, mapuches y de Derechos Humanos, entre otras. En tanto la misma solidaridad se plasmaba a nivel nacional en una protesta en la casa de Neuquén en CABA y de una carta abierta de referentes de Derechos Humanos, organizaciones sindicales y políticas. 

Los obreros marcharon hasta la sede del juzgado ante la amenaza de desalojo que pesa sobre la gestión obrera, amenaza judicial que tiene a un juez subrogante, Ferreyra, como responsable. Este juez ha emitido un requerimiento de labores de inteligencia a la policía provincial para identificar las necesidades de logística para un eventual desalojo. 

Entre otros hicieron uso de la palabra el secretario general del Sindicato Ceramista, Alejandro López, por la APDH, Noemí Labrune, Andrés Blanco y Raúl Godoy por el PTS y obreros de Zanón, César Parra por el Polo Obrero, Patricia Jure por el Partido Obrero, militantes del FOL, del Nuevo MAS, de Izquierda Socialista, del MST, de la Confederación Mapuche Neuquina y de la toma Casimiro Gómez de Neuquén. 

En la mañana del martes, al mismo momento, en la casa de Neuquén en CABA, el Plenario Sindical Combativo realizaba una protesta exigiendo también una solución para la gestión obrera. 

También se expresó la solidaridad a lo largo del país a través de una carta abierta encabezada por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas  a la que sumaron sus voces de adhesión organizaciones sindicales, políticas, de Derechos Humanos y desde Universidades Nacionales. 

Comunicado de la gestión obrera y sindicato ceramista 

Ante la nueva amenaza de desalojo y remate por parte del juez subrogante Ferreira, los obreros y obreras de cerámica Neuquén, el sindicato ceramista y las distintas organizaciones se movilizarán el próximo martes 27 de julio desde las puertas de la fábrica al juzgado laboral N° 1. 

La decisión del Juez Ferreyra es un paso más en el intento de avanzar contra la gestión obrera, dejando a 80 familias en la calle, amenazando con un desalojo violento. Las y los obreros de Cerámica Neuquén en asamblea volvimos a rechazar este nuevo ataque, nos declaramos en estado de alerta y resolvimos esta medida. 

Como dijimos innumerables veces, desde diciembre del año pasado existe un preacuerdo firmado por todas las partes, incluyendo a los ex trabajadores, empresarios y la gestión obrera, que da respuestas y contempla a todos los actores involucrados. Estas provocaciones intentan romper ese preacuerdo y evitar una solución que contemple a todos, intentando sacar beneficios para un sector. Ante la falta de respuesta de parte del gobierno de Omar Gutiérrez, donde demostró no tener interés en interferir y resolver este conflicto, le exigimos al juez Cosentino, llevar adelante la audiencia pública, que se comprometió el año pasado para tratar el acuerdo que presentamos junto a los dueños de la empresa donde le daría solución al conflicto de Cerámica Neuquén. 

La movilización del martes tiene por objetivo exigir una audiencia y que seamos recibidos en el juzgado, y también acompañar a la delegación de trabajadores de la fábrica que serán recibidos el mismo día en la Comisión de Trabajo de la Legislatura para discutir la situación de la gestión obrera. 

Por ello coordinamos con organizaciones sociales, políticas, sindicales, de Derechos Humanos, estudiantes, la comunidad, trabajadores en lucha más la Multisectorial, para movilizarnos desde las puertas de la fábrica ruta 7 km 6,5 el martes 27 a las 9:00. 

No al desalojo y remate de Cerámica Neuquén. 

En defensa de los puestos de trabajo 

Exigimos la solución de fondo. 

Obreros y obreras de Cerámica Neuquén 

Sindicato Ceramista 

Cooperativa Gotan reclama un predio para seguir trabajando 

El 29 de junio se realizó una audiencia en el Juzgado Comercial 27, donde Piscitello, quien fuese dueño del predio donde está alojada la cooperativa, hizo un reclamo por el pago del uso del galpón. Los trabajadores siendo custodios jurídicos de las máquinas, organizaron la producción y volvieron a llenar la fábrica de trabajo y proyectos pero no están en una situación aún favorable para pagar el alquiler de un predio. Distinta es la situación económica con la que cuenta Piscitello quien posee enormes propiedades en el Parque industrial, y aun así continuamente boicotea el funcionamiento de la cooperativa, llegando al colmo de cortar ilegalmente el suministro de luz y de agua. 

Los trabajadores y su representación legal, el CeProDH, han logrado demostrar que existe una quiebra fraudulenta detrás del cierre de Gotan, y la justicia ha hecho un pedido de investigación al respecto. Sin embargo, la necesidad de un predio para que pueda trabajar la cooperativa se pone en el centro y es el Estado quien tiene en sus manos la solución del problema.  

Los trabajadores varias veces han aclarado que ellos siendo fabricantes de mobiliario urbano y obra pública como paradas de colectivos, señalamiento vial, mobiliario escolar y hospitalario, etc., necesitan que el Estado los provea de trabajo para darle sustentabilidad a la cooperativa y que a su vez ésta provea de productos de calidad orientados hacia las principales necesidades sociales.  

Además, es el Estado quien en última instancia tiene las herramientas para otorgarles un predio en perfectas condiciones. Los trabajadores ya fueron a hablar con el municipio de Almirante Brown dirigido por el peronista Cascallares, y cuentan ya con dos cartas que elevaron al gobierno de Kicillof y al municipio. Pero no recibieron respuestas concretas. 

En septiembre de 2019 el empresario Horacio Lamberti e Hijos, decidió cerrar la fábrica Gotan dejando 27 familias en la calle. Luego de una larga lucha, en el 2020 los trabajadores lograron recuperarla y constituirse en cooperativa. 

Sin embargo, a fines de junio se realizó una audiencia en el Juzgado Comercial 27, secretaria 53, donde se planteó a los trabajadores, un reclamo por el pago de uso de las instalaciones por parte de los titulares del predio. El reclamo implica que si no efectivizan el pago del alquiler del predio deberán retirar las máquinas del emplazamiento actual. 

«Queremos hacerles saber nuestra situación legal que está complicada, ya que el inmueble no está dentro la quiebra y obviamente nuestra prioridad es conservar nuestra fuente de trabajo. Nuestra familia depende de nuestra cooperativa. Estamos al borde de un desalojo porque los hermanos Piscitello están pidiendo el inmueble y nosotros no tenemos una espalda económica para pagar el alquiler», expresaron los trabajadores mediante un comunicado. 

En esa primera audiencia la jueza les dio 10 días a los trabajadores para mudar las maquinarias. A pesar de ello, los trabajadores lograron ganar tiempo para poder presentar un proyecto que les permita seguir trabajando y produciendo. Esto dependerá de la decisión de la jueza a cargo de la instrucción, y se pautó una fecha en breve para una próxima reunión. 

Primera Cooperativa de Periodistas en «defensa del derecho a la información» 

La primera cooperativa de trabajo integrada por periodistas autoconvocados de Jujuy fue presentada en la capital provincial bajo las premisas en «defensa de la tarea periodística» y «el derecho a la información» con el objetivo de generar tareas de capacitación y formación para «un periodismo responsable». 

Con una actividad denominada «Periodismo responsable + Ciudadanía alerta», que tuvo lugar en la mañana del martes 27 en el Teatro El Pasillo, ubicado en la calle José de la Iglesia 1190 de San Salvador de Jujuy, y de manera virtual a través de una videoconferencia, se lanzó formalmente la nueva institución.  

Se trata del colectivo Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (PUAJ), el cual nació en 2017, «como un espacio de intercambio y cooperación en defensa de la tarea periodística y del derecho a la información», indicaron sus integrantes.  

«Esta cooperativa se inicia después de muchos años de trabajo en Jujuy con compañeras y compañeros periodistas, trabajadores de prensa y comunicadores, porque empezamos a ver situaciones particulares de persecución que dañaban el derecho a la información», refirió Mariana Mamaní, periodista del diario digital Jujuy Dice y presidenta de la cooperativa, al tomar la palabra. 

La periodista señaló que el objetivo de la flamante institución es «trabajar, formar, capacitar y, sobre todo, poder aportar al trabajo periodístico de la provincia para que sea de una mejor calidad y con espíritu crítico para llegar a las audiencias». A su turno, Luis Urtubey, integrante de PUAJ, valoró «la construcción colectiva» de trabajadoras y trabajadores de prensa y personas ligadas a la comunicación social, quienes «quieren seguir aportando desde su lugar». 

El grupo está integrado por comunicadores que se desempeñan en medios comerciales, públicos, proyectos comunitarios y emprendimientos independientes, quienes a su vez realizan diagnósticos de los trabajadores de prensa. La jornada «Periodismo responsable + Ciudadanía Alerta» se completó con un conversatorio virtual que contó con la participación de Glenn Postolsky, comunicador y titular del área de Capacitación de la Defensoría del Público, y Andrés Salari, periodista, documentalista y analista internacional. 

Jornada nacional de lucha por salarios dignos y contra las bajas en el Potenciar Trabajo 

Una gran cantidad de movimientos sociales realizaron una Jornada Nacional de Lucha de la Unidad Piquetera el jueves 8 de julio en reclamo de ingresos dignos de acuerdo a la Canasta Básica, contra el ajuste y las bajas en el programa Potenciar Trabajo. En la Ciudad de Buenos Aires, marcharon «desde las 12:00 en Independencia y 9 de julio para que ningún trabajador tenga un ingreso por debajo de la canasta básica». «Millones de trabajadores, jubilados y programas sociales de empleo precario, sobrevivimos con un ingreso de miseria, 24.000 pesos al día de hoy, y con la mitad de ese monto de los programas sociales, es decir, 12.000 por mes», denuncian, y agregan: «no puede ser que el ingreso de un trabajador o trabajadora y el de un jubilado o jubilada estén por debajo de la Canasta de indigencia. Y que los padres y madres de familia que no consiguen un trabajo genuino, sean precarizados por el propio Estado con un ingreso que significa sobrevivir con 400 pesos por día, menos de un kilo de carne picada» 

«El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, acaba de anunciar el adelantamiento del “aumento” del salario mínimo vital y móvil, que fuera acordado por la burocracia de los sindicatos, el gobierno y las patronales, hace apenas dos meses. Es el reconocimiento tardío de la miseria salarial de millones de trabajadores, jubilados y programas sociales de empleo precario, que sobrevivimos con un ingreso de miseria, 24.000 pesos al día de hoy, y con la mitad de ese monto de los programas sociales, es decir, 12.000 por mes«, comienza el comunicado de las organizaciones. 

En la misma línea, sostienen: «lo advertimos en abril, cuando nos movilizamos frente a la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que acordó un miserable aumento del 35% en siete cómodas cuotas, en medio de una inflación galopante, que no se detiene y acumula una inflación interanual del 45 %. Más por cálculo electoral que por una comprensión del drama social que vivimos millones, ahora se adelanta ese aumento, pero llega tarde y es totalmente insuficiente», remarcan. 

También denuncian que el Gobierno nacional avanza con la baja de cientos de programas sociales: «para colmo, se han dado de baja a cientos de programas sin una explicación coherente, lo que deja sin un mínimo ingreso a esas familias».

En este contexto, consideran que «ningún trabajador debería cobrar menos de la canasta básica, hoy en $ 65.000, pero para eso habría que priorizar el trabajo y no la especulación financiera y el pago de la deuda externa», resaltan. Para eso, consideran que «hay que abrir fábricas y desarrollar un plan de obras públicas para construir las viviendas y la urbanización de los barrios que necesitamos las y los trabajadores y que permitiría un desarrollo industrial para sacar al país del estancamiento que nos hunde en la pobreza hace decenios». 

En ese sentido, también destacan el anuncio de cierre de todas sus sucursales por parte de la empresa Garbarino: «para colmo se sigue engrosando el ejército de desocupados, ahora con el cierre de Garbarino, que deja 4.000 familias sin trabajo”. 

Por todo lo señalado, consideran que «sobran razones para movilizarnos» y sostienen que por eso salimos nuevamente a las calles a reclamar respuestas de un gobierno que prometió cambiar el desastre macrista pero a casi dos años sigue con las políticas de ajuste», finaliza el comunicado firmado por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, OLP y Resistir y Luchar. 

La Corriente Clasista y Combativa, en su última reunión nacional de Desocupados y Precarizados, analizando la situación política y social en el marco de esta pandemia, resolvió convocar a una Jornada Nacional de lucha el martes 13 de julio en todo el país por: 

• Urgente aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, que fija el Potenciar Trabajo, de acuerdo al costo de la canasta familiar. 

• Abastecimiento alimentario a los comedores y merenderos para atender la creciente demanda en todo el país. 

• Vacunar a las trabajadoras socio-comunitarias que desde el 20 de marzo de2020 están en la primera fila de la lucha contra la pandemia. 

• Declaración de Emergencia en Violencia contra las Mujeres con los fondos necesarios para el reconocimiento económico de las promotoras en prevención y los refugios. 

• Tratamiento y aprobación de la Ley de Techo, Tierra y Trabajo con los recursos necesarios para la generación de miles de puestos de trabajo. 

• Frente a las restricciones que impone la pandemia el Estado debe garantizar la conectividad para los estudiantes de todos los niveles y condiciones seguras para la presencialidad. 

En CABA se realizó un acto central en la Plaza de la República en el Obelisco, junto con el Movimiento Evita y Somos Barrios de pie, conferencia que a su vez fue preparatoria para la tradicional Jornada por Pan, Tierra, Techo y Trabajo que realizan todos los 7 de agosto.

Planes sociales 

En casi 20 años se multiplicó por diez la cantidad de personas que reciben algún tipo de ayuda estatal. Actualmente hay un total de 141 planes y programas sociales. Según los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), alrededor de 22 millones de habitantes del país recibe un programa alimentario, además de otros montos como la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a 4 millones de madres. 

Entre los planes más demandados, figuran: Plan Potenciar Trabajo, Programa Argentina Hace, Programa Hogar, Programa Federal Incluir Salud, Programa Jóvenes más y mejor Trabajo, Programa Monotributo Social, Programa Plan Nacional de Primera Infancia, Programa Plan Nacional de Protección Social, Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Becas PROGRESAR, Programa Seguro de capacitación y empleo Programa SUMAR Programa Tarifa social y Subsidio social para medicamentos PAMI. También está la Tarjeta Alimentar y se suma el Plan Alimentos Especiales.

En la estructura actual del Gobierno hay varios líderes de movimientos sociales, ex piqueteros, que manejan la mayoría de esos planes a nivel nacional. Fernando «Chino” Navarro, nombrado por Alberto Fernández como secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias dentro de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero; y Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social en el ministerio de Desarrollo. Ambos pertenecen al Movimiento Evita. 

El segundo de Pérsico es Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local y actual candidato 16 en la lista del Frente de Todos en PBA. Menéndez es el líder del Movimiento Somos Barrios de Pie, que se fusionó en los últimos días con el Movimiento Evita. En esa estructura dentro del Ministerio trabaja Rafael Klejzer, que tiene el cargo de la secretaría de Economía Social y es el líder del Movimiento Popular La Dignidad. Se suma Esteban «El Gringo» Castro, secretario general de la UTEP, que forma parte del Consejo Económico Social del Gobierno. 

El plan social o programa más importante que tiene a su cargo el Ministerio de Desarrollo Social es «Potenciar Trabajo» y está destinado a brindar inclusión laboral, sobre todo a los trabajadores de la Economía popular y favorecer el acceso al crédito no bancario. 

El Plan Potenciar Trabajo tiene una meta en el Presupuesto 2021 de 870.000 beneficiarios y, según datos del Presupuesto Nacional, reservó para este año 101.000 millones de pesos, alrededor de 276 millones de pesos diarios. 

En el último informe sobre el «Estado de Situación» del programa Potenciar Trabajo, se presentaron un total de 2.069.719 solicitudes de inscripción de trabajadores y trabajadoras. De las que ya poseen resolución favorable 1.152.577. 

Según datos que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, más del 50 % de las personas que habitan el país estuvo alcanzada por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria en la pandemia. 

En los últimos 10 años, se duplicó el número alcanzado por ayuda alimentaria. En el 2010 un 24,4% de los hogares recibió algún auxilio estatal, mientras que en la actualidad la cifra está en el 48%, prácticamente el doble. 

Cooperativa de Lugano contra los despidos 

Más de 100 familias quedaron en la calle sin trabajo en plena pandemia. Las y los trabajadores de una cooperativa de barrenderos de los barrios Zamoré, Copello, Nágera y Castro de Lugano y Soldati, se reunieron para organizarse y decidir qué medidas van a tomar después del corte en la Autopista Dellepiane y Escalada del jueves 29 de julio, donde fueron reprimidos por la policía de la Ciudad. Quieren recuperar sus puestos de trabajo y visibilizar la situación crítica por la que están pasando. 

Las y los trabajadores tienen una antigüedad de entre 16 a 17 años: “Nos prometieron una solución y nadie se acercó a dar una respuesta estructural con respecto a los despidos, solamente nos quieren endulzar los oídos con mentiras y propuestas que nunca llegan”. 

Una de las trabajadoras que hace 10 años trabaja en la cooperativa dijo: “De la noche a la mañana nos dejan sin trabajo, sin ninguna explicación”. 

El funcionario que se comunicó con ellos fue Gonzalo Irigaray de la Dirección General Desarrollo Habitacional – Instituto de Vivienda de la Ciudad. “Nos dijo que no cortemos, que no hagamos nada porque iban a reprimir. Queremos aclarar que nosotros no queríamos cortar. Primero fuimos al ministerio de Desarrollo y Hábitat, en frente de la Ciudad Oculta, nos presentamos ahí para que alguien nos dé una respuesta, una solución y no lo hicieron, entonces tuvimos que cortar para que nos escuchen, para darle visibilidad a nuestra situación”. 

Mientras tanto, continúan esperando por una respuesta favorable. Maira contó: “Nos prometieron y no cumplieron, lo que hacen es recambio de trabajadores. Se manejaron mal, me dieron de baja al monotributo, algo que es ilegal y, en consecuencia, mis hijos se quedaron sin obra social. Me ofrecieron la plata que a ellos les parecía y no acepté”. Agregaron que el comunero justicialista que se codea con Alberto Fernández, Miguel «Mope» Eviner, es quien “quiere darle trabajo a su gente y sacarnos a nosotros”. 

Explicaron que cobran cada dos o tres meses, a la vez que, varios de ellas y ellos cuentan con algún plan asistencial y si no tienen monotributo, no pueden cobrar nada.  

“Acá somos todos trabajadores. En la tele están poniendo que somos delincuentes, piqueteros, planeros y acá nadie es delincuente, ni planero, ni nada, somos trabajadores, trabajadores precarizados”, decía Maira. 

También contaron que los obligan a ir a limpiar después de cada acto político por el mismo sueldo, “cobramos $ 14.000 y si nos negamos a ir a los actos políticos para limpiar, nos descuentan el presentismo”, incluso pasan lista y les toman el presente. “Trabajamos en los barrios y en los actos políticos, terminamos haciendo militancia para ellos”, decía uno de los trabajadores. 

Constantes clausuras a espacios autogestivos en CABA 

El miércoles 14 por la mañana el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la rama de trabajadores de la Vía pública de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de la Ciudad de Buenos Aires movilizaron a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno porteño para protestar contra “las constantes clausuras a espacios autogestivos”. 

La nutrida concentración a las puertas del organismo porteño, en Juan Domingo Perón 2941, fue rápidamente respondida por el Gobierno con la presencia de un gran número de efectivos policiales, sin dar respuesta al reclamo de audiencia de los manifestantes. 

Las organizaciones convocantes exigieron “coherencia entre lo que se promete y lo que se hace” al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que no impulsa inspecciones a los numerosos talleres clandestinos que existen en la Ciudad y “en momentos de crisis laboral y económica” clausuró un galpón en Bajo Flores, que era utilizado por estos movimientos sociales para beneficio del barrio y con “criterios solidarios”. 

“Repudiamos los procedimientos ilegales por parte de la policía de la Ciudad y la AGC, la apropiación del espacio público, la aplicación xenófoba de la Ley de marca, exigimos cese a la persecución constante a lxs trabajadores de la vía pública y regularización de lxs mismxs”, exigieron las organizaciones convocantes, concluyendo con el reclamo de “¡Basta de coimeros y burócratas!”. 

Entrevista a Noemí Avalos del FOL en Plan B(aires). FM La Boca (90.1). Jueves de 18:00 a 19:00 

Necesitamos que nos levanten la clausura para poder trabajar 

M.H.: Tengo entendido que en el día de ayer por la mañana, el FOL y la Rama de trabajadores de la vía pública de la Unión de trabajadores de la economía popular (UTEP) de CABA movilizaron a la Agencia Gubernamental de Control. ¿Cuál fue el motivo? 

N.A.: Ayer accionamos de esta manera porque nos sentimos perseguidos en el sentido de que no nos quieren levantar la clausura de un galpón donde tenemos un productivo, del que muchos compañeros y compañeras dependemos. Ayer logramos, después de tanto agite, tener una reunión para mañana.  

M.H.: Un galpón en Bajo Flores. Contanos un poco qué actividad se desarrolla en ese lugar 

N.A.: Tenemos taller de costura ahí y el gobierno pone de pretexto que en su momento había un negocio clandestino y por eso nos tiene clausurados hace casi dos años, en 2019. Durante el año pasado no se pudo hacer nada por la pandemia, ahora estamos a un año y medio de reclamar que se levante esa clausura porque tenemos todo en regla. Dependemos muchas familias de ese trabajo y estamos parados desde 2019. Hace tres meses que venimos haciendo pedidos formales, no tuvimos respuestas así que no quedó otra que juntarnos con otras organizaciones que están en una situación similar, porque no los dejan trabajar en la vía pública. Ayer por suerte salió esta reunión. 

M.H.: Si no hubiera una respuesta satisfactoria, ¿cómo continúa este conflicto? 

N.A.: Volveremos con más fuerza. Todos dependemos de esta producción y necesitamos trabajar, no estamos pidiendo que nos den un plan para sobrevivir. Necesitamos que nos levanten la clausura para poder trabajar.  

Jornada de lucha por la liberación de Milagro Sala a 2.000 días de su detención 

En el marco de una nueva jornada de lucha por la liberación de Milagro Sala, el vocero y dirigente de la Tupac Amaru, “Coco” Garfagnini, habló sobre la situación de los presos políticos en nuestro país, las demandas de la organización y los poderes que están en juego.

El martes 6 de julio comenzó una nueva jornada de lucha por la liberación de Milagro Sala. Organizaciones sociales y políticas realizaron un acampe en Plaza de Mayo que se extendió hasta el jueves 8, en el día 2.000 de su detención arbitraria. Notas dialogó con Alejandro “Coco” Garfagnini, dirigente y vocero de la organización Tupac Amaru, sobre la persecución sistemática del gobierno jujeño contra las experiencias populares y el rol de la actual gestión nacional en relación a los presos políticos. 

–A 2.000 días de la detención de Milagro, ¿por qué el acampe en la Plaza de Mayo? ¿Qué buscan visibilizar? 

-De los 2.000 días de la detención de Milagro, 550 fueron durante nuestro gobierno. No podemos pasar por alto, siendo parte de este gobierno, que se prolongue la detención arbitraria de Milagro, utilizando las palabras del propio presidente. Además, el presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo, uno de los poderes del Estado. Si el Estado define que existe una detención arbitraria, esa arbitrariedad tiene que cesar. Sino no estaríamos viviendo en una democracia plena y en un estado de derecho pleno.  

-¿Entonces es un acampe contra el gobierno? 

-Seguramente Clarín, La Nación e Infobae van a decir eso, lo cual es mentira. Nosotros lo estamos diciendo por todos lados y por todos los medios que están a nuestro alcance. No es un acampe en contra del gobierno. Es un acampe para juntar energía militante. 

Volver a juntar a esa militancia que resistió los cuatro años de macrismo, que posibilitó que ese gobierno neoliberal no perdure ocho años y que pudiéramos derrotarlo en tan sólo cuatro. Esa militancia que luchó para que volvamos a tener un gobierno para todos, y con la agenda de lo más débiles en contraposición con la agenda de los más poderosos que tenía el macrismo; que militó para que no haya más persecuciones a opositores en la Argentina y para que nuestros compañeros queden en libertad. Sobre todo Milagro, que fue un emblema de resistencia al modelo neoliberal en nuestro país. 

Por todo eso vamos a buscar debatir con la militancia, encontrar esa necesidad de volver a construir energía y fortaleza militante que nos permita modificar las relaciones de fuerza, de la cual todos reclaman, pero nadie ejerce ninguna acción para construirla. Además, para que nuestro gobierno tenga la fortaleza necesaria para tomar las medidas que tiene que tomar, para que cumplamos con las promesas electorales que como fuerza política le expresamos a la sociedad.  

Nosotros en Plaza de Mayo vamos a discutir un modelo de país 

–¿Cuáles son sus expectativas del acampe? 

-El acampe nos va a encontrar en la Plaza de Mayo rodeados de humildes, que son los héroes que le han puesto el cuerpo a esta pandemia y a todas las pandemias que ha vivido nuestro país, en los comedores y en la pura fuerza de la solidaridad. Los poderosos van a estar el mismo día y a la misma hora en San Nicolás, intentando darle más velocidad a esa aspiradora por la cual concentran todos los días las riquezas de nuestra patria en pocas manos. Nosotros vamos a estar en Plaza de Mayo también pidiendo que la riqueza se distribuya.  

Quizás el acampe moleste a algunos sectores internos del Frente de Todos y quieran leerlo en clave de que es para perjudicar a fulano o a mengano, porque lamentablemente una parte de nuestra clase política está pensando más en las listas que en las necesidades de nuestro pueblo. Nosotros en Plaza de Mayo vamos a discutir un modelo de país, vamos a discutir que nuestro presidente vuelva a tener esas sinapsis con la militancia y con la base social que lo llevó al poder con el 48%. Esa es la fortaleza que puede llegar a tener -y que debería tener- Alberto Fernández para enfrentar a los poderosos de esta patria.  

–¿Están recibiendo el apoyo de otras organizaciones para la jornada de lucha? 

-Nosotros solos como Tupac Amaru esto no lo podríamos hacer. Somos una organización que ha sido muy golpeada en los años anteriores, así que solos no lo podríamos hacer. Tenemos la solidaridad y el acompañamiento de todos los que han resistido durante el macrismo. Del movimiento obrero, del movimiento de Derechos Humanos, de las organizaciones sociales y políticas que conforman ese núcleo que enfrentó al macrismo los años anteriores. 

–¿El gobierno nacional tomó alguna postura? 

-Desde el gobierno nacional hemos tenido algún apoyo. Recibimos pronunciamientos muy concretos y fuertes como el de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad (Elizabeth Gómez Alcorta), del ministro de Defensa (Agustín Rossi), del secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla), del ministro de Justicia (Martín Soria), y de un número importante de diputados que también nos acompañaron en estos años pasados que persecución, además de muchos compañeros que cumplen funciones en el gobierno. 

La organización popular es la propuesta para salir de la pandemia 

–¿Milagro es la única presa política de la Tupac Amaru? 

-Hay muchísimos compañeros en la misma situación de Milagro. Mirtha Guerrero, Graciela López, “Cacho” Sibla, “Diablito” Altamirano, Javier Nievas, Adriana y María Condori, Patricia Cabanna, entre otros. Tenemos otros compañeros en situaciones muy delicadas en Mendoza, donde también se vivió una persecución no tan virulenta ni tan potente, pero sí una persecución importante hacia nuestros compañeros, y donde también sufrimos el encarcelamiento de nuestros referentes.  

Hoy están fuera de la cárcel pero con muchísimos procesamientos, al estilo de Jujuy, con una catarata de denuncias una detrás de la otra. Muchísimos compañeros no están detenidos pero sí están procesados o imputados porque nos incluyen en causas masivas.  

-¿La persecución a Milagro se traslada a la Tupac también? 

-Claro, porque es el ABC de lo que hizo la oligarquía en el transcurso de la historia: no dejar vestigios de organización popular de la envergadura de lo que es la Tupac Amaru, en Jujuy sobre todo. Que esas experiencias no se puedan repetir, que se pierdan de la memoria colectiva, que esas experiencias no sirvan para que la militancia se las apropie y las multiplique en la Argentina. 

Nosotros siempre decimos que el aporte más grande que hizo la Tupac Amaru al movimiento popular fue de autoestima, de demostrar que si te organizás, si sos solidario, si tenés disciplina interna, se pueden resolver en las comunidades las problemáticas de salud, de trabajo y educación, que son básicas. Ese es el aporte que quieren borrar. Como decía Rodolfo Walsh, los poderosos siempre quieren que nosotros empecemos de nuevo, que no haya un sedimento de experiencias políticas y populares que permitan superar los embates, que no quede esa memoria militante. Eso es lo que han hecho con la Tupac Amaru. 

Nosotros creemos que la experiencia de Milagro es parte de la propuesta del movimiento popular para salir de la pandemia. Esa organización popular que resuelve las cuestiones básicas de su comunidad.  

–¿En qué situación están actualmente como organización, particularmente en Jujuy? 

-Estamos en la situación que nos dejó el macrismo, al cual enfrentamos. Quedamos muy magullados y muy golpeados, pero muy de pie también. Hemos logrado sostener la mayoría de las construcciones en distintas provincias del país. Quedamos muy golpeados particularmente en Jujuy, obviamente, donde todavía no hay democracia, por lo tanto, no estamos pudiendo hacer actividades como Tupac Amaru. Un ejemplo es lo que pasó en Campo Verde. Solamente con un reclamo barrial, los vecinos fueron violentados y perseguidos. 

Es muy difícil lo de Jujuy. Eso también nos moviliza, porque no puede haber semejantes barbaridades en la provincia y que nuestro gobierno lo mire con tanta pasividad y neutralidad. Pero la Tupac Amaru sigue en pie, sigue fuerte, con un amplio sistema de articulación con militancia dentro de las organizaciones, movimientos y espacios políticos. 

-¿Por qué le conviene a Gerardo Morales tener presa a Milagro? 

-Hay una concepción equivocada, a mi criterio, de nuestra fuerza política del Frente de Todes. Es la idea de que Cambiemos es un partido político con ideas de derecha, conservadoras y neoliberales que se inserta en el mapa electoral y disputa con sectores populares. Y no es así, Cambiemos no es un partido político, y te lo demuestra cómo están alineando los patitos ahora en función de las próximas elecciones, y cómo resuelven sus problemas internos. 

Cambiemos es la expresión electoral de los poderosos de este país, de los que no dan la cara, de la oligarquía argentina. Morales es también parte de eso, es el administrador de la provincia de Jujuy. El verdadero dueño de la provincia de Jujuy es Carlos Pedro Blaquier, hombre al quien Milagro militó para que lo juzguen por genocida. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani -los mismos que iban a Olivos en la época de Macri a jugar al pádel- lo desprocesó. 

Los verdaderos dueños de la provincia son los nuevos empresarios del litio, los productores del tabaco, los poderosos de Jujuy. Gerardo Morales es un administrador que disciplina internamente por fuera de toda cuestión democrática, y con el uso de la justicia como grupo de tareas. Cambiemos es la expresión de la oligarquía, y van a hacer todo lo que tengan que hacer en función de sus intereses. 

Guernica, a un año de la toma. Un camino de promesas incumplidas 

Por Silvio Schachter, 20 De Julio, 2021 

El 20 de julio del 2020, 2.500 familias, más de 10.000 personas, entre ellos 3.500 niñes, ocuparon 100 hectáreas en la localidad de Guernica, municipio de Presidente Perón.  Inmediatamente el bombardeo de los medios y de un grupo variopinto de políticos y funcionarios se desató contra quienes, en un acto desesperado, fueron empujados por la dramática necesidad de encontrar una porción de tierra para vivir. 

El 29 de octubre, 100 días después, a las 4:30, un operativo de una magnitud con pocos precedentes que involucró a 4.000 policías, se inició cortando la luz en toda la zona, para luego ingresar violentamente al predio donde aún se hallaban cerca de 1000 personas. Con gases y balas de goma contra familias con niñes que vivían allí, incendiando las chozas de madera y nylon, concretaron el ominoso desalojo que duró dos horas. El saldo más de 25 heridos y 40 detenidos. 

Poco después, el ministro Berni declaró: “Seguimos firmes… la usurpación de terrenos es un delito” y agregó: “Esto no es una cuestión de ponerse de acuerdo, el derecho a la propiedad privada es inviolable”. Acompañó sus declaraciones con un video difundido por varios medios donde expone que en lo que iba del 2020 desalojaron 868 tomas de terrenos y fueron presas 524 personas. Entre quienes celebraron el desalojo junto al ministro de Seguridad de la provincia, estaban en primer lugar, los que presentaron los papeles que los acreditaban como propietarios, Gervasio Pérez Pesado, el titular de El Bellaco S.A., que construye el country club San Cirano, Guido Giana, uno de los titulares de Liorsel S.A. poseedora de unas 350 hectáreas en la finca El Trebol. Giana  es además, concejal del municipio Presidente Perón por Juntos por el Cambio y director del Sanatorio Güemes, a ellos se sumó la intendenta justicialista de Presidente Perón, Blanca Cantero, que expresó su enconada oposición a las familias de la toma. La funcionaria declaró: “la usurpación de tierras en Guernica está impulsada por movimientos sociales o partidos políticos de izquierda” y rechazó la idea de buscar terrenos fiscales de su comuna para trasladar a las familias que están asentadas allí y porque “deben ser desalojadas y cumplir con la orden judicial” sin alternativa alguna. Cantero está en pareja con Carlos Alberto Acuña, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) e integrante del triunvirato que está a cargo de la CGT, quien llamó enfáticamente a terminar con la ocupación de tierras. 

Hoy, a un año del inicio de la ocupación, el terreno sigue baldío y muchas de las promesas del gobierno provincial, siguen sin cumplirse, incluso para aquellos que firmaron el acuerdo propuesto por las autoridades. Cientos de familias siguen sin haber recibido respuesta a sus reclamos básicos. En medio de una pandemia, que al iniciarse la toma tenía 4.000 contagiados por día cifra que en momentos del desalojo se había multiplicado hasta 16.000, tuvieron que arreglarse por sí solos, la mayoría hacinados en viviendas precarias sin condiciones mínimas para la vida en un cuadro severamente agudizado por la expansión del COVID. 

Las consignas “quedate en casa, lavate las manos, si tenés síntomas aislate” pensadas para el otro país, son un golpe al plexo que duele e indigna, para los que como en las villas y más aún en las tomas, carecen de agua y se hallan en condiciones de hacinamiento y sin recursos para defenderse de los contagios y de la muerte. 

En estos tiempos de pandemia, la crisis socioeconómica recrudeció golpeando especialmente a los más pobres, el desempleo para quienes trabajan en la economía informal ha sido arrasador, no se puede considerar el aumento de las tomas al margen de este cuadro de extrema gravedad, donde la mayoría de estas familias se hallan imposibilitadas incluso de acceder a una vivienda dentro de una villa. 

Como antes de la toma de Guernica, los violentos desalojos se han seguido produciendo tanto en la provincia de Buenos Aires, decenas de tomas de tierras tuvieron lugar en Quilmes, La Matanza, José C. Paz, Moreno, Florencio Varela, San Martín, Merlo, San Fernando, entre otros municipios como así también a lo largo de todo el país, Tierra del Fuego, Santa Fe, Misiones y Chaco, para mencionar algunos de los más recientes. La mayoría sin cobertura alguna por parte de los medios masivos, el manto de miedo que impuso la pandemia permite ocultar casi todo, el deseo excluyente de inmunidad parece servir a quienes silencian los actos que gozan de impunidad. No hay vacunas contra la pobreza. 

Una sociedad cada vez más insolidaria e individualista, permite el desarrollo recurrente de la práctica del desalojo compulsivo de las tomas para las familias desamparadas, lo cual las condena inevitablemente a ser eternas parias urbanas. La metodología expulsiva no resuelve el conflicto estructural, sólo lo desplaza hacia otro lugar. 

Desde el Parque Indoamericano a Guernica 

Diez años antes de la toma de Guernica, otra ocupación tuvo alto impacto en los medios. El Parque Indoamericano, un espacio público de aproximadamente 130 hectáreas, ubicado al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Villa Soldati, recuperado por relleno de antiguos basurales y, en ese momento, escasamente forestado y en estado de abandono. La ocupación por habitantes de las villas de la zona, que según verificó el censo posterior en su mayoría eran inquilinos, duró cuatro días. El 7 de diciembre de 2010, con un brutal accionar, una fuerza conjunta de la policía Federal y la Metropolitana desalojaron a balazos a los ocupantes con dos muertos y decenas de detenidos. Ningún responsable está preso y sí fueron procesados los representantes de las familias que participaron de la toma. 

Hay varias diferencias entre una y otra toma, en primer lugar, un contexto distinto con respecto a la toma de Guernica, el terreno era público, en la represión se superpusieron roles entre el gobiernonacional del Frente para la Victoria y el gobierno de la Ciudad en manos del PRO y sus aliados, que ante el repudio por la forma violenta de actuar se intercambiaron culpas y responsabilidades. Entre los reclamos figuraban el incumplimiento de la ley que reglamentó la construcción de viviendas para los habitantes de la villa 20 y la de urbanización de las villas de la CABA. La represión se justificó en la defensa de un bien público y el rechazo de los vecinos propietarios a la radicación allí de quienes consideraban individuos peligrosos. Una absurda retórica teniendo en cuenta que en la CABA ambos gobiernos estaban decididos en seguir privatizando tierra pública para el negocio inmobiliario. La gestión Macri/Larreta tiene el récord en la materia. 

En el caso de Guernica el Estado usó su aparato represivo en defensa de los recientes propietarios privados y no hubo contradicciones entre los distintos niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional, aunque tuvieran matices de cómo realizarlo. Hubo un proceso de negociaciones que involucró a diferentes actores que duró tres meses. La toma de Guernica tuvo lugar en el marco de la pandemia en desarrollo y con final incierto, que agigantó el drama de las familias ocupantes. 

En las dos situaciones la Justicia cumplió con su papel clasista, en el Indoamericano desde el ministerio Público Fiscal de la CABA, el fiscal Carlos Rolero inició, el mismo día de la toma del predio, un proceso por usurpación y el juez del Fuero Penal, Dr. Gabriel Eduardo Vega, dio a lugar, planteando la necesidad del desalojo para restituir el inmueble. La premura con que se actúa en el ámbito judicial para perseguir a los más pobres puso de relieve su contracara con relación a la morosidad con que se tratan los casos de delitos que involucran a sectores del poder político y económico.   

El desalojo de la toma de Guernica fue ordenado por el juez de Garantías de La Plata, con asiento en Cañuelas, Martín Rizzo, y la restitución del predio a los propietarios fue realizada por el fiscal penal de La Plata a cargo de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta. Hubo dos postergaciones para abrir un tiempo de negociación, el procedimiento final tuvo la cuota de violencia ya señalada. Sea con balas, gases, topadoras o amenazas y coerción, los desalojos casi siempre incorporan una forma de violencia hacia quienes están entre los más vulnerables de la sociedad. Amparados en recursos legales para la punición como la Ley 24454 que en 1995 sancionó el Congreso Nacional, que modificó el delito de usurpación regulado en el Código Penal de la Nación. Esta norma amplió los medios comisivos del delito de usurpación, esto es, las formas a través de las cuales se comete ese delito y, a su vez, aumentó el monto de las penas previstas como castigo. Para quienes ocupan terrenos para darle un valor de uso esencial, el trato es ponerlos en la vereda de usurpadores ilegales, criminalizándolos y judicializando sus reclamos. Así los gobiernos tienen un aliado sobre el que recostarse para justificar sus actos. 

Quienes se refugian selectivamente en la ley, se niegan a cumplir con las resoluciones adoptadas por nuestro país en materia del derecho a la vivienda, como la Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos de la ONU de 1976 que señaló: “Que ante el aumento de la población… el desarrollo económico desequilibrado… La rápida urbanización improvisada… La dispersión rural… Unas condiciones sociales, ecológicas y ambientales ejemplificadas por la segregación social, la ruptura de las relaciones sociales y de los valores culturales tradicionales y el aumento de la degradación de los recursos necesarios para la vida en el aire, el agua y la tierra… la vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico, y que los gobiernos están obligados a dársela a todos sus habitantes en particular a las clases más desposeídas. Estos principios fueron ratificados por conferencias y diversos eventos internacionales posteriores. Derechos que fueron consagrados por la Constitución Nacional y numerosas leyes aprobadas por el Congreso y las legislaturas provinciales. 

Tanto en la ocupación del Parque Indoamericano como en la toma de Guernica el causal común es sistémico, se debe a  la falta de políticas que tiendan a romper con la lógica capitalista de no considerar el suelo urbano como un bien común, negando el derecho  a la vivienda y a un hábitat digno 

Los medios y la sacralidad de la propiedad privada 

Si bien la línea editorial de los medios masivos es ocultar la mayoría de los desalojos que se producen desde hace décadas, invisibilizando a sus ocupantes y obviando todas las causas tanto circunstanciales como estructurales que fundamentan esto acontecimientos, puntualmente por su magnitud y localización algunos reciben una atención diferencial. 

La ocupación de Guernica fue utilizada para definir líneas de acción que trascendieron su propia temporalidad y motivación, una situación sobre la cual actuaron una sinergia de intereses y actores, gobiernos, justicia, fuerzas represivas, medios de comunicación,  partidos políticos y organizaciones sociales que se posicionaron enfrentando o respaldando a las familias y sus modos democráticos de auto-organización, sabiendo que  la forma en que se resolviera el conflicto era una señal a futuro, no solo para quienes estaban involucrados directamente, sino para cientos de miles que se encuentran en una situación de indigencia y emergencia habitacional. 

Desde las posiciones más reaccionarias hasta las que se consideran progresistas, acordaron condenar el método utilizado, el mensaje oficial fue, entendemos la situación por la que atraviesan los ocupantes pero este no es el camino. “Tiene razón, pero marche preso”, dice el aforismo. 

Como siempre los medios hegemónicos sostuvieron la defensa de la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho o contingencia, exigiendo el inmediato desalojo por la vía que fuese, la violencia incluida, pues ante la violencia de la usurpación de los ocupantes ilegales solo les cabe la respuesta contundente y ejemplar de quienes deben velar por los bienes debidamente acreditados. “Esto sirvió para que en la Argentina se dejaran de dar estas discusiones sobre propiedad privada sí o no. En ese momento fue como discutir cosas del pasado, y cualquiera sea el gobierno, está claro que la propiedad privada tiene que ser sagrada”, declaró para Infobae el Concejal propietario, Guido Giana, en mayo de 2021. 

En una nota reciente del diario La Nación del 14/06/21 titulada “Los pasos a seguir cuando te toman un terreno o una casa”, abogados de grandes estudios, conocedores de cómo funciona el sistema judicial, aconsejaban qué hacer para que los desalojos sean más rápidos y efectivos. 

Los ocupantes cuando no pueden ser invisibilizados son cargados de todos los estereotipos y estigmatizaciones que ya forman parte del imaginario construido por la cultura hegemónica, racismo, xenofobia, odio de clase, una combinación de categorías reaccionarias que generalmente reciben quienes no acreditan ser descendientes de los que “bajaron de los barcos”, un nosotros de origen europeo frente a aquellos que llevan la huella genética de los pueblos originarios, sean estos de nuestro país o de otro territorio de Nuestra América, víctimas de la  segregación social que sufren por no ser parte de los poseedores de recursos para integrar el universo de los consumidores y deudores solventes del sistema financiero. 

Durante los primeros días de septiembre otro conflicto desplazó la atención sobre Guernica, la policía bonaerense se sublevó con reclamos laborales. Miles de sus miembros armados se apostaron amenazantes frente a la Casa de gobierno en Olivos y en La Plata. Ante un acto ilegal de sedición, que trajo a la memoria otros nefastos acontecimientos, la respuesta oficial y del arco político opositor fue legalizar el reclamo y responder con premura a las demandas. Mientras tanto para los ocupantes que reclamaban un techo para vivir se achicaba el cerco con amenazas represivas que se cumplirían poco tiempo después. Los dueños de la tierra contaron como siempre con el respaldo del Estado de clase y sus instituciones, los gobiernos, la justicia y las fuerzas policiales. La vida vale muy poco cuando se trata de defender el derecho de propiedad. La ocupación de tierra no es un modelo ideal, es el primer paso de un tránsito difícil e incierto hacia una vivienda, es el camino forzado para sobrevivir, porque el techo no es una opción, como no lo es comer o estar sano, es un imperativo para subsistir. Desde los orígenes de la humanidad el alimento y el techo son condiciones primarias para la reproducción de la vida. 

Los dueños de la tierra 

Los relevamientos realizados en la toma demostraron que la mayoría de los ocupantes eran inquilinos de las villas vecinas, una modalidad creciente para aquellos que no pueden acceder ni siquiera al mercado inmobiliario informal de la venta de las viviendas en hábitats precarios. El precio de la renta que deben pagar por morar hacinados, aumenta al ritmo del mercado formal y se vuelve cada vez más difícil o imposible de pagar. Los planes nunca los tienen como destinatarios a pesar de representar en muchas villas el 40% de sus habitantes. 

Las posibilidades de vivir en una villa se vinculan cada vez más a la posibilidad de alquilar un cuarto con baño compartido, donde viviría toda la familia, sin importar la cantidad de miembros. Suelen ser habitaciones de menos de 10 metros cuadrados, muchas sin ventilación y donde se cocina con una garrafa. 

En la raíz del conflicto por el uso de la tierra urbana está la propiedad del suelo. El suelo que es apropiado por el mercado deja de ser un bien común destinado al uso para transformarse en una mercancía, pero no es cualquier tipo de mercancía, pues no es producida por el trabajo, tampoco es reproducible y, por tanto, es un bien limitado. 

No hay vivienda sin terreno, y si bien estos no tienen valor, pues no son producto del trabajo, sí tienen precio, y el precio lo pone el mercado. Entonces surge el conflicto entre el deber ser de dar vivienda y la realidad de su negación, y esta realidad es que miles de familias no pueden pagar un precio que es básicamente especulativo, porque en él están contenidas las rentas, absolutas y diferenciales, generadas socialmente e incrementadas por la inversión pública. Esta es la esencia de este conflicto social, es el nudo que encubre la charlatanería mediática y la impostada ofuscación de los políticos mediocres. 

El conflicto se explicita cuando la expansión de la Ciudad aumenta el interés y el precio sobre algunos de estos predios. El AMBA es un territorio donde habitan los más pobres y a su vez los más ricos que se recluyeron voluntariamente en countries. En un radio de 100 km hay cerca de 900 villas y asentamientos y en la misma megalópolis se construyeron 1.100 barrios cerrados de todas las escalas. Muchos de los terrenos, que en las décadas del 50, 60 y 70 del siglo pasado eran loteados por rentables empresas de bienes raíces que los fraccionaban y ofrecían a pagar en accesibles e infinitas cuotas fijas, sobre los que se expandió la conurbanización de los trabajadores, hoy son apetecidos para mega emprendimientos de operadores inmobiliarios. La colisión se produce, en esta línea de tensión entre el derecho a la Ciudad en una vivienda digna y la defensa cerril de la propiedad privada del suelo como instrumento para la reproducción de ganancias extraordinarias. 

El Estado, aunque se diga lo contrario, no es el mediador que garantiza el derecho de los más débiles, es parte del problema, pues ha sido y es, más aún durante los últimos gobiernos, el principal proveedor de tierra pública para el mercado inmobiliario a través de la privatización dirigida de los mejores predios del AMBA, especialmente de la CABA, mientras que la utilización de terrenos para vivienda social se ha ido reduciendo sistemáticamente. 

La pobreza de la población, asociada a la falta de empleo y la precariedad del mismo, los bajos salarios, la falta de políticas públicas tendientes a favorecer el acceso al suelo de la población en peores condiciones respecto a empleo e ingresos, definen que los pobres e indigentes urbanos no poseen ninguna posibilidad de acceder al suelo urbano y vivienda de manera “formal” o “legal”. Los planes de vivienda y los créditos son para aquellos que pueden acreditar ingresos regulares y afrontar cuotas que este sector no puede sostener. 

De no mediar un cambio profundo en la lógica y la práctica política que empujan hacia la mercantilización del suelo, el conflicto se intensificará de manera inevitable y mal que les pese a los que confían en los resultados represivos, seguirán apareciendo nuevas Guernica. 

¿Cómo salir de la encrucijada? Entre las diversas propuestas hay que pensar en la combinación de formas de propiedad colectivas, cooperativas, comunitarias y estatales, apoyadas en la participación autogestiva de quienes aspiran a una vivienda en un hábitat digno, fuera de las formas hegemónicas de reproducción del espacio del capitalismo, es una alternativa válida con experiencias positivas ya realizadas, que debe ser considerada como parte de un camino de transición hacia una ciudad pensada en el bien común. 

Fuentes: iProfesional, Anred, Resumen  Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Encuentro Cultural para la Liberación, Nuevo Diario de Salta, Plan B(aires), contrahegemoniaweb.com.ar, Red Eco Alternativo.