¿El agua de Puebla para todos algunos/as?

En diciembre de 2013, el gobierno estatal a cargo de Rafael Moreno Valle entregó el control del agua en la zona metropolitana de Puebla a la empresa privada Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida públicamente por su marca «Agua de Puebla para Todos». A más de una década de esta privatización, la población enfrenta aumentos descontrolados en tarifas, interrupciones prolongadas del servicio, conflictos socioambientales crecientes y múltiples indicios de corrupción. Este reporte documenta cómo, bajo la administración privada, el derecho humano al agua se convirtió en mercancía y en privilegio.

La confusa estructura accionaria de Concesiones Integrales

La empresa concesionaria, Concesiones Integrales, fue constituida el 19 de diciembre de 2013, apenas tres días antes del fallo licitatorio. El proceso fue tan acelerado que al momento de firmar el contrato de concesión por 30 años, el 26 de diciembre, la empresa no tenía experiencia previa en el sector hídrico. Su inscripción original en el Registro Público de Comercio se hizo en Aguascalientes, lejos de la jurisdicción de Puebla. Ahora, saber quiénes son dueños de la empresa es un laberinto financiero.

Originalmente (entre 2014 y 2023) la estructura accionaria era la siguiente:

% capital social	Accionista corporativo
75 %	Monex, S.A.P.I. de C.V.
24.7 %	EPCCOR Servicios, S.A. de C.V.
0.224 %	Agua de México, S.A. de C.V.
0.011 %	Tecnología Intercontinental (TICSA) S.A.P.I. de C.V.

Según el Registro Público de Comercio (RPC) la estructura accionaria de Concesiones Integrales a partir de 2024, después de la venta aprobada en 2023 por el Concejo Directivo de SOAPAP, presidido en ese momento por Sergio Salomón Céspedes, había quedado más o menos de la siguiente manera:

% capital social	Accionista corporativo
≤ 75 %	Fideicomiso “Xinfra Fibra E”
≥ 25 %	EPCCOR Servicios, S.A. de C.V.
≥ 3%	Tecnología Intercontinental (TICSA)
< 1 %	Agua de México, S.A. de C.V.

Lo anterior significaría que Xinfra, un fideicomiso promovido por Promotora MexPac, S.A. de C.V, administrado por ApxCapital, con Banco Invex, S.A. como fiduciario pasó a controlar la mayoría accionaria y el consejo directivo, mientras que EPCCOR, de la familia Gutiérrez Cortina, mantuvo una participación minoritaria de aproximadamente el 25% así como una influencia considerable sobre decisiones técnicas y contratos de obra pública. Sin embargo, en noviembre de 2024 el entonces director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso Local presentó otra estructura accionaria:

% capital social	Accionista corporativo
56.55%	Hermes Infraestructura
25 %	Fideicomiso “Xinfra Fibra E”
18 %	Agua de México, S.A. de C.V.

Estas versiones aparentemente contradictorias pueden no serlo. En 2022 Grupo Industrial Hermes (de la familia Hank) compró fuera de libros la participación que originalmente pertenecía a Grupo Monex y la dejó en un vehículo intermedio (HI20, S. A. de C. V.) que todavía no ha sido protocolizado en el RPC. Al no estar inscrito, en el folio mercantil aún aparece el fideicomiso Xinfra como titular; Durán, sin embargo, probablemente expuso la identidad de los beneficiarios finales.

Xinfra controla acciones serie A, que le dan control operativo, pero vende Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) a Afores; esos certificados son “derechos económicos” sobre la misma participación. Hermes es posiblemente propietario de parte de ellas, o de un vehículo tenedor de CBFEs. En la comparecencia Durán no nombró la porción de EPCCOR porque posiblemente se amortizó o diluyó al momento en que Grupo Hermes y Xinfra entraron. En el acta registrada de febrero de 2025 EPCCOR sigue con acciones serie B, pero podría ya estar pactada su venta en un “segundo tramo” aún no liquidado, y por eso podría persistir la dualidad.

Dentro de este laberinto financiero podemos afirmar algunas cosas: que Xinfra tiene el control operativo; que según lo legalmente inscrito el control accionario directo sigue repartido entre Xinfra (serie A) y EPCCOR (serie B); según lo que hasido publicado sobre Xinfra, los Afores poseen la mayor parte de los CBFE’s; si tomamos en cuenta lo declarado por Durán, parte de ellos pueden haber sido adquiridos por Hermes Infraestructura sin haber sido protocolizados aún. Mientras no se protocolice la compraventa completa ni se publique el registro de tenedores de CBFEs, la ambigüedad permanece entre la versión oficial del RPC y la versión “económica” que expuso el ex-director Durán. Todo este enredo es resultado de la opacidad crónica bajo la que opera Concesiones Integrales.

¿Quiénes son los personajes detrás de las corporaciones?

EPCCOR es del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina (un constructor ligado al ex presidente Carlos Salinas de Gortari), también es dueño de la constructora Gutsa (que se encargó de importantes obras en los gobiernos de Fox y Calderón y que se vieron involucradas en maniobras poco transparentes que fueron auditadas en su momento). Su hijo, José Miguel Gutiérrez Sainz, es uno de los dueños de EPCCOR Servicios y director general de Grupo Agua de México. En la cartera de clientes de EPCCOR Servicios se encontraban la CFE, Televisa, Pemex, IMSS, Teletón, CONAGUA y la SCT cuando Enrique Peña Nieto era presidente.

Xinfra Fibra -E es un instrumento de inversión creado por APX Asset Management S.C. fundado y dirigido entre otros por Alfredo Vara Alonso. Fundó el primer REIT hipotecario de México (FHipo) y la boutique de banca de inversión VACE Partners. Como Director General de Banobras administró activos por ~US $40 000 M y copresidió FONADIN. Su gestión fue criticada por negarse a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y por la contratación directa de talleres con la firma Eviromex S.C., ligada a presuntos conflictos de interés. Durante su gestión Banobras, según señalan fuentes periodísticas, siguió girando 0.9 mdp al Instituto Tecnológico de Centla mediante un convenio ya calificado como irregular; la ASF advirtió ausencia de entregables y posible responsabilidad administrativa en una serie de operaciones al estilo de la Estafa Maestra. Además, en la construcción Viaducto Bicentenario en el Edomex, Vace Partners (fundada por Vara) asesoró el financiamiento de la autopista señalado por legisladores y el abogado Díez Gargari como parte de una “red sofisticada de corrupción” ligada al sexenio de Peña Nieto.

Carlos Hank Rhon es dueño de Grupo Hermes, un conglomerado industrial y de la construcción. Lo integran Hermes Construcción, Hermes Concesiones , HOATSA Operación y Hermer. Carlos Hank Rhon, era dueño del Grupo Financiero Interacciones, un conglomerado de las finanzas que ya no existe y tenía su propia casa de bolsa. Vendió su empresa financiera a Grupo Banorte, tiene lazos familiares con los accionistas de Banorte. Históricamente ha estado ligado al grupo Atlacomulco, son un ejemplo de las mayores redes de poder mafioso y político en México. Curiosamente aunque era parte de lo que alguna vez se nombró como mafia del poder, logró importantes acuerdos con Morena desde la administración de López Obrador y aumentó sus riquezas en la pasada administración. Jorge Hank Rhon, su hijo, ha sido conocido por su amplio historial criminal, un rey del crimen de cuello blanco y señalado por múltiples asesinatos. Hank Rohn fue conocido también por su militancia priísta. En Tijuana extendió sus tentáculos, se le acusó de mandar a asesinar al fundador del semanario ZETA, crimen por el que “extrañamente” nunca fue investigado. Una parte de sus riquezas las generó a partir de la concesión del Hipódromo Agua Caliente, de donde viene el famoso centro de apuestas Grupo Caliente.

¿Entonces quién dirige y administra la empresa?

Desde 2024 el director general es Jordi Bosch Bragado. Su cargo anterior fue como director de Aguas de Saltillo (Agsal) en donde enfrentó denuncias sociales por altos costos y cortes en zonas periféricas. Su llegada coincide con la reconfiguración accionaria y con la obligación de invertir más de $7,641 millones de pesos entre 2025-2044 para cumplir su contrato.

Actualmente el Concejo de Administración de Concesiones Integrales está integrado por cuatro integrantes de Xinfra (Alfredo Vara Alonso, Lorena Barrientos, Jesús Ordaz, Emilio Sanders) y cuatro designados por EPCCOR (Juan Diego Gutiérrez Cortina, José Miguel Gutiérrez. Sainz y Adolfo Gómez García).

Los cuatro integrantes del Concejo por parte de Xinfra son ex-funcionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Este traspaso revela una probable «puerta giratoria» entre Banobras y la empresa que gestiona el agua, comprometiendo la independencia regulatoria y financiera del servicio.

¿De dónde extraen el agua que venden?

Hasta 2023 Concesiones Integrales tenía una infraestructura de 200 pozos, 505 tomas intermedias, 116 estaciones de rebombeo, 3 387 km de red, seis plantas potabilizadoras y administra cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, de acuerdo con reportes de pobladores de las zonas cercanas a ellas operan de manera deficiente o simulada.

Cuatro baterías de pozos dentro de la ciudad (Loreto, La Constancia, San Baltazar y San Rafael) siguen siendo el corazón del abastecimiento; bombean agua del acuífero Valle de Puebla, que hoy muestra abatimientos de 1-3 m anuales según CONAGUA. El sistema Nealtican-Acuexcomac donde hay un abatimiento del –60 m; manantiales secos, pérdida de nivel freático y hundimientos; y el sistema Xoxtla donde se cedió el agua sin consentimiento previo, funcionan como “llaves de alivio” para sostener el desmedido crecimiento inmobiliario de la capital (Angelópolis y periferia sur-poniente). Además, Concesiones Integrales busca diversificar captaciones en Cuautlancingo y rehabilitar más pozos en Xoxtla.

Junto con los pozos operados directamente por la concesionaria, han sido detectadas por la propias autoridades decenas de perforaciones sin título en la zona conurbada que terminan conectadas a la red o al negocio de pipas, complicando el balance real del acuífero.

En síntesis, el agua que comercializa Agua de Puebla proviene básicamente del acuífero Valle de Puebla (dentro de la Ciudad) y de tres campos periféricos (Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla), con nuevos proyectos en Cuautlancingo. Cada uno de estos frentes de extracción implica conflictos sociales y ambientales que hoy condicionan la viabilidad a largo plazo de la concesión.

Según lo declarado por el ex-director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, ante el Congreso de Puebla, el cobro del servicio que resulta de toda esa extracción de agua representó para la empresa ingresos por 80 millones 691 mil 23.74 pesos en 2022, 88 millones 32 mil 750.35 pesos en 2023, y 65 millones 948 mil 50 pesos hasta octubre de 2024.

Manejo opaco de recursos y relaciones institucionales

Los estados financieros de la empresa revelan que Concesiones Integrales está altamente apalancada. En 2024 contrajo una deuda bancaria por 1,140 millones de pesos con Banobras y 2,492 millones de pesos con Banorte, creando un riesgo significativo para las finanzas públicas en caso de rescisión o incumplimiento. Además, existe evidencia contundente de cobros indebidos: la empresa ha cobrado mensualmente por un tratamiento de aguas residuales inexistente. Por ejemplo, la planta tratadora Alseseca Sur permanece inoperante y las aguas residuales, muchas de ellas industriales con componentes tóxicos, permanecen a cielo abierto en lo que queda de los ríos que atraviesan la ciudad.

Desde su creación, la concesionaria estuvo envuelta en irregularidades. El contrato menciona a una asociación denominada «Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C.» como testigo social, pero nunca presentó ningún informe público, violando así los requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas en contrataciones públicas.

Asimismo, la velocidad extrema del proceso licitatorio (apenas tres días desde la constitución de la empresa hasta el fallo definitivo) evidencia posibles acuerdos previos e influencia indebida de actores políticos, particularmente vinculados al entonces gobernador Rafael Moreno Valle y su gabinete. La reserva ilegal del contrato, declarada «dolosa y equívoca» por jueces federales hasta 2020, añadió más opacidad al proceso.

Además, EPCCOR, socio clave de Concesiones Integrales, tiene un amplio historial de irregularidades en obras públicas, tales como la construcción defectuosa de la Estela de Luz y el Paso Exprés en Cuernavaca, lo que genera dudas sobre la idoneidad y legalidad de su participación en este tipo de contratos públicos.

Por otro lado, el ex-director Héctor Durán actualmente es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunto enriquecimiento inexplicable, involucrando propiedades de lujo en Puebla y Miami, así como automóviles de alta gama adquiridos durante su gestión.

Sobreexplotación del agua y altas tarifas

La gestión privada intensificó gravemente la explotación de acuíferos, afectando de manera directa a comunidades periféricas. Poblados como Nealtican, Acuexcomac, Xoxtla y Sanctorum sufren el agotamiento acelerado de sus fuentes de agua, lo que ha derivado en movilizaciones y protestas sociales constantes. En Nealtican, la comunidad clausuró simbólicamente pozos ante la sequía de sus manantiales; en Acuexcomac instalaron una guardia permanente; en Xoxtla, vecinos realizaron bloqueos viales para exigir se cancele la cesión del agua. Estos conflictos evidencian la insostenibilidad socioambiental del modelo de extracción promovido por Concesiones Integrales.

Agreguemos la sobreextracción el inexistente saneamiento de aguas residuales domésticas e industriales que no solo resultan en un modelo insostenible ecológicamente, sino que también representa un riesgo sanitario grave.

Además, en la ciudad de Puebla, más de 100,000 cortes del servicio por falta de pago y aumentos tarifarios acumulados de hasta 500% desencadenaron más de 5,000 amparos, la mayoría ganados por usuarios afectados. Esta conflictividad constante revela una violación sistemática del derecho humano al agua y una incertidumbre permanente en términos de costo por el servicio y certeza en su suministro. Lo que también muestra la insostenibilidad del modelo de servicio de la empresa.

Negligencia operativa y laboral

El historial operativo de la empresa revela negligencias que ocasionaron accidentes y muertes evitables. Un trabajador murió intoxicado en 2018 mientras realizaba labores en una alcantarilla sin el equipo de seguridad adecuado. Además, este año el uso improvisado de carrizos y palmeras como señalización en obras generó múltiples accidentes viales sin que la empresa enfrentara sanción alguna. Estas acciones constituyen graves violaciones a los derechos laborales y obligaciones de seguridad.

Asimismo, desde 2020, Concesiones Integrales despidió alrededor de 1,200 trabajadores del antiguo organismo público (SOAPAP), reemplazándolos mediante esquemas precarios de outsourcing, generando conflictos laborales permanentes sin solución efectiva que pone en duda la capacidad de Concesiones Integrales de tener una plantilla laboral calificada para mantener un servicio tan amplio y complejo de gestionar adecuadamente.

Para los pueblos no es sequía, es saqueo

La falta absoluta de consulta y consentimiento a los poseedores del territorio de donde se saca el agua, los pueblos indígenas y campesinos, revela un profundo racismo y clasismo tanto en las grandes corporaciones extractivas (como Concesiones Integrales) como en el propio Estado. Existe una política sistemática de desprecio y colonialismo que reduce a estas comunidades a simples territorios donde imponer políticas, ganar votos, despojarlos y hacer avanzar proyectos desarrollistas sin su consentimiento y consenso.

Resulta, además, profundamente contradictorio que, en medio de una crisis ambiental planetaria y con discursos “sostenibles” tan en boga, las empresas y el Estado continúen ejecutando proyectos ecocidas y negocios, mercantilizando todo lo común. Estas dinámicas son las que, en Puebla, explican el saqueo del agua y reflejan un problema global. Si de verdad nos importa la salud del planeta y nuestro bienestar socioambiental, debemos reconocer que las y los verdaderos guardianes de la naturaleza son los pueblos originarios. Cuando defienden el agua, no protegen solo “su” patrimonio, defienden la vida de todo el planeta.

El Estado puede decir lo que quiera, pero quienes habitamos la ciudad tenemos la responsabilidad y el derecho de decir NO a este saqueo y ecocidio sistemático. Como habitantes de Puebla, podemos y debemos dejar en claro que no aceptamos más robos de agua en nombre del “desarrollo” o “progreso”. Manifestarlo es urgente y necesario.

La vieja estrategia de “consultar” a unas cuantas personas para luego decir que se ha cumplido con los procesos estipulados en el Convenio 169 de la OIT ha sido recurrente en las administraciones de la autodenominada Cuarta Transformación y en todas sus antecesoras. Tanto, que el nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como magistrado de la SCJN se convierte en una pieza central de esta política de despojo y neocolonización disfrazada de transformación. La farsa detrás del “Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua” firmado entre el gobierno y las empresas lo demuestra con total claridad: las preferencias estatales están con las compañías, no con los pueblos. Los acuerdos se hacen con ellos, la política de “compensación” de que empresas altamente ecocidas y extractivas como coca cola regresen unos cuantos litros de agua es una pantomima para asegurar las concesiones a las mayores corporaciones ecocidas y criminales del planeta. Así mientras a ese tipo de corporaciones se les trata como interlocutores se busca despejar el camino y ahí estorban los pueblos.

Maniobras como el Plan Nacional Hídrico, las contralorías ciudadanas del agua y toda esa retórica de “acuerdos sostenibles”, “reordenamientos territoriales” o “reapropiación” no son más que simulaciones para que el extractivismo gane aceptación, sea aplaudido y oculte lo que sucede en realidad: se libra una guerra del mercado contra la población, del capital contra quienes se le interponen. Ahí está el origen de un problema que vivimos a diario, que es inocultable y que seguirá en aumento.

Algunas cifras de acuerdo con la plataforma Poplab, cada año en México se extraen 133 mil millones de litros de agua para la producción de comida chatarra. Coca-Cola, por sí misma, ocupa más del 40% del total, que además de la brutal extracción no regulada ni supervisada eficientemente, con concesiones bastante cuestionadas y varias veces denunciadas, generan a su vez toneladas de basura. Solamente por mencionar algunas cifras alarmantes de extracción de agua al año en México:

• Coca Cola. 55 mil 812 millones de litros.
• Pepsi. 32 mil 000 millones de litros.
• Danone. 15 mil 437 millones de litros.
• Nestlé. 9 mil 778 millones de litros.

La inconsistente postura de Armenta sobre la cancelación de la concesión

En febrero de este año Alejandro Armenta afirmó que se violó la ley para favorecer a Concesiones Integrales en 2013, pues: «Teníamos gobernantes corruptos que solo pensaban en las obras, como el Museo Barroco, que pensaban saquear al estado y tenemos que venir a arreglar su cochinero, esa es la verdad».

En esa misma declaración sostuvo que «si de plano no quieren servir a Puebla y solo están pensando en cuánto ganar» la empresa debe retirarse. Señaló que Agua de Puebla era un ejemplo de las empresas «extractivas» que priorizan la ganancia sobre el servicio. «Mientras yo sea gobernador las vamos a perseguir o las vamos a correr de Puebla, no queremos empresas que saqueen a Puebla» dijo.

Poco tiempo después declaró que su administración no retiraría el contrato a Agua de Puebla, pues esto representaría un gasto enorme para el estado, en esa misma declaración afirmó que durante su gobierno no habría más lugar para empresas como Agua de Puebla.

Y unos días después mencionó una propuesta: “Estamos trabajando en una propuesta, daremos sorpresas, con Agua de Puebla hay voluntad, lo importante es que cuando hay voluntad las cosas se resuelven y el acceso al derecho humano al agua es fundamental para nosotros y lo vamos resolver”.

Volvió a afirmar que revertir las concesiones de la privatización del agua a la empresa Concesiones Integrales costaría al erario un total de 22 mil millones de pesos, una cifra exageradamente elevada (se estima que la remunicipalización costaría entre 10 y 15 millones) y que no toma en cuenta otras posibles rutas que podrían reducir mucho el costo como una salida “por cesión”, transferir deuda de Concesiones Integrales con Banobras a un vehículo estatal con garantía federal, entre muchas otras, más aún tomando en cuenta la posibilidad de documentar el incumplimiento de los términos de la concesión. En ninguno de los casos Armenta ha planteado una ruta ni una intención clara de remunicipalizar el servicio. Las afirmaciones y cambios tajantes en las posturas de Armenta dan cuenta de una simulación discursiva a la que hay que poner atención.

Crímenes de negligencia corporativa

Ante la cadena de irregularidades, abusos e imposiciones en torno a Concesiones Integrales podemos concluir que estamos ante actos y omisiones que generan un riesgo previsible de daño a terceros o al interés público. Los indicios de corrupción, la negligencia, el saqueo, las violaciones a los derechos laborales, los daños a terceros por sus obras mal hechas no podrían funcionar sin el apoyo activo, omiso o aquiescente del Estado. Ambos, corporación y Estado han entablado una relación de interés mutuo.

Esta relación da cuenta de un punto clave del poder corporativo: los delitos y los daños corporativos siempre permitirán que la búsqueda de beneficios financieros prevalezca sobre las necesidades humanas y la protección social. Y es por esta razón que los Estados capitalistas (aunque se nombren como capitalismo humano) nunca podrán ofrecer una solución a este problema, porque son parte esencial de él. De ahí que gran parte de los daños corporativos queden impunes.

El diseño legal de la sociedad anónima y la selectividad del Estado en la aplicación de la ley crean una “garantía mutua”: el Estado habilita a las empresas a actuar y calibra o retrasa los controles que podrían frenar sus abusos. En la práctica, la búsqueda de lucro corporativo prevalece sobre la protección social, reproduciendo un circuito de poder que hace posibles los daños a gran escala con escasa sanción penal efectiva, incluso la sanción civil, cuando ocurre, es mínima en comparación a las ganancias obtenidas por el daño ocasionado.

Los crímenes corporativos por negligencia no son simples “accidentes”, cristalizan una forma de poder estructural donde la obtención de beneficio se impone sobre la seguridad, la salud, el medio ambiente y la vida de los pueblos. En este funcionamiento del Estado absurdamente funcional a la acumulación de capital, las reformas penales seguirán chocando con límites políticos, pues hay una “impunidad por diseño” que hoy caracteriza a gran parte de los crímenes corporativos y su relación con el Estado. Son este tipo de crímenes los que están en el centro del caso de Concesiones Integrales y su relación con las administraciones estatales en Puebla, desde Rafael Moreno Valle hasta Alejandro Armenta.

Nodo de Derechos Humanos www.nodho.net

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