Año 2000. La empresa «Aguas del Tunari», controlada por la transnacional Bechtel, impuso un desmedido aumento en las tarifas de agua potable en la ciudad de Cochabamba. La reacción de los consumidores se inició con protestas callejeras que, muy pronto, apoyaron los «regantes» -sector de agricultores que requiere agua para sus tierras de siembra- y […]
Año 2000. La empresa «Aguas del Tunari», controlada por la transnacional Bechtel, impuso un desmedido aumento en las tarifas de agua potable en la ciudad de Cochabamba. La reacción de los consumidores se inició con protestas callejeras que, muy pronto, apoyaron los «regantes» -sector de agricultores que requiere agua para sus tierras de siembra- y todos los campesinos de la región. Esa ciudad, ubicada en el centro de Bolivia luchó hasta lograr que la empresa quede cerrada y se retorne al sistema de control municipal. «La guerra del agua», como se la llamó, reivindicó el derecho social de acceder a este recurso.
Los analistas han señalado, en forma coincidente, que ese episodio inició, en Bolivia, el desmoronamiento del modelo neoliberal. Hoy, el gobierno de Evo Morales, trabaja para establecer condiciones que signifiquen el goce de los servicios básicos para todos. Por cierto, el acceso al agua, es uno de estos servicios, talvez el más importante.
Las demandas de la Unión Europea Junto a otras naciones del continente, Bolivia ha planteado su oposición al ALCA y, posteriormente, al Tratado de Libre Comercio (TLC) propiciados por Washington. No se trata de una oposición sectaria, sino que es la defensa de los recursos que han sido, y siguen siendo, consumidos en forma irracional por los países industrializados. El agua para consumo humano se usa en la industria metal-mecánica, en la del cuero, en la textil, en la limpieza y una larga lista de otras actividades que bien podrían utilizar agua no potable para sus requerimientos. Usos irracionales también se constata con relación a otros recursos no renovables.
Como contraparte a esta situación, los países latinoamericanos iniciaron conversaciones con la Unión Europea. Las conversaciones tenían una buena orientación, hasta que la UE planteó el tema de la privatización de los recursos naturales. Hacer del agua una mercancía comercializada por empresas transnacionales, figura entre las primeras exigencias de esa comunidad, volviendo a pla