Aclararon que las autoridades del gobierno central articulan las medidas de presión debido a que no responden a las demandas de los alteños, pese a que se comprometieron a hacerlo. Recordaron que los alteños dieron un año de tregua al gobierno de Carlos Mesa. Los dirigentes de las organizaciones sindicales, vecinales y sociales no tienen […]
Aclararon que las autoridades del gobierno central articulan las medidas de presión debido a que no responden a las demandas de los alteños, pese a que se comprometieron a hacerlo. Recordaron que los alteños dieron un año de tregua al gobierno de Carlos Mesa.
Los dirigentes de las organizaciones sindicales, vecinales y sociales no tienen miedo que se penalicen las medidas de presión, especialmente los bloqueos, y seguirán ejecutando dichas medidas para que las demandas de los alteños sean cumplidas, especialmente las que se refieren a la Agenda de Octubre donde se plantea el encarcelamiento del ex presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, la convocatoria a Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.
En los 20 años de historia oficial que tiene El Alto, casi la misma edad de la democracia, los gobiernos que pasaron por el Palacio Quemado pese a comprometerse con responder a las demandas de los alteños, concedieron algunas de la reivindicaciones sólo conmoviéndose con las medidas de presión que se ejecutaron a través de la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y la Asamblea de la Alteñidad, recordaron los actuales dirigentes de las mencionadas entidades.
Félix Mamani, actual dirigente de la COR, recordó que las trabajadores alteños siempre fueron partidarios del diálogo y en ese marco suscribieron acuerdos con las autoridades del gobierno central, los cuales no se cumplen hasta la fecha. Explicó que en el caso del actual gobierno que encabeza el presidente Mesa, el año pasado se establecieron mesas de trabajo donde se acordó la construcción del Hospital del Niño, el incremento de nuevos ítemes para maestros y paras salud, los cuales hasta la fecha no fueron respondidos.
INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS
Por su parte, los dirigentes de la Fejuve, manifestaron que pacientemente esperaron que el actual gobierno haga cumplir su decreto que fue aprobado el pasado 12 de enero, donde se establece la rescisión del contrato del servicio de agua con la empresa Aguas del Illimani (AISA). Sin embargo, a través del titular de la Superintendente de Saneamiento Básico (Sisab), Erico Navarro, anunció que no había condiciones para hacerlo.
Los dirigentes de ambas entidades, coincidieron en señalar que las autoridades del gobierno articulan las presiones al no cumplir sus compromisos contraídos, lo que ocurrió con el último conflicto que se generó en El Alto con la denominada Guerra del Agua.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Gremiales de El Alto, Rodolfo Mancilla, recordó que desde el 17 de octubre del 2002, fecha en que accedió al poder el actual presidente Mesa, los alteños le dieron más de un año tregua, donde no realizaron ningún movimiento. Sin embargo, en ese espacio de tiempo el actual mandatario de la nación no respondió las demandas que presentaron las organizaciones a través de pliegos de petición.
PRESIONES EN PIE DE EJECUCIÓN
El dirigente de la COR, a tiempo de recordar que el gobierno aún no respondió satisfactoriamente el pliego de los trabajadores, anunció que pese a la penalización del bloqueo y las marchas de protesta, ejecutarán presiones contra Mesa, aunque a los dirigentes les apresen.
Mancilla manifestó que los gremiales de El Alto no sólo preparan la ejecución de presiones contra el gobierno central, sino también contra la comuna alteña. Aseguró que los dirigentes no tienen miedo a apelar a los bloqueos y marchas de protesta, porque tienen que luchar por sus bases.
Los dirigentes alteños coincidieron en señalar que están dispuestos a imitar al sacerdote jesuita Luis Espinal y al líder del Partido Socialista (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz, quienes murieron por defender al pueblo boliviano.
Aseguraron que el actual mandatario, si es que admite la penalización de las presiones sociales estará siguiendo el mismo camino de su predecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada.