Quienes hacen el periódico neuquino «(8300)» realizaron un balance del año que se nos va en la provincia. La situación de Jorge Sobisch; el juicio por Fuentealba; la expropiación de Zanón; las luchas feministas en la provincia figuran entre otros apartados, algunos de los cuales transcribimos a continuación. Sobisch: quiere resucitar Jorge Sobisch ya no […]
Quienes hacen el periódico neuquino «(8300)» realizaron un balance del año que se nos va en la provincia. La situación de Jorge Sobisch; el juicio por Fuentealba; la expropiación de Zanón; las luchas feministas en la provincia figuran entre otros apartados, algunos de los cuales transcribimos a continuación.
Sobisch: quiere resucitar
Jorge Sobisch ya no puede caminar libre ni tranquilamente por las calles. Ni siquiera las de la ciudad que gobernó en los albores de su carrera política en 1983. Sin embargo, su ambición por el poder lo hicieron resurgir de su cripta de muerto político para buscar reinsertarse en la sociedad. El crimen del docente Carlos Fuentealba y el papelón electoral del 1,5 por ciento de los votos para presidente, no lograron amedrentar su mente afiebrada por el poder ni sus mañas de jugador empedernido. Casi desde las sombras, Jorge Sobisch planea día a día su regreso a la política provincial con pequeños actos en escuelas y centros barriales, algunos cobran dimensión sólo por el tamaño de su billetera. Pero también avanza apoyando y azuzando a grupos gremiales y políticos como el Sitramune que buscan descabezar la gestión comunal con actos violentos que poco tienen que ver con su plan de «Más Paz para los Neuquinos». Por ahora, el ex hombre fuerte de la provincia logró cumplir con uno de sus sueños más preciados: no tener que deambular por los pasillos de tribunales. Las únicas amenazas lejanas son la famosa causa de la cámara oculta que lo salpica en un supuesto intento de soborno al ex diputado Jorge Taylor (que está en la Corte y estará por un largo tiempo mas) y la causa Fuentealba II, en donde la querella que representa a Sandra Rodríguez y sus hijas intenta demostrar que hubo una orden directa del ex mandatario que llevó al crimen de su marido. Pero -hay que decirlo- esa causa también está lejos. Lo que para gran parte de la sociedad fueron escándalos de corrupción (Temux, Damovo, la compra directa de helicópteros, entre otros), avanzan tan lentamente que se encaminan a la muerte por prescripción. Salvo -claro- que el poder político o la nueva cúpula del poder Judicial decidan hacer lo que se debe hacer: investigar las responsabilidades políticas.
Caso Fuentealba: primera condena
El primer juicio por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba dejó muchas cosas claras. Por un lado, que hubo un plan de represión feroz que se pensó la noche anterior al trágico 4 de abril del 2007. Una investigación de (8300) permitió demostrar que se debatió sobre el mejor escarmiento para los docentes entre perniles y copas de champagne, y pensando en la proyección nacional del entonces candidato a presidente. También quedó claro que las autoridades tuvieron plena conciencia de la magnitud de la represión. De hecho estuvieron en el lugar los jefes policiales y el subsecretario de Seguridad de Sobisch, Raúl Pascuarelli. Fue desmedida la cantidad de grupos especiales, efectivos y armamentos movilizados. Hubo una orden de «parar» el auto y un policía violento con condena para ejecutarla. También quedó claro que, salvo honrosas excepciones, los testigos policías mantuvieron un pacto de silencio. La condena de prisión perpetua del martes 8 de julio sobre José Darío Poblete por asesinar al maestro neuquino, dejó otras cosas claras: que no sólo no deben dispararse armas de «disuasión social» sobre la gente, si no que no deben usarse más pistolas lanzagases. Además quedó duramente cuestionada la permanencia de los grupos especiales en la estructura del Estado. Y quizá lo más importante que dejó este primer juicio es que, sin el protagonismo de la compañera de Carlos, Sandra Rodríguez y sin el acompañamiento de su gremio Aten, de las organizaciones, militantes y del pueblo movilizado, la condena hubiera sido imposible. Para el segundo juicio que viene se intentara determinar las responsabilidades directas operacionales y políticas del hecho represivo en su conjunto. La querella trabajará en demostrar que ese hecho represivo que se investiga no fue un hecho aislado sino que fue un modo de actuar del ex gobernador Sobisch. El entonces gobernador resolvió del mismo modo otros conflictos y hasta fue capaz de hacer liberar la zona del acceso de la destilería de Plaza Huincul cortada por maestras para que sus punteros desalojaran la ruta a palos y golpes.
Organizaciones feministas: El escrache como arma
(…) en este año los escarches y las intervenciones callejeras se multiplicaron por toda la sociedad neuquina. Otros grupos como las Sin Cautivas, Fugitivas del Desierto, Juana Azurduy, Pan y Rosas, Newen Koñi o Las del Encuentro, se sumaron ( a la colectiva feminista La Revuelta) en Neuquén a esta lucha por la igualdad y el respeto de los derechos. Por tierra (en la casa de gobierno, en las casas de los abusadores o sus abogados), agua (como cuando rodearon la Residencia de la Costa sobichista desde el río Limay para gritarle «asesino» al ex gobernador) o aire (vistiendo al monumento a San Martín de luto o sangre), fueron instalando debates que la sociedad prefiere ignorar o silenciar: la libertad de las mujeres a elegir, el aborto legal, seguro y gratuito, la denuncia pública de abusadores y violadores, la identidad de grupos excluidos como los de gays, lesbianas, transexuales, la trata de mujeres, entre otras causas o la defensa de niños y niñas víctimas de abusos y violaciones.
Prórroga Petrolera: Otra vez las joyas de la abuela
A falta de plata bien viene una renegociación de contratos petroleros. Las preguntas que en este año no tuvieron respuesta oficial fueron: ¿Qué pasó con los 150 millones que debió haber dejado en caja Sobisch?,¿qué pasó con los 100 millones que teóricamente estaban en el BPN? Sapag declaró repetidamente que las cuentas estaban en rojo y con la administración empobrecida, echó un manotazo de ahogado a los contratos petroleros. Para ello, esgrimió el argumento que da forma la nueva Constitución Provincial, pero sólo en la parte que reafirma la jurisdicción y el dominio de los recursos del subsuelo y no al artículo 96 que dice:»No podrá otorgarse ninguna clase de concesión…. Salvo a una entidad autárquica nacional». Para contrarrestar la omisión, el gobierno argumentó que se negociaban contratos de concesiones nacionales y que por lo tanto no entraban en el marco de lo que establece la constitución de Neuquén. A pesar de la oposición de organizaciones de defensa de los recursos naturales y partidos y gremios que proponen la nacionalización de los hidrocarburos, el proyecto se mandó a la Legislatura quien lo aprobó sin más con la oposición de sólo ——- diputados. El negocio no fue bueno: según los cálculos de la CTA, en los 10 años de prórroga, las petroleras se van a llevar 183 mil millones de pesos y a Neuquén le van a quedar 5 mil millones.
Zanón: La expropiación ya no se discute
Los 7 años de sacrificada lucha de las obreras y obreros de la ex Zanon tuvo un año 2008 de incertidumbre. La estrategia del gobierno provincial siempre pareció ser la del desgaste, hasta que llegó la fecha del vencimiento del permiso que la justicia le dio a Fasinpat. Ciertamente, con esta gestión de gobierno se pudo dialogar, porque durante la de Sobisch no sólo no se logró una audiencia, sino que por el contrario se recibieron gases lacrimógenos y balas de goma. Las ideas del gobierno de Sapag fueron variando desde otorgar un crédito «blando» a la gestión obrera para que compren la fábrica con deudas a pagar; hasta la compra de la fábrica por parte del gobierno y pagando también a los deudores. Finalmente primó lo que sensatamente buscaban los trabajadores y trabajadoras: la expropiación de la fábrica. El gobierno acepta la idea, pero pagando a los acreedores más importantes. La gestión obrera dice que la expropiación debe ser sin pago, porque la deuda la debe saldar quien la contrajo: el empresario Luigi Zanon. Incluso, en términos políticos, la Legislatura podría decidir no pagar a los acreedores si se tiene en cuenta, el vaciamiento empresario comprobado por la justicia; que el terreno fue donado a Zanon por la provincia y que como las máquinas ya están prendadas por el IADEP, ya son parte del Estado provincial. Existe una gran certeza de los obreros y obreras de Zanon: nunca el gobierno podría haber aceptado una expropiación si no fuera por el masivo acompañamiento de los habitantes de la zona. Los multitudinarios recitales a fábrica llena, las marchas y las firmas que acompañaron el proyecto de expropiación el la Legislatura así lo demuestran.
Juicio histórico
El juicio contra ocho represores que actuaron en la región durante los primeros años del gobierno militar de 1976 en el centro clandestino La Escuelita, constituye un hecho histórico que devuelve en parte, la credibilidad de la sociedad en la justicia. Después de más de 30 años de ocurridos los secuestros, torturas, cárcel y hasta la desaparición de personas por parte de un régimen criminal, algunos de los autores debieron enfrentarse a lo que ellos jamás le permitieron a sus víctimas: un proceso legal transparente y equilibrado, como el que garantizó el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Por otra parte, estos juicios representan el corolario de una labor intensa y valiente llevada a cabo por las Madres de Plaza de Mayo, los organismos de Derechos Humanos como la APDH y otros de la región, y otros hombres y mujeres que sumaron su acción en busca de verdad y justicia. Resta, sin embargo, una enorme tarea por delante. Estos ocho militares son apenas las punta de un iceberg que esconde bajo la superficie a una cantidad de policías federales, provinciales, agentes parapoliciales, integrantes de otras fuerzas de seguridad y hasta civiles que actuaron en forma tan activa como complaciente con el poder militar de turno. La instrucción llevada a cabo por el ahora vocal del TSJ Guillermo Labate, no tuvo el alcance que se esperaba para esta primera etapa y será cuestión de años para que el círculo se cierre sobre los represores. Lo cierto es que -a partir de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- se inició un proceso que parece que finalmente culminará con todos los responsables juzgados y condenados.
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