En la lista de gastos de promoción de venta (GPV) que encabeza la agenda secretarial de 2003 de Carlos Ahumada aparece la inicial A y el apellido Rubalcaba, que coinciden con el que se encuentra en su directorio telefónico como «Reclusorio Sur, Alberto Rubalcava», nombre del juez 12 de lo penal -aunque se escribe Ruvalcaba-, […]
En la lista de gastos de promoción de venta (GPV) que encabeza la agenda secretarial de 2003 de Carlos Ahumada aparece la inicial A y el apellido Rubalcaba, que coinciden con el que se encuentra en su directorio telefónico como «Reclusorio Sur, Alberto Rubalcava», nombre del juez 12 de lo penal -aunque se escribe Ruvalcaba-, quien en mayo dejó en libertad al empresario de origen argentino.
Ayer se marcaron los números telefónicos registrados en el directorio que le llevaba Nora Patricia Millán Sánchez, cuyo nombre se halla al final de cada página. En el que aparece registrado como de su domicilio se preguntó por el juez Ruvalcaba. «Ya no vive aquí», respondieron. Es decir, cuando menos desde 2003, el juez Ruvalcaba o un homónimo aparecía en la lista de GPV.
En sólo 14 días el juez Alberto Ruvalcaba Ramírez leyó las 76 mil 500 hojas del expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitando una nueva orden de aprehensión contra Ahumada -por fraude por 9 millones de pesos contra la delegación Alvaro Obregón-, y lo absolvió.
En su edición de ayer, La Jornada publicó extractos de lo escrito en una agenda por una de las secretarias de Ahumada durante 2003, en la cual se registran «entregas de dinero» y regalos, favores varios, así como las citas y reuniones del empresario con funcionarios, políticos, periodistas y personajes del ambiente futbolístico, entre otros.
Al principio de la agenda se encuentra un listado de más 50 nombres, los cuales aparecen en el apartado «gastos de promoción de venta», identificados además con un número. En el lugar 31 se ubica a A. Rubalcaba.
En el lugar 34 de la lista de GPV figura el nombre del entonces candidato perredista a la gubernatura de Morelos, Graco Ramírez, así como los de los actuales diputados del sol azteca José Luis Morúa, del Distrito Federal, e Higinio Martínez, del estado de México, quienes aparecen con los números 27 y 44, respectivamente.
En el número 3 figura Balderas, junto a las iniciales ABM, las cuales coinciden con Alejandro Balderas, quien fue funcionario primero en la delegación Alvaro Obregón y luego en Tláhuac y apareció muerto en su casa. La versión fue que borracho se cayó de las escaleras y murió, pero no fue aclarado.
Se dijo que Balderas tenía información de Ahumada.
En mayo aparece el nombre de René Bejarano, entonces candidato a diputado local por el PRD, quien le solicitó pases para el estadio de Ciudad Universitaria.
Entre los regalos que Ahumada hizo en 2003 sobresalen un automóvil Neón para el entonces delegado de Alvaro Obregón, el panista Luis (Eduardo) Zuno (GPV22). Asimismo se hace referencia a la cotización de una camioneta para Ramón Sosamontes (GPV09), aunque no se mencionan montos; dos camionetas que se le prestan a la entonces candidata del PRD a la jefatura delegacional de Alvaro Obregón, Leticia Robles.
También se menciona la compra de botellas de vino de la marca Petruss, con un precio de 15 mil pesos cada una, y pagos a la joyería Peyrelongue.
Descarta el GDF que la procuraduría haya cometido errores procesales
JOSEFINA QUINTERO Y ANGEL BOLAÑOS
El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que la información contenida en la agenda de Carlos Ahumada Kurtz confirma algo que se conocía desde hace tiempo: que también políticos panistas recibieron dinero del empresario.
En tanto, Juan José García Ochoa, subsecretario del GDF, afirmó que se trata de una evidencia que serviría a la Procuraduría General de Justicia capitalina para continuar la investigación contra el dueño del grupo Quart, ante la decisión «equivocada» del juez que conoció del caso, Alberto Ruvalcaba Ramírez, quien dejó en libertad al empresario.
En breve entrevista, luego de encabezar un acto en el Zócalo, Ebrard comentó respecto de la información que publicó ayer este diario sobre políticos y funcionarios panistas y perredistas incluidos en una lista de personas que recibieron pagos bajo el concepto de gastos de promoción de venta: «bueno, eso ya se sabía; es algo que confirma lo que ya sabíamos, que se ha hecho público».
A su vez, García Ochoa descartó que se hayan cometido errores procesales que permitieran la libertad de Ahumada, y confió en que la procuraduría capitalina presentará pruebas que reforzarán la acusación contra el empresario por el delito de fraude genérico.
«Lo que sí nos sorprendió sobremanera fue cómo se aceleró el proceso judicial de su libertad; es decir, a la acumulación de una serie de casos, la salida repentina del juez, la integración de un nuevo impartidor de justicia que pese a los cientos de páginas del expediente en el transcurso de unos cuantos días se tomó la decisión (de dictar el auto de libertad) que nos parece sorprendente.»
Tras participar en la segunda sesión del Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda, el subsecretario comentó que el gobierno de la ciudad va a observar «las actuaciones de Ahumada, y si de ahí se derivan delitos vamos a proceder».
Sobre las medidas de prevención para impedir que empresarios como Ahumada intervengan en obras públicas, manifestó que hay una supervisión exhaustiva por la Contraloría General de todos los procesos de contratación, licitaciones y adjudicaciones directas.
Como militante del sol azteca -al cual pertenecieron personajes que aparecen en los registros de la agenda-, indicó que el instituto político ha pugnado incluso en la Cámara de Diputados para que se limiten los recursos y se fiscalicen mejor las campañas, así como que los partidos estén sujetos a la Ley de Transparencia.