La
fecha marcó un hito de resistencia contra la dictadura militar de Juan
Carlos Onganía y sus políticas de ajuste económico y represión.
En
ese marco, la CGT Regional, la CGT Córdoba, la CTA de los Trabajadores y
la CTA Autónoma mostrando la continuidad en Córdoba de la unidad de las
centrales a la hora de acciones concretas, se convocaron frente a la
Casa Histórica de la CGT, en avenida Vélez Sársfield 137.
El
acto contempló también otras actividades como una «olla popular» para
aquellas personas en situación de calle y una intervención cultural
con La Comedia Cordobesa que presentó la obra «La mesa de tres patas»,
sobre los dirigentes sindicales que encabezaron las históricas jornadas
en 1969: Elpidio Torres, de Smata; Agustín Tosco, de Luz y Fuerza,
y Atilio Hipólito López, de UTA.
Previo a la concentración, Federico
Cortelletti, secretario General de la AGEPJ (el gremio de los
Judiciales) y cosecretario de la CGT Córdoba, indicó que el Cordobazo
significó un quiebre en la historia: «Nos dejó como enseñanza la
potencia de la unidad, la organización y la lucha del pueblo trabajador
para defender sus derechos».
En esa línea, Rubén Urbano es el titular
de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Córdoba, habló sobre la
política anti industrial de Javier Milei y la intervención del gremio
donde la situación la situación es «totalmente avasallante»: «Quieren
destruir a todo el aparato productivo y eliminar a quien se ponga en el
camino de este proyecto industricida».
«En esta fecha tan especial,
no vamos a utilizar la resistencia, vamos a utilizar la rebeldía para
poder confrontar y tratar de que se entienda que los problemas
intrasindicales se solucionan en el sindicato. No los resuelve el
partido judicial, sino los trabajadores que tienen que decidir qué
futuro quieren y quiénes los va a representar», subrayó.
A su
vez, Héctor Morcillo, secretario General del Sindicato de Trabajadores
de Industrias de la Alimentación (STIA) de Córdoba, indicó que la gesta
del Cordobazo tenía que ver fundamentalmente «con la recuperación de la
democracia, pero también con reivindicaciones concretas, como era el
rechazo a la supresión del sábado inglés o el congelamiento de los
salarios».
«Hoy cobra mayor relevancia este recordatorio, porque
estamos enfrentando situaciones que, si bien no estamos en un marco de
dictadura, pero donde hay un ajuste tremendo en la salud, en la
educación, en todas las áreas del Estado. De ahí, que nos obliga a estar
en la calle», cerró.
En la misma línea, María Ana
Mandakovic, titular del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación
de Córdoba (Cispren), dijo que el Cordobazo expresó un ‘basta’ a vivir
sometidos o sojuzgados: «Tal como nos está pasando ahora, a niveles casi
de esclavitud», expresó.
Además, la dirigente destacó el proceso de
unidad de la dirigencia, que llevó a ese paro activo aquel jueves 29 de
mayo de 1969: «Hoy es fundamental que todos los sindicatos nos unamos en
torno a una misma lucha, que podamos volver a poner a Córdoba de pie,
con un pensamiento crítico que pueda definir en conjunto un proyecto de
país federal».
¡No al desalojo de la fábrica Ruiz!
Un
nuevo capítulo del conflicto se desarrolló en horas de la mañana del
lunes cuando los trabajadores de la fábrica Ruíz se hicieron presentes
en la planta para cumplir con el acuerdo al que habían llegado con la
patronal y la secretaría de Trabajo de la provincia. El lunes debían
ingresar 10 trabajadores y en las próximas semanas el resto. Sin embargo
la patronal incumplió por lo que los trabajadores decidieron ocupar la
planta para resguardar sus puestos de trabajo y en reclamo al pago de
los salarios de abril y mayo.
Luego de meses de acampe los
trabajadores habían conseguido que les paguen salarios adeudados y el
compromiso de volver a producir, pero la patronal incumplió nuevamente.
Sin embargo el gobierno de Llaryora en vez de hacer cumplir lo firmado,
montó un operativo contra los trabajadores, con la Infantería actuando
«de oficio» e ingresando a la planta, sin orden judicial.
Como
denunció una compañera desde el portón de la fábrica, «el gobierno de
Llaryora en una hora monta un operativo policial para reprimir a los
trabajadores pero no lo hace cuando desaparece una chica», refiriéndose
al femicidio de Agostina.
En horas de la tarde los trabajadores se
mantenían dentro de la planta con el apoyo de familiares y
organizaciones mientras que los efectivos de Infantería se mantenían en
el portón. Los trabajadores reclaman que se haga cumplir el acuerdo, que
se paguen los salarios adeudados y que se resguarden los puestos de
trabajo luego de que aproximadamente 70 compañeros se han ido de la
fábrica en menos de un año.
Paro en Banco Supervielle
El
Banco Supervielle operó el viernes 5 de junio con complicaciones en
distintas sucursales del país debido a una medida gremial impulsada por
la Asociación Bancaria, que anunció asambleas y ceses de actividades
debido a un conflicto laboral que mantiene con la entidad financiera.
La
decisión fue comunicada por el sindicato luego de denunciar la falta de
respuestas a sus reclamos y la ausencia de representantes del Banco a
una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Según informó el gremio en un comunicado la medida forma
parte de una profundización del plan de lucha que viene desarrollando el
sindicato ante lo que considera una falta de soluciones por parte de
las autoridades del Banco. Las acciones se llevarán adelante bajo las
modalidades que determine cada seccional de la organización.
La
organización sindical sostuvo que la entidad financiera no solo no
modificó las políticas cuestionadas, sino que habría profundizado las
prácticas que originaron el conflicto. En la misiva, afirmó que el Banco
avanzó con «nuevos despidos y desvinculaciones bajo modalidades
agravantes e inaceptables para las trabajadoras y los trabajadores».
Para
el gremio, estas decisiones afectan directamente a numerosos empleados,
quienes quedan sin trabajo en un escenario económico y social complejo.
La entidad sindical remarcó que las dificultades para la reinserción
laboral se ven agravadas por el contexto actual y cuestionó además las
políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
La Bancaria también
calificó la situación como de «extrema gravedad» y denunció que hubo
trabajadores despedidos mientras se encontraban cursando licencias por
enfermedad. Según indicó, estas desvinculaciones implicaron además la
pérdida de la cobertura médica que recibían a través de la obra social o
de empresas de medicina prepaga.
La Asociación Bancaria ratificó su
compromiso con la defensa de los puestos de trabajo y de los derechos
laborales del sector. Asimismo, responsabilizó a las autoridades del
Banco Supervielle por las consecuencias que puedan derivarse de la
profundización del conflicto.
La organización gremial aseguró que la
falta de respuestas satisfactorias y la continuidad de las políticas que
cuestiona llevaron a la decisión de ampliar las medidas de acción
directa. Por ese motivo, durante este viernes 5 de junio se realizarán
asambleas y ceses de actividades en distintas dependencias de la entidad
en todo el territorio nacional.
Por último, en el comunicado firmado
por el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria y
encabezado por su secretario general, Sergio Palazzo, el gremio sostuvo
que las medidas se desarrollarán «en el marco del conflicto provocado
exclusivamente por la actitud irresponsable e intransigente del Banco
Supervielle», ratificando así la continuidad de su reclamo contra la
entidad
Prohibición de despidos y recortes en el INTA
El
Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°
2 de San Martín falló a favor de ATE y ordenó la inmediata suspensión
de la Resolución 24/2026 del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), ordenando a sus autoridades a abstenerse de
ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos
de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de
técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación
de edificios y/o venta y subasta de propiedades.
La decisión firmada
por el Juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto también detalla que la
Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires
(EEA AMBA) y sus agencias de extensión “constituyen estructuras
destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica,
la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la
agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente
promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales”.
La
semana pasada, un fallo similar también ante un reclamo de la
Asociación Trabajadores del Estado impidió los despidos masivos en el
INTI
“Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que
nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes
se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada», señaló
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional y sentenció: “Parece
que la motosierra se debilita. ¡Les queda poco!”.
Legítimo derecho a la huelga en Fate
Compartimos solicitada en rechazo a la medida tomada por la Fiscalía de San Fernando:
RECHAZO
A LA CRIMINALIZACIÓN DEL LEGÍTIMO DERECHO A HUELGA EN LA LUCHA CONTRA
EL ILEGAL LOCK OUT IMPLEMENTADO POR LA PATRONAL DE FATE
Los abajo
firmantes rechazamos y manifestamos nuestro total repudio a la decisión
persecutoria de la Fiscalía de San Fernando, quien ha citado para dar
declaración indagatoria a 24 trabajadores de FATE, entre los que se
encuentran trabajadores de base, delegados, miembros de la Seccional San
Fernando, Comisión Directiva, incluyendo al Secretario General del
Gremio; muestra clara de su intención de amedrentar la lucha por la
continuidad de la única fabricante de cubiertas para camión y colectivo
del país (producto estratégico para el transporte de carga y pasajeros
en Argentina), así como por evitar la catástrofe social que implicaría
la pérdida permanente de miles de puestos de trabajo.
Todo esto, a
contramano del fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías
en lo Penal de San Isidro quien revocó la orden de desalojo y dictaminó
que es “un conflicto laboral en el marco del cual los operarios de la
empresa FATE S.A. han decidió tomar una vía de acción directa e ingresar
en la fábrica en la que trabajan en defensa de sus puestos de trabajo” y
manifestara que “la huelga, como expresión más pura del reclamo, se
encuentra reconocida como un derecho en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional”.
Por todo esto, reclamamos el respeto a las
legítimas acciones gremiales, la reapertura inmediata de la planta y el
fin a la persecución y el amedrentamiento sobre los trabajadores y su
organización sindical que están llevando adelante esta justa lucha.
Denuncian que Madanes alambró parte de la planta
Los
obreros denunciaron que la patronal encabezada por Javier Madanes
Quintanilla avanzó con el cercado de distintos sectores del predio de la
fábrica de neumáticos Fate, en San Fernando. Según señalaron, la
empresa alambró las oficinas de Aluar, el quincho y el centro de ensayos
de neumáticos, separándolos del sector donde los trabajadores mantienen
la permanencia desde el cierre de la planta.
La denuncia se produce
pocos días después de que varios trabajadores fueran citados a
declaración indagatoria por la Fiscalía de San Fernando en el marco del
conflicto que atraviesa la empresa. Desde Fate en Lucha sostienen que no
está claro cuál es el objetivo concreto de la medida, aunque consideran
que forma parte de una estrategia para debilitar la permanencia obrera y
conservar bajo control patronal una parte del predio. «Están tratando
de controlar un sector de la planta para ser utilizado por la patronal
mientras miles de trabajadores siguen sin respuestas», señalaron en un
comunicado.
La organización vinculó esta situación con los proyectos
de inversión anunciados recientemente por Aluar en el área de
almacenamiento de energía mediante baterías, aunque aclaró que
desconocen si existe una relación directa entre esos planes y el
alambrado realizado dentro del establecimiento.
Al mismo tiempo,
cuestionaron que la empresa continúe desarrollando negocios mientras
mantiene paralizada la producción y deja a miles de trabajadores sin
tareas. En ese sentido, remarcaron que Aluar informó ganancias netas por
108 millones de dólares durante los últimos nueve meses cerrados al 31
de marzo de 2026.
Los trabajadores reclamaron que la conducción del
Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) denuncie
públicamente la situación y adopte medidas para impedir que la empresa
utilice sectores del predio en medio del conflicto. «No se puede
permitir que Madanes utilice parte de la planta para sus negocios
mientras continúa el lock out y miles de familias siguen afectadas por
el cierre», afirmaron.
Además, plantearon que si la Ley de Ocupación
Temporaria continúa demorándose y la empresa logra consolidar el control
de una parte del establecimiento, el sindicato debería convocar a todos
los trabajadores en condiciones de hacerlo para debatir alternativas
que permitan poner en marcha algún tipo de actividad productiva bajo
control de los trabajadores.
Finalmente, reclamaron la convocatoria
urgente a una asamblea unitaria de todos los sectores que participan de
la permanencia para discutir los próximos pasos del conflicto y definir
un plan de lucha. Si bien ratificaron su participación en la
movilización convocada para el próximo 10 de junio a Plaza de Mayo,
advirtieron que esa medida por sí sola «no alcanzará» para modificar la
postura de la empresa. «La conducción debe tomar medidas urgentes,
convocar a una asamblea y poner en pie un plan de acción más fuerte
antes de que sea demasiado tarde», concluye el comunicado.
Tres Arroyos continúa en lucha frente al lock out patronal
Desde
el martes 26 de mayo la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del
Uruguay permanece cerrada. Ante la falta de acciones de los sindicatos
de la Carne y de la Alimentación, los trabajadores se autoconvocaron, se
organizaron en base a asambleas y salieron a visibilizar su situación.
En estos días, la ciudad se solidarizó con ellos: en las calles vimos
movilizaciones, jornadas solidarias, asambleas, ollas populares, un
festival musical y concentraciones en el ingreso de la ciudad. Como nada
parecía alcanzar para hacerse escuchar, el 5 endurecieron su lucha
llevándola a la Ruta Nacional 14.
Esta acción rompe con la dinámica
de protestas que venían sosteniendo los gremios. Los trabajadores
autoconvocados salieron a la ruta y fueron acompañados por una lluvia de
bocinazos de apoyo. A pesar de entredichos que habían sucedido el día
anterior con los gremios en relación a la legitimidad de la protesta de
los autoconvocados y la falta de apoyo a la medida, los trabajadores y
sus familias lograron una muy buena convocatoria y desarrollaron la
acción. Un grupo decidió además trasladarse a Colonia Elías, donde
presuntamente se encontraba el gobernador Frigerio (quien no se ha
manifestado en relación al conflicto) para alcanzarle un petitorio en
nombre de los trabajadores.
La audiencia prevista para el jueves 5 de
junio fue postergada al lunes 8, y la incertidumbre sigue. Hay
trabajadores sin medicación y con servicios cortados. La bronca crece,
las respuestas no llegan ni alcanzan, pero la lucha continúa con más
fuerza.
Estos trabajadores son un ejemplo de organización y
resistencia para toda la comunidad. Siguen en el acampe, con la colecta
solidaria en marcha, y resolverán en asamblea los pasos a seguir.
Pago
de los haberes adeudados ya, urgente respuesta y todos adentro de la
planta trabajando. ¡No al cierre de Granja Tres Arroyos!
A un año de los despidos discriminatorios en Georgalos
Por Tomás Suárez Congresal STIA Georgalos, Agrupación Bordó
La
patronal buscó castigar a quienes enfrentaron una mayor flexibilización
laboral en la planta. Así generó una de las experiencias de lucha
obrera más importantes del último período en la zona norte.
Durante
estos doce meses, los despedidos y sus compañeros demostraron que frente
a los ataques patronales la organización y la lucha siguen siendo el
principal camino para defender los puestos de trabajo y las condiciones
laborales. Los cortes de Panamericana, los paros, los actos, los
festivales solidarios, las campañas de denuncia y la permanente
presencia en las puertas de la fábrica, la coordinación con las luchas
como la de Secco y Fate, el apoyo de sindicatos como el Suteba Tigre y
de organizaciones de DD HH, estudiantiles y políticas que pusieron el
cuerpo, permitieron transformar un conflicto que la empresa pretendía
aislar en una causa conocida y respaldada por miles de trabajadores,
estudiantes, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.
Cada
avance conquistado durante este año estuvo apoyado en esa movilización.
Las audiencias, los dictámenes ministeriales y los fallos judiciales
favorables no surgieron por la buena voluntad de las instituciones, sino
como resultado de una pelea sostenida que puso en evidencia el carácter
arbitrario y discriminatorio de los despidos. Incluso hoy, cuando dos
trabajadores lograron volver a sus puestos mediante medidas cautelares y
tres continúan peleando por su reinstalación, la empresa sigue
intentando desconocer resoluciones que le son adversas.
Una referencia para enfrentar nuevos ataques
La
experiencia de Georgalos deja una conclusión clara: cuando existe
unidad, organización y disposición para luchar, las patronales
encuentran mayores obstáculos para avanzar sobre los trabajadores. Por
eso, a un año de aquellos despidos, la pelea por la reincorporación de
los cinco sigue siendo también una referencia para enfrentar los ataques
que la empresa continúa impulsando dentro de la planta.
En este
aniversario, Ely, Miguel, Ale, Diego y Maxi difundieron una carta
dirigida a sus compañeros y compañeras de trabajo, donde realizan un
balance de estos doce meses de resistencia, agradecen la solidaridad
recibida y ratifican que continuarán peleando hasta conquistar la
reinstalación de todos los despedidos.
A continuación reproducimos el texto completo:
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE GEORGALOS.
UN AÑO DE LUCHA Y ORGANIZACIÓN
Viernes
5 de junio se cumple un año de nuestros despidos arbitrarios,
discriminatorio, que avasalló el derecho a huelga contra el intento de
Georgalos de flexibilizar las condiciones de trabajo, reduciendo
dotación de personal y aumentando los volúmenes productivos, achicando
nuestro salario. Todo esto sucedió en el sector de chocolates hace un
año, donde fuimos despedidos cinco compañeros.
Pero demostramos que cuando hay unidad, organización y decisión para la lucha a Georgalos no le es fácil lograr su objetivo.
Nosotros siempre luchamos, nunca nos quedamos de brazos cruzados.
Hicimos
4 cortes en Panamericana que nos permitió visibilizar nuestro reclamo,
nacionalizando nuestra denuncia a Georgalos ante la sociedad. Antes hubo
paro en planta y actos en la puerta, festivales y participamos de todas
las marchas con nuestra bandera llevando nuestro reclamo. Así logramos
que nuestra lucha por la reincorporación saliera en todos los medios de
comunicación, locales, provinciales, nacionales e incluso
internacionales.
Donde denunciamos que nos despedían sin fundamentos y
con mentiras. Que el único “motivo” era sacarse de encima al activismo y
disciplinar a los que no aceptan la flexibilización. Logramos decirle a
la opinion publica que GEORGALOS NO ES SINÓNIMO DE «FAMILIA» SINO QUE
TIENE «GUSTO A ESCLAVITUD».
Nos bancamos un mes entero en la puerta
mientras duró la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio. Día
tras día, sosteniendo la presencia, estuvimos todo el mes de junio, que
fue el más frío de los últimos 40 años, pero no importó ya que el apoyo
de ustedes fue el calor que nos dió el aguante , el valor para
sostenernos.
Terminó la conciliación sin resolver nuestra
reincorporación por fallo ministerial. Logramos un dictamen a favor
luego de ir varias veces a La Plata, donde con el apoyo de los centros
de estudiantes universitarios de esa ciudad organizamos actos en la
puerta del Ministerio de Trabajo de la Provincia reclamando un dictamen
donde deje en claro que nuestros despidos son arbitrarios y
discriminatorios.
Durante todos estos meses hicimos las choriceadas
en la puerta de la fábrica, donde entre parrilla, mate y resistencia
logramos una gran unión de trabajadores. No era solo para comer: era
para encontrarnos, para pensar en la unidad de las y los compañeros,
para que nadie se sienta solo y para que la lucha se sostenga con
organización y con afecto.
Durante este año el Sindicato que fue el
que organizó la medida de fuerza por la cual a nosotros nos echan
realizó una defensa administrativa y no de lucha. El día del despido
paro la planta luego que la asamblea lo votara, mientras que en el
Ministerio de Trabajo sostuvo que nuestros despidos eran ilegales, esto
lo hizo siempre por la presión que ejercimos entre todos para que se
hagan cargo en las audiencias, logrando una tibia defensa pero nunca nos
acompañó en todas las medidas de lucha que emprendimos durante todos
estos meses.
En esta pelea no estuvimos solos. Aparte del importante
apoyo de todos ustedes fueron muchas organizaciones las que nos
apoyaron, como los trabajadores de Secco, de Mondelez, los docentes del
SUTEBA tigre, Madygraf, Fate, Frigorífico Rioplatense. Todos ellos
trabajadores de zona norte que desde el primer momento nos apoyaron.
También
nos acompañaron todos los diputados nacionales y provinciales del
Frente de Izquierda con Myriam Bregman en todas las acciones que
realizamos por nuestro reclamo. Sergio Palazzo, secretario general de
los bancarios y diputado de Fuerza Patria nos ayudó con la lucha.
También nos reunimos con Máximo Kirchner, Wado de Pedro, la Senadora
Juliana Ditullio, el Senador Mariano Recalde, las Abuelas de Plaza de
Mayo, Madres de Plaza de Mayo, como también el premio Nobel de la paz
Pérez Esquivel nos dieron el apoyo.
En Diputados se presentó el
proyecto para repudiar el incumplimiento de Georgalos, impulsado por
Christian Castillo, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Mercedes de Mendieta
entre otros.
En todo momento fuimos asesorados jurídicamente por los
abogados del CeProDH, que pusieron el cuerpo y el estudio para que los
fallos judiciales que ordenan la reinstalación no queden en papel mojado
y sean efectivos.
Nuestra pelea sigue porque Georgalos viola la ley.
De los cinco, dos compañeros logramos volver al trabajo por medidas
cautelares. Los otros tres siguen afuera, sosteniendo la denuncia y la
pelea en el juicio de fondo.
Seguimos vivos, organizados y con la misma bandera de lucha: reinstalación de los cinco.
No
fue un año perdido. Fue un año de dignidad. De mostrar que los despidos
discriminatorios se enfrentan en la calle, en los medios, en el
Ministerio, en el Congreso y en cada choriceada que compartimos pensando
en el colectivo.
Nuestra pelea por la reincorporación es un ejemplo
de cómo enfrentar hoy los ataques que Georgalos lleva en curso en Planta
Victoria.
Gracias por el aguante, por no dividir, por sostener.
Esto no termina hasta que entremos los cinco nuevamente a Georgalos.
NI DESPEDIDOS AFUERA NI ESCLAVOS ADENTRO.
ELY, MIGUEL, ALE, DIEGO y MAXI
DESPEDIDOS DE GEORGALOS
Trabajadores del Garrahan respondieron al video del Gobierno
La
Junta Interna de ATE Garrahan, Autoconvocados, la Asociación de
Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, y familiares de
pacientes, realizaron este jueves 4 de junio una conferencia de prensa
en la puerta del hospital para responder al video que calificaron como
“difamatorio” de los trabajadores del hospital difundido esa misma
jornada por el Gobierno nacional: “Con esas mentiras quieren ocultar el
deterioro institucional del principal hospital pediátrico del país,
responsabilidad del presidente Javier Milei, su ministro de Salud, Mario
Lugones, y el interventor del hospital, Mariano Pirozzo”.
Al inicio
de la conferencia, se realizó un “homenaje a Agostina y a todas las
víctimas de femicidio, a 11 años del primer Ni Una Menos”.
En este
marco, la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, afirmó: “Nos
parecía también muy importante empezar este acto por Agostina y por
todas las víctimas de femicidio, porque tenemos que hablar de los temas
importantes y no de ese video que es una sarta de fantochadas y del que
después podemos hablar, pero hablemos de las cosas importantes que nos
convocan a esta conferencia de prensa. Ayer, 3 de junio de 2026, a 11
años del primer Ni Una Menos, fuimos millones en el país movilizadas y
movilizados exigiendo justicia por Agostina, Dulce, Noelia y por todas
las que ya no están. Por eso, en primer lugar, queremos recordarlas a
ellas: mujeres, niñas y adolescentes víctimas de femicidio, y exigir
justicia”.
Durante la conferencia, Maximiliano Bares, también de la
APyT, caracterizó el “supuesto documental” difundido por el Gobierno
como “una especie de homenaje a las fake news (noticias falsas), porque
miente, construye una realidad paralela y la inventa para su público”.
En este sentido, apuntó directamente contra el interventor libertario
del Garrahan, Mariano Pirozzo: “Nunca nos recibió, es responsable de que
tengamos 300 profesionales menos en el hospital y de que falten 650
enfermeras y enfermeros”.
Bares también se expresó contra el manejo
financiero de la gestión: “Pirozzo no muestra qué hace con fondos
millonarios anuales por encima de los 150.000 millones de pesos entre
aportes del Estado y generación de recursos propios”. Denunció además la
“designación de asesores sin concurso con salarios millonarios” y la
compra de camas “a precios inflados, que no son pediátricas y que en
muchos casos ni pasan por las puertas”.
Sobre la intención del video,
Norma Lezana expresó: “Nos quieren contar una historia entre héroes y
villanos, como las de Disney, pero somos grandes, y seguimos de pie, el
Garrahan sigue de pie, aunque deteriorándose mucho. Sigue logrando
prodigios todos los días, salvando vidas, curando, abrazando infancias.
No por Adorni, Lugones o Pirozzo. Ellos no importan nada, son
secundarios. La historia los va a olvidar. Por eso se tienen que hacer
un documental narcisista y mentiroso para sí mismos”.
“El hospital
resiste gracias al trabajo colectivo de todo su personal – continuó
Lezana –, desde el más eminente cirujano hasta el último trabajador del
hospital, desde ese equipo interdisciplinario que hace trasplantes hasta
el personal de mantenimiento, al que ahora persiguen y acusan por
problemas derivados de la falta de presupuesto, y que muchas veces, sin
ropa adecuada, sin herramientas e insumos, le pone el cuerpo y lo
arriesga para que este hospital exista y funcione”.
“En 2025 hicimos
historia. No fue APyT, no fue ATE ni fueron los autoconvocados. Fuimos
un abrazo humano gigantesco, de movilizaciones multitudinarias, de
caravanas, de manos tendidas, de velas, de infinitas marchas, de
asambleas, de cabildos abiertos de solidaridad y de un pueblo entero que
hizo del Garrahan una causa nacional (…). Sabemos que buscan crear un
clima para seguir avanzando con sus negocios turbios. Prepotencia,
amenazas, sumarios, censura al pensamiento crítico y a la libertad de
expresión. Pero estamos acá sin miedo. No somos héroes. Somos
trabajadores y comunidad defendiendo lo obvio, lo imprescindible: el
hospital de todas las infancias, nuestro amado Hospital de Pediatría
Garrahan”, agregó.
PBA anunció que IOMA saldó su deuda con el Garrahan
En
los últimos días, el Garrahan volvió a convertirse en territorio en
disputa. Al anuncio de un documental con la versión del Gobierno
Nacional sobre la lucha del personal del hospital pediátrico de alta
complejidad y la convocatoria a una conferencia de prensa por parte de
trabajadores y trabajadoras se sumó un anuncio desde la Provincia de
Buenos Aires. Asegura que la obra social IOMA saldó su deuda con el
hospital y denunció que un 85% de lo que se le reclamaba correspondía a
“facturación sin respaldo documental, prestaciones ya abonadas, valores
fijados unilateralmente y reclamos que en algunos casos se remontaban a
2010”.
La deuda de IOMA con el Garrahan era usada por el gobierno de
Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, para intentar
desacreditar los reclamos sobre la situación del hospital pediátrico.
Incluso, se usaban los monitores de las salas de espera del nosocomio
para difundir esa versión.
Con la cancelación de la deuda, el
cuestionamiento sobre el origen de muchos de los fondos exigidos y el
pedido de un nuevo formato de auditoría y control sobre prestaciones se
abre un nuevo capítulo en el largo conflicto en torno al Garrahan.
“Luego
de un arduo trabajo interno, el IOMA abonó todo el saldo pendiente
de más de $1.230 millones. Hoy los registros administrativos muestran
que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan”, informó
el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a través de su cuenta
de X.
Apuntó contra el Gobierno Nacional por haber derogado el
Sistema de Débito Automático para la facturación de los Hospitales
Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), herramienta que permitía que
los hospitales le facturaran a las obras sociales y prepagas, porque
“quitó la posibilidad de pagar de manera correcta con precios y
convenios autorizados. Por eso se tuvo que auditar y ahí se detectó
facturación sin respaldo documental, prestaciones ya abonadas, valores
fijados unilateralmente y reclamos que en algunos casos se remontaban a
2010 y que representaban el 85% de lo reclamado”.
Kreplak anunció:
“Ahora queremos avanzar en una continuidad de las prestaciones, con
convenios firmados, autorizaciones previas y trabajo conjunto que
establezca criterios claros y transparentes”.
De “ñoquis” a “héroes”
Mario
Lugones, ministro de Salud, difundió el posteo del jefe de Gabinete,
Manuel Adorni, sobre la proyección del documental “Héroes del Garrahan”,
prevista para el jueves pasado.
Según dejó trascender el Gobierno,
se trata de un documental de unos 15 minutos de duración, con
testimonios de personal médico y de directivos designados por la gestión
actual, como Mariano Pirozzo. El oficialismo busca construir un nuevo
relato sobre lo que pasó en el hospital pediátrico de alta complejidad,
donde una larga lucha con paros y movilizaciones se tradujo en un
triunfo concreto: un aumento salarial del 61%, pese a la reticencia
inicial del Ejecutivo por otorgar mejores condiciones laborales.
Cuando
comenzó aquel conflicto, el mismo gobierno apuntaba contra los “ñoquis”
del Garrahan, acusaba que había exceso de personal administrativo y
denunciaba que el reclamo solo respondía a fines políticos. Pero
las voces de colectivos de familias se sumaron al reclamo, para exigir
mejores condiciones y advertir sobre los riesgos de renuncias masivas de
personal y la falta de entrega de medicación, entre otras cuestiones
que siguen siendo materia de reclamo y que fueron parte de la
conferencia convocada por el personal para el jueves 4 a las 13:00,
después de la proyección del documental oficialista.
Semanas atrás,
en la previa de la gran Marcha Federal por la Salud –que entre otros
muchos reclamos incluía demandas por mejoras en el Garrahan- el
ministerio de Salud volvió a apuntar contra la Provincia de Buenos Aires
y la deuda de IOMA, responsabilizándola por la falta de recursos del
hospital. El anuncio del pago de la deuda –y el planteo sobre los
montos- abre una nueva etapa en esa discusión y quita uno de los
argumentos usados como comodín por el Gobierno Nacional.
Situación socioeconómica de los trabajadores de prensa
En
la víspera del 7 de junio, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires
(SiPreBA) presentó los resultados de la Encuesta Integral 2026 sobre la
situación socioeconómica de quienes trabajan en empresas y medios
periodísticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El informe,
en base a las respuestas de 1.014 periodistas y trabajadores/as de
prensa, revela como dato saliente que el 67,8% de los consultados tuvo
recurrir a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades
básicas, pagar servicios o el alquiler durante el último mes.
El
estudio muestra además que el 77,7% de quienes tienen deudas destina al
menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, umbral considerado
internacionalmente como sobreendeudamiento. Aún así, el 39,5% de los
consultados reconoce que no llega a fin de mes y tuvo que recortar
gastos, endeudarse o incluso reducir consumos alimentarios.
Según los
datos de la encuesta, el 65,6% de las y los trabajadores de prensa
cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo, medida
por la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que se calculó en 1.469.768
pesos en abril. Incluso sumando todos los empleos e ingresos, el 40,7%
de quienes trabajan en la actividad continúa por debajo de esos valores.
En el otro extremo de la pirámide, apenas el 6,2% afirma que puede
sostener su nivel de vida con lo que percibe con su principal empleo en
prensa.
Aunque algunos indicadores registran leves mejoras respecto
de los peores momentos de 2024 y 2025, la situación salarial sigue
siendo crítica y obliga a gran parte del sector a recurrir al
pluriempleo. El 54,4% de las personas encuestadas tiene dos o más
empleos remunerados, y el 86,4% de ellas afirma que se ve obligada a
hacerlo porque el salario no alcanza. La necesidad alcanza incluso para
los jubilados y jubiladas del gremio, donde el derecho al descanso es un
lujo inalcanzable. El 68,8% de quienes respondieron y están en edad
jubilatoria sigue trabajando, y casi el 40% tiene más de un empleo.
El
informe también destaca que la situación es particularmente grave en
las ramas radiales y de prensa escrita. En las emisoras, el 86,4% de los
trabajadores cobra por debajo de la línea de pobreza, mientras que en
prensa escrita ese porcentaje asciende al 75,7%.
Entre todas las
ramas, el 17,6% de las personas encuestadas manifestó trabajar bajo
condiciones precarias de contratación en el empleo que representa su
principal fuente de ingresos. El porcentaje se mantiene casi igual al de
2025, lo que demuestra que, pese a las ligeras modificaciones en el
salario, las malas condiciones de trabajo permanecen estables.
Un
16,9% de los trabajadores y las trabajadoras de prensa del AMBA hace
alguna “changa” informal por necesidad para complementar sus ingresos.
La dispersión de rubros incluye oficios tradicionales con
microemprendimientos de baja escala y trabajos en plataformas de
mensajería o transporte.
A modo de continuidad con los últimos cuatro
años, del análisis de la encuesta se desprende que los trabajadores y
las trabajadoras de prensa deben recurrir al pluriempleo para morigerar
los problemas económicos. El 54,4% de las personas encuestadas afirmó
tener dos o más empleos remunerados. Del total, el 31,7% tiene dos
empleos y el 22,7% tiene tres o más. Lo último preocupa: en 2025,
quienes pertenecían a ese grupo eran el 17,5%, lo cual indica que
aumentó la cantidad de empleos promedio, dentro del grupo de
pluriempleados. El 86,4% afirmó que su situación se debe a que el sueldo
no le alcanza. Además, el 52,2% afirmó haber buscado otro empleo
remunerado en el último mes.
Respecto al salario, el 20,4% de mujeres
y disidencias declaró cobrar menos que compañeros varones que hacen la
misma tarea. El 43,8% respondió no saberlo, lo que sugiere que la brecha
real podría ser significativamente mayor. 20,4% de mujeres y
disidencias declaró cobrar menos que compañeros varones que hacen la
misma tarea
Del total de mujeres y disidencias respondentes, el 14,9%
afirmó haber sufrido situaciones de violencia en el último año,
porcentaje similar al de 2024 y 2025. De las que la reportaron, el 70,6%
fue en el ámbito laboral exclusivamente, perpetrada por superiores
(48,1%) o compañeros/as (25,9%).
Como vienen denunciando desde
SiPreBA, el gobierno de Javier Milei modificó las reglas de juego de la
libertad de expresión. Del total de personas respondentes, el 86,8%
consideró que este indicador empeoró con la gestión libertaria.
Vinculado a eso, la enorme mayoría, el 91,6%, se manifestó en contra de
la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, cuyo contenido
posee un alto nivel de conocimiento por parte del gremio (el 61,3%
manifestó saber qué engloba).
El 22,2% de las personas encuestadas
afirmó haber padecido problemas de salud relacionados al trabajo en
general. Los síntomas más frecuentes vinculados al trabajo son tensión e
irritación (ambos 53,4% del gremio), alteraciones del sueño (51,6%),
alteraciones del estado de ánimo (48,9%) y ansiedad (46,5%). Además,
durante el último año también manifestaron haber tenido alguno de los
siguientes problemas: Reestructuración impuesta sin consentimiento:
23,5%; Presiones por los contenidos periodísticos: 22%; Maltrato laboral
de jefes: 18,6%; Cambios en tiempo de trabajo sin consentimiento:
12,1%; Violencia psicológica: 10,3%.
El informe abarcó a medios como
Clarín, La Nación, Infobae, América TV, Olé, El Trece, TN, C5N, El
Destape, Radio con Vos, Radio del Plata, Telefe, Ámbito Financiero,
Crónica, Crónica TV, Canal 9, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El
Cronista y la Televisión Pública, elDiarioAR, entre otros, y se presenta
habitualmente desde hace años en coincidencia con la fecha
conmemorativa y la creación del SiPreBA, que cumple este 7 de junio su
onceavo aniversario.
Encuesta SiPreBA 2026: INFORME COMPLETO AQUÍ
Estatuto del Periodista
El martes 9 de junio, a las 15:00, el SiPreBA, la FATPREN y los sindicatos de prensa de todo el país presentarán en el Congreso el proyecto de actualización del “Estatuto del Periodista Profesional y del personal administrativo de empresas periodísticas”, junto a la senadora Carolina Moisés, presidenta de la Comisión Unicameral de Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de expresión, senadores y senadoras de distintos espacios políticos y periodistas de diferentes medios de comunicación y regiones del país. Será en el anexo del Senado, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1849 de la Ciudad de Buenos Aires.
Medios públicos advierten que peligra la transmisión del Mundial
Las
y los trabajadores de los medios públicos volvieron a llamar al diálogo
a la gestión libertaria. Aunque marcaron un límite que se sintetizó en
una canción. “Hay que saltar/ hay que saltar/ si no hay aumento, no hay
Mundial”, fue la consigna que cerró la conferencia conjunta realizada en
la puerta de la Televisión Pública por los distintos gremios que hace
más de dos años reclaman terminar con el congelamiento de los sueldos y
mejorar las condiciones de trabajo mientras la intervención elige el
silencio y la falta de respuestas.
“Peligra el Mundial porque vamos a
hacer paros todos los días en las primeras dos semanas. Queremos
informar y comunicar pero no con salarios pobreza”, dijo Agustín Lecchi,
secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa, a una
semana del partido inaugural en la Copa a jugarse en Estados Unidos,
Canadá y México.
“Esta gestión no tiene ni garantizada la ceremonia
inaugural y se están volviendo locos para conseguirla”,
puntualizó Gustavo Carnevale, de la Asociación de Personal Jerarquizado
(APJ) en la TVP, y recordó que es un hecho sin precedentes para la
pantalla de la empresa pública.
El Sindicato Argentino de Televisión,
Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos
(Satsaid) y el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (Salco)
también organizaron la acción. Junto a Sipreba y APJ, vienen
denunciando la “inhumana e insensible” situación salarial y realizando
distintas medidas de fuerza para recibir una oferta de parte de la
intervención. “No tenemos más paciencia y queremos ganar lo que nos
corresponde como trabajadores de un medio de comunicación”,
sostuvo Fernando Costa, titular de Salco.
La foto de la conferencia
la completaron delegados y trabajadores de Radio Nacional, Télam y
Contenidos Públicos que se acercaron al canal, y que también vienen
llevando adelante medidas gremiales en sus redacciones.
Desde la
llegada de Javier Milei al gobierno, las Comisiones Internas de todos
los medios públicos denuncian tanto el deterioro salarial como el
vaciamiento estructural en condiciones mínimas como en el desgaste en el
material de trabajo y los equipamientos tecnológicos. “Si hay aire en
este canal es de milagro y por nuestros compañeras y compañeros y su
profesionalismo y su compromiso”, describió Lecchi en sintonía con Darío
Aguilar, representante de Satsaid, que expuso la precariedad cotidiana
que sufren en la Televisión Pública.
Las y los trabajadores volvieron
a dar otra muestra de su tenacidad en la defensa de los medios
públicos. La cercanía del arranque del Mundial recalentó el reclamo. A
sólo siete días de la competencia, las medidas podrían ir escalando si
la gestión libertaria decide mantener los sueldos congelados, como
sucede hace casi 24 meses.
Despidos en El Editor
El
Editor Mendoza, de Francisco Basualdo Vila, empresario platense y
directivo (aunque figura como empleado con un sueldo de $215.750)
perteneciente al “Grupo Delsud Administración Financiera e Inmobiliaria
SRL», a cuyo nombre figura un departamento allanado en calle 10 el
pasado 12 de marzo debido a la venta de loteos ilegales en La Plata,
decidió ahora cerrar la redacción de Mendoza para seguir sosteniendo el
portal a distancia, desde la capital bonaerense.
El diario, que abrió
en enero de 2025, tuvo unas últimas semanas de tensión: “Primero,
tomaron la decisión de suspender a toda la redacción por unas tazas que
habían quedado sin enjuagar en la cocina. Una excusa, claramente, pero
después de la suspensión nos comunican que han decidido echarnos a
todos, sin causa.”, relató Javier Polvani, uno de los 11 periodistas
recientemente despedido.
Sabemos lo que implica el cierre de un
medio. No es sólo la pérdida de la pluralidad de voces, sino la censura
de información situada, en territorio.
“Por eso quedamos adentro de
la redacción, porque estamos seguros de que la liquidación no nos la van
a pagar. Ni sueldo ni indemnización. No hay ninguna posibilidad de que
den marcha atrás, pero vamos a pelear. En este momento, estamos en
asamblea para realizar un acto”, siguió Polvani.
Comunicado del sindicato de prensa:
GRAVE SITUACIÓN EN EL EDITOR MENDOZA
Desde
el Sindicato de Prensa acompañamos a las trabajadoras y los
trabajadores de prensa de El Editor Mendoza, quienes atraviesan una
situación extremadamente preocupante. Las y los periodistas venían
denunciando situaciones de hostigamiento, maltrato y precarización
laboral dentro del medio, perteneciente a la empresa LANIAKEA Grupo Del
Sud.
Esta mañana, tras una inspección realizada por la Subsecretaría
de Trabajo —solicitada por el Sindicato de Prensa—, llegaron
trabajadores enviados desde La Plata, sede central de la empresa.
Horas después, les comunicaron a todas y todos los periodistas que estaban despedidos.
Además,
en una comunicación realizada ayer, les informaron que la Jefa de
Redacción había “renunciado”, algo que no fue cierto. La despidieron sin
causa, siendo monotributista, simplemente le comunicaron que ya no
requerían más de sus servicios.
En total son 11 las trabajadoras y
los trabajadores afectados por esta medida. Por su parte, en esto de que
se cierra, se les informó a El Editor La Plata que sus empleados iban a
tener que escribir sobre Mendoza.
Desde el Sindicato de Prensa exigimos respuestas urgentes y acompañamos el reclamo de cada compañero y compañera afectada.
Nos mantenemos en Asamblea permanente hasta que haya una respuesta efectiva para garantizar los derechos de nuestros/as colegas.
Grupo
Del Sud nunca presentó facturación ni balances. Tiene cheques sin fondo
y se encuentran en situación de deuda judicial ante la Creditia
Fideicomiso Financiero. Ante ARBA están en situación de deuda. Y otra
firma suya, Laniakea S.A.S. que es la supuesta dueña de ELEditor
Mendocino, no se encuentra bancarizada pese a los 11 empleados que
trabajaron desde enero de 2025 hasta hoy. Además, el Grupo posee Grava
Movimientos de Suelos y Venta de Materiales S.R.L., creada en mayo de
2021, también sin bancarizar.
Repudiamos el despido, sin aviso
previo, de los 11 colegas. Y exigimos a la justicia que avance contra la
corrupción de Grupo Delsud por los delitos de estafa y desobediencia,
relacionados con la promoción y venta de parcelas en emprendimientos
como Barrio Bella Vista, Barrio El Paraíso y el loteo Los Pinares, en la
localidad de Melchor Romero, donde han comercializado partes indivisas
de inmuebles como si fueran lotes aptos para construir, sin cumplir los
requisitos legales. (grupomiradacritica.com
y @estafadosxdesarrollodelsud). Han comercializado terrenos en zonas
inundables y críticas, bajo la ilusión del techo propio. Actualmente las
causas siguen en curso.
La fiesta de las trabajadoras sexuales es también resistencia
Las
trabajadoras sexuales de Constitución organizaron una marcha por el
barrio para celebrar su día. Hubo guirnaldas, facturas, galletitas, una
olla popular y el abrazo de compañeras que llegaron desde otras zonas.
Sin embargo, para ellas, esta fecha excede la celebración: es una
jornada clave para visibilizar las violencias sistemáticas que sufren
por parte de la policía, la discriminación social y las consecuencias
urgentes de la falta de reconocimiento legal de su actividad.
La
fecha conmemora la histórica protesta del 2 de junio de 1975, cuando más
de 200 trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia de Saint-Nizier en
Lyon, Francia. Aquella ocupación buscaba denunciar la represión
policial, las condiciones de clandestinidad y la indiferencia
gubernamental. Aunque a los dos meses fueron desalojadas violentamente,
ese hito marcó el inicio de un movimiento global por los derechos y la
dignidad del sector.
Más de medio siglo después, la realidad en las
calles porteñas demuestra que el núcleo del reclamo sigue intacto.
Las detenciones arbitrarias, las requisas vejatorias, las coimas, los
abusos y las golpizas por parte de las fuerzas de seguridad continúan
vigentes.
En el contexto actual, las trabajadoras enfrentan los
denominados “operativos de saturación”, dispositivos donde la policía
las acosa y violenta en el espacio público. En los últimos meses, estas
prácticas se han recrudecido, sumando robos de dinero y pertenencias en
manos de los propios efectivos. A esto se añade el impacto de la crisis
económica: la precarización extrema empujó a muchas de ellas a la
situación de calle tras no poder costear el alquiler de una pieza de
hotel o pensión.
Verónica Peluso tiene 53 años y hace 30 que ejerce
la actividad. Su relato expone el modus operandi de la arbitrariedad
policial en el barrio. “Hace unos meses estaba con un cliente en su
auto. Hicimos unas cuadras y nos frenó un comisario en medio de la
calle; supuestamente nos venían siguiendo por monitoreo. Revisaron todo.
Durante ese procedimiento ilegal me esposaron sin motivo”, recuerda. Al
cliente le encontraron droga en la zapatilla y, bajo amenazas de
secuestrarle el vehículo y exponerlo ante su esposa, lo obligaron a
declarar que Verónica se la había vendido.
“Me armaron una causa. Me
dejaron desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la mañana en el
playón de la Comisaría 1C, sin techo, sentada en el piso. No te dan
abrigo ni comida; te tratan como a un perro. Después me trasladaron a la
Comisaría 16 y me tuvieron cuatro horas arriba del patrullero hasta que
autorizaron la celda. Me largaron recién a las tres de la tarde del día
siguiente”, denuncia Verónica, quien además se encuentra actualmente en
situación de calle. El hostigamiento, asegura, es diario: “Hace un mes
estaba parada en Santiago del Estero y Garay. La policía inventó que
había hecho un ‘pasamanos’. Vino un oficial y me dijo: *’Viste cómo te
agarré, putito de mierda’*. Me tomó del cuello, me tiró al piso y me
llevaron esposada. En la comisaría me trataban de varón. Es desesperante
vivir así. Salgo a la calle y tiemblo de miedo”.
Esta intersección
entre la violencia institucional, la xenofobia y la transfobia también
marcó la vida de Wendy, quien llegó desde Perú hace dos décadas. Para
ella, el trabajo sexual se presentó como la única alternativa en un
sistema que sistemáticamente le cerró las puertas. “Somos muchas las
compañeras que vivimos y sobrevivimos gracias al trabajo sexual”,
explica. Wendy padeció en carne propia el encierro como castigo a la
resistencia: “Me detuvieron varias veces, me golpearon, me armaron
causas. Estuve detenida cuatro años en el penal de Florencio Varela
porque me armaron una causa cuando me negué a pagarles una coima; me
plantaron droga en mi casa. También me sacaron la poca plata que tenía,
me hicieron contravenciones y me quitaron mis pertenencias. Las requisas
siempre son así, un despojo”.
Constitución es hoy el epicentro de
esta avanzada punitivista, pero la situación se replica en toda la
geografía porteña. Laura Mesa, trabajadora sexual en el barrio de Flores
desde hace 34 años, advierte que la saña actual ha cruzado todos los
límites: “Seguimos sufriendo la misma violencia institucional en todos
los barrios. Acá en Constitución, últimamente, hay tanta violencia
que tenemos dos compañeras con los brazos fracturados por la policía. Ya
no labran una contravención, van directo a la agresión física. Pasa en
Flores, en Once, en Palermo, en Villa del Parque: donde se ejerza el
trabajo sexual, está mal visto”.
Para Laura, esta ofensiva no es
aislada, sino que responde a una planificación política que busca la
exclusión habitacional y laboral. “Esta nueva puesta en escena del
Gobierno de la Ciudad busca expulsar tanto a los manteros como a las
personas en situación de calle. Hay allanamientos compulsivos, entran a
los hoteles; estamos viviendo una violencia total”, señala. Frente a ese
escenario, reivindica su historia y su derecho a decidir: “El trabajo
sexual para mí significó estabilidad. Yo crié a tres hijas y a una nieta
gracias a mi concha, como decimos las putas. Hoy tengo hijas
universitarias y recibidas. Todo fue gracias a mi trabajo. Yo era
enfermera y con un empleo registrado no llegaba a cubrir las necesidades
de tres bocas; fui madre soltera y soy viuda, las crié totalmente sola.
El trabajo sexual fue la veta que me dio autonomía. Cuando entré a
AMMAR conocí el compañerismo y me politicé. Estamos exigiendo los
derechos que nos corresponden”.
Esa politización y visibilización de
la lucha, destaca Laura, se debe al trabajo sostenido de Georgina
Orellano, secretaria general de AMMAR. Como respuesta colectiva a la
ausencia estatal, el sindicato construyó sus propios refugios de
cuidado. “Inauguramos en el barrio la ‘Casita Roja’, un centro integral
para las trabajadoras sexuales que abre de lunes a viernes. Ahí funciona
nuestro comedor, brindamos terminalidad escolar, asistencia legal,
social y psicológica. Las coordinadoras le ponemos el pecho día a día
para sostenerlo con la nuestra, de nuestro propio bolsillo, sin recibir
ninguna ayuda del Estado”.
Al analizar la gestión de Jorge Macri en
comparación con mandatos anteriores, la mirada de las trabajadoras
apunta directo al corazón ideológico del oficialismo porteño. “Él quiere
higienizar la Ciudad. Como dicen ahora los libertarios, ellos son la
‘gente de bien’. Yo me pregunto: ¿entonces yo soy del mal? ¿Por qué
tengo que ser del mal por ser trabajadora sexual, militante o tener otra
ideología? Partamos de esa base violenta que divide a la sociedad”,
reflexiona Laura. “Hablamos de familias enteras en la calle porque no
pueden pagar un alquiler, porque las echaron de sus empleos o les
sacaron la obra social. Los hospitales están colapsados. Quieren
enfrentar a la sociedad: al pobre contra el que no lo es. Jorge Macri
vino a eso: a ponernos la vara de quién es bueno, quién es malo, quién
es blanco, quién es negro, quién es pobre y quién es rico”.
Aunque el
trabajo sexual en la Argentina no es un delito, las diversas formas de
organización, cooperativismo y autogestión están criminalizadas de hecho
por códigos contravencionales y normativas federales que, bajo una
mirada punitivista, equiparan la actividad con la trata de personas. “Es
necesario y urgente que nuestro trabajo sea reconocido para poder
acceder a derechos laborales básicos como una obra social y una
jubilación”, exigen desde el sector, con la advertencia firme de que
continuarán en las calles hasta que la despenalización y la regulación
sean una realidad efectiva.
Durante la jornada, la marcha consistió
apenas en una vuelta manzana. En su caminata, las trabajadoras saludaron
a aquellxs vecinxs que, lejos de la estigmatización, les tienden una
mano cotidiana en una muestra de respeto elemental. Hacia el final de la
tarde, la policía no tardó en llegar para intentar labrar una
contravención que finalmente fue desestimada por la resistencia
colectiva. Una muestra fiel del día a día en Constitución: una
cotidianeidad marcada por el acoso policial y una violencia
institucional que ensaña su crudeza, fundamentalmente, sobre las
identidades travestis y trans.
Una de las fábricas de pallets de madera más importantes del interior del país cerró sus puertas
La planta, ubicada en Azara, Misiones, funcionó durante décadas y se convirtió en uno de los principales empleadores de la zona.
El
cierre dejó a 130 trabajadores sin empleo de un día para el otro, en
una localidad donde las fuentes de trabajo industrial son escasas.
¿Por qué cerraron y qué reclaman los empleados?
Ante el anuncio del cierre, los trabajadores iniciaron una vigilia en la planta para evitar el retiro de maquinaria.
En tanto, la continuidad de la empresa se produjo en un contexto crítico con:
Deuda fiscal de $500 millones.
Cuentas embargadas.
Salarios impagos.
Caída de la demanda.
Aumento de costos fijos.
¿Qué pasará con los 130 empleados?
La
situación de los trabajadores es crítica. Azara es un municipio
pequeño, con economía fuertemente ligada a la actividad forestal y
maderera, y esta fábrica era uno de los mayores empleadores privados de
la región.
Sin acuerdo a la vista y con los salarios sin cobrar,
muchas familias quedaron en una posición de extrema vulnerabilidad
económica.
El caso puso en alerta a los sindicatos del sector
maderero de Misiones, que siguen de cerca las negociaciones y evalúan
medidas de fuerza en caso de que la empresa no cumpla con sus
obligaciones legales.
Trabajadores de Lustramax denuncian las ilegalidades de Arietto
Leandro
Gómez, delegado de las y los trabajadores de Lustramax, junto a
compañeros de la empresa, llevó a la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires una denuncia contra la senadora Florencia Arietto por
presunto incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Durante
la jornada, se reunieron con la senadora Mónica Macha (Unión por la
Patria), el diputado Christian Castillo, la diputada Mónica Schlotthauer
(Frente de Izquierda) y la diputada Soledad Alonso (Unión por la
Patria), presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de
Diputados bonaerense. Asimismo, recibieron la solidaridad del ministro
de Gobierno de la provincia, Carlos «Carli» Bianco.
La denuncia
presentada por los trabajadores es contundente: sostienen que la
senadora Arietto impidió personalmente el cumplimiento de una orden de
reinstalación inmediata dictada por el Tribunal de Trabajo N.º 7 de
Pilar. Incluso existe un video, con cientos de miles de reproducciones,
en el que la propia Arietto —en su doble condición de senadora y abogada
patrocinante de Lustramax— manifiesta públicamente que no cumplirá con
lo ordenado por la Justicia.
Los trabajadores también informaron a
legisladores y legisladoras que las causas penales iniciadas por Arietto
y por el dueño de la empresa, Sosa, contra delegados y trabajadores por
ejercer el derecho de huelga fueron archivadas por la Fiscalía.
Posteriormente, Arietto apeló esa decisión, pero el fiscal de Cámara de
San Martín confirmó el archivo de las actuaciones.
La lucha por la
reincorporación de los delegados y de los trabajadores despedidos
continúa. Mientras tanto, denuncian que tanto Sosa como Arietto actúan
al margen de las resoluciones judiciales y de la normativa laboral
vigente, mientras los trabajadores resisten los ataques de una patronal
que busca avanzar sobre derechos conquistados.
A continuación,
reproducimos el texto de la solicitud de intervención presentada por los
trabajadores ante la Legislatura provincial:
SOLICITUD DE
INTERVENCIÓN AL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESPECTO A LAS ACTUACIONES ILÍCITAS DE LA SENADORA MARÍA FLORENCIA
ARIETTO
Señores Senadores Provinciales:
Leandro Gómez, quien
suscribe la presente, en mi carácter de delegado del personal de
Lustramax, me dirijo a Ustedes con el debido respeto a fin de poner en
su conocimiento un accionar de extrema gravedad institucional por parte
de la senadora Florencia Arietto. Dicho accionar vulnera derechos
constitucionales, desacata órdenes judiciales firmes y atenta
directamente contra la libertad sindical en nuestra provincia.
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS
Desde
el 12 de enero de 2026, la empresa LUSTRAMAX SRL —con el patrocinio
activo de Florencia Arietto, quien se desempeña como su asesora jurídica
y mantiene un contrato comercial con la firma— ha iniciado, en el marco
de un conflicto gremial, diversas causas penales contra los
trabajadores que defendían sus puestos de trabajo y el sustento de sus
familias. Dichas causas penales han sido archivadas recientemente por la
justicia provincial por carecer de todo sustento fáctico y legal.
Durante
el transcurso del conflicto, la senadora ha utilizado sus redes
sociales y sus intervenciones en medios masivos de comunicación
(espacios a los que fue invitada invocando su investidura pública) para
criminalizar y discriminar a los trabajadores, llegando al extremo de
calificarnos como “parásitos”.
Asimismo, la empresa intentó sin éxito
obtener una medida cautelar para excluirme de la tutela sindical
(petición que fue rechazada en reiteradas oportunidades). En sentido
contrario, el Tribunal de Trabajo N° 7 del Departamento Judicial de San
Isidro, con sede en Pilar, emitió cuatro resoluciones firmes que ordenan
mi inmediato ingreso a la planta para ejercer mis funciones como
delegado.
El día 5 de marzo de 2026, la senadora Arietto se presentó
en el establecimiento de LUSTRAMAX SRL. Pese a tener pleno conocimiento
de la orden emitida por el Tribunal de Trabajo N° 7, impidió
físicamente, mediante empujones y «pechadas», el acceso de este
trabajador, manifestando textualmente: “No podés ingresar” y “No voy a
acatar”. Resulta inadmisible que una legisladora manifieste abiertamente
su desobediencia a las leyes y a las sentencias del Poder Judicial de
la Provincia de Buenos Aires, obstruyendo el accionar de la justicia en
beneficio de un interés privado.
Por otra parte, el 15 de enero de
2026, la empresa LUSTRAMAX ejecutó un lockout ofensivo, violando la
conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo
bonaerense. Ese día, la senadora Arietto gestionó la presencia de la
Gendarmería Nacional en la puerta de la fábrica para garantizar el
incumplimiento de la conciliación y habilitar la salida de camiones.
Esto ocurrió a pesar de que el fiscal a cargo de la causa, Dr. Ignacio
Jaime García, informó explícitamente que él no había convocado a ninguna
fuerza federal. La senadora utilizó su influencia política para
desplegar una fuerza de seguridad federal en un conflicto laboral de
jurisdicción provincial, lo que constituye una grave extralimitación y
el presunto delito de abuso de autoridad.
A través de su cuenta en la
red social X (@florenciarietto), la senadora me ha calificado como
“zurdo”, “parásito” y “mafia sindical”, instigando activamente al odio.
Asimismo, ha amenazado e insultado a los magistrados intervinientes,
tildando a los fiscales de “cagones” y a los jueces de “justicia
cómplice”, afirmando además que “convirtieron San Martín en un baño de
sangre”, incitando de este modo a la violencia institucional.
Los
hechos aquí expuestos fueron cometidos por una funcionaria legislativa
con mandato vigente, quien ha utilizado el poder de su cargo para
vulnerar derechos humanos y laborales fundamentales. La senadora Arietto
ha actuado como si estuviera por encima de la ley, desacatando órdenes
judiciales y amedrentando a otros poderes del Estado. La función
legislativa no puede estar al servicio de intereses comerciales
particulares. Ni la ciudadanía ni los trabajadores podemos tolerar que
una senadora use su banca para garantizar la impunidad de su cliente,
violentando la Constitución Nacional y los tratados internacionales con
rango constitucional.
Por todo lo expuesto, solicito al Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires:
Su
urgente intervención para que, a través de las comisiones
correspondientes, se investigue la conducta de la Senadora María
Florencia Arietto por el uso indebido de su investidura, evidente
conflicto de intereses y la presunta comisión de ilícitos penales en
perjuicio de los derechos laborales y sindicales.
Las y los
trabajadores de Lustramax esperamos la intervención de este cuerpo para
resolver esta grave situación institucional y garantizar que pueda
ingresar a la planta normalmente a cumplir con mis tareas de delegado.
Cada día que pasa se vulneran derechos adquiridos frente a una empresa
que, antes de la organización de los trabajadores en el año 2021,
mantenía a la totalidad de su personal bajo condiciones de contratación
precaria y no registrada. Ese es el modelo informal y precarizador al
que Lustramax pretende regresar, y ese es el plan corporativo con el que
la senadora Arietto se encuentra plenamente comprometida.
Personalidades cuestionan la maniobra legal de Shell para impedir una reinstalación laboral
La
pelea de los trabajadores despedidos para que se cumplan los fallos de
reinstalación en la refinería de Shell suma un nuevo capítulo. Luego de
que la justicia exigiera la reinstalación de Gustavo Michel en su puesto
de trabajo, la empresa petrolera ha decidido ensayar una maniobra que
desafía los límites del derecho procesal argentino. Al no estar de
acuerdo con el fallo del juzgado nacional de primera instancia, Shell
decidió saltearse la Cámara de Apelaciones —el paso previo
correspondiente— y recurrir directamente al Tribunal Superior de
Justicia de la CABA. A través de un per saltum, solicitó que se suspenda
de inmediato la medida judicial que cuestiona. Lo insólito es que El
Tribunal Superior de Justicia resolvió que estudiará el recurso
presentado por la petrolera multinacional para suspender la medida
vigente. Cabe recordar que en abril la justicia intimó penalmente a
Andrés Cavallari, CEO de Shell Raizen, a que cumpla con la reinstalación
por el incumplimiento de la empresa.
Ante este escenario, el Centro
de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) fundado por Myriam
Bregman formalizó la presentación del Amicus Curiae firmado por
personalidades muy importantes. Entre los firmantes destacan el Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Ana Almada, Elizabeth Quintero,
Cecilia Valergas, y la Dra. Mariana A. Katz del Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ), referentes de Derechos Humanos como María Inés García (hija de
desaparecidos), Marta Ungaro (militante de Derechos Humanos parte de
los Juicios por la Verdad de La Plata), Claudio Yacoy (Secretario de
Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda. El funcionario es
Abogado especializado en Lesa Humanidad), Leonardo Pérez Esquivel
(militante por los Derechos Humanos); también ambientalistas como
Enrique Viale (Abogado Ambientalista. Presidente de la Asociación de
Abogados Ambientalistas), Guillermo Folguera, biólogo investigador del
CONICET, Doctor UBA y Michelle Aslanides (Especialista en prevención e
investigación de accidentes en sistemas de alto riesgo, docente UNLP y
Cuyo). A su vez, han sido parte de esta presentación Marta Maffei
(dirigente sindical y diputada, mandato cumplido) y María José Lubertino
(ex diputada y Presidenta de Asociación Ciudadana por los Derechos
Humanos), Daniel Catalano (ATE Capital), Oscar de Isasi (ATE Nacional),
Agustín Lecchi (Sipreba), Raúl Víctor Llaneza (Abogado, Secretario
Adjunto Junta Interna ATE Indec), Silvia Zapata (ATE SUR) y José Villa
(Comisión Interna Siat), a los que se sumaron las firmas de los
diputados nacionales del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad
(FIT-U): Nicolás del Caño (PTS), Christian Castillo (PTS), Romina del
Plá y Néstor Pitrola (Partido Obrero).
Además la Asociación de
Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), a través de su representante
Pérez Crespo, presentó su propio Amicus Curiae, reafirmando su política
de intervención frente a atropellos que amenazan las bases mismas del
derecho del trabajo.
Esta maniobra por parte de Shell no solo busca
anular una medida cautelar vigente, sino que fuerza una herramienta
legal para la cual no existen los requisitos jurídicos. Ante esta
situación, que el TSJ ha aceptado tramitar pero aún no ha resuelto, la
presentación de este Amicus Curiae representa una muestra de un amplio
cuestionamiento y preocupación.
¿Qué es un per saltum y qué busca Shell?
El
recurso de per saltum es una vía extraordinaria y muy excepcional hacia
la Corte Suprema de Justicia de la Nación para casos de alcance
federal. Por ello las reglas de este mecanismo son muy estrictas. Es
jurídicamente inadmisible utilizar un per saltum para cruzar
jurisdicciones, es decir, para esquivar a la Justicia Nacional del
Trabajo —fuero natural de este conflicto— y llevar el reclamo al ámbito
local del TSJ porteño, donde además no existe en la Ley procesal del TSJ
tal recurso.
Como lo explicó Myriam Bregman, que es abogada de
Gustavo Michel, lo escandaloso es que se intenta transformar al Tribunal
Superior de Justicia de la CABA en un tribunal explícitamente patronal,
desatendiendo el marco legal vigente y las competencias de la justicia
laboral. Pero lo sorprendente no es sólo la maniobra legal de Shell,
sino que el TSJ acepte esta presentación por simple afinidad con el
macrimileismo, cuando debería haber sido rechazado sin ninguna duda.
¿Qué es un Amicus Curiae?
Frente
a este escenario de asimetría, la defensa de Gustavo Michel no solo
interpuso los escritos de oposición correspondientes, sino que recurrió a
la figura del Amicus Curiae o «amigo del tribunal».
Esta figura
procesal permite a terceros ajenos al litigio presentarse por escrito
ante el tribunal para aportar argumentos, datos técnicos o perspectivas
de interés público sobre la causa. En la justicia argentina, se emplea
cuando un caso tiene relevancia social, constitucional o de derechos
humanos. Su función es enriquecer la decisión judicial con una mirada
ampliada y ejercer un control implícito sobre el accionar de los
magistrados, ya que el tribunal no puede ignorar sin fundamentación un
aporte de interés público bien respaldado.
Los trabajadores
despedidos de Shell volvieron a destacar el fuerte respaldo recibido en
su reclamo para que la empresa cumpla con las sentencias judiciales.
Este apoyo quedó plasmado en el Amicus Curiae que encabeza el Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Milei reglamentó la reforma que terceriza las indemnizaciones
.
El
Gobierno nacional, bajo la conducción de Javier Milei, reglamentó el
Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema incluido en la cuestionada
Ley de Modernización Laboral que permite financiar indemnizaciones por
despido a través de fondos privados constituidos por los propios
empleadores y administrados bajo supervisión de la Comisión Nacional de
Valores (CNV). La medida, oficializada mediante el Decreto 408/2026
publicado en el Boletín Oficial, establece las condiciones de
funcionamiento del régimen, los mecanismos de recaudación de aportes y
los procedimientos para el pago a trabajadores registrados, aunque en la
práctica transfiere recursos del trabajo al mercado financiero.
En
otras palabras: el dinero destinado a cubrir los despidos de
trabajadores van a ser destinados a la timba de los traders, donde las
ganancias serán usufructuadas por el sector privado y las pérdidas
absorbidas por los eventuales despedidos.
El decreto detalla cómo se
conformarán y administrarán estos fondos, a quiénes alcanzarán
—empleadores del sector privado, con exclusiones expresas— y cómo se
canalizarán los aportes, mientras que el texto oficial justifica la
instrumentación a través de vehículos de inversión colectiva como fondos
comunes y fideicomisos financieros supervisados por la CNV, un
organismo dependiente del Ministerio de Economía. La norma añade que la
Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de
recaudar y derivar las contribuciones, y que cada empleador deberá
informar un “ID FAL” para asignar los aportes, en un esquema que
prioriza la lógica de mercado por sobre la protección laboral
tradicional.
En un claro gesto de desprotección hacia los
trabajadores, la reglamentación establece que las indemnizaciones
deberán pagarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la
declaración, pero condiciona el acceso a la cobertura plena a una
antigüedad mínima de doce meses en los registros laborales, dejando
fuera a quienes tengan menos tiempo de servicio. Además, los recursos
solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados
en la Argentina, bajo el supuesto objetivo de promover la inversión
productiva local, aunque en la práctica expone el dinero de los despidos
a los vaivenes del mercado de capitales.
El Poder Ejecutivo, en una
maniobra que demora derechos fundamentales, prorrogó la entrada en
vigencia del régimen hasta el 1° de noviembre de 2026, otorgando un
amplio margen para que la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la
Secretaría de Finanzas dicten las normas complementarias. Hasta esa
fecha, el plan económico de Milei consolida así una reforma que erosiona
conquistas históricas del movimiento obrero al sustituir el sistema
solidario de indemnizaciones por un modelo de capitalización individual,
donde los trabajadores quedan a merced de la rentabilidad financiera y
la discrecionalidad empresaria.
Las pymes perdieron casi 49.000 puestos en un año
Por Alan Longy
La
industria manufacturera perdió 48.950 puestos de trabajo registrados en
un año y encadenó 26 meses consecutivos de caída del empleo formal.
Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria y la
estabilidad financiera, con recesión.
La industria manufacturera
volvió a mostrar en febrero un deterioro sostenido del empleo formal y
consolidó una tendencia negativa que atraviesa a buena parte de la
economía real desde la llegada de Milei al Gobierno. Según datos de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) relevados por Industriales
Pymes Argentinos (IPA), el sector perdió 48.950 puestos de trabajo
registrados en la comparación interanual y acumula una caída de 4,1 por
ciento frente al mismo mes de 2025.
El informe difundido por la
entidad pyme reflejó que en febrero de 2026 la industria manufacturera
contabilizó 1.138.536 trabajadores registrados, contra los 1.187.486
existentes un año atrás. La caída también se verificó en términos
mensuales, ya que en la medición desestacionalizada se perdieron otros
2.594 empleos respecto de enero. El retroceso fabril se da en un
contexto de retracción del consumo interno, apertura importadora y
paralización de numerosos sectores productivos que todavía no logran
recomponer niveles de actividad.
De acuerdo con los registros de la
SRT, el total de trabajadores registrados en unidades productivas
alcanzó en febrero los 9.529.360 asalariados, lo que implicó una
reducción interanual de 108.143 puestos frente a los 9.637.503
existentes en febrero de 2025. En términos porcentuales, la caída global
fue de 1,2 por ciento.
Sin embargo, el informe de IPA advierte que
el golpe más severo se concentra sobre las actividades vinculadas
directamente al mercado interno. La industria manufacturera explicó casi
la mitad de los empleos destruidos en el último año, mientras que el
comercio mayorista y minorista perdió otros 21.952 puestos de trabajo.
Ambos sectores encabezan la lista de actividades más afectadas por la
caída de la demanda y la pérdida de capacidad adquisitiva de los
salarios.
“La consolidación de más de dos años de caída
ininterrumpida evidencia que la pérdida de puestos de trabajo ha dejado
de ser un ajuste transitorio para transformarse en un daño estructural”,
sostuvo el estudio elaborado por Industriales Pymes Argentinos. La
definición sintetiza la preocupación de numerosas cámaras empresarias
que observan cómo el ajuste fiscal y monetario aplicado por el Gobierno
comenzó a trasladarse de manera permanente sobre la producción y el
empleo.
Frente a enero de 2026, el sistema formal perdió otros 36.690
puestos registrados, acelerando una dinámica descendente que ya se
extiende durante 26 meses consecutivos. El documento de IPA precisó que
“tomando como referencia el mes de diciembre de 2023, el empleo formal
registra al mes de febrero de 2026 una pérdida acumulada de 364.554
puestos a lo largo de 26 meses consecutivos, equivalente a una pérdida
promedio de 14.021 empleos por mes”.
Ese proceso coincide con un
fuerte ajuste del entramado productivo pyme, donde muchas empresas
comenzaron a operar con niveles mínimos de actividad o directamente
cerraron sus puertas. El informe empresario señaló que desde la asunción
de Milei desaparecieron “24.978 empresas aportantes”.
La industria
aparece particularmente afectada porque combina varios factores
simultáneos: caída del consumo, aumento de costos, apertura importadora,
encarecimiento del financiamiento y desplome de la obra pública.
Sectores vinculados a la metalurgia, materiales para la construcción,
línea blanca, calzado, textil y alimentos vienen reportando caídas
persistentes en ventas y utilización de capacidad instalada.
El
presidente de IPA, Daniel Rosato, cuestionó el rumbo económico y
advirtió sobre el impacto social de la política oficial. “De nada sirve
tener estabilidad financiera si las Pymes quiebran. Lo único que estamos
planificando son los despidos o los cierres de las fábricas y eso no
coincide con un plan de un gobierno capitalista y libre”, afirmó el
dirigente industrial al presentar el relevamiento.
Rosato también
apuntó contra el contraste entre los indicadores financieros celebrados
por el Gobierno y la situación de la economía productiva. “Estamos ante
un modelo que festeja la paz cambiaria y el riesgo país a costa de la
destrucción sistemática del mercado interno y la aniquilación de las
Pymes. El rebote de la actividad del que habla el Gobierno es un
espejismo para la economía real, porque el crecimiento no derrama y está
atado exclusivamente a sectores extractivos que no generan empleo
masivo. Mientras tanto, las fábricas y los comercios siguen bajando las
persianas todos los días”, aseguró.
El cuestionamiento empresario
coincide con distintos informes sectoriales que muestran una
recuperación muy heterogénea de la economía. Mientras algunos segmentos
vinculados al agro, la energía y la minería exhiben crecimiento y mejora
exportadora, buena parte de la producción industrial destinada al
consumo interno continúa operando muy por debajo de sus niveles
históricos.
Huelga nacional aceitera
La Federación
Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y
Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo iniciaron el miércoles 27 de mayo
una medida de fuerza conjunta, siguiendo el mandato otorgado por las y
los delegados de base, luego de que la Cámara de la Industria Aceitera
de la República Argentina (CIARA) y las patronales aceiteras y de
biodiesel ofrecieran una recomposición salarial de 0% en la negociación
colectiva salarial aceitera.
Desde la FTCIODyARA y el SOEA explicaron
que, según el compromiso asumido en la paritaria del año pasado, entre
el 27 de abril y el 2 de mayo de este año se analizaría la evolución de
las variables económicas del país y su impacto en el salario para
negociar los aumentos necesarios. Advirtieron, sin embargo, que las
patronales, que obtuvieron una ganancia adicional de 3.740 millones de
dólares con la enorme reducción de los derechos de exportación,
ofrecieron un aumento salarial de 0% para mayo: “No ofrecen ni un peso
de aumento para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia
que ellos acumulan”.
“Además, volvieron a desconocer el criterio de
negociación bajo el concepto del Salario Mínimo Vital y Móvil, que
garantice las 9 necesidades que establece la Constitución y la Ley de
Contrato de Trabajo, y quieren utilizar la lógica del índice de
inflación del Indec, que ya sabemos que no representa los gastos de una
familia trabajadora. Lo que proponen es una trampa y, al mismo tiempo,
niegan una historia de paritarias que lleva más de 20 años y que siempre
aceptaron. Vuelven, como lo hicieron en 2020, con la idea de acomodar
los salarios a la inflación y sostienen que sólo podrá haber aumentos a
partir de junio y con el techo impuesto por ellos mismos que estará
apretado entre el aumento de 12,7% de principio de año y el IPC anual.
Así, las y los aceiteros deberíamos esperar que se liquiden los salarios
de junio para recibir un aumento que nunca podrá superar la inflación
mensual”, señalaron desde la Federación y el Sindicato.
Agregaron que
estas empresas lograron ganancias extraordinarias sin aumentar la
cantidad de trabajadores porque el gobierno les regaló una baja de los
derechos de exportación, que fueron reducidos entre un 27% y un 67%
(dependiendo el producto) respecto a 2023: “La ganancia adicional fue
-como dijimos- de 3.740 millones de dólares para el sector (contemplando
la baja de derechos de enero, la quita de derechos durante septiembre y
la nueva baja en diciembre de 2025). Sólo con esa ganancia
extraordinaria, pueden pagarnos al menos 5 años de salarios de todos los
aceiteros. Estas patronales no quieren hablar de salarios y tampoco
quieren hablar de lo que representa lo que ellas llaman ‘costo laboral’
que no es otra cosa que el trabajo de miles de compañeras y compañeros
que producen lo que se exporta. ¿Y cuánto es ese ‘costo’? En la
actividad aceitera los salarios representan apenas un 3,3% de las
exportaciones del sector”.
“En 2025 se batieron récords de producción
procesamiento de soja y girasol –continuaron desde la FTCIODyARA y el
SOEA. Eso lo hicimos nosotros, los que producimos: pasamos de 183
toneladas por mes a 191 toneladas por mes por trabajador. Lo hicimos sin
que las patronales aumentaran la cantidad de trabajadoras y
trabajadores. De todo esto, las patronales no quieren hablar. Mucho
menos sobre las necesidades de las familias aceiteras, de los aumentos
de los precios de todo lo que consumimos los trabajadores. Nuestro
pedido tiene el mismo fundamento de hace 20 años, garantizar un salario
inicial conforme nuestro derecho constitucional a un Salario Mínimo
Vital y Móvil que garantice, conforme los establece el artículo 116 de
la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento,
vacaciones y previsión. Para garantizar ese salario, y según las mismas
estadísticas del INDEC, se necesitan 2.802.754 pesos y eso es lo que
reclamamos a las patronales aceiteras. Su negativa a otorgar aumentos
demuestra su mala fe y sin lugar a dudas es una provocación a los
sindicatos aceiteros y a los trabajadores. Por ello, es que decidimos
iniciar una Huelga Nacional Aceitera. No estamos dispuestos a aceptar ni
una rebaja ni un congelamiento salarial. Mucho menos vamos a atar
nuestra vida y la de nuestras familias a la conveniencia de las
patronales”.
Dr. Ahorro
Los trabajadores se
movilizaron el jueves 28 de mayo frente a la sucursal Chacarita, ubicada
en Avenida Corrientes 6847 de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que
el martes 26 la propia empresa solicitara al juez a cargo del concurso
de acreedores, que declare la quiebra de Energía y Vida de Argentina SA.
Ya
en diciembre de 2025, la empresa había cerrado 11 locales y despedido a
más de 90 trabajadores, sin pagarles indemnización y con sueldos y
aportes adeudados.
A principios de mayo cerró el total de locales que le quedaban, 33, y despidió a todo el personal, 242 empleados.
Durante
el último fin de semana de mayo, los trabajadores habían descubierto
que no solo seguían vaciando varios de los locales, sino que además
había al menos dos que ya estaban publicados en alquiler.
“Ante el
progreso del vaciamiento, y la rescisión de los contratos de alquiler de
los locales, haciendo irreversible el cierre, reclamamos: El pago de
los salarios adeudados, proporcional de aguinaldo y vacaciones no
gozadas y las indemnizaciones correspondientes en caso de concreción de
la quiebra, y el pago de la deuda previsional, al personal activo hasta
la fecha. El pago de los salarios adeudados, aguinaldo de diciembre
2025, vacaciones no gozadas, indemnizaciones y pago de la deuda
previsional al personal despedido en diciembre 2025. La devolución de
las pertenencias personales que todavía restan entregar al personal que
no pudo volver a ingresar a sus puestos de trabajo por el cambio de
candados que hizo la patronal. Exigimos a la justicia el control e
inventario de los bienes remanentes para evitar la fuga de capitales que
puedan ser útiles a nuestras indemnizaciones. Denunciamos como Modus
Operandi el accionar de la empresa, total responsable del mal accionar
administrativo, que también realizó un vaciamiento seguido de quiebra en
la filial chilena”, expresaron los trabajadores y las trabajadoras de
las farmacias Dr. Ahorro.
Hubo protestas de trabajadores estatales en veinte aeropuertos
Trabajadores
de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa
Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) realizaron una jornada nacional de lucha en más de 20
aeropuertos del país, en rechazo al desfinanciamiento de los organismos
vinculados al sistema aerocomercial. Hubo movilizaciones en el
Aeroparque Jorge Newbery y manifestaciones en Ezeiza.
ATE advirtió
que en caso de no tener respuestas favorables, “se avanzará en un nuevo
paro que podría provocar la suspensión de vuelos en todo el país”.
La
medida había sido definida en una asamblea virtual en la que
participaron más de 200 delegados y dirigentes de los tres sectores, y
en la que se acordó realizar asambleas y movilizaciones en distintas
terminales aéreas con el objetivo de visibilizar el conflicto y advertir
sobre las condiciones laborales y operativas en el sector, según
informaron fuentes gremiales.
El coordinador nacional de ATE-ANAC,
Marcelo Belelli, criticó la postura del Gobierno nacional, a la que
calificó como “totalmente inflexible” y “sin ninguna vocación de
diálogo”. El reclamo unificado surge de la necesidad de defender
organismos públicos clave para el funcionamiento del sistema
aerocomercial, en un contexto que —según denuncian— combina recortes
presupuestarios, atraso salarial y despidos.
Uno de los focos
principales del conflicto es la situación del Servicio Meteorológico
Nacional, donde se registraron despidos recientes. Desde los gremios
sostienen que este tipo de medidas impacta directamente en la seguridad
operativa, ya que el SMN cumple un rol crítico en la previsión de
condiciones meteorológicas para la aviación. “Hoy (por ayer) vence el
mes de preaviso que le dieron a 140 trabajadores que serían despedidos.
Además ya hay 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera
parcial no realizando controles de noche. Esto afecta la seguridad de
todas las operaciones”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Belelli
señaló que desde comienzos de año existe un incumplimiento salarial por
parte del Gobierno y advirtió que la falta de respuestas alimenta el
malestar en el sector. “No hay respuestas”, afirmó el dirigente.
Los
trabajadores también apuntan a la falta de inversión en áreas sensibles.
En ese sentido, remarcaron que el proceso de modernización del sistema
aerocomercial —que incluye proyectos de automatización y digitalización—
no cuenta, según su visión, con los recursos necesarios para sostenerse
en la práctica. “Se habla de automatizar procedimientos, pero no hay
inversión tecnológica para hacerlo”, sostuvo Belelli.
Desde el ámbito
sindical advierten que el ajuste en organismos de control como ANAC y
EANA podría tener consecuencias en la seguridad operacional, ya que
estos entes cumplen funciones centrales en la regulación, supervisión y
gestión del tráfico aéreo. Según indicaron, la combinación de recortes,
falta de personal y deterioro salarial genera un escenario de riesgo
tanto para los trabajadores como para los usuarios del transporte aéreo.
La
jornada de protesta contó con el respaldo de distintos referentes del
sector aeronáutico y sindical, entre ellos Pablo Biró (APLA), Horacio
Calculli (Aeronavegantes y CATT), Rodrigo Borrás (APA), Gonzalo Bello
(UPSF), quienes participaron de la asamblea que definió las medidas.
Fuentes: Canal Abierto, Perfil, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, argentina.indymedia, Anred, Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo, Página 12, El Destape
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.