En el estado de Guerrero prosiguen los asesinatos políticos y no hay para cuando se esclarezcan los de Armando Chavarría Barrera y de los normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011, por mencionar algunos renombrados casos. El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero promete y ofrece resolver varios hechos de sangre, pero no da pasos […]
En el estado de Guerrero prosiguen los asesinatos políticos y no hay para cuando se esclarezcan los de Armando Chavarría Barrera y de los normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011, por mencionar algunos renombrados casos. El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero promete y ofrece resolver varios hechos de sangre, pero no da pasos concretos para detener a los culpables intelectuales y materiales, someterlos a juicio y castigarlos de acuerdo con la ley. En consecuencia, pese a los dichos de Layo Aguirre, los homicidios siguen creciendo y la justicia brilla por su ausencia.
El crimen político más reciente es el cometido el 12 de enero de 2013 en la persona de Andrés Rosales Aguirre El Bigotes, constructor del Movimiento Regeneración Nacional en el municipio de Cutzamala de Pinzón, en la región de Tierra Caliente. Este líder social, fundador del Partido de la Revolución Democrática, destacó en la defensa de los intereses de los campesinos calentanos y dirigió diversas manifestaciones, mítines, plantones y tomas de edificios oficiales. Es uno más de los dirigentes locales asesinados por los priistas.
El 4 de febrero de 1995 fue asesinado Rubén Hernández Benítez, militante del Partido Revolucionario Institucional, siendo acusados los perredistas por este homicidio. El ex alcalde de Cutzamala, Ranferi Suárez Berrum, amenazó de muerte a ocho dirigentes y activistas del PRD, entre los cuales se hallaba Andrés Rosales Aguirre. Las amenazas no fueron simples bravuconadas y empezaron a concretarse en homicidios políticos. En 1995 fueron ejecutados los militantes perredistas Celestino Hernández Gutiérrez, el 5 de mayo; Víctor Duarte Valdés, el 23 de mayo; Eustorgio Baza Antúnez, el 27 de junio, y Abelardo Antúnez Luviano, el 17 de noviembre. Claudio Hernández Palacios fue liquidado el 9 de febrero de 2010.
Además de los asesinatos se han cometido otros ilícitos: secuestros, torturas y amenazas, allanamientos de morada y otras medidas ilegales contra líderes y cuadros municipales del partido del sol azteca y el MORENA.
Sin embargo, no obstante la documentación y las recomendaciones expedidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el asunto, el gobierno del estado y el gobierno de la Federación no se dan por enterados y la violencia priista continúa expresándose.
En tales condiciones, se explica el comunicado de prensa del 13 de enero pasado del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional: «El MORENA condena enérgicamente el cobarde asesinato del compañero Andrés Rosales Aguirre de Cutzamala de Pinzón y demanda a las autoridades competentes y al gobierno del Estado, el esclarecimiento de este alevoso crimen y el castigo a los responsables. Andrés Rosales siempre fue un destacado compañero con una posición de izquierda, militante del PRD y firme partidario de la causa que encabeza Andrés Manuel López Obrador y ahora de MORENA. Lamentamos profundamente su muerte y le expresamos a su familia nuestras sentidas condolencias y nuestra solidaridad.
«Consideramos que este crimen, como el de otros luchadores sociales, es consecuencia de la grave descomposición social a la que se ha conducido a nuestro país por las políticas erróneas y deliberadas que se han venido aplicando desde 30 años atrás por los sucesivos regímenes priistas y panistas. Las acciones de autodefensa armada que ha asumido los ciudadanos en Ayutla y antes en Olinalá, están plenamente justificadas y legitimadas ante la incapacidad de los 3 niveles de gobierno para brindar la protección a sus vidas, bienes y familias. La generalizada situación de inseguridad en todo el país, representa un fracaso de los gobiernos que han sido impuestos en contra de la voluntad de los mexicanos como fue el sangriento gobierno de Calderón y ahora el de Peña Nieto que se entronizó con la compra del voto de millones de ciudadanos y del que no se ve cómo podrá frenar la violencia sin apartarse de la misma política que ha originado esta degradación política y social y con un gabinete de funcionarios que no son otra cosa que de ‘más de lo mismo'».
Las fuerzas democráticas y de izquierda de la entidad denuncian el homicidio y exigen poner en claro los hechos y castigar a los culpables. Iguales demandas se exponen en otras partes de la República. De ahí que, ante la gravedad de la situación, La Jornada Guerrero plantee en su editorial del 15 de enero: «La lista es larga de los militantes del Partido de la Revolución Democrática -y ahora, por lo que se ve, empieza en el Movimiento Regeneración Nacional- que han sido asesinados y cuyos casos no han sido resueltos por las autoridades, ni mucho menos se ha castigado a los autores materiales o intelectuales».
«Siguen pendientes los de Álvaro Rosas Martínez, dirigente del PRD en Petatlán, y su padre Justiniano Rosas Farías; de Armando Chavarría Barrera, en Chilpancingo; de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista; de los dirigentes indígenas de Ayutla Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; de los ex alcaldes, de Cruz Grande, Margarito Genchi Casiano, y de Ayutla, Homero Lorenzo Ríos, ambos cuando eran candidatos a diputados locales del PRD en ese distrito.
«La lista es grande; los anteriores son sólo algunos de los más notorios, pero la dirigencia perredista ha planteado al menos 41 casos -entre los que aún no se encuentra el de Rosales Aguirre, perpetrado el sábado- que necesitan ser resueltos.
«Durante el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo, la investigación de estos atentados se mantuvo prácticamente en cero; y en lo que ha transcurrido del gobierno de Ángel Aguirre sigue igual, o al menos no se ha dado a conocer ningún avance significativo en ninguno de ellos».
La violencia política de la derecha en Guerrero no puede continuar como hasta ahora y es menester ponerle alto. El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero, en lugar de hacer promesas acerca del esclarecimiento de los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011 y de otros graves crímenes cometidos por fuerzas gubernamentales estatales y federales, cuerpos francos y matones al servicio de caciques y acaparadores, debería preocuparse porque las instancias correspondientes descubran, localicen y detengan a los autores intelectuales y materiales de estos delitos con dedicatoria política, los sometan a juicio y sean condenados de acuerdo con la ley.
Guerrero no tiene por qué ser conocido por las bestiales represiones de Chilpancingo en 1960, Iguala en 1962, Atoyac y Acapulco (copreros) en 1967, Aguas Blancas en 1995, El Charco en 1998 y Chilpancingo en 2011, así como tampoco por los asesinatos políticos que no cesan en las gestiones gubernativas de José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Heladio Aguirre Rivero (interino, 1996-1999), René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo y de nuevo Ángel Heladio Aguirre Rivero. Estos dos últimos «perredistas». La patria chica de Vicente Guerrero e Ignacio Manuel Altamirano merece otro presente y otro futuro, que rompan con el pasado de los déspotas Raúl Caballero Aburto y Rubén Figueroa Figueroa.
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