El secuestro de ocho líderes y activistas de la Unidad Popular y el Partido de la Revolución Democrática en una zona muy vigilada y concurrida de la ciudad de Iguala, en la región norte del estado de Guerrero; la incapacidad de los cuerpos policíacos para dar con el paradero de los desaparecidos, y el asesinato […]
El secuestro de ocho líderes y activistas de la Unidad Popular y el Partido de la Revolución Democrática en una zona muy vigilada y concurrida de la ciudad de Iguala, en la región norte del estado de Guerrero; la incapacidad de los cuerpos policíacos para dar con el paradero de los desaparecidos, y el asesinato del ingeniero Arturo Hernández Cardona y los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román reflejan en forma clara la inseguridad que impera en la entidad suriana, el acoso contra las organizaciones sociales de izquierda y el peligro en que se hallan los dirigentes populares, mientras los grupos paramilitares y las bandas delincuenciales actúan en gran parte por la libre y no se emprenden pasos para desmantelarlas, encarcelar a sus promotores y cabecillas, e impedir que sigan descabezando organizaciones campesinas, indígenas y populares.
Los cuerpos de los tres dirigentes aparecieron el 3 de junio en la carretera federal México-Acapulco, tramo Mezcala-Iguala, a la altura de la colonia Valerio Trujano del municipio de Tepecuacuilco, con evidentes signos de haber sido bárbaramente torturados y con el tiro de gracia. Estos hechos son en extremo graves, por lo que las autoridades municipales, estatales y federales deben ofrecer las medidas cautelares indispensables para Efraín Luna, Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa y Gregorio Dante Cervantes, que lograron escapar de sus captores, así como localizar y presentar con vida a Jaime Castrejón, que aún permanece como desaparecido.
En la patria chica de Ignacio Manuel Altamirano se ha venido desarrollando un movimiento social que abarca a las cuatro etnias guerrerenses; a los campesinos que se oponen a la destrucción de los bosques, el ambiente, los bienes culturales y religiosos de las comunidades indígenas por la minería a cielo abierto, las madereras y las constructoras de las grandes presas; a los estudiantes que defienden la educación pública y gratuita; a los trabajadores de la educación, del transporte, mineros, empleados públicos y universitarios que luchan por demandas gremiales y generales, y a los colonos de los principales centros urbanos por reivindicaciones sectoriales. Este movimiento ascendente, con profundas raíces en la historia del Sur, ha permitido la construcción de organizaciones representativas y un liderazgo avanzado y con arrastre de masas.
La existencia de la Unidad Popular de Iguala, que aglutina a la Unión Campesina Emiliano Zapata, la Organización Lucio Cabañas Barrientos, la Organización Mi Patria es Primero, la Asociación Genaro Vázquez Rojas, la Fundación Humanista Ricardo Flores Magón de Usuarios y Consumidores, y la histórica Colonia 24 de Febrero; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria; la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero; la expresión en Ayotzinapa de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México; la Organización Campesina de la Sierra del Sur; la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota; la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán; la Sección 17 (Taxco) del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y otras agrupaciones sociales guerrerenses, pese a no confluir en un gran frente unitario, concitan el odio de los caciques, de politiqueros priistas y de la derecha en general.
Para imponer el programa neoliberal es necesario destruir el movimiento social organizado, mediante la represión selectiva y masiva, la corrupción de algunos líderes y grupos dirigentes de las organizaciones sociales combativas y otras medidas que no excluyen, naturalmente, algunas pequeñas concesiones. Aquí está la base de los asesinatos ocurridos en el estado de Guerrero en los últimos años y que están centrados en la eliminación de cuadros con capacidad de dirección y activistas destacados. Los golpes represivos no se dan a ciegas, sino que son programados y con objetivos definidos.
En el estado de Guerrero existe una situación particular que es menester tomar en consideración: el gobierno estatal y varios municipios están gobernados por el PRD, que en la entidad es de masas y con una importante ala izquierda. Dicha situación impone a las organizaciones sociales seguir una política que ubique a los posibles aliados no sólo en el movimiento social organizado, sino en el PRD, el Partido del Trabajo, el Movimiento Ciudadano, el Movimiento Regeneración Nacional, la izquierda extraparlamentaria y diputados locales y elementos de las autoridades estatales y municipales. En Guerrero, pues, las fuerzas campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles y populares se encuentran con una izquierda electoral que, dado su carácter de masas, tiene en su seno un ala con la cual hay que contar en las luchas presentes y futuras.
La situación es delicada. Según el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en el Estado de Guerrero y el Taller de Desarrollo Comunitario: «Parecería increíble que en una entidad donde el Gobernador se jacta del Programa Guerrero Seguro, la violencia ha llegado a niveles extraordinarios, que se sigan violando los derechos humanos de miles de personas, que cientos de ciudadanos comunes e inocentes sigan cayendo víctimas de delitos de lesa humanidad, que la criminalización de la protesta social afecte la integridad de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras la mal llamada delincuencia organizada, las organizaciones radicales del narco y paramilitares, mantienen el control político y económico de la entidad con la aquiescencia y colusión de las autoridades».
El 4 de junio se expidió un comunicado, que plantea: «Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es sumamente grave que las desapariciones de ocho activistas de la organización Unidad Popular, con sede en Iguala, Guerrero, se hayan dado inmediatamente después de que concluyó la manifestación pública que realizaron en la caseta de cobro ubicada en la periferia de Iguala el pasado 30 de mayo.
«Previo a esta manifestación la dirigencia de Unidad Popular tuvo algunos desencuentros con el presidente municipal de Iguala, y de parte de la autoridad estatal no encontraron una respuesta favorable a sus principales demandas de dotación de fertilizante y construcción de obras comunitarias.
«La consumación de estos crímenes contra integrantes de la organización Unidad Popular realizados a plena luz del día y operados con total libertad por sus perpetradores, ponen en evidencia la falta de mecanismos de monitoreo y la ineficacia de los operativos policiacos para detectar y reaccionar con rapidez y contundencia ante hechos que atentan contra la integridad física y la vida de las personas. La inacción de las autoridades y su colusión con los grupos del crimen organizado deja en total indefensión a las organizaciones sociales que cuestionan la forma de ejercer el poder, y es un mensaje a los agresores de que pueden seguir atentando contra la vida de quienes se organizan para defender los derechos de la población».
Arturo Hernández Cardona, que desde la década de los años 80 del siglo pasado, militó en el Frente Democrático Nacional, fue fundador del PRD y participante activo en los movimientos sociales y políticos por la democracia, la soberanía nacional y el bienestar del pueblo, en los últimos días de su vida estuvo dedicado a participar en la solidaridad con la CETEG y a plantear demandas populares vinculadas a proyectos productivos. Arturo fue despedido en su velorio por amigos, familiares, miembros de UP, activistas del movimiento social y líderes políticos cantando Venceremos, himno de la Unidad Popular de Chile, y La Internacional, himno del movimiento obrero mundial.
Estas muertes no pueden permanecer impunes y los culpables de ellas, tanto intelectuales como materiales, deben ser localizados, sometidos a juicio y sentenciados de acuerdo a la ley. Guerrero no puede seguir produciendo muertos de las organizaciones sociales y políticas de izquierda, bajo las balas de cuerpos represivos del Estado, bandas del crimen organizado y grupos paramilitares al servicio de caciques, terratenientes, acaparadores y politiqueros de la derecha.
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