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El asesinato de Gustavo Salgado Delgado, líder comunista en Morelos

Fuentes: Rebelión

El pasado 4 de febrero, como a las 17:30 horas, en el paraje de Las Huilotas, comunidad de Coyotepec, municipio de Ciudad Ayala, Morelos, fue localizado el cadáver de Gustavo Salgado Delgado, decapitado, sin las manos y con evidentes signos de haber sido torturado. Así culminó la desaparición del día anterior de este conductor popular, […]

El pasado 4 de febrero, como a las 17:30 horas, en el paraje de Las Huilotas, comunidad de Coyotepec, municipio de Ciudad Ayala, Morelos, fue localizado el cadáver de Gustavo Salgado Delgado, decapitado, sin las manos y con evidentes signos de haber sido torturado. Así culminó la desaparición del día anterior de este conductor popular, dirigente del Frente Popular Revolucionario y cuadro del Partido Comunista de México (marxista-leninista), organizador político y líder de núcleos populares de Morelos, Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con datos de las direcciones del FPR y el PCM (m-l), Gustavo se trasladó a una reunión a El Chivatero Emiliano Zapata de Ciudad Ayala, Morelos, donde permaneció hasta las 18:00 horas, siendo acompañado por los compañeros a la combi que lo transportaría a la carretera para tomar el camión urbano que lo traería de regreso a Ciudad Ayala.

Al percatarse que no llegaba a su siguiente cita en el campamento del municipio de Ayala, los compañeros decidieron emprender su búsqueda, por lo que recorrieron los cuarteles municipales y estatales, y el Ministerio Público de la localidad, pero ninguna de estas instancias quiso recibir la denuncia.

Gustavo participó activamente en la defensa de la tierra y la vivienda en el municipio de Ayala para jornaleros migrantes de la Montaña de Guerrero y Oaxaca. Los caciques locales y el gobierno, con objeto de enfrentar la lucha, mantuvieron constante vigilancia y hostigamiento hacia el compañero como lo corrobora su detención el 20 de marzo de 2014, en Cuernavaca, Morelos, al participar en una marcha convocada por el Frente Ciudadano contra la Ley de Ingresos.

Gustavo era un cuadro disciplinado y dedicado al trabajo de construcción del FPR, por lo cual fue promovido a la dirigencia estatal en Morelos y a la Comisión Ejecutiva del Comité Central del Frente Popular Revolucionario.

En un desplegado publicado el 10 de febrero en La Jornada, se señala: «El pasado 4 de febrero se confirmó el asesinato del compañero y entrañable amigo Gustavo Salgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR Morelos). Incansable luchador social, comprometido siempre con la defensa de la tierra, promotor de la vivienda y en favor de trabajadores migrantes de la Montaña de Guerrero y Oaxaca. Su lucha constante lo llevó a enfrentarse a caciques del estado de Morelos, quienes lo mantenían vigilado y era objeto de constante hostigamiento. En varias ocasiones recibió amenazas de muerte, sin embargo nunca claudicó en sus luchas y sus compromisos con las clases trabajadoras de Morelos».

El documento anterior fue suscrito, entre otros, por la sección estatal del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Organización Campesina de la Sierra del Sur, Coordinadora Estatal de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota, Sindicato Único de Trabajadores de Colegios de Bachilleres, Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, secciones estatales del STRM, Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, Partido del Trabajo y otras organizaciones de Morelos y Guerrero.

Por su parte, la UAEM expresó: «Ante el artero, despiadado e inhumano crimen del que fue víctima el luchador social Gustavo Salgado Delgado, la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) manifiesta su más alta indignación, así como su profunda solidaridad con sus familiares y compañeros, al mismo tiempo que exige a las autoridades competentes el cabal esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley con apego al debido proceso en contra de quien o quienes resulten responsables de este atroz acto, el cual, lejos de ser un hecho aislado, se suma al clima de violencia e inseguridad que persiste en la entidad.

«También exigimos que se tome en cuenta en toda su amplitud e implicación la muy posible relación de este execrable asesinato con la labor que desempeñaba Gustavo Salgado Delgado como activista social y defensor de los derechos humanos, más aún cuando de acuerdo con información difundida por los medios de comunicación, el Comité Central del Frente Popular Revolucionario (FPR) había denunciado su desaparición, y fue visto por última ocasión el martes pasado cuando regresaba de una reunión realizada en El Chivatero, en el municipio de Ayala, en el que se trataron temas vinculados a desplazados del estado de Guerrero.

«Cabe destacar que Gustavo Salgado Delgado, como integrante del FPR y la Asamblea Estatal de Resistencia de Morelos, participaba en procesos de organización social en el estado, formando parte de la lucha del movimiento ciudadano en contra de las altas tarifas eléctricas, los mega proyectos y en defensa de la educación».

Con el asesinato de Gustavo Salgado Delgado continúa su marcha la eliminación física de líderes y militantes comunistas en México. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el país ha visto caer camaradas como Raymundo Velázquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Solano Barrera, de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata y el PC de México, en agosto de 2013, siendo localizados sus cadáveres a orillas del río de Coyuca de Benítez, y Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande y el PC de México, el 10 de noviembre de 2013 en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, de la misma ciudad. Asimismo, el ex militante del Partido Comunista Mexicano Óscar Samuel Malpica Uribe, quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Partido Socialista Unificado de México y el Partido de la Revolución Socialista, cayó el 2 de julio de 2013 en la capital poblana, y Antonio Esteban Cruz, ex militante del PCM y cuadro del Frente Indígena Campesino Contra las Hidroeléctricas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, fue asesinado el 4 de junio de 2014 en Cuatapanaloyan, Cuetzalan, Puebla.

Además de los militantes comunistas, han sido ejecutados Andrés Rosales Aguirre El Bigotes, organizador de Morena en el estado de Guerrero, el 12 de enero de 2013; Ignacio García Maldonado, de Comuna Oaxaca, el 29 de marzo de 2013; Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas, de la Unión Popular de Iguala, en junio de 2013; Arturo Pimentel Salas, dirigente del Frente Nacional Indígena y Campesino, el 21 de agosto de 2013, en Oaxaca; Rocío Mesino Mesino, lideresa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, el 19 de octubre de 2013 en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero; Ygnacio López Mendoza, alcalde del Partido del Trabajo en Santa Ana Anaya, Michoacán, el 6 de noviembre de 2013; Juan Francisco Kuykendall Leal, actor zapatista, el 25 de enero de 2014, como consecuencia de las heridas recibidas el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de posesión del comprador priista de la Presidencia de la República; Juan Carlos Gómez Silvano, zapatista, en San Sebastián Bachajón, Chiapas, el 21 de marzo de 2014; José Luis Solís López (Galeano), profesor zapatista, en La Realidad, Chiapas, el 3 de mayo de 2014; Ramón Corrales Vega, líder campesino sinaloense opositor a la mina Paradox, el 24 de mayo de 2014 en la comunidad Cajón de Cancio, municipio de Choix, Sinaloa, y José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el 19 de julio de 2014 en un hospital de la capital poblana, a resultas de la represión policíaca contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el 9 de julio de ese año.

La violencia caciquil y gubernamental no debe subsistir en medio de la impunidad. Es indispensable esclarecer los crímenes y localizar, enjuiciar y sentenciar de acuerdo con la ley a los responsables intelectuales y materiales de los mismos. La salud pública así lo requiere.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.