De espaldas al repudio generalizado en México y el extranjero a su política de represión violenta de la protesta social, y de persecución, encarcelamientos y asesinatos de dirigentes, activistas y miembros de filas de los sindicatos independientes y democráticos, de organizaciones campesinas e indígenas y de ciudadanos defensores de los derechos humanos, el gobierno de […]
De espaldas al repudio generalizado en México y el extranjero a su política de represión violenta de la protesta social, y de persecución, encarcelamientos y asesinatos de dirigentes, activistas y miembros de filas de los sindicatos independientes y democráticos, de organizaciones campesinas e indígenas y de ciudadanos defensores de los derechos humanos, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se adentra en el camino de la instauración de un sistema político que tiene como modelo al régimen de la oligarquía colombiana, conocido por ponerse de rodillas ante los monopolios y administraciones de Estados Unidos, tratar de destruir con el ejército y las bandas paramilitares a las fuerzas sociales y políticas patrióticas, democráticas y revolucionarias, «combatir» al narcotráfico con el apoyo de unos cárteles en detrimento de otros, llenar las cárceles con más de 7 mil 200 presos políticos y convertir en desplazados a cientos de miles de hermanos colombianos. Es un proyecto elaborado, perfeccionado y definido en Washington, bajo la conducción de los jefes militares y los órganos de seguridad, espionaje y provocación de Estados Unidos.
Para imponer un régimen similar al del conocido agente yanqui Álvaro Uribe Vélez, Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional requieren de la eliminación del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, la Unión Nacional de Trabajadores y otros organismos sindicales independientes y democráticos, así como de algunos sindicatos encabezados por líderes charros, que, pese a su antidemocracia y falta de combatividad, no son completamente del agrado del neoliberalismo panista; de impulsar el predominio de los sindicatos blancos, liderados por la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, fundada en marzo de 1936 como agrupación local, convertida en nacional, en 1964, y hoy día en notorio crecimiento en algunas entidades federativas; de eliminar como fuerza social decisiva a las confederaciones campesinas y los movimientos indígenas ascendentes, a la vez que busca someter a la izquierda política opositora. Es un programa que se propone eliminar todas las conquistas del pueblo mexicano alcanzadas en la Guerra de Independencia, en la Reforma y en la Revolución mexicana, para uncirnos como furgón de cola al ferrocarril del imperialismo norteamericano.
En ese marco se ubica el asesinato ocurrido el pasado 23 de junio del compañero José Juan Rosales Pérez, militante distinguido del SME encargado del campamento de resistencia instalado en Insurgentes y Reforma, frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, quien al salir de su domicilio fue acribillado a balazos por dos sujetos que se dieron a la fuga. Con razón, la Federación Sindical Mundial señala que este homicidio «…se realiza en el fragor de la lucha de los 44 mil trabajadores del SME por su retorno a su centro de trabajo y por la exigencia de que el gobierno de México resuelva sus demandas. Todos los trabajadores del SME fueron despedidos intempestivamente el 10 de octubre del 2009, mediante un asalto militar y policial a las instalaciones de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), método tradicional de las dictaduras en América Latina.
«Por tanto, la Federación Sindical Mundial condena enérgicamente el vil asesinato del compañero José Juan Rosales Pérez y expresa sentidas condolencias a sus familiares y al SME.
«La FSM responsabiliza al gobierno del señor Felipe Calderón, por las graves consecuencias que actualmente están sufriendo los trabajadores del SME, como el asesinato del compañero Rosales Pérez, (así como en) más de 8 meses miles de trabajadores no reciben salarios, (y) hay varios trabajadores con su salud muy deteriorada por la huelga de hambre que vienen realizando en el Zócalo (Plaza Mayor de México)».
La combativa central vasca Langile Abertzaleen Batzordeak , LAB ( Comisiones de Obreros Patriotas ), afiliada a la FSM y organizadora de importantes huelgas recientes, expresa su «…total solidaridad con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) injustamente represaliados por defender su derecho a un trabajo digno.
«Asimismo, condenamos enérgicamente el asesinato del dirigente sindical Juan José Rosales Pérez, que previamente había sido amenazado por defender sus derechos como trabajador. Está claro que este asesinato no podría haberse llevado a cabo, si los asesinos no hubieran contado con la connivencia y complicidad de los poderes y administración públicos.
«Igualmente, nos solidarizamos con el compañero Cayetano Cabrera Esteva que lleva ya más de 60 días en huelga de hambre en protesta por la disolución de la empresa Luz y Fuerza del Centro y por el despido de más de 40.000 trabajadores y trabajadoras. Su salud se ha deteriorado gravemente y su vida corre grave peligro».
LAB agrega con precisión: «Está claro que todas estas decisiones del gran capital y de sus dirigentes lacayos no son casuales, sino que responden a una política de intento de aniquilación del sindicalismo de clase y combativo, máxime en estos tiempos de crisis capitalista. Una crisis que crearon la banca, el FMI y los gobernantes que, a lo largo y ancho del mundo, están a su servicio (también en México y el País Vasco).
«Quieren hacernos pagar a la clase trabajadora, la crisis que los grandes capitalistas, la banca y sus gobiernos títeres han creado, y nosotros y nosotras no estamos dispuestos a ello. Como decimos aquí, «No falta dinero, ¡Sobran ladrones!».
Por su parte, el SNTMMSSRM en un boletín manifiesta que este crimen «…forma parte de la embestida que contra los trabajadores ha sostenido el actual gobierno. Mineros, electricistas, trabajadores de la educación, sobrecargos de aviación, campesinos y muchos gremios y grupos populares más hemos sido víctimas de esta política fascista represora proveniente de las diversas instancias del actual gobierno. Se configura, entonces, un estado de agresión permanente contra los trabajadores, sus dirigentes y sus organizaciones.
» Sean cuales sean las supuestas motivaciones o causas de estas agresiones, es evidente que el grupo actualmente en el poder, está acudiendo a los métodos de la violencia para acallar o suprimir la independencia de organizaciones sindicales independientes y democráticas, tal como hemos sufrido hace más de cuatro años en el Sindicato Nacional de Mineros.
» El grupo en el poder se vale de estos recursos, una vez que ha fracasado en su intento de crear supuestas y falsas ‘oposiciones’ o ‘disidencias’ dentro de las organizaciones sindicales, como lo ha intentado en el sindicato minero a través de sujetos inmorales y traidores como el ‘Sope’ Elías Morales o Carlos ‘la Marrana’ Pavón, y últimamente en el Sindicato Mexicano de Electricistas a través del desleal Alejandro Muñoz, quien actúa como sirviente dócil del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón».
Además de golpizas, amenazas y otras acciones repudiables contra los socios del SME, las autoridades judiciales han instrumentado acciones completamente ilegales e ilegítimas. Así, un organismo morelense defensor de los derechos humanos plantea en un escrito: «El día de hoy, 28 de junio de 2010 a las 12:30 horas aproximadamente, fue detenido Marco Antonio García Barrera, subsecretario del Interior de la División Cuernavaca del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por elementos que se identificaron como de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), a pesar de exhibir dos amparos interpuestos ante juzgados federales ante las presuntas amenazas de detención, suscitadas a raíz de la violenta irrupción realizada por elementos de la PFP en las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza en Teopanzolco, que originó una represión con decenas de heridos y un trabajador atropellado. Los elementos de la AFI pasaron por encima de los dos amparos interpuestos, señalando que éstos habían sido declarados sobreseídos porque cuando se interpusieron aún no se había liberado la orden de aprehensión.
«Al igual es importante denunciar que al compañero Héctor Salazar Porcayo, actual subsecretario general del SME en Cuernavaca, en el transcurso de esta mañana también fue buscado por dichos agentes policíacos en su domicilio particular, por lo que a petición del mismo una delegación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (de Morelos) hicimos acto de presencia en las instalaciones de la PGR en Chipitlán, en donde solicitamos se nos autorizara entrevistarnos con el subsecretario del Interior Marco Antonio García Barrera, pero ahí se nos informó que ya había sido trasladado directamente al Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya, por lo que fuimos recibidos por el Delegado Estatal de la PGR, Rolando López, quien nos informó que estos hechos habían sido consignados en la Causa penal 63/2010 y que se encontraba radicada en el 4o. Juzgado de Distrito con sede en esta Ciudad, a cargo de la Jueza Griselda Sáenz Horta y que el delito a perseguir es privación ilegal de la libertad con el agravante de ser contra funcionario público«.
Pero no la tienen fácil los politicastros panistas y sus jefes empresariales nacionales y extranjeros. La resistencia del SME, como la del sindicato minero, se mantiene firme por los trabajadores adheridos a tan importantes organizaciones; la solidaridad, no obstante que necesita ser ampliada y profundizada, se sostiene por decisión de los obreros y empleados de base y las direcciones de los principales sindicatos mexicanos no charrificados, sectores de los sindicatos, federaciones y centrales bajo el control de líderes venales, confederaciones campesinas y organizaciones de indígenas, estudiantes, intelectuales y artistas, partidos y grupos políticos de izquierda y centro-izquierda. Quizá pueda decirse que el obstáculo principal al desarrollo del movimiento sindical de clase sea la falta de unidad en la acción y la inexistencia de una organización unitaria que potencie la lucha de cada destacamento en movimiento y enfrente victoriosamente a los adversarios que, como es evidente, tienen de su lado la fuerza del dinero y el poder del Estado.
El asesinato de José Juan Rosales Pérez se suma a los asesinatos Arnulfo Córdova, Arturo Cervantes Acosta, Misael Núñez Acosta, Pedro Palma, Manuel Partida Chávez, José Ramón Vizcarra, Cleto Nigmo Urbina y tantos otros dirigentes y activistas sindicales y militantes de izquierda caídos bajo el fuego de los gobiernos autoritarios del Partido Revolucionario Institucional y de los gobiernos ultraderechistas, neoliberales y entreguistas del PAN. Cabe destacar que c on los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, las cosas han empeorado. Los caídos por la llamada guerra contra el narcotráfico superan la cifra de 23 mil mexicanos, los mártires del zapatismo, el movimiento indígena, los ecologistas auténticos (no los simuladores del Partido Verde Ecologista de México), el movimiento campesino, el Partido de la Revolución Democrática y los sindicatos, son varios cientos, al mismo tiempo que por el número de presos políticos México sólo es superado en el mundo hispanoparlante por Colombia, España y Perú. En asesinatos políticos se va acercando a gran prisa con Colombia. Tal es la situación.
Detener a estos discípulos de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta es una urgente necesidad, por lo que el asesinato del compañero José Juan Rosales Pérez no debe quedar sin castigo. Los responsables intelectuales y materiales deben ser capturados, enjuiciados y condenados.