En el estado de Guerrero no cesa la limpia de luchadores sociales, como es el caso del asesinato del líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, de Coyuca de Benítez. Con este crimen continúa […]
En el estado de Guerrero no cesa la limpia de luchadores sociales, como es el caso del asesinato del líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, de Coyuca de Benítez. Con este crimen continúa la eliminación física de dirigentes y cuadros tan connotados como Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros de la Unidad Popular de Iguala; la de Raymundo Velázquez Flores y dos de sus camaradas de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y el Partido Comunista de México (PCM), en el municipio de Coyuca de Benítez, y la de la lideresa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, en el puente de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, por mencionar sólo algunos de los homicidios cometidos contra dirigentes y militantes de organizaciones campesinas y populares de Guerrero ocurridos a lo largo de 2013.
De acuerdo con la revista Proceso en Internet, el atentado contra Luis Olivares Enríquez fue descubierto así: «Cerca de las 08:00 horas, agentes policiacos hallaron los cuerpos del activista y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo en el interior de su domicilio en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, luego de que vecinos reportaron detonaciones de armas de juego.
«Olivares Enríquez presentaba seis impactos de bala calibre .9 milímetros, tres en la cabeza y tres en el resto del cuerpo y su pareja dos disparos en la cabeza, indican reportes oficiales consultados por este medio.
«En un comunicado oficial, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) justificó la ausencia de necropsia, peritajes y diligencias ministeriales con el argumento de que los familiares de las víctimas se llevaron los cadáveres a domicilios particulares ubicados en las colonias Tierra y Libertad y Venustiano Carranza.
«El doble crimen evidencia una vez más la impunidad que se vive en la entidad debido a que, desde hace tres meses, el activista denunció que había sido amenazado de muerte y recientemente anunció la implementación de un esquema de autoprotección ciudadana en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, donde finalmente fue ultimado esta mañana.
«Hace ocho días en el mismo asentamiento humano el primo del líder de la OPPCG, David Romero Téllez, de 64 años, fue asesinado por un grupo armado que dejó el siguiente mensaje escrito sobre una cartulina: ‘Aquí te dejamos este regalito [Luis Olivares], así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de adonde estés te va a pasar lo que les pasó a los 3 del río. Atte. La Santa Muerte'».
Ante estos homicidios políticos, el Buró Político del PCM declaró: «Los asesinatos de Luis Olivares, Ana Lilia Gatica y Rocío Mesino se suman al asesinato de Raymundo Velázquez, secretario general del PCM en esa entidad, Samuel Vargas Ramírez, Miguel Ángel Solano Barrera, así como al de otros 13 luchadores sociales asesinados sólo en Guerrero y sólo en lo que va de la administración de Aguirre Rivero. En el resto del territorio nacional son 4 luchadores sociales por mes los que en promedio ha venido asesinando el gobierno de Peña Nieto desde que tomó posesión».
«El Pacto por México (coalición gubernamental del PRI, PAN y PRD) seguramente por orientación del colombiano Oscar Naranjo, ha emprendido esa operación, sobre la que alertamos, de abierto terrorismo de Estado para asesinar cuadros del movimiento revolucionario de nuestro país.
«Llamamos la atención sobre el hecho de que antes de que las amenazas de muerte se cumplieran contra los camaradas Luis Olivares y Ana Lilia Gatica, el ejército, la marina y la policía habían entrado con lujo de violencia en la comunidad de los compañeros para detener arbitrariamente a 4 jóvenes de la OPPCG, a quienes posteriormente sometieron a tortura y señalaron como supuestos culpables del asesinato de nuestro camarada Raymundo Velázquez. Esto claramente es un intento de lavar la responsabilidad criminal de los paramilitares y sus jefes en el gobierno, además de un intento por confrontar a las diversas organizaciones que luchan en Guerrero».
Según diversos documentos de organizaciones sociales y políticas del estado de Guerrero y de la República, en la entidad suriana los cuerpos irregulares de matones que han participado en asesinatos, secuestros, torturas y amenazas de militantes democráticos y revolucionarios, dependen de los órganos de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas, aunque algunos organismos hablan, asimismo, de guardias blancas, es decir, de grupos armados al servicio de caciques, terratenientes, acaparadores, empresas mineras, madereras y constructoras de grandes presas. Pero independientemente de los pagadores de estas formaciones irregulares, lo cierto es que ninguno de los asesinatos políticos en el estado que gobierna Ángel Heladio Aguirre Rivero ha sido aclarado, y, naturalmente, tampoco han sido juzgados y condenados los autores materiales e intelectuales de los mismos.
Con fecha 21 de octubre retropróximo, el Ejército Popular Revolucionario denunció en un comunicado: «El cobarde y abominable asesinato político de la luchadora social Rocío Mesino Mesino, constituye un crimen más de Estado de la actual junta administrativa personalizada en Enrique Peña Nieto en plena complicidad con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. La impunidad con que operaron los asesinos lleva la marca de los grupos especiales de las fuerzas represivas, creados exprofeso para masacrar al pueblo y sus verdaderos representantes. Estos dos gobiernos y personajes se suman a la larga lista de criminales de Estado contra el pueblo.
«Constituye una burda mascarada la simulación de la búsqueda de los asesinos, de parte del ejército federal, PGJ y la ‘investigación que está en curso’. Los criminales siempre tuvieron campo libre para perpetrar el crimen, desde que se preparó, se ejecutó el asesinato y se cubrió la retirada hasta llegar a reportarse con sus superiores en sus bases de operación. Para esperar su gratificación económica y un nuevo ascenso.
«Por décadas gobiernos de toda laya y caciques de horca y cuchillo se han estado ensañando contra familias enteras en Guerrero, que han puesto en alto las banderas de la dignidad y la lucha, la familia Mesino es una de ellas».
Los asesinatos de Luis Olivares Enríquez, Raymundo Velázquez Flores, Rocío Mesino Mesino y otros conductores de masas en la patria chica de Othón Salazar Ramírez deben ser esclarecidos plenamente y los autores intelectuales y materiales deben ser localizados, enjuiciados y condenados de conformidad con la ley. La convivencia civilizada de los guerrerenses así lo demanda. El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero no puede prestar oídos sordos a los reclamos en este sentido planteados por la OCSS, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la LARSEZ, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) y muchas otras organizaciones sociales representativas.
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