Hormando Vaca Diez, Senador por Santa Cruz y actual Presidente del Parlamento boliviano, conspira abiertamente contra el gobierno de Carlos Mesa con la promesa de aprobar una Ley de Inmunidad para tropas norteamericanas «Saquen a ese terrorista de mi Palacio» fue la lapidaria orden que profirió el senador Hormando Vaca Diez, Presidente del Congreso boliviano, […]
«Saquen a ese terrorista de mi Palacio» fue la lapidaria orden que profirió el senador Hormando Vaca Diez, Presidente del Congreso boliviano, cuando el trabajador minero Eustaquio Picachuri había ocupado el hall principal del Parlamento -al medio día de aquel martes 30 de marzo del 2004- llevando en su cuerpo una frondosa carga de dinamita que estalló inesperadamente tras la orden impartida por Vaca Diez, descuartizando al obrero y a los policías que intentaban sacarlo del Palacio Legislativo.
Eustaquio Picachuri era uno de aquellos miles de trabajadores bolivianos que perdieron el derecho a la jubilación como efecto de una irracional Ley de Pensiones promulgada por la dictadura de Sánchez de Lozada. Esta masa de obreros fue echada de sus fuentes de trabajo bajo el antiguo sistema de jubilación, y por si fuera poco, a pesar de haber cumplido con sus aportes para la seguridad social (que terminaron confiscados de facto), perdió el derecho a jubilarse porque no cubría el requisito de edad (65 años) exigido por el nuevo sistema que había impuesto Sánchez de Lozada. Picachuri era activo dirigente de esta llamada «generación sándwich» y en un acto desesperado por revertir la injusticia intentó forzar una negociación ante los legisladores, para lo cual irrumpió en el edificio congresal cubriéndose el cuerpo con varios cartuchos de dinamita conectados a un detonador eléctrico que blandía entre sus manos como arma de disuasión.
Según reveló el semanario El Nuevo Heraldo, la acción disuasiva de Picachuri había dado resultado abriéndose un plazo de 24 horas para negociar con autoridades del gobierno de Carlos Mesa. El dirigente minero tenía el propósito de mantener una huelga de hambre en ese lapso, instalado en el hall del Congreso, con la esperanza de alcanzar los objetivos económicos que harían innecesaria su inmolación. Eustaquio Picachuri quería vivir. A las 18:00 horas de ese martes debía constituirse una misión del Viceministerio de Pensiones para concertar la solución exigida por el obrero; pero al promediar las 14:30 Hormando Vaca Diez, dueño y señor del Poder Legislativo, ordenó al comandante del batallón policial encargado de custodiar el edificio congresal «que se desaloje al terrorista». Obligados a cumplir tan desatinada y criminal orden, los policías intentaron reducir al luchador social para despojarlo de la carga de dinamita y Picachuri reaccionó activando el detonador eléctrico. La mortífera explosión dejó en ruinas el hall del Palacio. La onda expansiva dejó dispersas, junto a las manchas de sangre, las hojas de coca que Picachuri guardaba en una bolsa como el insumo clásico de una huelga de hambre que nunca pudo empezar. El gobierno de Mesa no alcanzó a explicarse lo que pasó.
La embajada norteamericana celebró la muerte de Eustaquio Picachuri y elogió la vocación «antiterrorista» del presidente del Congreso boliviano. Vaca Diez eludió su responsabilidad evitando se abra una investigación al respecto, y cerró las puertas de «su Palacio» a las viudas y huérfanos de los policías que le fueron leales.
EL PODER OMNÍMODO DE VACA DIEZ
Hormando Vaca Diez, segundo hombre en importancia después de Jaime Paz Zamora en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), es uno de los principales aliados con que cuenta el ex presidente Sánchez de Lozada, jefe en el exilio del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), quien fue sustituido por su vicepresidente Carlos Mesa durante las revueltas indígenas y ciudadanas del 17 de octubre del 2003. Mesa impulsa un juicio de responsabilidades contra su ex aliado Sánchez de Lozada por los genocidios de octubre.
Vaca Diez se propone ahora derrocar a Mesa y acceder a la Presidencia de Bolivia por la misma vía de sucesión constitucional que desplazó a Goni Sánchez de Lozada. Durante la sucesión de octubre, el entonces Presidente del Senado (sin dejar de serlo) ascendió al lugar de Mesa como Vicepresidente de la República y Presidente nato del Congreso Nacional. En esa triple función, Hormando Vaca Diez acumuló un poder político y administrativo cuantitativamente superior al de Mesa. En los últimos dos años, bajo la supra presidencia de Vaca Diez, la Vicepresidencia de la República, el Senado Nacional y el Congreso (que incluye a la Cámara de Diputados) han incrementado sus presupuestos y su burocracia en más de un 30%, lo cual le ha permitido a este dirigente mirista formar un aparato de lealtades mediante prebendas y canonjías que distribuye entre distintos grupos políticos con presencia en el Poder Legislativo.
Uno de los hombres más leales a Vaca Diez es el actual vicepresidente del Senado Gonzalo Chirveches, que actúa como nexo con el jefe de la Nueva Fuerza Republicana (NFR) Manfred Reyes Villa, otro interesado en el derrocamiento de Mesa. La familia de Chirveches goza con cargos de privilegio en la administración congresal como una «cortesía» de Vaca Diez.
Controlando así las bancadas parlamentarias del MIR, del MNR y de la NFR, el Presidente del Congreso ha venido bloqueando sistemáticamente la discusión y aprobación de la Ley de Hidrocarburos, que es el instrumento indispensable que el pueblo boliviano decidió impulsar otorgándole ese mandato expreso a Mesa mediante el referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 para refundar la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y recuperar del poder transnacional la propiedad sobre las reservas de gas natural.
COMPROMISOS CON LA MUERTE
Convertido en un inefable «poder alterno», Hormando Vaca Diez está comprometido con las empresas trasnacionales frontalmente opuestas a una Ley de Hidrocarburos que restituya el gas y el petróleo a propiedad de los bolivianos. Detrás de ese respaldo, se encuentra también la oligarquía chilena que busca trasvasar a toda costa el gas boliviano al norte de Chile con bajos costos. Asociada a esta confabulación se hallan las logias financieras y mafias del narcotráfico acuarteladas en la región oriental de Santa Cruz. De hecho, Vaca Diez representa al sector más corrupto del MIR que mantuvo estrechos vínculos con narcotraficantes célebres como Meco Domínguez y Oso Chavarría, quienes aparecieron en fotografías junto a este dirigente mirista de Santa Cruz en los años 90.
Cerrando el círculo de esta conspiración delincuencial y reaccionaria, el embajador de Estados Unidos David Greenlee (quien fue jefe de la CIA en Bolivia durante las «guerras contra la coca» a fines de los años 80) mantiene contactos permanentes con Vaca Diez para forzar la aprobación de una Ley de Inmunidad a favor de tropas norteamericanas que podrían eximirse -en caso de invasión y genocidio en suelo boliviano- del Tribunal Penal Internacional.
El Presidente simultáneo del Senado y del Congreso ha exigido públicamente al presidente Mesa la aprobación de esa Ley advirtiendo que en caso de no cederse al pedido norteamericano «Bolivia perderá importante ayuda financiera para luchar contra la pobreza», lo cual supone que si Mesa no aprueba esa Ley, lo hará Hormando Vaca Diez. Carlos Mesa se encuentra atado de pies y manos. La Ley de Inmunidad será rechazada en las calles por los movimientos indígenas y campesinos bajo el liderazgo de los cocaleros organizados en el Movimiento al Socialismo (MAS).
El presidente Mesa anticipó que renunciará a su mandato antes de usar la fuerza para reprimir las movilizaciones populares, frente a lo cual Hormando Vaca Diez y el jefe del MIR Jaime Paz Zamora replicaron que Mesa «es un niño bonito incapaz de gobernar como se debe».
LA CONSPIRACIÓN EN MARCHA
Pero indudablemente el principal aliado en la conspiración de Hormando Vaca Diez para derrocar a Carlos Mesa, es el propio Mesa. Este Presidente que entró a la política tras una brillante carrera periodística, ha caracterizado su administración por una política de terco equilibrio bonapartista, condenando a la Agenda de Octubre (que le dio el mando en el 2003) a un estancamiento que está a punto de provocar un violento reventón.
Mesa fue tímido a la hora de definir una política frontal de lucha contra la corrupción de los partidos del anterior régimen, que continúan operando en los pliegues de la burocracia estatal; no fue capaz de promover una corriente ética y libertaria en el Estado y la sociedad civil para sellar el fracaso de las partidocracias; y fue contemplativo con las presiones y los sobornos que ejercitan las transnacionales para mantener el statu quo en materia hidrocarburífera, lo que provocó sucesivas crisis de gabinete en esta área. El Presidente boliviano perdió popularidad al enredarse con los resultados de un referéndum vinculante que en los hechos no fueron ni chicha ni limonada, a pesar de la voluntad popular para nacionalizar el gas y el petróleo.
Agobiado por una crisis fiscal y ante un proceso de acelerado deterioro económico en medio de una creciente recesión, en vísperas del año nuevo y en plena fiesta de Navidad el gobierno de Mesa levantó la subvención a las tarifas del autotransporte elevando el precio de los carburantes, medida que desató una reacción indignada entre los sectores populares del país. Esta coyuntura es aprovechada por la oligarquía asentada en la región oriental de Santa Cruz, donde en las últimas semanas se han levantado banderas de un radicalismo de extrema derecha alentado por empresarios ligados a capitales chilenos, que exigen la renuncia del mandatario. Al cierre de este informe, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, entre cuyas fuerzas activistas se hallan grupos neofascistas como «Nación Camba» y «Juventud Cruceñista», radicalizaban sus medidas de presión clausurando el aeropuerto internacional de Viru Viru y tomando el edificio de la Prefectura. El prefecto Carlos Hugo Molina, un joven intelectual socialista, fue amenazado con ser linchado.
Frente a este panorama, la izquierda boliviana se encuentra confundida y dividida. Sectores radicales del izquierdismo tradicional se suman a las protestas de Santa Cruz exigiendo la renuncia de Mesa y fuerzas de izquierda democrática como las que representa el senador Filemón Escóbar llaman al pueblo para cerrar filas en defensa del régimen mecista.
El principal partido de la izquierda parlamentaria, el MAS, dirigido por el líder cocalero Evo Morales, ingresa en una crisis interna fruto de estos dilemas. Morales pidió la renuncia de Mesa exigiendo el adelantamiento de elecciones y sin embargo a los pocos días el mismo Evo declaró su respaldo al Presidente en un ridiculizado «Mensaje a la Nación» que fue transmitido por varios canales privados de televisión.
Pero quien tiene la figura clara y se frota las manos ante este deterioro del proceso democrático boliviano es Hormando Vaca Diez, el nuevo hombre de la Embajada norteamericana y ariete de la impunidad genocida.