El blindaje de la economía y el modelo nacional

Como seguramente se recordará, hace algunos años y en medio de los traumas sufridos y provocados por la crisis económica de la llamada burbuja financiera e inmobiliaria que se desató el 2008 (y que aún se arrastran); en Bolivia se produjo un intenso debate acerca de la capacidad nacional para soportar los embates de la misma, en vista de los graves efectos que estaba provocando en diversas economías del mundo.

En ese contexto se enfrentaron criterios en torno a la idea de si la economía estaba o no blindada. Ahora, a la distancia y el tiempo transcurrido y más allá de que dicho debate tenga ya una respuesta perfilada por los hechos; también se puede apreciar que dicha coyuntura sirvió para distraer y postergar un asunto más importante. Me refiero a la tarea de definir y construir (social y participativamente) el modelo económico nacional, porque (en medio del temor ciudadano y el riesgo de caer en la crisis), se optó por debatir la forma y algunas acciones orientadas a evitar aquello que la memoria colectiva de la sociedad guarda como uno de sus fantasmas más indeseables, por lo sufrido en épocas como la hiperinflación en los años 80 o la aguda situación de escasez de los años 50 a 60.

Los innegables indicadores del manejo económico y, sobre todo, la elevada cantidad de reservas internacionales acumuladas como resultado de la venta y exportación de los recursos hidrocarburíferos nacionalizados, evidentemente hacen ocioso, hoy, continuar debatiendo sobre el blindaje de la economía y caer en aquella tentación razonable que surgió aquellos años cuando la crisis de la burbuja financiera e inmobiliaria arrastraba a la quiebra de grandes consorcios banqueros y bursátiles que afectaron la economía mundial.

A cambio de ello, lo que este trabajo buscará explorar es si el modelo económico, social, comunitario y productivo (como se denomina al aplicado actualmente), efectivamente constituye un modelo de transición hacia el socialismo. Es decir, si efectivamente está orientado a sentar las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista o, si por el contrario, en realidad encubre y proporciona un verdadero «blindaje» a una economía procapitalista de base extractivista, que se conforma con una redistribución rentista de los excedentes económicos y la construcción de una base económica sustentada en la industrialización (enajenada tecnológica y financieramente).

El sofisma [1] de la fase intermedia de transición

Para dilucidar la inquietud planteada en este artículo, en principio nos remitiremos a los argumentos sostenidos oficialmente. El primer número de la revista Economía Plural del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de septiembre de 2013, cuyo contenido está referido precisamente al Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, es muy elocuente y permite explorar los alcances del modelo. Allí se sostiene que «no es pretensión del nuevo modelo económico (…) ingresar directamente al cambio del modo de producción capitalista, sino, sentar las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista».

Al respecto y para demostrar el carácter procapitalista del modelo económico nacional (inclusive más allá del reconocimiento de que no existe ninguna pretensión de cambiar el modo de producción capitalista, como textualmente acabamos de citar), no hace falta realizar grandes elucubraciones o efectuar profundas investigaciones; basta con observar lo que sucede con el mercado, la economía y la producción.

Desde el año 2006, hace más de 7 años cuando se inició el proceso de cambio (y consiguientemente el llamado periodo de transición), no solo se ha dado continuidad y se ha reproducido el mismo tipo de relaciones económicas y de producción capitalista que el neoliberalismo impulsaba, sino que inclusive se han exacerbado las mismas, como consecuencia del extractivismo, la explotación y exportación de los recursos naturales (mineros e hidrocarburíferos principalmente), el enorme incentivo a la construcción de grandes obras de infraestructura (de transporte, telecomunicaciones, energía y servicios), así como las grandes concesiones para la ampliación de la frontera agrícola y el establecimiento de grandes extensiones de monocultivo transgénico agroindustrial, que al margen de contribuir en conjunto a la conformación de una nueva élite económica que en el pasado era despreciada y discriminada social y culturalmente, ha permitido restituir las relaciones políticas con la antigua clase señorial terrateniente y comercial que constituye la derecha reaccionaria y conservadora que había intentado dividir el país.

Para mayor abundamiento argumentativo sobre el carácter procapitalista del modelo económico, volvamos a la publicación oficial mencionada. Textualmente se afirma que «todas las nuevas atribuciones del Estado están orientadas a convertir a Bolivia en un país industrializado»; que «hay que cambiar la matriz productiva de ese viejo modelo primario exportador por otro que priorice la producción e incremente el valor de los productos», porque «en el nuevo modelo económico (…) el énfasis está en la producción y la redistribución del ingreso». Como se puede apreciar, el propósito central del modelo coincide plenamente con los fines del sistema capitalista; es decir, el incremento de la producción, la ganancia y la explotación.

En buenas cuentas, ello significa mantener (sin transformar) las relaciones de producción y explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza. Es decir, reproducir el sistema capitalista de explotación, donde a lo sumo se intentará sustituir el fallido y agotado modelo neoliberal a través de medidas de política económica «que irán resolviendo muchos problemas sociales y se consolidará la base económica para una adecuada distribución de los excedentes económicos».

Ahora bien, teniendo como telón de fondo los hechos descritos y los argumentos oficiales sostenidos, que indudablemente se niegan a cambiar y mantienen el sistema capitalista que el proceso de cambio y transformación y los sectores populares han planteado como mandato; llama la atención que al mismo tiempo se sostenga que el modelo está orientado a «sentar las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista».

Al respecto, tanto a nivel internacional como nacional (principalmente cuando se produjeron coyunturas pre y revolucionarias de transformación) como en la antigua Unión Soviética, China, México, Cuba y en Bolivia el 52 y los años de las guerrillas y la Asamblea Popular a inicios de los 70; ya se produjeron muy intensos debates en torno a la necesidad de plantear la revolución por etapas, establecer si existía la madurez de condiciones materiales y subjetivas para transitar al socialismo, o la pertinencia de una revolución permanente, etc., que no solo constituyen testimonios acerca de la certeza y cabalidad de las discusiones que casi siempre terminaban en escisiones políticas, sino lecciones que hoy deberían tener el enorme valor para evitar y prever los problemas y equivocaciones que se cometieron en coyunturas y contextos similares. Una de ellas referida precisamente a la impertinencia y falacia de plantear etapas o periodos de transición, como si la historia y los acontecimientos tuvieran un comportamiento lineal, programable y ordenado mecánicamente.

Es más, es una lógica capciosa plantear que se van a sentar las bases para la transición al socialismo, cuando en la práctica lo que se hace es reforzar (blindar resulta en este caso más apropiado para caracterizar el propósito), y exacerbar las relaciones y el sistema de producción y explotación capitalista. El sofisma del planteamiento radica pues en que a título de «sentar las bases», se anulan las tareas y todo indicio para cambiar las relaciones de producción y explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza, se reconoce y refuerza el sistema capitalista de explotación y ni siquiera se plantea el tiempo que demandará sentar las supuestas dichas bases para construir el socialismo. No es una redundancia reafirmar en estas circunstancias aquella certeza material y lingüística de que no se puede hablar siquiera de socialismo, si previamente no se cambian las relaciones de producción y explotación capitalistas imperantes. Todo lo que se diga en contrario es una falacia, un sofisma.

Vacíos y ausencias para construir el socialismo

Explorando otros ámbitos del modelo económico en marcha y otorgando el beneficio de la duda sobre aquella supuesta predisposición de «sentar las bases para la transición al socialismo», nos remitimos a la Constitución Política del Estado. Allí resaltan al menos dos aspectos que vale la pena mencionar.

El primero tiene que ver con los principios, valores y fines del Estado (ver: Art. 8 inc. II), en donde claramente podemos advertir que los mismos son diametralmente opuestos al consumismo, el individualismo y la competencia que rigen y representan al sistema capitalista imperante. Es decir, corresponden a una visión NO capitalista. Ello no solo marca una visión y un enfoque paradigmático diferente y opuesto al capitalismo y la sociedad occidental, sino también a la obligación y responsabilidad de que el Estado y la sociedad los cumplan y practiquen en el proceso de construcción de una nueva sociedad.

Se trata de un asunto fundamental que el modelo económico debería haber contemplado, porque al margen de no existir en todo el documento ninguna referencia sobre el Vivir Bien, que debería constituir el norte del modelo, tampoco parece que se haya tomado en cuenta principios y valores como la solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía y equilibrio que junto a otros, no deberían ser obviados a la hora de sentar las bases para la transición al socialismo, puesto que cumplen el rol estratégico de articular las diferentes formas de organización económica de la economía plural, según se puede establecer en el Art. 306, inc. III, de la Cuarta Parte que corresponde a La Estructura y Organización Económica del Estado de la Constitución Política.

En vista de ello y siendo que más bien se sostiene que «no es la pretensión del nuevo modelo económico (…) ingresar directamente al cambio del modo de producción capitalista», podría afirmarse que esa pretensión no concuerda con lo estipulado en la Constitución, puesto que no busca el cambio del modo de producción capitalista, y tampoco contempla aquel conjunto de valores y principios articuladores de las diversas formas de organización económica que están orientados a la construcción del socialismo comunitario para Vivir Bien en armonía con la naturaleza, que a su turno es la base del paradigma alternativo al capitalismo.

El segundo aspecto está referido a la organización económica comunitaria. Si se tratase de sentar las bases hacia el socialismo, como plantea el modelo económico formulado en la publicación del Ministerio de Finanzas, entonces esta forma de organización económica adquiere una trascendencia gravitante (no por criterio de quién escribe), sino porque a diferencia de las otras 3 formas de organización económica que componen la economía plural, en la propia Constitución Política (ver: Art. 307), el Estado no solo la reconoce, respeta y protege (como sucede con las otras 3), sino que adicionalmente debe fomentarla y promocionarla (otorgándole así una categoría preferente), en vista de sus atributos (también propios y diferentes de las otras formas de organización económica), que efectivamente contribuyen tanto a la construcción del nuevo paradigma alternativo al capitalismo del Vivir Bien en armonía con la naturaliza, como de un socialismo comunitario, que además respondería a las condiciones materiales e históricas de la realidad y su economía.

El vacío y la ausencia de estos aspectos son notorios en la exposición del modelo económico planteado, y tampoco se encuentra mención a la necesidad de promover y fomentar iniciativas y formas de organización económica comunitaria, que ciertamente implicarían la construcción de nuevas relaciones de producción y el establecimiento de las bases del socialismo comunitario.

Los bonos soberanos

Otro asunto que ha llamado la atención en la implementación del nuevo modelo económico, es la decisión de incrementar el endeudamiento del país y comprometerse a pagar intereses muy atractivos en el mercado financiero internacional, para las empresas o países que decidan adquirir los bonos emitidos por Bolivia.

Se trata de un endeudamiento de 1.000 millones de dólares que en las dos series de bonos emitidos hasta ahora, se ha decidido incrementar los intereses de la obligación contraída por el país, para hacer más atractiva la compra de los mismos en el mercado internacional.

Muy en contrario de lo que aconseja un elemental razonamiento económico (salvo que prevalezca la codicia y una muy alta predisposición consumista), resulta poco razonable adquirir y/o incrementar el endeudamiento económico, cuando existen elevadas reservas internacionales que muy bien podrían cubrir los requerimientos de inversión y gasto de la economía nacional, o la posibilidad efectiva de acceder a créditos de la banca internacional de fomento a tasas más reducidas, que los intereses comprometidos a pagar por la adquisición de los bonos denominados soberanos.

Los argumentos que se han esgrimido para efectuar este endeudamiento nacional, es que hace muchas décadas que el país había dejado de figurar y tener reconocimiento en el mercado financiero internacional, y que se necesitaba recuperar esa imagen perdida. Más allá de lo costosamente veleidoso de la decisión que reinserta a Bolivia en la máxima expresión del sistema capitalista imperante, como es el mercado financiero internacional; el problema es por demás interpelante, porque genera una obligación que embarga la economía nacional por varios años a intereses de empresas transnacionales que forman parte del mercado financiero, e incrementa el endeudamiento que debemos pagar todos los bolivianos, siendo que paralelamente la propia riqueza nacional traducida en las reservas internacionales, están depositados nada menos que en la reserva federal de Estados Unidos y otras fuentes menores, pero con el agravante de que a diferencia nuestra, nos pagan intereses risibles y mínimos. Es claro que mal se pueden sentar las bases de transición al socialismo, si una de las medidas económicas de mayor trascendencia nos vuelve a anclar y hacer dependientes de la máxima expresión capitalista que constituye el mercado financiero internacional.

Se ha afirmado también que dichos recursos del endeudamiento de los bonos contraídos por Bolivia, han sido destinados principalmente a la construcción de obras prioritarias. La pregunta que surge nuevamente al respecto, es por qué se decide endeudar al país en esos términos, cuando muy bien podían utilizarse los ingentes recursos acumulados en las reservas internacionales (más de 14 mil millones de dólares) o, cuando menos y demostrada la imperiosa necesidad de invertir, haber optado por la captación de créditos que podrían tener más bajos intereses de pago, que los comprometidos a cubrir por los bonos(¿). Acaso la credibilidad, solvencia y seriedad económica del país no sirven para eso?.

Al respecto y buscando alternativas menos perniciosas y más acordes al mandato de construir un nuevo modelo económico alternativo al capitalismo, es claro que ni siquiera se ha pensado en transformar las relaciones comerciales y de intercambio entre las naciones, para plantear como base de cooperación mutua y horizontal, la solidaridad, la complementariedad y la reciprocidad, de tal modo que podamos llevar adelante las obras que necesitamos, a cambio de aportar con los medios o recursos que disponemos una vez satisfechas nuestras necesidades internas.

La confiabilidad de la palabra de los organismos internacionales

Para concluir estas reflexiones en torno al modelo económico nacional, quisiera referirme a lo que puede denominarse como el retorno o recuperación de la mentalidad colonial.

El asunto es simple pero de elevada significación económica y política. Desde hace algún tiempo se ha venido hablando e informando acerca de los importantes y renovados logros de la economía nacional y los indicadores macroeconómicos, que entre entras cosas se ha traducido en la emergencia de una nueva clase económicamente poderosa y que en el pasado había sufrido discriminación étnica y cultural. Junto a ello, también se ha resaltado con mucha fuerza el tránsito de una economía débil, pobre y subdesarrollada, a una situación de mediano crecimiento que la alejaba de su condición de sujeto crítico y preferente para la atención de la cooperación internacional, de tal modo que ahora, por ejemplo, ya no se cuenta con condiciones preferenciales para acceder a créditos blandos como en el pasado.

Al mismo tiempo, esta situación económica se ha traducido en el tránsito y conformación de capas empobrecidas que se constituyen y pasan a engrosar las clases medias, con el añadido de que lo hacen en una proporcionalidad demográfica muy significativa.

Ahora bien, como si estas noticias no tuvieran el peso y la credibilidad que corresponde cuando son transmitidas por las propias autoridades nacionales, o lo que es peor, solo adquiriesen la relevancia y confiabilidad necesarias cuando son ratificadas por otros; se ha podido apreciar en una actitud típicamente dependiente y colonial (que solo considera válido aquello que es reafirmado y certificado por terceras personas como si la palabra propia no tuviese valor y consistencia), las propias autoridades nacionales se han dado a la tarea de remarcar esos avances, porque el informe y los representantes de los organismos internacionales (en este caso el Banco Mundial), así lo confirmaba.

Por si fuera poco a esa actitud colonial que hace depender los avances económicas alcanzados, a la certificación y la palabra de los organismos internacionales, no se repara en el hecho de que ese mismo hecho da cuenta también del engrosamiento de una clase media que en la medida en que no pase a conformar nuevas relaciones de producción y trabajo (diferentes a las de explotación capitalista), mayores serán las nuevas condiciones y los nuevos intereses de clase que defenderá, pero no precisamente para luchar (como antes), por su liberación, sino para blindar y reforzar el sistema capitalista que los ampara y promueve.

Como resultado de este razonamiento, podría inferirse que se está en contra y se repudia el mejoramiento de las condiciones económicas y la ampliación de las clases medias en el país; cuando en realidad lo que se observa es que se hace flaco favor al establecimiento de condiciones para construir el socialismo, si lo que importa es mejorar el estatus y las condiciones de subsistencia, sin haber emprendido la transformación de las relaciones de producción que indudablemente permitirán resolver (no mejorar) las causas de la pobreza.

A pesar de que discursivamente se sostenga que ahora los organismos internacionales de cooperación contribuyen y apoyan a la construcción del socialismo; en realidad el beneplácito y la complacencia que ellos manifiestan públicamente al confirmar el mejoramiento de la economía y la ampliación de las clases medias, dice todo lo contrario. Mal se puede esperar que ellos sean los artífices de su propia destrucción y muy ingenuo (por decir lo menos), quien piense que ha logrado convertirlos o engañarlos.

Nota:

[1] Para precisar, sofisma define el diccionario Larousse como un razonamiento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero.