Los dirigentes políticos y empresariales opositores de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz iniciaron un nuevo ciclo de «coordinación solidaria» con miras a articular una confederación de departamentos autónomos que sea capaz de enfrentar al gobierno y de aplicar de facto los estatutos autonómicos por encima de la Constitución Política del Estado vigente. Los prefectos […]
Los dirigentes políticos y empresariales opositores de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz iniciaron un nuevo ciclo de «coordinación solidaria» con miras a articular una confederación de departamentos autónomos que sea capaz de enfrentar al gobierno y de aplicar de facto los estatutos autonómicos por encima de la Constitución Política del Estado vigente.
Los prefectos de Pando Leopoldo Fernández; de Santa Cruz Rubén Costas, de Beni Ernesto Suárez Sattori, de Tarija Mario Cossío y de Cochabamba Manfred Reyes que integran el Consejo Nacional Democrático (Conalde) conformaron hoy la «Secretaría pro Témpore» de la futura confederación de la «media luna».
Se organizaron cuatro comisiones técnicas encargadas de estudiar mecanismos que permitan aplicar inmediatamente los estatutos de las cuatro regiones, especialmente en materia de educación, salud, infraestructura y energía. Además, se constituyó un «Fondo Solidario Autonómico Departamental» que financiará proyectos de educación, salud, infraestructura física y desarrollo productivo.
Los líderes opositores construyen una «institucionalidad» propia a espaldas del Estado nacional y al mismo tiempo desconocen las leyes bolivianas. Los prefectos anunciaron que no se someterán al referendo revocatorio convocado por el gobierno, salvo que la consulta se ajuste a los estatutos autonómicos.
La derecha autonomista tilda de «inconstitucional» la Ley de Revocatoria de Mandato aprobada por todos los partidos con representación congresal (Podemos, Unidad Nacional, MNR y MAS). Al mismo tiempo, defiende la «legalidad» de los estatutos de Pando, Beni, Tarija y Santa que fueron desconocidos por el gobierno, la Corte Electoral y por la comunidad internacional.
Los autonomistas proponen al gobierno discutir un acuerdo de «reconciliación nacional» desde el 1 de julio que permita restituir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los departamentos, el reconocimiento de los estatutos y la suspensión del referéndum revocatorio.
Si el Jefe de Estado no acepta la oferta, la derecha plantea adelantar elecciones generales sin la posibilidad de reelección de Evo Morales ni de los prefectos. «Ponemos nuestros cargos a disposición como una muestra real de desprendimiento de buscar una salida a la crisis que tiene en incertidumbre al pueblo boliviano», dice Costas.
Sedición
A nombre del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana pidió al Congreso que se instaure un juicio de responsabilidades contra los prefectos que desacatan la ley, conforman una instancia de gobierno regional contraria a la Constitución y que pretenden llevar al país a la desintegración y al enfrentamiento sólo para consumar aspiraciones mezquinas.
Rechazar el referendo revocatorio es un frontal desconocimiento de la ley y de la Carta Magna. La resistencia, el desacato y la trasgresión al orden constitucional «no es nada más que un golpe a la Constitución, a la democracia y al Parlamento», afirmó Quintana e instó al Congreso y a todas las autoridades competentes a enfrentar esta «aventura golpista».
El ministro interpreta que los prefectos admitieron indirectamente su derrota política y el fracaso de las millonarias e inconstitucionales consultas sobre estatutos caracterizadas por un alto grado de abstención. «Dejaron caer la máscara y hoy los vemos con su verdadero rostro antidemocrático y antipatriótico». Sin discurso, sin propuestas y sin respaldo popular mayoritario, los autonomistas tiemblan de solo pensar que Evo Morales los aplaste en las urnas el 10 de agosto. Por eso el Conalde, el empresariado, ganaderos, terratenientes y políticos de derecha llevan adelante un plan desestabilizador para desgastar al gobierno y sabotear el referéndum.
El Conalde instruyó el inicio de «todas las acciones que sean necesarias a partir de la fecha» con el fin de recuperar definitivamente los ingresos provenientes de IDH y regalías por hidrocarburos confiscados por el gobierno. «De ser necesario, apelar a nuestros estatutos para encontrar las soluciones a las necesidades que afectan a las provincias, gobiernos municipales y universidades de los departamentos autónomos», señala un pronunciamiento del Conalde.