El cambio está en marcha

Hoy se cumple el primer mes de nuestro gobierno, los primeros treinta días de la revolución democrática y cultural que encabezamos con el rotundo mandato popular del 18 de diciembre de 2005, cuando los bolivianos y las bolivianas del campo y de la ciudad decidimos dar una vuelta de página a una historia llena de injusticias y de discriminación.

En la conformación del Poder Ejecutivo pusimos todo nuestro empeño en lograr que la conciencia social participe conjuntamente con la capacidad profesional. Así, hemos nombrado un gabinete representativo de los movimientos sociales, el empresariado, las clases medias, los indígenas, los intelectuales y las mujeres. Se trata de un gabinete inédito en la historia boliviana que trata de expresar plenamente la Bolivia multicultural, digna y soberana. Quiero decir, con mucho orgullo, que este es el primer gabinete formado por decisión autónoma, sin presiones de organismos internacionales.

Atendiendo a las prerrogativas constitucionales del Presidente de la República, al iniciar nuestro gobierno nombramos un Alto Mando Militar que, respetando la institucionalidad, hace un corte con el pasado de sometimiento de nuestras FFAA a intereses externos y privilegia el profesionalismo, la disciplina y el respeto a nuestra soberanía como país. Debemos recuperar la soberanía en el corazón del Estado, en los cuerpos de seguridad, en los institutos militares y en los cuerpos policiales.

Para algunos ha sido una novedad que el Presidente trabaje desde las cinco de la mañana -como la mayoría de los obreros y campesinos bolivianos- y que renuncie al 57% de su sueldo. Sin embargo, esa medida ha sido para nosotros como la marca que define, desde el principio, el espíritu de nuestro gobierno: soy Presidente no para ganar más plata, sino para trabajar más por la Patria. Con esta medida del Poder Ejecutivo se ahorró 13,9 millones de bolivianos, que serán nuestro aporte para llegar a los 3.500 nuevos ítems en el área de la educación, sector que recibió, por primera vez en años, un aumento del 7% en sus salarios, sin marchas, bloqueos ni otras medidas de presión.

Junto al pueblo

Dijimos que mandaríamos obedeciendo. Por eso hemos mantenido en estos 30 días unas 300 reuniones con movimientos sociales, instituciones y organizaciones empresariales y cívicas, escuchando sus planteamientos y aprendiendo de sus sugerencias. Estamos convencidos de que la consolidación de este gobierno y este proceso sólo será posible mediante el fortalecimiento de la unidad entre el gobierno y los movimientos sociales. Por eso he aceptado con humildad la propuesta de los compañeros cocaleros para que siga presidiendo las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. No me avergüenzo de ser Presidente de la República sin dejar de ser dirigente social, porque no vamos a distanciarnos de quienes, desde sus luchas y sacrificios, han hecho posible este cambio histórico.

Estas consideraciones nos llevaron a aprobar, el 21 de febrero, la ley del Fuero Sindical, para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país que se sentían avasallados por la flexibilización laboral. Con la defensa del fuero sindical, los trabajadores del país están protegidos en sus derechos; atrás quedaron los años de represión, cárcel y confinamiento para los trabajadores que son elegidos dirigentes y defienden los derechos laborales.

Nos reunimos con los nuevos prefectos, electos por primera vez por el voto popular, para concertar las reglas del juego y las competencias de cada uno de los poderes. Las Prefecturas deben ser el motor del desarrollo regional bajo las líneas diseñadas por el Poder Ejecutivo. Como he señalado, somos como una selección que juega con la camiseta de Bolivia.

Hemos conversado asimismo con los 327 alcaldes del país, reconociendo que el poder local es la trama básica de las relaciones entre el Estado y el ciudadano, y que los municipios son el lugar donde se atienden primero las necesidades de todos los días de la comunidad. Mantendremos una política de respeto a los gobiernos municipales electos, llevando adelante, junto a ellos, la guerra contra la pobreza.

Apenas asumimos el gobierno, nos hemos enfrentado con los peores desastres naturales de los últimos años. El 60% del país fue afectado por inundaciones, granizadas, turbiones y deslizamientos. Fueron afectadas alrededor de 25.000 familias. De inmediato activamos el sistema de atención a las emergencias. Para ello el 26 de enero emitimos el D.S. Nº 28610, decretando Emergencia Nacional y convocamos a todos los organismos de cooperación bilateral y multilateral para generar una canasta de aportes. Gracias a esa iniciativa recibimos más de un millón de dólares de ayuda de países amigos que nos permitieron atender a 14.607 familias (73.025 personas) que requerían ayuda humanitaria urgente.

En este primer mes hemos demostrado que se puede avanzar sin alterar la estabilidad macroeconómica y, lejos de aislarnos, hemos posicionado a Bolivia, con soberanía y dignidad, en la comunidad internacional. La lucha de los movimientos sociales por el no pago de la deuda externa y los pronunciamientos de la Iglesia Católica no ha sido en vano. Hasta el momento, hemos conseguido la condonación del 100% de la deuda con Japón (63 millones de dólares) y parte de la deuda con España (que asciende a unos 140 millones de dólares). Además, están en proceso otras condonaciones, como la que está en negociación con el BID (unos 1.300 millones de dólares), en el marco de «Programa de alivio de deuda para países altamente endeudados».

En este mes, la vinculación caminera fue también priorizada. Con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del gobierno de Italia se oficializó el financiamiento de 18,5 millones de euros para impulsar el proyecto carretero Toledo-Ancaravi que es parte del tramo hacia Pisiga y Chile. Asimismo, la CAF apoya el financiamiento de los 89 kilómetros de la carretera Guayaramerín-Riberalta, tramo que es vital en la conexión hacia La Paz y el Brasil.

Conflictos heredados

Al llegar al gobierno fue muy ingrato constatar la magnitud del drama provocado por el desmantelamiento de las empresas estatales, y la complicidad de algunos empresarios que no tuvieron compasión con el país. El caso del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) es un ejemplo de esto. Para asegurar el servicio y evitar las consecuencias sociales de la crisis, nos hemos visto en la necesidad de intervenir la empresa, de la cual los bolivianos somos dueños en un 48%. Tenemos claro que el pueblo boliviano no puede cargar con la deuda del LAB.

Se acabó la época del «Estado opa» que, bajo un discurso de libre mercado, financiaba a empresarios irresponsables a costa de la mayoría de los bolivianos. Hoy nuestra línea de bandera ha vuelto a volar y una auditoria administrativa y financiera determinará las causas de su crisis e identificará a sus responsables. Una de las metas de nuestro gobierno popular es acabar con la impunidad.

Con la postergación de la licitación del Mutún, para su estudio y reformulación, termina la larga era entreguista que duró más de 180 años y comienza una etapa de defensa de los intereses nacionales. Hemos tomado la decisión de postergar por 90 días la licitación, después de estudiar los informes de la comisión interministerial, la comisión técnica y la comisión jurídica. Con la nueva licitación y los nuevos contratos se logrará mejorar los ingresos del Estado, construir la primera industria siderúrgica en Bolivia -a través de la industrialización del hierro- y preservar el medio ambiente con el reemplazo del carbón vegetal por el gas natural como fuente de energía. Quiero agradecer a los movimientos sociales y cívicos del oriente por haber entendido y apoyado nuestra decisión.

Decisión soberana

Esta nueva fase nacionalista en la gestión de nuestros recursos naturales tiene como telón de fondo la nacionalización de los hidrocarburos. En reuniones con empresas y países que tienen intereses en este sector, hemos dejado claramente establecida nuestra posición de que «Bolivia necesita socios y no patrones».

Las principales empresas transnacionales han aceptado la posición de la gran mayoría de los bolivianos y han dejado en claro que seguirán invirtiendo bajo un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la soberanía nacional. Por otro lado, cumpliendo con lo establecido por la Ley 3058, se ha inaugurado en la ciudad de Yacuiba la Vicepresidencia de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB. Así, pues, la refundación de YPFB -alguna vez orgullo de los bolivianos- está en marcha.

También estamos recuperando la capacidad de decisión soberana del Estado en relación a los cultivos de coca. Este gobierno de los movimientos sociales y de las mayorías nacionales, ha demostrado que la participación de los propios campesinos es esencial para el objetivo de racionalizar voluntariamente los cultivos, en el marco del Desarrollo Integral, siguiendo la meta de «narcotráfico cero» y no de «coca cero». En este sentido, un próximo estudio, con la cooperación de la Unión Europea, determinará las verdaderas dimensiones del mercado legal de la coca. Paralelamente, hemos comenzado a impulsar la despenalización internacional de la hoja de coca en estado natural, lo cual permitirá su industrialización y exportación.

Recogiendo las aspiraciones de los bolivianos hemos elevado al Parlamento una propuesta de Ley de Convocatoria para una Asamblea Constituyente con suficiente poder para cambiar Bolivia. El 2 de julio debemos votar y el 6 de agosto la Asamblea debe estar posesionada en Sucre. Para eso impulsamos un proyecto que garantiza el respeto a «un hombre un voto» y el voto directo. Además, propiciamos que los jóvenes mayores de 18 años puedan ser elegidos, así como un 50% de mujeres.

Compañeros y compañeras: como dije en Tiwanaku, si no avanzo lo suficiente, empújenme. Entre todos tenemos la tarea de transformar la indigna herencia neoliberal y colonial en una Patria para todos. Y en este primer mes de gobierno hemos empezado a caminar a paso firme hacia ese horizonte.