La represión en Iguala contra los compañeros de Ayotzinapa ha detonado un movimiento hacia la insumisión, cómo ya lo había experimentado la lucha de los politécnicos, los maestros que se oponen a la reforma educativa y diversas luchas en diferentes regiones del país. Este camino abierto y utilizado tanto por un movimiento estudiantil que comienza […]
La represión en Iguala contra los compañeros de Ayotzinapa ha detonado un movimiento hacia la insumisión, cómo ya lo había experimentado la lucha de los politécnicos, los maestros que se oponen a la reforma educativa y diversas luchas en diferentes regiones del país. Este camino abierto y utilizado tanto por un movimiento estudiantil que comienza a movilizarse y organizarse en todo el país, como por los maestros y sectores obreros y campesinos que ven en él un mecanismo que permitirá la estructuración no sólo de fuertes movilizaciones, sino lo más importante, de formas embrionarias de construcción de espacios de poder popular.
La burguesía monopólica y su gobierno.
La burguesía monopólica financiera que ha encabezado el proceso de reformas estructurales, está perdiendo hegemonía en este período, pero sin perder aún la dirección del proceso de reconversión capitalista para maximizar la ganancia. Las pugnas son muy fuertes al interior de la clase gobernante y el comportamiento de algunos sectores de ella, dejan ver con claridad esta pugna, las molestias por la reforma fiscal y la resolución de algunas licitaciones marcan, entre otras cosas esta disputa. Estas pugnas han impedido a los monopolios y su gobierno enfrenar unificadamente al movimiento popular que crece.
Existen sectores de la propia burguesía monopólica que tratan de que la tasa de ganancia no sólo se mantenga, sino que permita a sus empresas e intereses obtener la mayor parte de ella. Quizá el ejemplo más emblemático, por lo contradictorio del mensaje es la actitud del consorcio de medios más importante de México y Latinoamérica: Televisa. Es un hecho de que los dueños y accionistas de la empresa colaboraron con una amplia alianza de la burguesía, encabezada desde luego por la monopólica, para colocar en el gobierno a Peña Nieto, porque éste claramente beneficiaría los intereses del grupo dominante que lo puso en la silla presidencial. Sin embargo, se presentan fisuras evidentes de esta alianza estratégica.
El grupo monopólico que dirige el proceso de producción es tan poderoso que logró someter al sistema político en su conjunto a sus intereses, armando lo que se llamó el «Pacto por México», en el que la llamada «izquierda institucional» jugó un papel central, con el PRD a la cabeza. Así, cuando los comunistas decimos que los partidos de la socialdemocracia mexicana han traicionado nuevamente a los trabajadores, no lo decimos sólo por consigna, existe suficiente evidencia de que esta nueva traición al movimiento obrero permitió al capital hegemónico, es decir a la burguesía monopólica financiera, imponer la ruta de mayor explotación, del incremento de la tasa de ganancia, desvalorizando el trabajo.
Sin embargo, para lograr su objetivo plenamente, la oligarquía financiera necesita al Estado y que el gobierno se colocara en línea absoluta, plegado a sus intereses. Lo anterior no ha ocurrido. El desmantelamiento del Estado en beneficio del mercado, ha colocado a los gobiernos de la burguesía sólo en el papel de promotor, animador, administrador y garante de que sólo con el uso de la fuerza se garantizará el cumplimiento de los objetivos que se han planteado los monopolios.
Cuando han querido aterrizar sus líneas fundamentales, se han encontrado con la resistencia de otras capas de la burguesía opositoras a la línea marcada, pero sobre todo a la existencia de los poderes fácticos, quienes han sustituido al Estado y ejercen el control político, económico y administrativo de las zonas que controlan. Y ahí la negociación se ha atorado, les ha costado caro o de plano han logrado imponer a medias las medidas con el uso de la represión, el terror y el uso al límite de la delincuencia organizada como método. Sin Estado, sin dirección cada quién hace lo que quiere. En las regiones el poder del Estado ha sido sustituido por el poder del gobernador que es a veces socio, a veces empresario, a veces ligado a la delincuencia y en infinidad de ocasiones, todo a la vez, así como de los caciques, los grupos empresariales, en ocasiones cada quien por su lado, lo que ha generado violencia y casi siempre ligados, coordinados y organizados, pero al margen de las instituciones estatales, que en infinidad de lugares casi no existen.
Las pugnas entre los poderes fácticos han derivado en enfrentamientos, ajuste de cuentas, masacres, pero siempre en el ámbito de quienes se disputan la hegemonía. La relación de los empresarios, ganaderos, caciques, líderes sindicales, miembros de la clase política y agentes del gobierno (policías, militares, marinos, etc.), con los grupos de la delincuencia organizada no es sólo estrecha, es vinculante. La utilización de la delincuencia en las regiones del país le ha permitido a la burguesía y sus asociados imponer sus ritmos de explotación a base de sangre y fuego, como sucede en Guerrero, Michoacán, Chiapas, etc.
Este escenario ha generado una profunda crisis política, porque la representación de la figura presidencial está en entredicho y se ha debilitado al grado de que la coalición que lo colocó en el gobierno ya está pensando en removerlo, porque la credibilidad de los partidos del régimen no existe, porque la democracia burguesa ha mostrado su verdadero rostro, el de la represión y el terror. Porque los procesos electorales demostraron que sólo sirven para perpetuar el dominio de los poderes que oprimen al pueblo y sobreexplotan a la clase obrera.
Los monopolios en su afán de tener un Estado que sólo sirva a sus intereses han debilitado al extremo la gestión de los gobiernos que lo dirigen. Como nunca, porque siempre han existido las pugnas interburguesas y los conflictos de los grupos de poder, un gobierno esta tan debilitado y en profunda crisis. Estos dos factores se ligan a la crisis económica estructural. Pero entendamos con claridad los conceptos. Es una crisis que golpea con dureza a las clases explotadas, a los trabajadores, a la mayoría, pero para la oligarquía, los monopolios y la burguesía financiera, la crisis es sólo una de reducción de la tasa de ganancia a niveles aún tolerables. Los que dominan, los que controlan al país no sufren esta crisis económica, es más, están dispuestos a profundizarla si así conviene a sus intereses. Sin embargo, la crisis política sí puede alterar o cuando menos retrasar un poco el rumbo que pretenden seguir. Y es en esta esfera en donde el movimiento popular, las organizaciones obreras revolucionarias, pero sobre todo un partido comunista bien estructurado puede actuar.
El movimiento popular.
El movimiento estudiantil se colocó a la cabeza del movimiento que estalló desde el rechazo a las reformas en el Instituto Politécnico Nacional. Al ser una represión contra estudiantes normalistas, era lógico que el movimiento estudiantil mantuviera la iniciativa durante los primeros 30 días de las movilizaciones. La suma de sectores de trabajadores, de empleados, de pequeños comerciantes, de sectores de la clase media, fue cambiando poco a poco la vanguardia. Y con esto paso a ser de un movimiento estudiantil a uno más popular, con expresiones de una estructuración que rebasaba a las demandas de justicia y se colocaba en los preámbulos de la creación de nuevas formas organizativas, incluso de cierto poder popular, alterno, en este caso al gobierno de Guerrero.
Ahora nuevamente ha tomado la iniciativa un sector que ha encabezado prácticamente sólo la lucha contra la reforma educativa, los maestros guerrerenses. El movimiento estudiantil poco a poco ha perdido movilidad y presencia en este período, aunque conserva la vanguardia, disminuida pero presente. Sin embargo, no ha podido estructurar una coordinación revolucionaria, y se presenta a las marchas sin consignas propias, sin retomar las banderas de los explotados y la lucha anticapitalista o con reivindicaciones recogidas de otros sectores, se ha concretado a demandar justicia, la salida de Peña y la presentación con vida de los desaparecidos, pero exhibiendo una pobreza de reivindicaciones producto de que la coordinación está en manos de los sectores mediatizadores de clase media, de la socialdemocracia y del oportunismo.
Los pocos sectores de trabajadores que han participado esporádicamente en las movilizaciones, han sido los empleados de la UNAM, con el cacicazgo sindical oportunista y traidor y los trabajadores del sindicato de telefonistas, que lo hicieron siguiendo al parecer una consigna que tenía que ver más con las disputas del poder interburgés que con una reivindicación de clase. Si bien se han incorporado trabajadores del INBA y del INAH, pero por el momento son poco numerosos, esporádicos y también sin consignas anticapitalistas, de poder popular, revolucionarias.
El punto central de este período está ubicado en el estado de Guerrero, especialmente en Chilpancingo y Acapulco. En Iguala con la presencia de la fuerza pública en desmedida, el movimiento se ha detenido o está en espera de otra coyuntura. En otras regiones del estado, los cacicazgos y los poderes fácticos mantienen aún el control, pero ya existen zonas en donde se manifiestan gérmenes de un nuevo poder en gestación, muy embrionarios pero latentes. Aunque por ahora su composición es digamos sólo «popular», sin contenido de clase aún, la incorporación de sectores de la clase obrera y del movimiento campesino le darán sin duda esa impronta decisiva de clase.
A pesar de que en estos momentos no se aprecian elementos que permitan al movimiento tomar las calles en apoyo a los maestros y normalistas de Guerrero, básicamente por el período de vacaciones en las escuelas y en muchos centros de trabajo, lo real es que existe una tensa calma. Los propios medios de la burguesía señalan que entre lo que llaman «opinión pública», existe un ambiente de solidaridad y de simpatía con las demandas de los familiares, sobre el que ya por cierto, los intelectuales orgánicos de la burguesía y los medios de comunicación de los monopolios trabajan en modificar.
En este lapso, diversas organizaciones revolucionarias han tomado posición en relación con los acontecimientos descritos. Cada una con sus propias visiones, ideas, ideología, propuestas y consignas. Pero, por el momento ninguna ha logrado imprimir un rumbo, un sello, un camino alternativo al que está tomando la lucha en estos momentos, como tampoco ha logrado imprimir un sello de clase a las movilizaciones.
Sin duda, por los posicionamientos de muchos de los padres de familia y un sector importante de los dirigentes de la normal rural, por el tipo de movilizaciones, las acciones realizadas y las consignas planteadas al parecer los grupos que tiene la dirección del núcleo que trata de coordinar las acciones se está radicalizando y sobre esta dinámica es la que los poderes fácticos, el gobierno y los medios mediatizadores de la burguesía trata de centrar la atención.
Las filtraciones en la prensa, radio y televisión que trataron de ligar, primero, a los normalistas con la delincuencia organizada y el narcotráfico y ahora con la guerrilla, persiguen el mismo objetivo, quitar legitimación a la lucha de los familiares y presentar a la dirección política del movimiento como un grupo «violento», dispuesto a destruir las instituciones y romper «la armonía y la paz social». Detrás de esta retórica está la estrategia de reprimir al movimiento y sus diferentes gérmenes de insumisión popular antes de que se fortalezca. Para el gobierno y los monopolios, el «asunto» Ayotzinapa ya pasó. Ahora la aplicación de una política de control de daños pasa por la represión selectiva y masiva si es necesario, como la han dejado muy claro, tan el secretario de la defensa como el de la marina.
Los acontecimientos del verano mexicano han dejado constancia de dos hechos ligados y contradictorios, pero que arrojan una lección definitiva para los comunistas mexicanos. Por un lado la irrupción de un potente movimiento popular que ha roto las cadenas de la sumisión y ha salido a las calles a reclamar justicia, alto a la corrupción gubernamental y ha mostrado sus rechazo al sistema de partidos y al sistema político en general, todo aún en los marcos de la democracia burguesa. Y por otro lado, la potencia del movimiento popular ha dejado constancia de que las organizaciones que se reclaman marxistas, socialistas, comunistas o revolucionarias carecen de estructura, organización y en muchos sentidos de un programa que permitan influir, proponer, conducir los procesos de lucha popular, hacia movilizaciones políticas, que caminen en la construcción de una estructuración clasista de los movimientos y que permita la incorporación de la clase obrera y el movimiento campesino.
Las consignas, las banderas, las solicitudes recogen sí el coraje, la frustración, la tristeza, la insumisión de miles, pero son sólo sentimientos, no hay en ellas ningún posicionamiento clasista. Todos estos sentimientos pueden ser superados, olvidados, abandonados, las lecciones de la insumisión pueden ser abortadas por las acciones del gobierno y los monopolios, sin dejar rastro de lucha anticapitalista. Y esta verdad, dura verdad, nos obliga a redoblar esfuerzos en la construcción de un partido revolucionario que ayude a posicionar el camino de la insumisión al que se incorporen con fuerza la clase obrera y sus aliados.
La insumisión asoma los gérmenes de un nuevo poder, la consigna de «fuera Peña Nieto», debe ser acompañada por elementos de propuesta hacia la participación en el proceso de elección de un nuevo gobernante de los sectores en lucha así como la incorporación del movimiento obrero, lo que dará un contenido de clase a las próximas movilizaciones y luchas en el marco del período que se ha abierto.
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