En lo que va del período del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, arropado por MORENA, la entidad chiapaneca registra un índice ascendente de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, con la particularidad de que las víctimas en su mayoría son entes políticos organizados, activistas y defensores de los derechos humanos, es […]
En lo que va del período del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, arropado por MORENA, la entidad chiapaneca registra un índice ascendente de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, con la particularidad de que las víctimas en su mayoría son entes políticos organizados, activistas y defensores de los derechos humanos, es decir, la represión tiene un carácter selectivo.
Lo que se encuentra detrás de la fachada del «gobierno del cambio» es la continuidad del neoliberalismo y de la contrainsurgencia, cuyo objetivo es imponer los intereses de una élite económica y detener o desarticular las fuerzas populares organizadas que critican al régimen de explotación y opresión capitalistas.
No hay nada de nuevo en este plan de desarrollo económico para el sureste del país, desde el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012- 2018) y los anteriores a éste, sólo que ahora adquiere una cualidad distinta, es decir, se ejecuta con cierto cobijo de «legitimidad» otorgado por el «gobierno de la transformación», lo que en síntesis va a comprobar que el arribo de la nueva administración significó la maniobra burguesa para concretar sus planes económicos y políticos.
La lista de víctimas de la violencia institucional la encabezan activistas, defensores de los derechos humanos, ambientalistas, cuyos casos hasta la fecha continua en impunidad, son los casos que hasta la fecha continúan de Sinar Corzo, Nora López, José Luis Alvares Flores, entre otros, víctimas de ejecución extrajudicial.
Le siguen los sectores organizados, por ejemplo, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y la Normal Intercultural Indígena Jacinto Canek, quienes se destacan por sus acciones políticas de masas para defender el derecho a la educación y la solución a sus demandas; hoy son reprimidos en cada movilización que realizan, el riesgo del cierre de sus espacios educativos es inminente, esto significa eliminar el derecho a la educación y al trabajo de una generación de jóvenes.
Las organizaciones que luchan por el derecho a la tierra y la vivienda en las zonas urbanas son casi aniquiladas, se ejecutó contra ellos desalojos, desplazamiento forzado, despojo de tierras y detenciones arbitrarias. Más de seis mil familias echadas violentamente a la calle por el gobierno de Chiapas.
Las organizaciones con una amplia trayectoria de lucha son víctimas de la bota policíaco militar, tienen entre sus militantes a presos políticos, torturados, ejecutados extrajudicialmente y detenidos desaparecidos, es el caso del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN).
La vigilancia, el seguimiento policíaco, el espionaje militar hacia luchadores sociales y organizaciones populares es un indicio de que existe plan gubernamental definido en Chiapas para continuar con el cometido de crímenes de lesa humanidad y con el respaldo federal, quien con su silencio es cómplice de esta política deleznable.
Criminalización de la protesta popular
La justificación jurídica con la cual se ampara el gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas para «legitimar» su actuar represivo es en el estado de derecho burgués, marco legal encargado de convertir el derecho a la protesta y organización en delito y en proteger a los criminales de Estado.
El encargado de crear expedientes incriminatorios, expedir órdenes de aprehensión, estar al frente de la tortura y defender a capa y espada el estado de derecho oligárquico es el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, este sujeto escaló puestos en las instituciones de gobierno a partir de su labor policíaca en contra de organizaciones y comunidades organizadas desde 1992.
Este personaje en su cargo de Fiscal vinculó a proceso a más de 200 personas que luchan por el derecho a la tierra y a la vivienda, entre ellos a cuatro luchadores sociales integrantes del FNLS por el hecho de estar organizados de manera independiente y luchar por la defensa de la tierra, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, así como el comerciante Anivar Gómez, torturado y detenido sin delito que perseguir.
El mensaje que se desprende del actuar criminal de Llaven Abarca, es que a todo esfuerzo político organizativo y haga uso de su legítimo derecho a la protesta y organización será tratado como el más vil de los delincuentes, encarcelado y sin derecho a un juicio justo.
Hacia aquellos sectores populares que aún no están organizados, se les conduce a asumir una actitud pasiva ante el temor de que podrá ser víctima de los peores crímenes.
Es en esencia la criminalización de la protesta popular, un régimen que busca anular los derechos de organización y manifestación, presentar la actitud política como un delito, con el lenguaje oficial genera estigmatización de las organizaciones populares y las acciones políticas de masas, la movilización y protesta popular son tildadas de actos vandálicos o transgresores de la ley.
Los mega operativos, incursiones policíaco militares, detenciones arbitrarias y encaercelamiento injusto son el indicativo de que la lógica oficial ve al pueblo y a sus organizaciones como el enemigo a vencer; esto se desprende de lo que en su momento afirmó Brito Mazariegos «el problema de Chiapas son las organizaciones sociales».
La tortura como «método» de investigación
La tortura es un hecho real en la entidad, es una práctica fascista utilizada como «método» de investigación para arrancar confesiones incriminatorias a las víctimas, obtener información personal de luchadores sociales, del actuar político de organizaciones populares y así planear acciones represivas futuras. Esto redunda en un actuar contrainsurgente que en Chiapas lleva más de dos décadas de fraguarse.
Los casos más ilustrativos son los perpetrados contra Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez, ambos integrantes del FNLS, detenidos arbitrariamente y torturados el 17 de julio y 28 de septiembre de 2019. Ambos fueron trasladados a cárceles clandestinas en donde fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, para obligarlos a dar información de la organización, la pregunta constante era ¿Quién es tu líder?, sus torturadores les mostraban fotografías para que les dieran información sobre la persona de la foto.
Esto expresa que existe vigilancia, seguimiento, y espionaje hacia integrantes del FNLS y otras organizaciones, existen carpetas incriminatorias que se traducen en posibles detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada.
A pesar de que existen pruebas de tortura contra nuestros compañeros hoy presos injustamente, no existe investigación ni castigo a los responsables, desde las instituciones gubernamentales se les premia con la impunidad.
Brutalidad policíaca en la represión
Los operativos policíacos para reprimir al pueblo y sus organizaciones son planeados con mucha antelación, es gradual el nivel de terror impuesto por los cuerpos policíaco militares, comienza con las amenazas de desalojo, de muerte, detención, el hostigamiento a través de sobrevuelos rasantes de helicópteros, de avionetas, drones y culmina con operativos de más de mil elementos pertrechados con armas de fuego, gas lacrimógeno, tanquetas conocidos como «Rinos» y equipo táctico anti motín.
La cantidad de elementos y pertrechos utilizados contra quienes protestan es totalmente desproporcional, el humo del gas ha afectado a colonias enteras, los policías cuales «perros bravíos» se lanzan a golpear a los manifestantes como si fueran criminales e incluso llegan a lastimar hasta los perros que se pasean en las calles, lo que devela su actitud descompuesta y odio a toda forma de vida.
Los policías son formados con la ideología burguesa para causar el mayor daño al pueblo, por ejemplo, en los despojos de tierras se roban las pertenencias de la población, destruyen casas, cultivos, no les importa que las víctimas son de su misma clase.
¿Qué intereses representa Rutilio Escandón Cadenas?
Intereses de empresarios y caciques. Rutilio echa a andar el plan federal de desarrollo económico, contempla entre otras cosas la realización de megaproyectos, entre ellos, el tren maya como vía de comunicación para asegurar la circulación de mercancías y la concentración de la riqueza en unas cuantas manos.
Los empresarios nacionales e internacionales tienen fincado sus intereses hoy en el sureste mexicano, despojan a campesinos de sus tierras para concretar los proyectos económicos, ¿cómo concentrar esas tierras en sus manos?, el plan contempla el despojo violento y legalizado para entregárselas a los caciques en el entendido de que son los supuestos «dueños».
En este momento los grandes propietarios son piezas útiles para el régimen, sirven en el proceso de concentración y centralización de tierras en manos oligarcas, corresponde el primer eslabón porque ellos mismos aspiran a formar parte del círculo empresarial, el típico cacique de orca y cuchillo se vislumbra como un burgués al amparo del gran capital.
En esa lógica el gobierno chiapaneco lanza una ofensiva de despojo y desplazamiento forzado con el pretexto de entregarlas a «sus legítimos dueños», caciques de viejo cuño emergen y exigen que les regresen la «propiedad» que está en posesión de campesinos. En ese tenor destacan caciques de apellidos Orantes, Padilla, Albores, Velazco, Ruiz, Cal y Mayor, Espinoza, Pedrero, entre otros, mismos que aparecen en diversos cargos institucionales.
Son más de siete mil hectáreas de tierras despojadas a campesinos y colonos, y entregadas a estos terratenientes, los desplazados son arrojados a la calle a vivir en la inmundicia, en la incertidumbre, sin techo, alimentación, salud, educación ni trabajo; condenados a padecer las inclemencias de la naturaleza. ¡Vaya, pero qué gobierno de los pobres!
No existe voluntad al diálogo de las autoridades chiapanecas para resolver las demandas y exigencias populares, únicamente conoce el lenguaje de la represión y violación a los derechos humanos. A un año de la nueva administración en Chiapas comprobamos que estamos frente a un gobierno represor, antipopular, proempresarial.
Ante la represión la organización combativa del pueblo
Hasta el momento los esfuerzos organizativos responden a la represión desde sus espacios y condiciones concretas, situación que no permite poner freno definitivo a la espiral represiva, la necesidad estriba en impulsar acciones políticas de masas coordinadas con carácter combativo; a esto agregar una intensa lucha ideológica que aclare al pueblo lo que representa en Chiapas un gobierno que se ampara en la «cuarta transformación».
No se trata de personalizar los asuntos políticos y económicos que enfrentamos, sino de demostrar que el régimen de explotación y opresión sigue vigente, mientras el capitalismo predomine como modo de producción, los problemas de la corrupción, pobreza, miseria y represión no cambiarán, ni siquiera por muy buena voluntad de una persona.
Se trata de transformar radicalmente a la sociedad y esto es posible con el socialismo científico, esperar otro sexenio para ver «si ahora si cambian las cosas» es absurdo, debemos empezar a construir la organización y unidad del pueblo, con un plan de lucha que abrace las demandas de todos los sectores populares.
La combatividad en estos mementos significa claridad y decisión para defender nuestros derechos, la tierra, la vivienda, el trabajo… y las libertades políticas, para no esperar pasivamente a que nos saquen y despojen de nuestras comunidades. Es momento de defender nuestro territorio desde nuestra comunidad.
A impulsar la lucha organizada y combativa del pueblo, a organizar la lucha por el socialismo.
Consigna Socialista es una publicación periódica del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
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