Cuando sucedieron las matanzas de Sorata y Warisata al comenzar la primavera del 93, y luego las masacres de octubre ocurridas entre El Alto y Ovejuyo ese mismo año, pocos se percataron que aquel despliegue de tanques y metrallas se originó, desde el estricto punto de vista de la táctica militar, en decisiones absurdas emanadas […]
Cuando sucedieron las matanzas de Sorata y Warisata al comenzar la primavera del 93, y luego las masacres de octubre ocurridas entre El Alto y Ovejuyo ese mismo año, pocos se percataron que aquel despliegue de tanques y metrallas se originó, desde el estricto punto de vista de la táctica militar, en decisiones absurdas emanadas desde el Ministerio de Defensa, es decir desde el despacho del doctor Carlos Sánchez Berzaín.
No es la primera vez que un político convierte a las Fuerzas Armadas o a la Policía en su feudo para «jugar a las guerritas», sobrepasando criterios técnicos y profesionales de los mandos institucionales que deberían primar en casos de conflicto extremo. Recordemos al Ministro del Interior de Paz Zamora en 1991, Guillermo Capobianco, cuando, suplantado el rol de comandante policial, dirigió un operativo transmitido en vivo por la radio y la TV para rescatar al industrial Jorge Lonsdale, con un trágico resultado para el propio secuestrado y sus secuestradores políticos, miembros del Comando Néstor Paz Zamora (CNPZ).
Bajo esa misma lógica, Sánchez Berzaín se puso a la cabeza de las Fuerzas Armadas avasallando incluso las atribuciones de los comandantes de regimientos y batallones, para ordenar abrir fuego por puro gusto y placer durante los conflictos de septiembre y octubre.
En el primer caso, el de Sorata y Warisata donde murió baleada una niña de ocho años y cuando el fuego abierto contra los campesinos obligó a desempolvar los antiguos fusiles Mauser, el enfrentamiento se originó en la decisión de «liberar» a cuarenta turistas que se hallaban al otro lado del bloqueo indígena, forzando un operativo que bien podía haberse evitado dialogando con los campesinos en buena hora sublevados. En corrillos castrenses se asegura que una de las razones por las que Sánchez Berzaín precipitó la intervención militar en Sorata y Warisata era que entre los turistas se encontraba un agregado militar de la Embajada de Estados Unidos.
En el caso de la masacre de octubre que comenzó en El Alto, según observó el analista Fernando Mayorga, ésta se desató por la decisión que tomó Sánchez Berzaín para «garantizar» el suministro de gasolina y gas licuado a los habitantes de la ciudad de La Paz, en especial para los de la zona sud (el barrio oligarca de la sede de Gobierno).
Sólo a un delirante embriagado por el exceso de poder se le podía ocurrir despejar la autopista de El Alto a plan de bala para llevar gasolina a una ciudad con el tráfico bloqueado, o abrir el paso a 40 turistas atrapados en el altiplano, matando campesinos y niños. Ese fue el Ministro de Defensa de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín. No podía esperarse otra cosa de un político que hizo sus primeras armas asesorando al dictador García Meza y que amasó fortuna defendiendo a narcotraficantes.
Las responsabilidades políticas y penales de Sánchez Berzaín, y de Gonzalo Sánchez de Lozada su mentor y cómplice, en genocidio que inmoló a inocentes bolivianas y bolivianos por la defensa del gas y de la aunténtica democracia, son inobjetables. Pero veamos quién realmente es el responsable de las masacres de febrero, septiembre y octubre de 1993.
Todo gracias a García Meza
Su poder parecía infinito, como incontable su riqueza. Carlos Sánchez Berzaín fue el principal «operador» de este proceso en que la democracia perdió sus contenidos democráticos, y en este escenario llegó a la cúspide del sistema como un verdadero «zar» del pragmatismo neoliberal.
Sánchez Berzaín comenzó a ganar terreno desde su «bufete» (estudio jurídico) de la calle Ecuador, en Cochabamba, donde diseñaba las estrategias judiciales de la empresa Comsur, protegiendo los intereses de los hermanos Sánchez de Lozada.
Durante la década de los ochenta, el bufete «Sánchez Berzaín & Asociados» ganó fama y prestigio en los ámbitos litigantes de Santa Cruz y Cochabamba por su eficacia especialmente en pleitos por narcotráfico. El abogado se movía hábilmente en ese terreno, sacando provecho a sus amistades con autoridades anti-narcóticos del régimen de García Meza y Arce Gómez.
En la dictadura garciamecista, Sánchez Berzaín empujó a otros abogados de su generación a formar un grupo de asesores jurídicos del gobierno militar. Siendo aún estudiante de Derecho, Sánchez Berzaín se convirtió en asesor de la Alcaldía de Cochabamba controlada por la dictadura. Aquellos vínculos iniciales con el poder militar le permitieron ser partícipe de una invasión urbanística al Parque Nacional Forestal Tunari en una extensa área verde que fue loteada para establecer una urbanización ultraseñorial («Lomas de Aranjuez») donde hoy posee una mansión avaluada en casi dos millones de dólares.
Fruto de sus vinculaciones con el régimen garcíamecista, Sánchez Berzaín se prodigó dictando cátedras en centros académicos castrenses como la Escuela de Comando Mayor y el Centro de Altos Estudios Nacionales (1). Pero el beneficio mayor resultante de esos nexos fue su dominio sobre la precaria jurisdicción antinarcóticos en procesos que, gracias a su pericia abogadil, dejaron libres a varios narcotraficantes hoy legitimados por el blanqueo de dólares en rubros como la construcción y el autotransporte.
El caso Tauro
En 1985, bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, la policía anti-droga al mando de la DEA capturó, en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, un avión del tipo Tauro cargado con una tonelada y media de cocaína. En ese operativo cayeron once narcotraficantes pertenecientes al clan de Jorge Roca Suárez, alias «Techo de Paja». Entre los detenidos se encontraba la hermana de éste, Tita Roca.
Los Roca Suárez requirieron los servicios del bufete Sánchez Berzaín y éste, a su vez, encomendó el trabajo para la defensa de Tita Roca al abogado Jorge Becerra, un ex policía.
Este primer «narcoescándalo» que se registra en la historia de la actual democracia representativa, fue relegado a un segundo plano con el caso Huanchaca que conmovió al país en 1986 (2)
El caso Tauro mostró la habilidad con que Sánchez Berzaín supo manejar su relación profesional con los narcotraficantes hostigados por la ley (3). Nunca dio la cara ni puso su firma en ningún memorial de manera directa. Esta actitud que se tornó visionaria a la hora de entrar en el terreno de la política (4), fue clave en su estrategia de amasar fortuna y controlar el aparato judicial sin vulnerar su prestigio personal.
Un juez de partido que emitía fallos notoriamente parcializados con clientes del bufete Sánchez Berzaín fue el doctor José Luis Baptista (5), quien impidió la conformación del Tribunal de Imprenta en el caso de un coronel de policía que fue denunciado periodísticamente por varias irregularidades en su función pública. El patrocinio legal de aquel policía fue organizado desde el estudio jurídico de Sánchez Berzaín.
Bajo esa forma de operar, Sánchez Berzaín pudo construir un emporio abogadil que tomó control casi absoluto del aparato judicial en todo el país. De ahí surge la propensión mostrada durante su exitosa carrera política a intervenir de manera frontal en las designaciones de fiscales, magistrados y comandantes policiales.
Otras conexiones
Poco antes de asumir el cargo de Ministro de Gobierno, durante la primera administración de Sánchez de Lozada, el bufete de Sánchez Berzaín contaba entre sus más prominentes clientes, entre otros, al empresario cervecero Max Fernández (quien luego fundó su propio partido, la UCS) acusado por evasión de impuestos, y a los hermanos tristemente célebres hermanos Arévalo que protagonizaron la gran estafa inmobiliaria en el caso FINSA.
A comienzos de los años noventa, Sánchez Berzaín enfrentó un conflicto de intereses con el ya alcalde Manfred Reyes Villa a raíz de un problema suscitado en el negocio de casinos. La municipalidad cochabambina permitió el funcionamiento de aquellas casas de juego favoreciendo a un grupo de inversores ligados a Reyes Villa; pero el grupo de Sánchez Barzaín, entonces conformado por Alberto Gasser y Edwin Guth, intentó formar una sociedad con la mafia italiana para actuar al margen del municipio en el control de los casinos. Desde entonces la rivalidad entre Reyes Villa y Sánchez Berzaín fue casi irreconciliable. De hecho, cuando Reyes Villa intentó negociar su apoyo a Sánchez de Lozada tras las elecciones pasadas, pretendiendo cuotas de poder por encima del MIR, Sánchez Berzaín le hizo una gambeta genial al «bombón» propiciando el pacto MNR-MIR en componenda con Oscar Eid Franco.
En mayo de 1997, Manfred Reyes Villa, en declaraciones efectuadas al diario La Estrella del Oriente de Santa Cruz, anunció que presentaría pruebas irrefutables sobre las vinculaciones del ya ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzain con el narcotráfico y con la propia mafia italiana. De hecho, personas ligadas al entorno íntimo de Sánchez Berzaín, entre ellas su secretaria, estaban envueltas en el caso del «narco-avión» protagonizado por un traficante de drogas conocido como «Barbaschocas».
Sin embargo el anuncio de Reyes Villa quedó sin efecto tras las revelaciones efectuadas por el italiano Marco Marino Diodato que involucraron al jefe local del partido del «bombón» (la NFR) en Santa Cruz, Jorge Flores Reus, con la misma mafia italiana ligada al grupo Sánchez Barzaín-Gasser-Guth.
Otro caso no esclarecido en los entornos de Carlos Sánchez Berzaín tiene que ver con el tráfico de vehículos robados a cargo de una empresa gerentada por una hermana del dirigente gonista. Según una información de ANF publicada por La Prensa en su edición del 25 de marzo del 2001, la empresa Coboauto habría realizado transacciones superiores a los cien mil dólares en la venta de vehículos robados en la frontera con Brasil.
Buena letra con la Embajada
Pese a esos vínculos que la prensa diaria prefirió olvidar ante la «descollante figura política» de Sánchez Berzaín, éste consolidó su plan para legitimarse social y políticamente, proyectándose como «moderno estadista» haciendo buenísima letra con la Embajada norteamericana.
Tras los sucesos de Huanchaca (el asesinato de una misión científica boliviano-española a manos de narcotraficanes en un santuario forestal) y la aprobación de la Ley 1008 (que penaliza la hoja de coca), Sánchez Berzaín rompió lanzas con el narcotráfico y dejó mal parados a sus colegas y principales colaboradores.
Hay un hecho concreto que determinó la decisión norteamericana de olvidar el pasado del dirigente movimientista: en 1993, desde el Ministerio de Gobierno, Sánchez Berzaín brindó protección al nicaragüense José Antonio Ibarra, agente de la CIA, quien había huido de su país arrastrando varias acusaciones de corrupción. Un agente del Ministerio de Gobierno colocó una cámara en la casa de Ibarra para filmar un supuesto soborno que Ibarra le entregaba a su abogado, el ex magistrado Hugo Galindo Décker, para impedir su extradición a Nicaragua que se tramitaba ante la Corte Suprema de Justicia. Con esa «prueba», fue descabezada la Corte Suprema decretando la muerte civil del presidente de ese órgano judicial, Edgar Oblitas Fernández, quien se oponía a la Ley de Capitalización que, según este magistrado, era anticonstitucional y antinacional porque favorecía descaradamente a las trasnacionales.
NOTAS:
1 Cuando fue designado Ministro de Defensa en agosto pasado, CSB apeló a su condición de ex catedrático militar en su afán de granjearse la lealtad de las FFAA.
2 El caso Huanchaca y la secuela de crímenes aún hoy no esclarecidos, involucró a prominentes dirigentes del MNR y ministros de Paz Estensoro.
3 En ese momento la defensa judicial de los narcotraficantes era un buen negocio para abogados que operaban entre Santa Cruz y Cochabamba. Ese feliz panorama cambió sustancialmente en 1986 tras la aprobación de la Ley 1008.
4 Sánchez Berzaín entró de lleno en la actividad partidaria en las elecciones de 1993, jurando al MNR y dirigiendo la campaña de Goni conjuntamente un grupo de independientes y movimientistas de reciente filiación como Alberto Gasser, su principal colaborador.
5 José Luis Baptista fue recientemente designado, por el actual presidente Mesa, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia que tendría que enjuiciar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por los crímenes de febrero y octubre.