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El caso Ayotzinapa y la transformación profunda que necesita México

Fuentes: Rebelión

El clamor ha ido creciendo, Ayotzinapa representa la gota que derramó el vaso de tantas injusticias, de tantos atropellos, de tanto descontento acumulado. Queremos que desapariciones, asesinatos, secuestros, violaciones y extorsión, no vuelvan a ocurrir jamás, queremos un país donde todos tengamos garantizado el derecho a la vida que nos han arrebatado. Y para conseguirlo, […]

El clamor ha ido creciendo, Ayotzinapa representa la gota que derramó el vaso de tantas injusticias, de tantos atropellos, de tanto descontento acumulado.

Queremos que desapariciones, asesinatos, secuestros, violaciones y extorsión, no vuelvan a ocurrir jamás, queremos un país donde todos tengamos garantizado el derecho a la vida que nos han arrebatado. Y para conseguirlo, no basta con cambios de forma, con pequeñas reformas; requerimos necesariamente de una transformación profunda del país.

Estar conscientes de ello es muy importante, para ir avanzando y construyendo un movimiento que logre llegar a las raíces de la terrible situación actual, impuesta por las mafias al servicio de los dueños del dinero, sean éstos grandes empresarios o grandes capos. En México, el poder político es indistinguible del poder del narco, y tanto unos como los otros despojan a nuestro pueblo y siembran el terror.

1. El Estado criminal y la imposibilidad de limpiarlo.

El pueblo de México ha sufrido un colapso social, que ha permitido que varios de los territorios que antes fueron de gran producción industrial en el norte del país, hoy sean territorios gobernados por el hampa o pueblos fantasmas por el abandono de los pobladores que se han visto obligados a emigrar. Lugares de gran producción agrícola como Michoacán, el Estado de México y Guerrero, hoy están atormentados por la narcoviolencia, donde la población vive con miedo, los jornaleros se han visto obligados a trabajar para los cárteles de la droga, los maestros y empleados son despojados de sus salarios, y los comerciantes y productores son extorsionados.

La violencia que actualmente vivimos, y que se ha vuelto un suceso cotidiano, involucra a todo el aparato estatal: jueces que liberan a los delincuentes y les proporcionan amparos; policías al servicio de los dueños de las plazas; militares que asesinan extrajudicialmente a civiles como en Tlatlaya; marinos y soldados que siembran el terror entre la población que se supone que protegen, con violaciones, vejaciones o la muerte; procuradurías de justicia que nunca encuentran a los narcos que deben detener, que no tienen la menor respuesta ante los familiares de los desaparecidos y reciben todo tipo de moches para proteger a quien puede comprar su impunidad; partidos cuyas campañas son financiadas por los narcos y junto con el dinero que éstos les dan, reciben las órdenes que deben cumplir al llegar al poder; empresarios que aumentan su capital a gran velocidad invirtiendo en narconegocios; banqueros que lavan dinero, a los que no les importa pagar multas por ello, porque el lavado es un negocio muy redituable, y que jamás son investigados ni detenidos; gobernantes que intercambian favores con los narcos, cuando no están descaradamente a su servicio; y un largo etcétera.

Son varios los factores que han conducido a esta situación. Entre ellos podemos mencionar nuestra situación geográfica, a un lado del mercado de drogas más grande del mundo, así como la corrupción e impunidad que privan en el sistema político nacional. Pero es indudable que esta situación está estrechamente vinculada, también, a la situación impuesta por el neoliberalismo y la actual crisis general del sistema capitalista.

La pobreza, el arrebato de las pensiones y jubilaciones, la desaparición de muchos derechos laborales de los trabajadores y el colapso de los sistemas de salud pública, han dejado a la población completamente desprotegida y han contribuido al individualismo y la división entre los de abajo, conduciendo a una situación en la que cada quien se rasca con sus propias uñas, como puede.

La enorme falta de oportunidades de estudio para los jóvenes, así como el desempleo, el subempleo y los pésimos salarios y condiciones laborales de los escasos empleos formales, dejan a millones de jóvenes sin escuela y sin trabajo, a merced de los sicarios.

El abandono del campo mexicano para importar más del 60% de los alimentos que se consumen en el país, favoreciendo a los grandes productores de alimentos de Estados Unidos y otros países, dejan a multitud de los campesinos en condiciones tan precarias, que resultan fácil presa del crimen organizado. Es sabido que muchos productores agrícolas mexicanos, que antes sembraban limón, aguacate, jitomate, maíz, hoy siembran marihuana o amapola, amenazados y hostigados, pero ganando más de lo que obtenían antes.

En resumen, cerrarle a las familias, a los jóvenes e incluso a los niños, toda posibilidad de una vida digna, es sin duda la mejor forma de fortalecer el poder de los narcos.

Lo que vivimos es la expresión más cruda y más violenta del sistema económico vigente. Tras 30 años de rapiña neoliberal, multitud de capitales experimentan dificultades para la reproducción y la acumulación desenfrenada, a la que son adictos. La economía criminal, ha sido un espacio ad hoc para el incremento de las ganancias de esos capitales y, al mismo tiempo, ha ido involucrando a cada vez más mexicanos, como resultado de la presión y las amenazas violentas o bien como resultado de no tener otra alternativa.

Es necesario cambiar esta situación y no vemos una alternativa en esperar hasta el 2018 para votar en las elecciones por el menos malo. La tarea es construir un país donde el dinero no sea el Dios al que todos veneran, donde no se pueda pagar por delinquir, donde la vida sea más importante que el poder, donde no sea común el robo, la corrupción, el asesinato, el secuestro y la impunidad de los delincuentes.

Para ello, debemos acudir a la mayor unidad del pueblo de México y profundizar la conciencia sobre la necesidad de no esperar que las soluciones vengan desde el propio Estado.

2. Fue el Estado (y su ejército)

El crimen perpetrado en Ayotzinapa los muestra al desnudo. La versión de la PGR sobre el caso se ha ido derrumbando. Según ellos, los estudiantes fueron capturados por la policía de Iguala, quien los entregó al narco bajo órdenes de los Abarca, y el narco trasladó a los jóvenes a un basurero de Cocula donde los asesinó e incineró. Sobre esta versión se han dado muchas objeciones, incluyendo a científicos universitarios, que aseguran que «la hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tiene ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales». Los propios peritos argentinos que ayudan en la investigación han dicho que ellos pueden confirmar que los restos que les dio el gobierno sí corresponden con el estudiante Alexander Mora, pero que no les consta que esos restos hayan sido levantados donde la PGR dice, desmarcándose de la versión oficial.

El procurador Murillo Karam, afirma que el ejército estaba acuartelado mientras los estudiantes de la normal rural eran emboscados, y que las fuerzas de seguridad federales «no participaron» en los hechos, pero hay evidencia que demuestra lo contrario: El periódico El Sur de Guerrero publicó que la noche de la desaparición forzada, el 27 batallón de infantería tenía «cercada» la ciudad de Iguala. Videos presentados por un equipo de periodistas independientes de la Universidad de Berkeley en California, junto con la Revista Proceso, muestran a elementos de la policía federal disparando contra los normalistas la noche que se les vió por última vez. Al menos 10 declaraciones ministeriales de la investigación del caso Ayotzinapa, afirman que el ejército mexicano sí participó activamente en el ataque y desaparición de los 43 (Aristegui Noticias). El padre de uno de los normalistas desaparecido asegura que el último punto donde se registró señal del celular de su hijo, fue en el 27 batallón de infantería del ejército (RT noticias y Revista Sin Embargo). Todo ello está documentado y se ha hecho público en diferentes medios. Cada vez pueden ocultarlo menos, cada vez salen más denuncias y testimonios, cada vez más cuarteles militares son señalados, particularmente el de la ciudad de Iguala, por lo que parece un hecho: el ejército y las fuerzas federales de seguridad están directamente implicados en la brutalidad cometida contra los estudiantes normalistas.

3. Cambiar poco significa volver a lo mismo, y no cambiar nada.

El gobierno ha tratado por todos los medios de ocultar la podredumbre de la que hablamos antes, insistiendo en que el crimen del 26 de septiembre es responsabilidad exclusiva de un presidente municipal corrupto, de un puñado de policías de Iguala y Cocula, vendidos al cártel de los Guerreros Unidos. Así que una vez detenidos el presidente municipal, los policías y algunos de los integrantes del cártel mencionado, el asunto está resuelto, y debemos superarlo para seguir con nuestras vidas.

Pero no se puede tapar el sol con un dedo. La que está podrida es la estructura, y eso nos plantea un reto gigantesco. Si lo único que logramos con el movimiento actual es el encarcelamiento de un puñado de miserables, el cambio de un gobernador y tal vez de algunos otros funcionarios, recursos para las normales rurales y algún otro cambio cosmético, es seguro que Ayotzinapa volverá a repetirse, porque la estructura que permitió que la masacre sucediera, continuaría intacta.

El pueblo y los estudiantes movilizados en las calles hemos rechazado las ridículas explicaciones del gobierno de Peña Nieto sobre lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre, y en las marchas, mítines, foros y reuniones de diversos sectores, realizados en México y en muchas ciudades del mundo, se sigue exigiendo justicia.

Los de arriba le apuestan al desgaste y el olvido de los de abajo, pero ese olvido no llega por todo lo que Ayotzinapa representa para quienes hemos levantado la voz.

Si logramos que el movimiento siga creciendo, es de suponer que el gobierno tendrá que ceder un poco más para intentar calmar las aguas, siempre buscando pagar el menor costo político. Sin duda, estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograr mantener intacta la criminal estructura de poder actual. Peña Nieto puede remover a piezas de su tablero, cambiar a algunos funcionarios e incluso, puede detener a algunos de los narcos más visibles. Todo ello representaría pasos adelante del movimiento y, en ese sentido, triunfos parciales.

Pero ¿qué cambios significarían una transformación real de la situación actual en nuestro país? No se trata de echar a volar la imaginación, sino de entender la situación del movimiento y partir de ella para avanzar. Hay una consigna que crece y se expande por todo el país, que agrupa a diversos sectores de la población, que unifica muchas luchas actuales y anteriores, que se grita con firmeza en cada vez más plazas de México y del mundo: ¡fuera Peña Nieto! Que esa consigna se vaya convirtiendo en una demanda, en la exigencia del movimiento, significaría un salto cualitativo en la consciencia de los distintos sectores movilizados. Asumirla torna real la posibilidad de un mayor agrupamiento. Levantarla representa una mayor disposición de lucha.

Quienes dicen que «si se va Peña, puede venir un presidente igual o peor», no ven la dimensión de lo que significaría, en el terreno de la correlación de fuerzas, un suceso de esa envergadura. Lo importante de la consigna, es que abre la puerta a una sacudida del aparato político de enormes dimensiones. Si logramos tumbar al presidente, la correlación de fuerzas puede cambiar considerablemente en favor de las fuerzas populares, lo que hace muy difícil a los de arriba imponer a otro presidente igual o peor que Peña. Todo lo que tendríamos es terreno por ganar, construir poder del pueblo, arraigar las asambleas y las discusiones colectivas, amarrar lazos de solidaridad entre el pueblo para impedir que sigan gobernando los saqueadores y asesinos, para avanzar hasta modificar la estructura política y económica de poder vigente; hasta asegurarnos que no vuelva a gobernar ni un neoliberal más, ni un político coludido con el narco más.

Esto sí que sería un cambio real, una solución duradera efectiva, y no los pequeños cambios que quiere hacer Peña, con los minúsculos castigos a los inculpados en la masacre.

4. El reto es grande, pero asumirlo es imprescindible.

Sabemos que un cambio profundo y real, por más que lo deseemos, no se logra por decreto de un día para otro, ni en unos meses. Hoy, cuando mucha gente sale a las calles, indignada por la desaparición de los normalistas, debemos avanzar lo más posible, sentando las bases para que ese cambio se empiece a producir, haciendo todo lo que podamos para que su avance no se detenga. La voluntad de luchar y construir el anhelado cambio requiere la unidad de amplios sectores de la población, se trata de lograr unir millones de voluntades en la misma dirección.

Claro que el reto es muy grande, pero es realizable, ahí tenemos muchos ejemplos, de pueblos hartos que decidieron cambiar su país y construir un futuro mejor para sus hijos. Bolivia, Ecuador, Argentina, son ejemplos claros de pueblos decididos a luchar, que tumbaron presidentes en base a la movilización social, y hoy tienen mejores condiciones sociales, más derechos, más protección, más seguridad, insertos en mayor o menor medida en un proceso de cambios y de rechazo al modelo neoliberal en el que México va mucho más atrás, siendo un país amarrado a los designios del imperialismo, donde los políticos que han gobernado desde hace décadas son fieles empleados de los intereses del gran capital transnacional, principalmente de Estados Unidos.

Unidos, organizados, discutiendo y luchando, sí podremos avanzar. Usando la inteligencia y la imaginación, en lugar de la desesperación y el individualismo; respetando los acuerdos colectivos, avanzando con paso firme, respetando nuestras instancias de decisión, con acciones de masas y sin el aventurerismo que algunos quieren imponer al movimiento con acciones no decididas por las asambleas (y las instancias de toma de decisiones democrática de cada sector en lucha), que sólo nos restan fuerza y caen en la táctica del gobierno, podremos construir el país que queremos, que necesitamos, y que es posible alcanzar.

Sí, se nos impone reto grande, pero aquí nos puso la historia y debemos actuar en consecuencia. El 26 de septiembre no se puede convertir en una fecha para «recordar», y que la indignación por la desaparición de los normalistas se vaya diluyendo, perdiendo en el horizonte; por el contrario, lo que ocurrió debe ser el ariete para la transformación, trabajar para que desapariciones como esta no vuelvan a ocurrir jamás. Nuestro pueblo merece un mejor futuro, no podemos continuar amarrados al terror y al saqueo. Es momento de cambiar, es hora de agarrar al toro por los cuernos y cerrarle el paso a la mafia que hoy nos gobierna.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.