Después de la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos han sobrado explicaciones, opiniones y justificaciones. El asunto de fondo es por qué se trató distinto este caso a otros que pudieron haber desatado conflictos diplomáticos con Estados Unidos. Por qué con Cienfuegos, el más alto mando militar del sexenio de Enrique Peña Nieto, a quién supuestamente también se le podría investigar por sus posibles crímenes, como lo ha insinuado una y otra vez el presidente López Obrador.
El actual presidente mexicano se enfrentó a Estados Unidos para defender a un general que estuvo al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cuando se cometieron cientos de casos de desaparición, tortura y homicidio vinculados a militares. Ni por asomo hubo una presión diplomática similar para defender a migrantes mexicanos separados de sus hijos o ante la presión de la Casa Blanca para reprimir la caravana de migrantes de Centroamérica. Parecería que resaltar el respeto a los derechos humanos del General que cometió cientos de violaciones de derechos humanos mientras estuvo a cargo de la SEDENA es un asunto de prioridad de este gobierno, pero sólo los de él.
¿Por qué es tan significativo el caso del General Salvador Cienfuegos? Por haber estado a cargo de la SEDENA en uno de los sexenios más violentos de la historia reciente de México, el de Enrique Peña Nieto. Un sexenio que además estuvo marcado por escándalos de corrupción en los niveles más altos del gobierno. Porque desde la guerra desatada por Felipe Calderón el Ejército Mexicano se convirtió en parte de la violencia entre cárteles. Esto no sólo militarizó la seguridad pública sino que acentuó la militarización del crimen organizado, convirtiendo la “Guerra del Narco” en una guerra de fuerzas armadas legales e ilegales contra toda la población.
La FGR resolvió la inocencia de Cienfuegos (con las líneas de investigación que podría tener un caso de complicidad del secretario de la SEDENA con el crimen organizado) en menos de dos meses.Si se le vinculaba con el crimen organizado en Estados Unidos, más allá de que la Drug Enforcement Agency (DEA) sea o no el aparato gestor del narcotráfico en el mundo y que su injerencia sea por lo menos cuestionable, aquí debía de haberse investigado no sólo si tuvo o no una Blackberry y no sólo su cuenta patrimonial. Lo que se tenía que hacer era investigarlo de oficio, como se ha hecho con otros presuntos narcotraficantes, investigar si pudo haber tenido vínculos con el crimen organizado y si omitió o participó en la ejecución de actos criminales e ilegales, si utilizó a las fuerzas armadas para favorecer a grupos criminales.
El caso de Cienfuegos debería de haberse convertido en un precedente de justicia, no de impunidad, si hubiera una voluntad política auténtica aún se estaría a tiempo de serlo. Tenía el potencial de demostrar un cambio de dirección, no de reforzamiento de la lógica corrupta, impune y criminal que ha permeado hasta lo más hondo del Estado. Es descarado y refleja una dinámica muy poco reflexiva y crítica poner la atención sólo sobre la injerencia de la DEA y no sobre la gravedad que representa que el ex-jefe de las Fuerzas armadas tenga una probable participación en el crimen organizado. La responsabilidad de hacer que este caso establezca un precedente contra la impunidad ahora está también en la sociedad.
No haber hecho una investigación exhaustiva lo que demostró fue no solo que no se buscaba investigar sino que se buscaba exonerar, motivaciones sumamente opuestas y que implican graves problemas. La FGR funcionó como defensa y no como parte acusadora y eso es aún más grave cuando el presidente avala inmediatamente la decisión de la fiscalía. Se usa el discurso de la soberanía, los derechos humanos y el debido proceso para justificar la impunidad, no para investigar la probable responsabilidad de Cienfuegos ante las víctimas del sexenio en el que estuvo al mando del ejército, en un período con múltiples acusaciones por violaciones a derechos humanos y violaciones al debido proceso. Con el caso Cienfuegos se dejó ver nuevamente la existencia recurrente de la impunidad diferencial, existió una decisión abierta de actuar más allá de lo legal, de no llegar a fondo por tratarse de un ex-mando de las Fuerzas Armadas. Con esto las investigaciones abiertas contra ex-funcionarios por enriquecimiento ilícito y la probable investigación sobre los ex-presidentes queda ahora como una pantomima anunciada. Ya comienza a vislumbrarse la posible extradición y liberación de García Luna y el cierre del proceso de Lozoya, nada de eso está aislado.
Además, la celebración y el silencio ante la decisión de la FGR de la presunta oposición electoral evidencia que la “mafia en el poder” sigue vigente y está en todo el espectro partidista y lo que los une es la impunidad ante sus crímenes pasados, presentes y futuros.
En un sexenio en el que al ejército se le involucra en la administración, gestión y protección de proyectos de infraestructura con amplia oposición de las comunidades afectadas; en el que siguen impunes los crímenes contra opositores a esos proyectos, como el asesinato de Samir Flores Soberanes del Congreso Nacional Indígena; con una continuada actividad de grupos paramilitares en Chiapas; con un presidente que sigue sigue vendiendo la promesa de un cambio a sus esperanzados seguidores, la grosera impunidad del General Salvador Cienfuegos es un mensaje violento y una amenaza a toda la población del país. El mayor peligro es que con este mensaje lo que se está diciendo es que los altos mandos del Ejército Mexicano están por encima de la ley, un imaginario compartido por los mayores capos del narcotráfico.
Están terminado de convertir al Ejército Mexicano en el mayor cártel y así reforzando al Estado criminal que se sigue enraizando en México y cuyas consecuencias seguimos pagando día a día. De nada sirve anunciar el combate a la corrupción como prioridad del Estado si no se acaba con la impunidad diferencial. No basta con reformar la Fiscalía General de la República o sus marcos normativos, es necesario y urgente dar pasos claros y contundentes para desmantelar el Estado criminal en México, el inicio es no dejar de señalarlo gobierne quien gobierne.