Está en marcha un «Plan Cóndor» mediático que, con un cruce de falsedades y medias verdades desde Bolivia, Perú y Chile, se intentó el «linchamiento virtual» de un periodista peruano que cumple eficiente labor informativa en el Gobierno boliviano, ejerciendo sus derechos laborales permitidos en su condición de exiliado protegido por Naciones Unidas. Wálter Chávez […]
Está en marcha un «Plan Cóndor» mediático que, con un cruce de falsedades y medias verdades desde Bolivia, Perú y Chile, se intentó el «linchamiento virtual» de un periodista peruano que cumple eficiente labor informativa en el Gobierno boliviano, ejerciendo sus derechos laborales permitidos en su condición de exiliado protegido por Naciones Unidas. Wálter Chávez huyó del Perú perseguido por la dictadura de Fujimori y trabajó legalmente durante más de 14 años en Bolivia, sin ningún sobresalto hasta que fue identificado como enemigo número uno de los separatistas que hoy quieren balcanizar al país de Evo Morales.
El 14 de diciembre pasado, muy pocas horas después del cabildo organizado por el Prefecto separatista de Cochabamba Manfred Reyes Villa, el canal 7 de la televisión estatal lanzó un contundente spot oficial que mostraba a Reyes Villa profiriendo aquel grito de guerra que retumbó desde la Plaza de las Banderas: «¡Adelante Santa Cruz con su Independencia!».
La arenga separatista de Reyes Villa en Cochabamba se había producido al promediar las 16:00 de aquel jueves 14 de diciembre, y a las 18:00 de ese mismo día, mucho antes de los informativos nocturnos, desde La Paz, el Gobierno que preside Evo Morales ya estaba neutralizando los efectos perversos de aquel incendiario discurso que mostraba a un Prefecto energúmeno y decidido a romper la unidad de los propios cochabambinos para llevar la sangre al río del divisionismo territorial y cultural. No pocos identificamos en aquel certero y efectivísimo spot televisivo la mano diestra de Walter Chávez, asesor de comunicación del actual Gobierno boliviano.
La contra-campaña desarrollada desde la unidad de comunicación de la Presidencia, a cargo de Walter Chávez, restó márgenes de legitimidad a la estrategia de la derecha que intentaba, a través de Reyes Villa, socavar la gobernabilidad con la «autoconvocatoria» a nuevo Referéndum Autonómico para llevar a Cochabamba a la égida de la oligarquía de Santa Cruz y su «media luna autonomista», no obstante que el Departamento de Cochabamba había rechazado sumarse a este proceso autonomista en el Referéndum del 2 de julio del 2006, votando en contra de una mediocre campaña pro-autonomía departamental que entonces había desplegado la Prefectura manfredista. No se podía hacer dos veces y con meses de diferencia un mismo Referéndum; pero Reyes Villa estaba dispuesto a hacerlo rompiendo el sentido común y las leyes vigentes.
La eficacia política y la profesionalidad técnica en el trabajo comunicacional de Walter Chávez (ampliamente reconocidas en el país desde hace más de catorce años en los que prestó servicios para varios medios escritos, y ahora desde las altas esferas del Gobierno boliviano) tuvieron la virtud de desactivar recurrentes acciones desestabilizadoras de la oposición y pusieron al periodista peruano a la cabeza de una «lista negra» que la ultraderecha boliviana (la derecha en sí es inexistente en este país) viene ejecutando sistemáticamente.
El caso de Amauri Samartino
Para mal de Chávez, en diciembre del año pasado estalló el caso de un inmigrante cubano, Amauri Samartino, quien un mes antes había sido sorprendido in fraganti participando en un acto neofascista en Santa Cruz, cuando hordas del grupo paramilitar denominado «Unión Juvenil Cruceñista» irrumpieron en un hotel de aquella ciudad con la intensión de agredir al vicepresidente Álvaro García Linera durante el acto de inauguración de un encuentro internacional de la CICAD. El cubano Samartino fue visto, fotografiado y filmado cuando se desgañitaba gritando y amenazando en medio de consignas que reclamaban la «independencia» de Santa Cruz. Samartino fue echado de Bolivia por haber violado leyes migratorias poniendo en riesgo la paz interna y la seguridad nacional, como correspondía en rigor jurídico. La ultraderecha echó el grito al cielo e intentó convertir al cubano disidente en víctima de la «dictadura» de Evo Morales.
El caso del gusano Samartino fue aprovechado por los enemigos de Walter Chávez para exigir «también la expulsión del peruano». De pronto comenzaron a desempolvar supuestos «cargos pendientes» de Chávez con la justicia de su país, de donde efectivamente huyó durante la corrupta dictadura de Fujimori, cuando fue injustamente perseguido, como cientos de intelectuales de la izquierda peruana, bajo falsas acusaciones de «terrorismo».
A diferencia de Samartino -que fue traído a Bolivia desde Guantánamo por una imposición del gobierno de Estados Unidos al de Tuto Quiroga en el 2001, sin calidad alguna de refugiado sino de «residente» con un estipendio de 2.000 dólares mensuales que le asigna el Departamento de Estado para tener a este nuevo «marielito» lejos de su territorio-, Chávez fue acogido en Bolivia el año 1992 como un genuino refugiado político, condición certificada por ACNUR (el organismo de Naciones Unidas para los refugiados por causas de represión política) que evidenció la indebida persecución que Chávez sufría en su país, lo cual habilitaba al ciudadano peruano para ejercer plenamente sus derechos laborales y civiles en territorio boliviano, tal cual lo hizo y lo seguirá haciendo.
La prueba irrebatible sobre la absoluta legalidad con que el refugiado peruano Wálter Chávez desempeñaba sus actividades periodísticas e intelectuales en Bolivia desde los primeros días de su exilio, fue el hecho de que fue seleccionado y contratado por las más importantes e influyentes empresas periodísticas de Bolivia, que reconocieron su calidad profesional.
A mediados de 1992 trabajó para el matutino Presencia, propiedad de la Iglesia Católica; posteriormente ingresó a la redacción del periódico Hoy, propiedad de Samuel Doria Medina, conocido empresario del cemento y hoy líder de Unidad Nacional, partido que acaba de asumir la presidencia del Senado Nacional.
A mediados de los noventa, Chávez fue contratado por el diario La Razón, propiedad del controvertido y desaparecido empresario mediático Raúl Garáfulic, que lo encomendó dirigir la sección literaria de dicho periódico. En 1999 el hijo de Garáfulic, Rauli, contrató a Walter Chávez para editar la revista de variedades «Cosas», y a comienzos de estos años 2000, tras desatarse una ola de despidos en las empresas periodísticas del país, el comunicador peruano decidió independizarse, crear su propia editorial y fundar con sus beneficios sociales el semanario El Juguete Rabioso, de orientación izquierdista, que le permitió incursionar exitosamente en el mundillo de la política boliviana, como periodista y analista político, rango que exige elevada formación intelectual.
Si Chávez hubiera sido un «terrorista prófugo» como lo mostraron en los recientes días varios medios, incluyendo la Razón que lo había contratado una década atrás, obviamente este periodista no habría podido desempeñar ninguna actividad, ni menos cobrar beneficios sociales que requieren un mínimo de legalidad civil, que Walter Chávez las tuvo y las tiene al máximo, ya que incluso tiene una hija nacida en La Paz. Y en muchos sentidos, Walter Chávez es más boliviano que Manfred Reyes, Filemón Escóbar, Juan Claudio Lechín y Branco Marincovic juntos.
Un «Plan Cóndor» mediático
El riguroso tratamiento de la verdad que Chávez suele imprimir en su trabajo como estratega de la información, aunque con bemoles a veces lamentables como sucedió en el caso del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), pone al desnudo casi siempre la falsedad con que los políticos bolivianos engañan especialmente a sus electores y en conjunto a la opinión pública. Por ejemplo, el eficiente spot que desenmascaró los afanes separatistas de Reyes Villa en su discurso del 14 de diciembre, dio lugar a una cadena de mentiras y falacias con que la ultraderecha opositora pretende ganar consensos y espacios de influencia política.
Reyes Villa se vio forzado a «aclarar» que aquello de «¡Adelante Santa Cruz con su Independiencia!» era un «lapsus linguis». Pero ya nadie le cree al Prefecto separatista que destruyó la vocación integradora de su región, Cochabamba, la cual está exactamente en medio de la «media luna» autonómica y del occidente andino no autonomizado. Se sabe que Reyes Villa rompió el frágil equilibrio que se sostenía desde Cochabamba, favoreciendo al hegemonismo de las mafias y logias de Santa Cruz que, financiadas con capitales chilenos y apoyadas por organismos conservadores norteamericanos como el «Grupo de Trabajo para el Diálogo Interamericano», el «Center for Strategic & Internacional Studies» (CSIS) y el consorcio Kissinger McLarty (que mantienen redes de protección a Sánchez de Lozada para impedir su extradición), alientan la balcanización de Bolivia.
El «lapsus» de Reyes Villa era en verdad un mensaje a esa oligarquía cruceña que financió la razzia del 11 de enero en Cochabamba y le pagó los pasajes para que este traidor viaje a Estados Unidos en los recientes días con el fin de desprestigiar al proceso de profundización democrática en Bolivia.
Después de lo del «lapsus», que no lo fue, vinieron otras mentiras que alimentaron la ola sediciosa ultraderechista, y entre esas mentiras surgieron aquellas que endilgaban a Wálter Chávez facultades satánicas y de ultra tumba. La punta de lanza que desató la persecución contra el intelectual refugiado fue Filemón Escóbar, ex senador del MAS y ex aliado de Evo Morales, quien fue expulsado del partido gobernante por apoyar en la legislatura pasada la incursión de tropas norteamericanas al país. Escóbar es ampliamente promocionado por la CAINCO (el gremio empresarial más poderoso de Santa Cruz, ligado a intereses chilenos) y es invitado estelar en los canales televisivos de la ultraderecha boliviana. Fue en uno de ellos donde sembró la cizaña contra Chávez, junto a Juan Claudio Lechín, otro «izquierdista» en las filas del separatismo que estuvo en Cochabamba para apoyar a Reyes Villa cuando se produjo la razzia del 11 de enero.
Lo increíble fue que las biliosas acusaciones de Filemón Escóbar contra Wálter Chávez (dijo que el periodista era militante de Sendero Luminoso, que había traicionado a Abimael Guzmán y otra sarta de osadas mentiras) tuvieron una repercusión en cadena desde los principales medios de comunicación controlados por la ultraderecha chilenófila, y luego alcanzaron dimensión internacional. Ergo: las actividades de Escóbar y Lechín, que mienten y lanzan constantes falsedades sobre la coyuntura actual, al estilo de Reyes Villa y en nombre de una «izquierda conciliadora», están íntimamente articuladas a la empresa conspirativa contra el actual proceso boliviano, a través de una especie de «Plan Cóndor» mediático que pretende desinformar y engañar a las audiencias no sólo de Bolivia.
La campaña contra Chávez fue liderada en el país por la Red Unitel, a donde acudió el propio periodista peruano, en un acto valiente y de honor civil, para desmentir las infamias en vivo y directo.
Desde Lima hacía coro la televisora Panorama (un canal ligado a la corrupción fujimorista), que destacó a La Paz una reportera para entrevistar a Juan Claudio Lechín, «sin hallar a Chávez que vive escondido». Entonces se «aclaró» que Chávez no era de Sendero Luminoso como denunció Filemón Escóbar, sino del MRTA (sabido es que el MRTA y Sendero son grupos antagónicos y llama la atención el «lapsus» de Escóbar al respecto). El Mercurio de Chile hizo lo suyo reproduciendo mecánicamente el cruce de falsedades propagadas por las ultraderechas de Perú y Bolivia. La última gran mentira, citando «fuentes extraoficiales», era que la Cancillería peruana venía iniciando trámites para «extraditar» a Chávez. Esto fue el acabóse.
La simple verdad
La prensa seria, aún siendo norteamericana como la Associated Press (AP), fue obligada intervenir en un tema que había alcanzado ribetes de escándalo internacional (no podía ser que Evo Morales contaba entre sus principales asesores a un «terrorista prófugo»), y entonces la verdad llegó por su propio peso.
AP, como siempre rigurosa en su búsqueda de fuentes oficiales, logró entrevistar al mismísimo Canciller del Perú, José García Belaunde, quien aclaró el pasado jueves que no existía ningún trámite en curso para «extraditar» al refugiado político, a quien, dicho sea de paso, nunca se comprobó acto terrorista alguno, pese a que los organismos represivos al servicio de Fujimori, como la tenebrosa Dincote, hacen todo lo posible para «confirmar» desde el Perú las falacias difundidas en Bolivia por Filemón Escóbar y Juan Claudio Lechín.
«Estamos siguiendo el tema, pero debo advertir que la Cancillería no ha recibido solicitud de ningún órgano del Estado peruano para tramitar ninguna solicitud de extradición o detención» en contra de Chávez, expresó García Belaunde en su contacto con Associated Press.
Añadió el Canciller peruano que su país no mantiene demasiado interés en solicitar información a Bolivia acerca de Chávez pues éste «es una persona pública, es un asesor del presidente Morales».
Juzgue el lector, y si es justo, súmese a las campañas de solidaridad con Walter Chávez que en Bolivia emprenden las buenas conciencias, dirigiéndose al siguiente email: [email protected]