Diversas naciones del Sur podrían estar produciendo sus vacunas, tanto en América Latina como en Asia, si los Estados Unidos y la Unión Europea no se hubieran opuesto en la OMC a que se aplicara la cláusula de suspensión temporal de las reglas de propiedad intelectual.
Los Estados Unidos y parte de las naciones europeas poseen el doble de las vacunas que requiere su población mientras que naciones de bajos ingresos no cuentan con las vacunas suficientes para cubrir a sus trabajadores de la salud y a su población más vulnerable. La posibilidad de enfrentar la pandemia de la COVID-19 depende del acceso global a las vacunas y, en especial, de evitar que se desarrollen variedades más agresivas que puedan volver a las vacunas ineficientes.
Diversas naciones del Sur podrían estar produciendo sus vacunas, tanto en América Latina como en Asia, si los Estados Unidos y la Unión Europea no se hubieran opuesto en la Organización Mundial de Comercio (OMC) a que se aplicara la cláusula de suspensión temporal de las reglas de propiedad intelectual. Esta suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual está establecida como un derecho en caso de emergencias sanitarias por la propia OMC.
Mientras la pandemia continúa, un puñado de naciones y empresas controlan la producción, precio y destino de las vacunas. Lo hacen sin ningún criterio estratégico de combate de la pandemia a escala global. Es decir, la aplicación de las vacunas no responde a un plan para contener la pandemia a escala global en un mundo íntimamente interconectado.
Más de 100 naciones llamaron a la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual relacionados con la vacunas, medicinas, diagnósticos y equipos médicos para enfrentar la COVID-19. El objetivo es que estas pudieran producirse en varias regiones del mundo al mismo tiempo, pudiendo dar respuesta a una pandemia que afecta a una población global de más de 7 mil millones de personas.
El escenario no es nuevo, las pandemias requieren respuestas coordinadas globalmente. Desde 2013 se presentó una propuesta ante la Organización Mundial de la Salud para establecer un tratado internacional que, a través de aportaciones de fondos públicos de varias naciones, permitiera desarrollar la investigación y desarrollo de medicamentos, lo que podría incluir vacunas, que pudieran ser de acceso abierto a todas las naciones. Este fondo multimillonario podrás garantizar la respuesta rápida, justa y equitativa a emergencias sanitarias globales.
Los recursos destinados desde fondos públicos actualmente ante la COVID-19 serían más que suficientes para lograr un acuerdo internacional que permitiera el desarrollo, investigación y producción de vacunas y medicamentos frente a la COVID-19 y otras amenazas. Estos recursos serían de acceso abierto sin limitaciones de propiedad intelectual y producción. Actualmente, estas limitaciones están significando la muerte de cientos de miles de personas por falta de acceso a vacunas, diagnósticos y medicamentos.
A principios de la pandemia decenas de gobiernos, a titulo individual o agrupándose, destinaron 5.6 mil millones de dólares para financiar a instituciones académicas y empresas privadas para investigar y desarrollar vacunas. Y, antes de que las vacunas fueran probadas, varios gobiernos se comprometieron a la inversión de 45 mil millones de dólares para su compra. Estos recursos, más los que se están destinando alrededor del mundo para la compra de vacunas, permitiría tener los fondos internacionales suficientes para desarrollar las respuestas más rápidas posibles, poniendo a operar a los mayores expertos del mundo y a las instituciones de investigación más prestigiadas para dar respuesta a las amenazas a la salud de la humanidad.
La COVID-19 ha expuesto la incapacidad de este sistema dominado por las farmacéuticas para responder a la pandemia. Existe la necesidad de cambiar esta situación y actuar bajo acuerdos globales que garanticen que la respuesta a las pandemias se dé bajo una estrategia que permita combatirlas de forma efectiva y no bajo principios puramente comerciales que ponen en riesgo esa efectividad y pueden ser contraproducentes. De hecho, la dominancia de los intereses comerciales en la distribución de las vacunas, diagnósticos y medicamentos, puede tener un desenlace que actúe como boomerang para las propias naciones que hoy acaparan estos recursos.
Al mismo tiempo que se requiere retomar la gobernanza global bajo el interés de la humanidad y por encima de los intereses de las corporaciones, se requiere también recobrar las capacidades nacionales para la producción de vacunas. En México, en los años 70 nos encontrábamos en la autosuficiencia, produciendo el 90 por ciento de las vacunas requeridas. Con el Gobierno de Salinas de Gortari inició el desmantelamiento de la producción nacional de vacunas favoreciendo la compra en el exterior, proceso que nos ha llevado a la compra de la mayor parte de las que se requieren para el esquema nacional de vacunación. En 2009, con la pandemia de la influenza de H1N1 se reconoció la incapacidad del país por falta de infraestructura y personal para enfrentarla y se estableció el compromiso de elaborar la vacuna contra la influenza estacional, compromiso que no se ha cumplido.
Tanto a escala global como a escala nacional los multimillonarios recursos públicos destinados a enfrentar las pandemias serían suficientes para desarrollar la investigación y desarrollo de estas vacunas y medicamentos. La cooperación internacional es la solución. Sabemos que los intereses corporativos continuarán tratando de aprovecharse de las oportunidades, pero, justamente, se habían desarrollado principios internacionales y nacionales para poner el derecho a la salud por encima de esos intereses, la pandemia nos exige recuperarlos.
El hecho de que algunas naciones cuenten con vacunas suficientes para inocular al doble de su población y que existan otras naciones que no pueden proteger a sus trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea y, menos aún, a su población más vulnerable, es una muestra clara que el actual sistema no opera, es injusto y criminal. No se trata solamente de justicia y equidad, que es lo más importante, se trata de lo absurdo e irracionales que son estas prácticas para las propias naciones que acumulan estos recursos, a las cuales puede volver la pandemia fortalecida por mutaciones generadas en poblaciones que no han sido protegidas y frente a la cual no sean efectivas las vacunas que acumulan.
Se prevén más epidemias y se requiere una respuesta internacional coordinada y eficiente. Se han propuesto los mecanismos para hacerlo y la evidencia de lo que está ocurriendo exige actuar por el interés colectivo. La pandemia, en su tragedia, nos restriega nuestra condición humana y la necesidad de actuar como especie para protegernos, ya que no hay salida individual, como es también el caso con el cambio climático. Es claro que la evolución no vino por la competencia, vino por el apoyo mutuo. La tragedia viene por la competencia que no permite actuar de forma consciente.
* Alejandro Calvillo es Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.