Sin presentar pruebas ni identificar claramente a los presuntos conspiradores, el presidente Evo Morales acusó a las transnacionales de urdir un complot en su contra y convocó a las organizaciones sociales y campesinas a unirse a su gobierno para enfrentar estas amenazas de desestabilización. La denuncia la realizó inicialmente este lunes en una concentración con […]
Sin presentar pruebas ni identificar claramente a los presuntos conspiradores, el presidente Evo Morales acusó a las transnacionales de urdir un complot en su contra y convocó a las organizaciones sociales y campesinas a unirse a su gobierno para enfrentar estas amenazas de desestabilización.
La denuncia la realizó inicialmente este lunes en una concentración con líderes y dirigentes campesinos. «Ya hay algunas conspiraciones de algunas trasnacionales. Ya tuvimos reuniones con el Alto Mando Militar en las que nos daban información de cómo están preparando eso (la conspiración)», dijo Morales.
En el mismo acto, el vicepresidente Alvaro García Linera, añadió: «hay que movilizarse contra los que quieren hacer daño, porque van a presionar las petroleras, los gringos (…) Los oligarcas quieren hacer daño al gobierno del hermano Evo Morales».
REACCIONES ENCONTRADAS
La respuesta de los sectores leales al Presidente no se dejó esperar. «Nosotros, el sector campesino, ya nos hemos declarado en estado de emergencia y estamos convocando al Estado Mayor del Pueblo que está funcionando desde hace cuatro años para defender a nuestro gobierno y enfrentar a las empresas que están preparando un golpe de Estado», sostuvo el dirigente campesino y parlamentario del MAS, Román Loayza.
Otros dirigentes laborales, partidarios de Morales, declararon también entusiastas su respaldo. Sin embargo, otros sindicalistas que están seguros que Morales no cumplirá sus promesas electorales de nacionalizar los hidrocarburos, tampoco tardaron mucho en reaccionar.
El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Crescencio Machaca dijo que «el Presidente Evo Morales estaba comenzando a ver fantasmas para distraer al pueblo, que comenzó a manifestar sus demandas». «¿No será una cortina de humo para que los trabajadores no podamos reclamar?», dijo al cuestionar la veracidad de la denuncia de Morales, que este martes siguió hablando del tema.
«NO ME PIDAN NOMBRES»
Según Morales, «algunas empresas petroleras» estarían intentando financiar movimientos para conspirar contra su gobierno y que algunos sectores movilizaron armamento en el país antes de que asumiera la Presidencia.
Aunque otra vez no quiso precisar los nombres ni los motivos que impulsarían a estas compañías transnacionales a ejecutar el supuesto plan desestabilizador contra su gobierno, aseguró que el tema será sometido a una investigación coordinada entre la Policía y las Fuerzas Armadas.
Dijo que recibió con bastante preocupación esta información de algunos miembros del Alto Mando Militar y de ciudadanos a los que calificó como «patriotas».
«Hemos sido informados de que hay algunas actitudes que están preparando, no vamos a decir cuántos ni quienes, y oportunamente también asumiremos la responsabilidad cuando tengan que tomarse acciones conjuntas», aseguró.
DUDAS Y OPORTUNISMO
La denuncia de Morales también ocasionó dudas entre sus ministros. Uno de ellos, el de Hidrocarburos, se declaró sorprendido, y otro, el de Defensa, muy cuestionado por amplios sectores de la población por su ligazón con el neoliberalismo y las transnacionales, dijo que los ataques contra él eran parte de esa conjura.
Andrés Soliz Rada, ministro de Hidrocarburos, dijo no saber nada del complot. «Es un concepto de tipo general. Seguramente el Presidente de la República debe tener mejores elementos de juicio para hacer esa afirmación, pero desde el Ministerio de Hidrocarburos estoy sorprendido por el grado de comprensión que hay entre las empresas petroleras para con el gobierno».
«No me pidan que dé detalle ni dé los nombres, pero hay varias empresas (petroleras) que yo pensaba que iban a tener una actitud muy dura hacia Bolivia y no la tienen», aseguró.
En cambio Walker San Miguel, ministro de Defensa, confirmó la versión de Morales y dijo que supuesto «plan de conspiración se habría iniciado con una campaña de desprestigio» en su contra.
«Parece que la desestabilización del gabinete y del ministro que habla tiene que ver con eso», dijo al asegurar que las denuncias del complot fueron formuladas por el Alto Mando Militar.. Sin embargo, el viceministro de Gobierno, Rafael Puente, aunque confirmó la versión del Ministro de Defensa, señaló en cambio que la información fue recibida por el Presidente Morales de fuentes extranjeras.
INDICIOS Y CONTRADICCIONES
«Los indicios muestran que podría existir un financiamiento de alguna empresa transnacional para un proceso lento, paulatino pero sistemático de desestabilización, eso advirtió el Presidente, pero son informes iniciales», aclaró el cuestionado ministro San Miguel .
Dijo, además, que hasta ahora «no hay pruebas contundentes» y que se trata de «indicios» por lo que «no hay ningún nombre, ni se sabe si operan desde dentro o afuera» del país.
Explicó que el complot «busca debilitar al Presidente, decir que fue un liderazgo efímero y circunstancial y que el mandatario no tiene habilidad política para el gobierno».
«No tenemos ningún dato concreto de qué transnacional, en qué momento… No tengo nada peculiar que informar al respecto», complementó su viceministro Puente.
USO POLÍTICO
Para el líder de la COB, Jaime Solares, la denuncia de un complot contra Morales sólo buscaría neutralizar la anunciada lucha de los trabajadores por la nacionalización de los hidrocarburos, el aumento de salarios y la distribución de tierras.
«El Presidente quiere obligarnos a olvidar nuestras reivindicaciones (…) Sólo si nacionalizara los hidrocarburos, recién podríamos creerle que hay una conspiración de las transnacionales en su contra. Él (Morales) está trabajando para las petroleras», denunció Solares.
Desde mediados del 2003, Evo Morales denunció públicamente en por lo menos ocho ocasiones diferentes la posibilidad de un golpe militar de Estado en contra de la democracia y en otras cuatro oportunidades dijo que intentaban asesinarlo. Estas denuncias, documentadas en la prensa nacional, coincidieron con movilizaciones sociales y acciones de masas en contra de los gobiernos de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa, expulsados del gobierno por la lucha popular.
Quizás por ello, las principales organizaciones indígenas del país no se dejaron llevar por esta denuncia del complot, reafirmando, en cambio, sus demandas para que Morales cumpla con sus promesas de nacionalizar el gas y el petróleo y realice una Asamblea Constituyente con una fuerte representación indígena.
Así, reunidos en Cochabamba, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), del Consejo de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la Confederación de Colonizadores del Oriente, de la Organización de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y de otras organizaciones sociales, conminaron al gobierno a respetar la participación indígena en la Constituyente, dejando de lado el reciente proyecto de ley elaborado por Morales que los deja sin representación directa.
En tanto, otro sector combativo como el Magisterio anunció el inicio de movilizaciones y protestas para obligar al nuevo gobierno a triplicar el salario mínimo mensual de 440 bolivianos (54 dólares) a 1.500 bolivianos (185 dólares), tal como se prometió en la campaña electoral. Morales ya descartó toda posibilidad para cumplir esta su promesa.