El suspendido contralor, Osvaldo Gutiérrez, admitió que hubo retraso en la ejecución de las auditorías a las empresas petroleras e indicó que el daño económico al Estado supiera los 1.500 millones de dólares. «Los indicios de responsabilidad o daño económico al Estado boliviano es no sólo de mil millones, en realidad está por encima de […]
El suspendido contralor, Osvaldo Gutiérrez, admitió que hubo retraso en la ejecución de las auditorías a las empresas petroleras e indicó que el daño económico al Estado supiera los 1.500 millones de dólares.
«Los indicios de responsabilidad o daño económico al Estado boliviano es no sólo de mil millones, en realidad está por encima de los 1.500 millones de dólares», indicó Gutiérrez.
Después de tres años de dirigir la Contraloría General de la República, a fines de diciembre, Gutiérrez fue suspendido de su cargo por la Comisión de Constitución del Parlamento por supuestas irregularidades que habría cometido en la administración de la entidad estatal.
Es así que el 29 de diciembre del 2008 el presidente de la República, Evo Morales, posesionó a Gabriel Herbas como contralor a.i.
Uno de los puntos discordantes es el proceso de auditorías a las empresas petroleras para lo cual el presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda el 2006 para la realización de estas auditorías fue de 14.8 millones de bolivianos.
Según Gutiérrez la Contraloría concluyó con esa tarea de la cual derivaron 19 informes de control interno y ocho informes con responsabilidad civil y penal.
Ahora estos informes se encuentran en la fase de revisión legal en la Contraloría y una vez que se emita el dictamen pasará a las autoridades pertinentes quienes indicarán los pasos a seguir.
Gutiérrez señaló que dichas autoridades pueden determinar, a través del Ministerio Público y mediante un juez coactivo fiscal, las responsabilidades respectivas.
En este proceso, las empresas también deben ser notificadas mediante un informe preliminar para que presenten sus descargos.
«Una vez que se emita el informe definitivo o complementario en función del monto, recién en ese momento esos informes pueden ser notificados en forma definitiva y el Estado debe hacer todo para recuperar el daño económico», manifestó.
Asimismo el suspendido Contralor aseguró que su persona cuenta con los informes de las auditorías a las empresas petroleras pero que es la Contraloría, a través de un procedimiento legal, la entidad que debe notificar a las mismas.
Por otra parte, Gutiérrez, afirmó que los informes a las empresas petroleras revelan que ex autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Superintendencia de Hidrocarburos se encuentran involucradas en esos hechos irregulares.
Además afirmó que en el proceso de las auditorías se pidió la colaboración a autoridades de este Gobierno para que brinden información de las empresas petroleras, sin embargo, las mismas se habían negado a colaborar.
Consultado sobre quiénes serían estas autoridades o ex autoridades, Gutiérrez no quiso revelar nombres. «No queremos hacerlo. En su momento vamos a presentar toda la documentación como descargos de las cosas que hemos dicho».
Según Gutiérrez, hasta este momento habrían sido suspendido de sus cargos siete gerentes departamentales y sólo quedarían dos en sus cargos el de Potosí y Oruro.
«Se han producido en este periodo de manera arbitraria y fuera de lo establecido en los procedimientos internos el secuestro de máquinas de personal jerárquico de la institución a partir de instrucciones verbales y amedrentando al personal se ha obligado a servidores públicos a sacar copias de manera irregular de información», dijo.
Señaló también que se han removido de sus cargos a más de 50 personas que tenían cargos institucionalizados en la Contraloría y en su lugar se acomodaron a personas identificadas políticamente.