Estamos entrando en la cuarta semana de aislamiento, dentro de lo que se conoce como la fase 2 de dispersión comunitaria del virus Covid-19; hasta la semana pasada, la mayoría de los centros de detención del país seguían funcionando como si existieran condiciones que los volvieran inmunes al virus. Las demandas de medidas de protección para la población en reclusión por parte de los organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de las personas detenidas han sido ignoradas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, entre otros, han planteado la urgencia de asegurar el derecho a la salud de esta población y de impulsar medidas de liberación anticipada que permitan descongestionar las prisiones.
En Irán 85 mil reos fueron liberados con el fin de evitar una pandemia en el espacio carcelario, medidas similares se han tomado en cárceles estatales y de condado en Estados Unidos. En Chile y en Colombia discuten leyes de indulto para grupos vulnerables, como mujeres mayores de 55 años, embarazadas o con enfermedades crónicas y madres de niños menores de edad. Mientras en México, las medidas de protección se han limitado a prohibir la visita de menores de edad y adultos mayores, y en algunos penales a regalar gel a los visitantes. En Morelos los grupos religiosos siguen entrando, bajo su propio riesgo, nos aclara una de las funcionarias encargadas de un centro femenil, como si la seguridad de las internas no estuviera en peligro con las entradas y salidas de los grupos voluntarios y del propio personal de seguridad.
Desde el 18 de marzo, una semana antes de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciara el inicio de la llamada fase 2, un grupo de organizaciones que trabajamos con mujeres en reclusión emitimos un comunicado en el que demandamos a las autoridades correspondientes medidas urgentes para proteger a la población en reclusión y garantizar su derecho a la salud (https://equis.org.mx/mexico-debe-cambiar-practicas-carceles-ante-pandemia-de-covid-19/). Entre las recomendaciones que se hacían, estaba adoptar una política de no detención de personas por delitos no violentos, como el transporte y posesión de sustancias ilícitas o infracciones administrativas; priorizar las medidas cautelares por sobre la prisión preventiva; hacer efectiva la Ley de Amnistía aprobada por los diputados, con el propósito de liberar a las mujeres presas por delitos no graves y excarcelar a las adultas mayores, mujeres embarazadas y a quienes tengan complicaciones de salud que las vuelven vulnerables al Covid-19. Las principales recomendaciones de este documento fueron retomadas por la senadora Nestora Salgado en una proposición de punto de acuerdo sometida al Senado el 24 de marzo pasado. La respuesta fue la creación del Grupo de Trabajo para el Covid-19, encabezado por el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, pero a la fecha ninguna de las iniciativas propuestas por la senadora guerrerense ha sido retomada y el Senado ha interrumpido sus sesiones como parte de la cuarentena.
Mientras tanto, la incertidumbre y el miedo marcan la vida cotidiana de las mujeres presas, que viven hacinadas en celdas donde llegan a dormir hasta 15 mujeres, según diagnósticos realizados en cárceles femeniles. Si 46 por ciento de la población en reclusión comparte su celda con más de cinco personas, ¿cómo lograr el distanciamiento social que recomiendan las autoridades sanitarias? ¿Cómo lavarse las manos constantemente cuando una tercera parte de las personas en reclusión no cuenta con agua potable en sus celdas? Esta crisis de salud pone en evidencia las profundas desigualdades en nuestro país, que hace que algunas podamos guardar el aislamiento seguras en nuestras casas, mientras otras mujeres no tienen casas y tienen que salir a trabajar para no perder sus ingresos o están presas por delitos de pobreza, a merced de políticas penitenciarias que cotidianamente violan sus derechos humanos.
Mientras escribo este artículo, recibo una llamada urgente de Luz, la hija de una de las internas de un Cereso femenil de Morelos. Su historia y sus urgencias no son una excepción, acaba de cumplir 18 años y desde hace cuatro es responsable de sus tres hermanitos, porque su madre está presa por un delito que no cometió, pero el cual confesó después de haber sido torturada. Al igual que para muchas mujeres, la cuarentena no sólo ha implicado para Luz el no poder salir a vender los productos de belleza, con lo que mantiene a su familia, sino que está encerrada con su hermano adolescente, que bajo el influjo de las drogas o por su abstinencia, se pone violento y la golpea a ella y a sus hermanitos. No puede visitar a su madre, porque no la dejan entrar con los niños, tampoco puede comunicarse con ella, porque no hay cómo mandarle dinero para que compre una tarjeta telefónica. Está angustiada por su seguridad y la de su madre. Una tragedia más, de las muchas que viven las hi-jas de las mujeres presas en este aislamiento, mientras sus madres esperan impacientes la tan anunciada amnistía, que pasó a un segundo término ante la emergencia del coronavirus. Sus vidas y las de sus hijos no parecen ser una prioridad en esta emergencia sanitaria.
Desde Argentina, una interna de la Colectiva Yo No Fui describe esta indiferencia estatal ante la vida de las mujeres presas, en tiempos de pandemias de Covid-19, diciendo: somos el tipo de personas que no entran en el plan de emergencia. Cuerpos extraños. El descarte de una sociedad que nos trata en cualquier circunstancia como ciudadanas de segunda. Para ellos, nosotras somos el virus. Lo sabemos. Nos hacemos cargo. Mutamos, sobrevivimos y, por eso, no hay anticuerpo que nos detenga. Estamos inmunizadas a cualquier mierda, porque hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas expuestas a la pobreza, al hambre, al consumo, a la vida en la calle, a la cárcel, a los síntomas y las secuelas del capitalismo; sobre su efecto en nuestras vidas podemos escribir largo y tendido. Por eso no hay cuarentena ni obediencia que nos aseguren una vida vivible bajo los parámetros de una sociedad de la que pareciéramos no ser parte.
R. Aída Hernández. Investigadora del Ciesas
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/16/opinion/016a2pol