El Decreto Supremo 5676, promulgado el 16 de agosto, establece inicialmente un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para Grandes Consumidores, Clientes Directos y Usuarios Directos, mientras mantiene en Bs 9,80 el precio regulado para particulares y transportistas dentro de su consumo habitual. El Gobierno sostiene que la medida busca reducir la carga fiscal de YPFB, ordenar la demanda, combatir el contrabando y garantizar el abastecimiento.
Pero hay una pregunta que el Gobierno no puede esquivar:
¿Por qué pretende resolver la crisis del combustible haciendo que determinados sectores paguen más, cuando todavía no ha desmontado de raíz las estructuras de corrupción que operaron dentro de la cadena de hidrocarburos?
Ese debería ser el punto de partida.
Bolivia no llegó a esta crisis solamente por el precio internacional del petróleo, la falta de dólares o el costo de importar combustibles o por esa muletilla que utilizan por orden de la embajada estadounidense para desprestigiar con falacias a Evo Morales: 20 años de despilfarró.
La crisis que hoy golpea al país no apareció de la noche a la mañana ni cayó del cielo. Es el resultado de una cadena de decisiones y responsabilidades.
Durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), con sus aciertos y desaciertos, evitar una crisis hidrocarburífera era una preocupación constante. Existía una búsqueda permanente de alternativas para garantizar el abastecimiento energético, reponer reservas, impulsar la exploración y avanzar en la industrialización de los hidrocarburos. No todo fue perfecto, pero existía una decisión política sostenida de anticiparse a los problemas y buscar soluciones.
Lo realmente grave se produjo durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez y del traidor Luis Arce, el país sufrió el saqueo a manos llenas y el deterioro de importantes proyectos y capacidades estratégicas. Y hoy, bajo el gobierno de Rodrigo Paz, la crisis se agrava por malas decisiones, inoperancia y dejadez frente a los problemas estructurales de YPFB y su entorno institucional.
Mientras se empeñan en sentar las bases para privatizar empresas estatales y paralizar proyectos estratégicos, han debilitado la capacidad productiva del Estado. Al mismo tiempo, no logran —o no quieren— desmontar las estructuras de corrupción enquistadas en YPFB, que actualmente llegaron hasta los niveles más altos de la empresa. Así, la corrupción, la falta de control y las malas decisiones terminaron convirtiéndose en una crisis que hoy paga el pueblo.
El caso Botrading es demasiado grave como para esconderlo como un favor político. Aunque la Fiscalía imputó al expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, y a otros exfuncionarios por presuntos delitos relacionados con contratos de suministro de combustibles, se deben profundizar las investigaciones, establecer todas las responsabilidades, esclarecer el destino de los recursos públicos y recuperar hasta el último peso boliviano comprometido en esos corruptos negociados.
Pero no se trata solamente de negociados y sobreprecios.
Tan grave, o incluso más, es el escándalo de megacorrupción relacionado con la llamada “gasolina basura”, que afectó a miles de vehículos del parque automotor y que, según una investigación legislativa, involucra a exautoridades del Ministerio de Hidrocarburos, exdirectivos de YPFB y funcionarios de la ANH, entre ellos el exministro Mauricio Medinaceli y otros altos ejecutivos.
Por eso, si realmente se quiere enfrentar la crisis, es imprescindible que la lucha contra la corrupción comience de arriba hacia abajo.
Primero deben caer los peces gordos: quienes tenían capacidad de decisión, quienes firmaban contratos, quienes autorizaban compras, quienes dirigían las empresas estatales y quienes tenían la responsabilidad política de fiscalizar.
Después, simultáneamente, deben desmantelarse las redes menores: intermediarios, operadores, funcionarios corruptos, encargados de distribución, quienes desvían combustible y quienes participan del contrabando.
No puede castigarse solamente al último eslabón mientras los responsables de mayor jerarquía permanecen protegidos o políticamente intocables.
Aquí es donde aparece el punto central del DS 5676.
El decreto puede tener algunos efectos positivos. Al establecer un precio de Bs 18 por litro para determinados grandes consumidores, se busca reducir la diferencia entre el precio subsidiado y el costo de importación, disminuyendo así el incentivo para desviar combustible hacia el contrabando o la reventa. Al mismo tiempo, la medida podría reducir parcialmente la carga financiera que soporta YPFB y ordenar la comercialización del diésel.
Esos son, al menos, los objetivos que sostiene el Gobierno.
Pero un decreto de precios no desmantela una red de corrupción.
Si existen funcionarios que compran mal, adjudican mal, favorecen intermediarios, manipulan controles o permiten el desvío de combustible, subir el precio no elimina esas prácticas.
Y existe otro riesgo: que el pueblo termine pagando las consecuencias de una crisis que no provocó.
Aunque los Bs 18 no se aplican actualmente de manera general, el aumento para grandes consumidores seguramente elevará sus costos de producción, transporte, agricultura, minería, construcción y otras actividades intensivas en diésel. Elementalmente ese mayor costo del combustible se trasladará posteriormente a los precios de alimentos y servicios, afectando finalmente al consumidor.
Es decir, indefectiblemente se producirá una cadena de efectos: diésel más caro, mayores costos de producción, transporte más caro, productos más caros y, finalmente, menor poder adquisitivo para el pueblo.
Por eso, el Gobierno debe asumir su responsabilidad y explicar qué medidas adoptará para evitar que esta cadena de efectos termine agravando aún más la ya difícil situación económica de la población.
También hay dos incógnitas fundamentales: ¿desaparecerán realmente las filas y el desabastecimiento? ¿Se garantizará, además, la distribución de combustibles de calidad y en condiciones adecuadas? Porque establecer un precio referencial de Bs 18 para determinados consumidores no garantiza, por sí solo, que mejore el abastecimiento. Las filas, la escasez y los problemas relacionados con la calidad de los combustibles continúan siendo una preocupación para la población.
El Gobierno tampoco puede utilizar el argumento del contrabando como sustituto de una política anticorrupción.
Si el combustible subvencionado es desviado, hay que perseguir a quienes lo desvían. Si existen mafias, hay que identificarlas. Si hay funcionarios involucrados, hay que procesarlos. Y si las investigaciones llegan a altos niveles de decisión, como se sospecha, también deben responder ante la justicia.
Eso es mucho más importante que cualquier campaña propagandística de victimización.
Porque el ciudadano puede entender que exista una crisis internacional, que falten dólares o que importar combustible sea caro. Lo que no puede aceptar es que mientras se le pide sacrificio, quienes presuntamente se beneficiaron a manos llenas de contratos irregulares, sobreprecios o fallas deliberadas de control no rindan cuentas.
El Gobierno tiene una oportunidad pero la misma no consiste solamente en firmar decretos, sino en abrir completamente los contratos de importación, transparentar los costos reales del combustible, publicar las auditorías, procesar a los responsables y desmontar la pirámide de corrupción desde la cúspide hasta el último operador.
Porque si no se hace eso, el mensaje para la población será devastador: los de arriba siguen beneficiados por la impunidad y los de abajo siguen pagando la factura.
Por tanto, el DS 5676 puede tener aspectos económicos técnicamente defendibles. Puede reducir ciertos incentivos al contrabando y aliviar parte de la carga fiscal. Pero no será una verdadera solución mientras el Gobierno no ataque el problema estructural: la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad dentro de la cadena de hidrocarburos.
Bolivia más que decretos, necesita un gobierno —sea este o el que venga— que gobierne para las grandes mayorías, defienda los recursos del Estado y no sea cómplice ni permisivo con quienes los saquean.
¡Transparencia y justicia, ya!
Primero, los peces gordos. Lo demás vendrá por añadidura.
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