Argentina ingresa al default de su deuda pública en cuotas, de hecho, y sin decisión soberana de confrontar ante una deuda sospechada en buena parte de odiosa, ilegítima e ilegal.
¿Por qué decimos en cuotas? El gobierno de Mauricio Macri “reperfiló” una parte de la deuda, imponiendo de facto un mecanismo unilateral de postergación de los vencimientos, anunciando la primera cuota de una decisión por la cesación de pagos.
Hace poco, el nuevo gobierno postergó para el próximo año la deuda en divisas de legislación nacional. Esa fue la segunda cuota de una realidad por el default. La tercera cuota o etapa acaba de cumplirse el pasado viernes 22 de mayo, luego de trascurridos los 30 días de plazo para cancelar un vencimiento por 503 millones de dólares.
Si no antes, para fines de junio se procesará una cuarta etapa. Los vencimientos involucrarán a los bonos renegociados en el 2005. Podrá haber sucesivas etapas o un abrupto final, pero el default es un dato cantado de la realidad, en cuotas o al contado.
Es cierto que todo se disimula porque se informa que se habilitaron negociaciones particulares y “confidenciales” con Fondos de Inversión, tenedores de títulos de la deuda, junto a demandas en ámbitos normativos del exterior para evitar la declaración formal de la cesación de pagos.
Para ser más precisos y como parte de la cesión de soberanía jurídica, se informó que sigue la negociación ante la “Security Exchange Commission”, la Comisión de Valores y Bolsa, agencia del gobierno de EEUU responsable de hacer cumplir las leyes federales estadounidenses sobre los mercados financieros y bolsas de valores, de opciones y otros mercados de valores electrónicos.
Allí están registrados los títulos argentinos y la propuesta de negociación, una práctica generalizada desde tiempos de la dictadura genocida, ratificada en todas las renegociaciones instrumentadas por los diferentes turnos constitucionales desde 1983.
El episodio Griesa no es un hecho anecdótico, que ahora con otros personajes puede reiterarse. El país se encuentra a días de poder ser demandado en tribunales de Nueva York, incluso de otras ciudades en otros países. Es lo que hemos denominado pérdida de soberanía jurídica.
Se arguye que, si no se establecen esas condiciones de prórroga de jurisdicción, no se obtendrían préstamos ni inversores (especulativos), algo sobre lo que no resulta imprescindible, según venimos insistiendo.
Tanto el gobierno como el FMI sostienen que la deuda resulta impagable, por eso se promovió la ley de sustentabilidad, aprobada por un amplísimo abanico político en el Parlamento. Resulta abrumador el consenso pagador entre la dirigencia política en el país.
Pese a la declaración de impagable, con gran esfuerzo fiscal y de reservas internacionales, y más allá de las postergaciones, muchos vencimientos se cancelaron, desperdiciando valiosos recursos necesarios para atender la emergencia sanitaria y económica, de una recesión que se agrava con el trascurso del tiempo.
No hay dudas de los desastrosos efectos sociales de la recesión y la vocación de pago de la deuda, aun con amplísimas políticas compensatorias asumidas desde el Estado.
Recesión
El INDEC informó los datos a marzo 2020, señalando una caída del estimador mensual de actividad económica (EMAE) de -11,5% respecto al mismo mes de 2019, y una baja de -9,8% respecto al mes anterior y -5,4% entre enero y marzo del presente año.[1]
Son datos preocupantes que agravan la tendencia construida de arrastre en el Gobierno de Mauricio Macri. Más aún si se considera que marzo solo incorporó 10 días de cuarentena, con abril y mayo que seguramente deteriorará aún más la capacidad de generación de bienes y servicios, con la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio (aspo) que seguirá por lo menos hasta comienzos de junio.
Entre los principales afectados están los perceptores de ingresos fijos, trabajadoras y trabajadores en actividad, pasivos, regulares e irregulares, pero también los pequeños empresarios que asocian sus ingresos a la venta en el mercado interno. Quienes reciben ingresos fijos retroceden por mermas absolutas en variados casos (suspensiones, despidos, reducciones de salarios) y por impacto de la inflación de precios en la mayoría.
Resulta grave la situación de los jubilados, no solo de aquellos que no acompañan la suba de precios. Un 40% de los de haberes superiores percibirán actualizaciones por debajo de la evolución inflacionaria. Por su parte, los rangos más bajos de ingresos previsionales, reciben apenas un 40% de la canasta necesaria para una vida con mínimas condiciones de satisfacción y dignidad. La baja de los ingresos populares impacta en el consumo y por ende en esa masa de empresarios y comerciantes que vende a esa población.
Son millones que no consumen por escasos ingresos y otros muchos que no pueden producir y/o facturar, sea por la cuarentena o por lo escaso de los recursos de las familias de menores ingresos.
Aun cuando el Estado asegure parte de la nómina salarial, el costo por abrir algunas actividades hace insostenible su continuidad. Ni hablar de aquellos que pueblan la informalidad empresarial, por lo que no pueden sostener la actividad y los ingresos, agudizando el problema general.
En ese sentido debe inscribirse la lógica de 12 millones de personas que demandaron el Ingreso Familiar de Emergencia, cuando solo se aceptaron a 8 millones y no todos percibieron aún la primera paga de dos hasta ahora aprobadas. El presidente informa que por ahora percibieron el subsidio 6 millones de beneficiarios, restando aún dos millones para acreditar la primera de dos cuotas.
La cuarentena solo puede resistirla quien tenga suficiente ahorro o capacidad de endeudamiento, lo que demanda garantías suficientes. Una mayoría absoluta está afectada por las consecuencias de la emergencia en curso y con arrastre histórico de pérdidas de derechos e ingresos.
Aun así, muchas de estas empresas han solicitado y recibido la ayuda estatal, incluso con algunos beneficiados que son tenedores de títulos de la deuda en proceso de negociación. Varios de ellos figuran entre quienes hicieron parte del proceso de fuga de capitales que explicitó el BCRA el pasado 14/5. En ese informe se alude a una fuga entre fines del 2015 y del 2019 por 86.200 millones de dólares, agravada y de mayor volumen que los desembolsos del FMI por 44.100 millones de dólares.
La recesión de arrastre o la promovida por la emergencia ante el coronavirus no afecta por igual a toda la población y las políticas compensatorias, apenas disimulan un impacto regresivo que hace más desigual a la sociedad argentina.
¿Cómo seguir?
Hay que discutir la estrategia sobre la deuda pública, al tiempo que se discute las formas de atender la emergencia sanitaria sin agravar las desigualdades que potencian la concentración de ingresos.
Vale afirmar que la deuda pública no es solo un problema del país, sino que adquiere nuevas dimensiones como problema global ante la pandemia y el arrastre de la crisis no resuelta desde la explosión entre 2007-09.
Los Estados capitalistas más desarrollados sostienen con emisión de moneda y de deuda la estructura económica social de poder, a costa de un crecimiento impresionante del desempleo, el subempleo y la precariedad laboral.
Se impone el default soberano y cuidar los escasos recursos fiscales y de reservas internacionales para financiar un proceso de transformación productiva que reoriente el consumo en función de la satisfacción de las necesidades de la mayoría empobrecida.
Un proceso de cambio del modelo productivo y de desarrollo supone asegurar financiamiento para emprendimientos económicos sociales que actúen en la producción y reproducción de la vida de millones de familias, las que integran la zona de menores ingresos de la población, aproximadamente la mitad de los habitantes de la Argentina.
El financiamiento resulta imprescindible para el acceso a tierras, máquinas y equipos, materiales y materias primas, tanto como el estímulo a obras de infraestructura que potencien un sector social de la economía.
Por ello es que se deben suspender los pagos de la deuda, al tiempo que se organiza una auditoria con participación popular, enfocada en la determinación de la ilegitimidad, ilegalidad y el carácter odioso de la misma.
No alcanza con no pagar, por lo que se requiere una profunda reforma tributaria que descargue el financiamiento público sobre quienes se enriquecieron con la especulación, el endeudamiento o la fuga, información que se puede obtener cruzando la información del BCRA, de la AFIP, e incluso de las investigaciones sustanciadas en Poder Judicial.
Se le teme a la réplica del poder mundial por la suspensión de pagos. En realidad, el problema es seguir cumpliendo pagos o negociar pagos futuros, que agudizan la hipoteca de la sociedad. Una asignatura pendiente por décadas es la investigación de la deuda pública, que identifique a los responsables de tan importante condicionante sobre la economía y la sociedad.
Más grave para la sociedad será continuar lo que siempre se hizo al respecto, no solo sobre deuda pública, sino sobre la organización de la producción y la distribución de los ingresos y la riqueza. Si no se cambia profundamente, el horizonte es la vuelta a la “normalidad”, agravando la pobreza y la concentración.
Seguir pagando no asegura beneficios para la mayoría de nuestra sociedad, sino más de lo mismo. Confrontar con el poder local y global supone problemas, si, otros problemas, pero supone definiciones soberanas para culminar con años de decadencia que aumentaron las graves consecuencias sociales y económicas sobre millones de argentinos.
Los fondos acreedores seguirán presionando para aminorar la pérdida de ganancias y la sociedad tendrá que mejorar su iniciativa para imponer soluciones soberanas. Suena a revolución y que mejor homenaje en la víspera de los 210 años de la Revolución de Mayo.
Nota:
[1] INDEC. Estimador Mensual de Actividad, 20/05/2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_05_207F634B218B.pdf
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.